La Asamblea Nacional, con mayoría de miembros del régimen, aprobó el martes una primera discusión para avanzar con la utilización del estilo no sexista. Las organizaciones feministas consideran que es una maniobra de la dictadura para ocultar su machismo y misoginia
Por
Gabriel Bastidas
“Las diputadas, los diputados y les diputades que estén de acuerdo en aprobar en primera discusión la Ley sobre la promoción y uso del lenguaje con conciencia de género, por favor manifestarlo de la forma acostumbrada.... Queda aprobada por unanimidad”, anunció en la sesión del martes 6 de julio el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez.
En un intento por apropiarse de las luchas por la reivindicación de los derechos de las mujeres y las personas sexodiversas, el chavismo avanza con la aprobación de una ley para promover el uso del lenguaje de género.
El proyecto, que establece el deber de utilizar el lenguaje no sexista en todos los actos del Estado, en documentos judiciales, en el sistema educativo y en los medios de comunicación, espera para ser aprobado en segunda discusión y su promulgación.
Sin embargo, desde ya la propuesta chavista genera rechazo y escepticismo entre las organizaciones feministas, que consideran que esta ley forma parte de una maniobra de la dictadura de Nicolás Maduro para “lavarse la cara” frente a la sistemática violación de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.
Régimen misógino y machista
La integrante de la ONG Uquira, Melanie Agrinzones, aseguró que esta ley no representará ningún avance mientras en Venezuela haya un sistema de gobierno “autoritario, misógino y machista”.
A su juicio, el proyecto es parte de una estrategia política para mostrar al régimen chavista como feminista.
“En Venezuela existe una homofobia de Estado que no responde a las necesidades de la comunidad LGBTIQ+, las cifras de femicidios son inexistentes, la impunidad es enorme, las mujeres no tienen acceso a una maternidad segura y deseada, no tienen acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Toda esta problemática no se soluciona con una ley de lenguaje inclusivo.
Es mero simbolismo, es ese feminismo de cartón, que dice que son inclusivos, pero realmente en sus políticas y sus prácticas no lo son”, reprochó.
Ariana González, activista por los derechos de las mujeres, coincide al señalar que “históricamente el chavismo ha usado la lucha por la igualdad de género como una bandera política frente a la comunidad internacional para venderse como unos gobernantes preocupados por las mujeres”.
Pero a pesar de estos intentos, en diversas alocuciones y discursos, Maduro ha mostrado su carácter machista y homofóbico, llamando “mariconsones” a dirigentes opositores o incluso asegurando que su esposa, Cilia Flores, es su “propiedad”.
González destacó que mientras se pretende legislar sobre el lenguaje inclusivo, en el país no hay cifras oficiales sobre violencia de género ni existe una ley de identidad, por lo cual hay casos como el de la diputada Tamara Adrián, primera diputada trans del país, a la que el Estado no reconoce como mujer.
Tampoco existe en Venezuela una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo.
Esto sigue siendo un delito, y mientras el chavismo avanza con la aprobación de la ley del lenguaje inclusivo, en los andes venezolanos la profesora y activista Vanessa Rosales tiene ya siete meses detenida por haber dado información sobre cómo abortar a una niña de 13 años víctima de violación. El violador sigue libre.
Femicidios y crímenes de odio
Ante la ausencia de cifras oficiales, los pocos datos que existen sobre crímenes de odio en Venezuela son gracias a la documentación de organizaciones no gubernamentales, como el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) que en los primeros cinco meses del 2021 registró al menos 99 femicidios. Además, se reportaron otros 21 intentos de asesinatos de mujeres.
En este contexto, la directora ejecutiva de CEPAZ, Beatriz Borges, advierte que el lenguaje inclusivo es importante pero no suficiente.
“En el caso de Venezuela, necesitamos mucho más que eso para garantizar la igualdad y la no discriminación contra las mujeres y, en especial, garantizar el derecho a una vida libre de violencia”, indicó.
En lo que va de año, en Venezuela se ha denunciado al menos ocho crímenes contra personas LGBTIQ+, entre ellos una mujer trans que fue descuartizada y decapitada, y una pareja de mujeres lesbianas a las que mataron a disparos el 28 de junio, en pleno Día del Orgullo.
“Lo que menos necesitamos ahorita es una ley de lenguaje inclusivo. Como lingüista estoy en total conocimiento del poder del lenguaje y sé que el lenguaje inclusivo es necesario. Pero no veo de qué manera la aprobación de una ley de lenguaje inclusivo va a ayudar. Lo que yo necesito es sentirme segura de salir a la calle y que un loco o una loca no me vaya a matar por ser lesbiana.
Que una mujer no muera en un aborto clandestino”, reclamó Quiteria Franco, coordinadora general de la ONG Unión Afirmativa.
Franco advirtió que en lugar de contribuir, esta ley impulsada por el chavismo va a tener el efecto contrario por la polarización del país. “Lo que puede venir a hacer es seguir perturbando el avance en derechos, lo que va es a seguir entorpeciendo una discusión seria sobre derechos humanos”, lamentó.
Deuda profunda
La internacionalista y activista del movimiento feminista, Luisa Kislinger, consideró que este proyecto de ley pareciera ser “un intento distractor” ante las “deudas mucho más estructurales y profundas” que tiene el régimen con las mujeres.
“¿Por qué no deciden legislar sobre salud sexual y reproductiva? ¿Por qué no aprueban el aborto? ¿Por qué no buscan promover la ley de igualdad de oportunidades o de igualdad de género, y que esto sea un aspecto de esa ley?”, cuestionó.
Igual ocurre con la comunidad LGBTIQ+.
En Venezuela no está permitidos el matrimonio ni las uniones legales entre personas del mismo sexo, ni se reconoce el derecho de las personas trans a modificar su nombre o género en los documentos de identidad.
Aunque reivindica el lenguaje inclusivo, Kislinger resaltó que éste es sólo un aspecto de la promoción de la igualdad de género. “De nada nos va a servir tener una ley de promoción de igualdad en el lenguaje cuando no tenemos igualdad efectiva o cuando no hay políticas públicas para estimular la participación igualitaria y la igualdad de género en la práctica”, indicó.
Además, manifestó su preocupación por la pretensión de imponer el lenguaje inclusivo, destacando que ni siquiera en Argentina, donde hay mayor avance en el reconocimiento de derechos, existe una ley para esto.
La lingüista Quiteria Franco coincidió al señalar que “el lenguaje y las lenguas son dinámicas, y no se cambian por imposiciones ni por leyes.
Las modificaciones se dan si la ciudadanía lo acepta, no porque lo imponga una ley”.
Violaciones documentadas
La violación de los derechos de las mujeres en Venezuela ha quedado documentada en diversos informes de organismos internaciones, en especial de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Algunas de las denuncias registradas indican que:
· El ACNUDH documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del SEBIN y de la DGCIM así como por oficiales de la GNB. Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de agresiones físicas, como ser arrastradas por el pelo y verse sometidas a tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de género, todo ello con la finalidad de humillarlas y castigarlas y de extraerles confesiones.
· Frente a una legislación restrictiva en materia de aborto, a menudo las mujeres recurren a abortos peligrosos. Ello ha contribuido a un aumento de la mortalidad materna evitable, y se estima que un 20% de los casos de mortalidad materna están relacionados con abortos en condiciones de riesgo.
· La falta de acceso a la alimentación tiene unos efectos particularmente adversos para las mujeres, que dedican un promedio de diez horas al día a hacer colas para obtener comida. Fuentes informaron de casos de mujeres que se habían visto forzadas a intercambiar comida por sexo.
·
La discriminación por motivos políticos y el control social a través de los programas sociales del Gobierno repercuten directamente en la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos.
· El ACNUDH recabó testimonios de mujeres, entre ellas dirigentes locales, que habían sido señaladas por su activismo, amenazadas por otros líderes comunitarios y por grupos armados de civiles favorables al Gobierno (los llamados “colectivos armados”) y excluidas de los programas sociales.
· Las mujeres, en particular las defensoras de derechos humanos, enfermeras, profesoras y funcionarias públicas, han sufrido ataques por motivos de género a través de comentarios sexistas, violencia de género en línea y humillaciones públicas.
· Las mujeres se ven sometidas a vejaciones y violencia sexual y de género en sus visitas a centros de detención, en operaciones de seguridad y en registros domiciliarios.
