Aministía puso el foco sobre la decisión del Estado argentino de retirar su apoyo a la denuncia que se sustancia en la Corte Penal Internacional contra los atropellos de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
En una carta firmada por Mariela Belski -directora ejecutiva- y Érica Guevara Rosas -directora para las Américas-, el organismo consideró indispensable que el Estado argentino demuestre un claro compromiso con la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos.
Y las firmantes agregaron:
“Queremos instarle en nombre de Amnistía Internacional, a que el gobierno que Ud. representa en la esfera internacional, se posicione de manera clara y contundente en contra de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se han cometido y se siguen cometiendo a diario en Venezuela”.
“De igual manera, reiteramos nuestro llamado a la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos Estados preocupados por la situación en el país, y le exhortamos a que apoye públicamente la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la cual, como es de su conocimiento, consiste hoy en una de únicas esperanzas de verdad, justicia y reparación para el pueblo venezolano”, completaron.
Aministía Internacional es una organización de reconocida trayectoria que defiende los derechos humanos y tiene presencia en casi todos los países del mundo.
El gobierno argentino retiró su apoyo a la demanda contra Venezuela ante el Tribunal Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela. Solá argumentó la controvertida decisión como consecuencia de la salida del país del Grupo de Lima.
La demanda había sido interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina –en ese entonces gobernada por Mauricio Macri– en 2018, para que se investigara al régimen de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante ese tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
En la misiva, Argentina subrayó que su retiro es “sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial”.
La carta fue enviada el 24 de marzo, el mismo día que el gobierno de Alberto Fernández anunció su salida del Grupo de Lima, foro regional alineado con Estados Unidos y que denuncia los atropellos de la dictadura de Maduro en Venezuela
El Ejecutivo, que impulsó un giro en la política exterior con respecto a Caracas, sostuvo en ese momento que la salida de ese bloque regional se debió a “la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima” que había llevado a “posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”.
En el comunicado, el gobierno argentino también denunció que las acciones del foro, liderado en las formas por Brasil y Colombia, no habían “conducido a nada” y dijo que la solución a la crisis venezolana pasa por un “diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular”, y que permita la realización de “elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional”.
La carta que reveló la decisión del gobierno de abandonar las acción legal contra Venezuela se conoció unos días después que el presidente Alberto Fernández minimizara las violaciones de la dictadura chavista. Pese a los múltiples informes de la ONU, de la Corte Penal Internacional, denuncias en la OEA y de la oposición venezolana, el presidente argentino dijo el pasado martes que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”.
Esa afirmación fue muy criticada en el país caribeño, donde no se percibe el cambio que señaló el mandatario argentino.
Tras conocerse la decisión, la dictadura de Maduro agradeció el gesto.
Recientemente, el gobierno argentino adoptó otras decisiones polémicas en materia de política exterior. Evitó pronunciarse en contra de la detención de opositores en Nicaragua. Tampoco quiso firmar un documento que exige elecciones libres y justas bajo el argumento de que no se entromete en decisiones políticas internas de los países.
