Uruguay es el mayor consumidor de cocaína per cápita de Latinoamérica y uno de los mayores del mundo, según informe

 

MONTEVIDEO (Uypress) – Uruguay es el mayor consumidor de cocaína, en términos per cápita, de América Latina y uno de los mayores del mundo, de acuerdo a un informe presentado por el PNUD este jueves. 

 La información surge de datos correspondientes a 2020 de la OCDE y el Banco Mundial, y aparece en el informe Ideas para agendas emergentes / Análisis exploratorio del narcotráfico en Uruguay, presentado este jueves 15 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se trata de un trabajo por Juan Bogliaccini, Carlos Díaz, Rosario Queirolo y Emiliano Tealde, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay(UCU)

. "La política pública, el rol del Estado, garante de la seguridad ciudadana, en perspectiva humana e integral, son territorios en continua disputa entre el mundo de lo legal y lo ilegal. Las brechas sociales, las rupturas en el tejido social, son las fisuras por las que hoy se cuela el delito en su expresión más o menos organizada", afirma en el prólogo Stefan Liller, representante residente del PNUD en Uruguay. "Uruguay es reconocido internacionalmente por sus dispositivos de protección social, humanista y universal, con enfoque de género y generaciones, con un hondo sentido de promoción de una vida digna en pleno goce de los derechos humanos", continúa Liller, que agrega que "sin embargo, la fenomenología criminal, en su cara más organizada, visibiliza ineficiencias y zonas ciegas donde hace falta repensar las respuestas de política pública y redoblar el esfuerzo por integrar socialmente, de forma segura y sostenible a todas y todos quienes habitan este país".

 "El aumento de la violencia relacionada con las drogas en Uruguay, como en el Cono Sur de América Latina en general, está asociado con al menos tres factores: el cambio en la geografía de las economías políticas ilícitas transnacionales -o el comúnmente denominado lado clandestino de la globalización-, la variedad en la capacidad -y en algunos casos complicidad- de las instituciones estatales a cargo del orden público, y la competencia entre Estado y grupos criminales para controlar el territorio", comienza señalando el informe, de 80 páginas, de los investigadores de la UCU.

 El informe destaca que la mayor parte de la cocaína que se consume en Europa procede de la región andina, donde se encuentran los tres mayores productores de hoja de coca del mundo: Colombia, Perú y Bolivia. América Latina suministra también cocaína a Estados Unidos.

 "Europa y América Latina son simultáneamente zonas de producción, consumo y tránsito de sustancias ilícitas, destacan los autores del informe, que además señalan que Bolivia y Paraguay son los principales países de distribución interna del continente, rutas a través de las cuales se accede a las principales vías de transporte con acceso a otros continentes. 

 Uruguay es el mayor consumidor de cocaína, en términos per cápita, de Latinoamérica y uno de los mayores del mundo, de acuerdo a datos de OCDE y Banco Mundial de 2020, se señala en el documento, y profundiza explicando cambios en las pautas correspondientes a nuestro país: "Aunque tradicionalmente ha sido país de destino final en las rutas de tráfico, en las últimas décadas el puerto de Montevideo ha visto incrementada su participación como ruta de salida. 

Esto pone al puerto de Montevideo en niveles de relevancia similares a los de las rutas tradicionalmente establecidas a través de Brasil y Venezuela con destino al mercado europeo". El informe del PNUD destaca que el narcotráfico es una actividad muy lucrativa y, como tal, genera superávit, mucha demanda de consumo y de trabajo, y vínculos fuertes con el poder. En otras palabras, ofrece una alternativa que, en muchos casos, compite con el tradicional mercado de trabajo. 

Sin embargo, su carácter ilegal lo deja por fuera de los marcos de regulación que operan para los otros mercados legales y, por tanto, debe generar sus propios mecanismos de regulación que, en muchos casos, incluyen violencia como motor de la coerción. El propio hecho de que este mercado se haya desarrollado en Uruguay en un contexto de fuerte crecimiento económico en las últimas décadas subraya su capacidad para competir con el mercado formal de trabajo. 

 De acuerdo a lo planteado en el material difundido este jueves, el financiamiento del narcotráfico penetra el Estado para garantizar la movilidad del producto y la continuidad del mercado. Esta penetración ocurre a partir de incentivos para facilitar el tráfico, que ocurren en general en forma de estímulo económico, coerción por amenaza de uso de fuerza, o el uso mismo de la fuerza con el fin de desestimular controles futuros. 

Precisamente por su condición de ilegalidad y su alta lucratividad es que presenta una gran capacidad de penetración de las estructuras estatales. Otro de los temas destacados es que el mercado de drogas ejerce una fuerte competencia en términos de empleabilidad sobre el mercado legal de trabajo, en particular en contextos de baja educación, desempleo y pobreza. "Cuando los mecanismos de socialización habituales, como el empleo y la educación, no permiten alcanzar estándares mínimos de bienestar, cobran relevancia las trayectorias de socialización alternativas, como el delito. 

El crimen organizado, y en particular el narcotráfico, tiene capacidad de seducir con trayectorias de socialización atractivas en el corto plazo", sintetiza el informe. Para los autores, reducción del narcotráfico y de la violencia asociada a este deben ser dos metas diferentes y que deben considerarse de forma independiente, ya que, según afirman, "la violencia no es inherente a las transacciones de la producción y tráfico de drogas, aunque sí su externalidad más negativa, variable y volátil". 

 Agregan que "el nivel de violencia del mercado puede depender incluso de las políticas públicas que se establezcan para ocuparse del problema del mercado ilegal de drogas". Se necesitan consumidores El narcotráfico necesita, en primer lugar, consumidores. "En lo que a demanda se refiere, el mercado de drogas es bastante tradicional", se afirma, pero se agrega que "en realidad, lo primero que necesita el narcotráfico para subsistir es la prohibición de algunas drogas". 

 Pero volviendo al tema de los consumidores, el documento señala que a mayor poder adquisitivo, mayor consumo. "Estados Unidos es el país de mayor ingreso per cápita en el mundo, y también el de mayor consumo per cápita de cocaína: el 2,7 % de su población consumió esta droga en el año 2017", de acuerdo a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, correspondientes a 2019. En América Latina, la asociación entre ingreso per cápita y consumo se mantiene. Uruguay, Argentina y Chile son, en ese orden, los países con mayor consumo per cápita de cocaína de la región, a la vez que los de mayor ingreso per cápita (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2019). 

 En cuanto a la penetración del dinero del narcotráfico en diversos ámbitos, y en especial en el político, el informe especifica: "Los actores políticos compiten por ser elegidos como representantes y ocupar cargos públicos. En este sentido, podemos ver a los políticos como competidores por hacerse de la representación popular. Sin embargo, el mercado electoral es lo que se denomina un mercado poco competitivo, lo que se origina en los altos costos de entrada que tiene. 

La actividad política es costosa de financiar, por lo que la opción de formar parte de ella no está al alcance de todos, lo que restringe la competencia real dentro del mercado. Cuando esto sucede, surge la posibilidad de prácticas corruptas por las que los dineros del tráfico de drogas financian la actividad política". Un capítulo especial del informe, está dedicado a las vulnerabilidades sociales a partir del narcotráfico, con especial destaque en la pobreza y el género.

 "Las mujeres en prisión por delitos relacionados con drogas comparten un perfil sociodemográfico: jóvenes, pobres, madres solteras y jefas de hogar, con nivel educativo bajo y responsables del cuidado de personas dependientes", señala el informe del PNUD. El caso de Uruguay y las mujeres "En Uruguay las tendencias regulatorias han seguido la trayectoria mundial", de acuerdo a los señalado por los autortes Queirolo y Repetto en 2020. "Desde la ley de seguridad ciudadana de 1995", destaca el informe, "pasando por la ley de procedimiento policial de 2008, el aumento de penas para los delitos de estupefacientes vinculados con la pasta base y la cocaína fumables durante el gobierno de José Mujica, hasta llegar a la ley de urgente consideración (LUC) en 2020, se verifica la tendencia de recrudecimiento de las penas. 

En particular, la LUC establece penas de entre 4 y 15 años de prisión para algunos delitos de estupefacientes, por ejemplo, cuando el suministro ocurre dentro o en las inmediaciones de un establecimiento penitenciario, e incluye como agravante que la comercialización de drogas se realice en el hogar. 

El resultado de esta tendencia es un aumento de las personas en establecimientos penitenciarios". Se señala que, si bien las mujeres tienen una participación en el delito bastante menor a los hombres, últimamente la población carcelaria femenina ha aumentado más aceleradamente que la masculina.

 "En mayo de 2006 había 6.185 hombres y 370 mujeres privados de libertad, mientras que en 2020 aumentaron a 12.234 hombres y 805 mujeres privadas de libertad, de acuerdo a datos aportados por el Comisionado Parlamentario Penitenciario. Imagen: adhocFOTOS/Santiago Mazzarovich

Los diez riesgos políticos que enfrenta América Latina este año

 

SANTIAGO (Uypress) – Se conoció la segunda edición del Índice de Riesgo Político del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (CEIUC), que arrancando con el riesgo de la erosión democrática analiza los diez principales que deberá enfrentar el continente en 2022.

Concebido como una guía para los tomadores de decisión en la esfera pública y privada, se dio a conocer el Índice de Riesgo Político que elabora el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (CEIUC). "Si la primera versión estuvo marcada por los devastadores efectos de la pandemia", comienza señalando el material, en esta edición se "alerta sobre el creciente nivel de incertidumbre y volatilidad que enfrenta la región. 

La pandemia del covid-19 ha dejado un duro legado: un tercio de las muertes han ocurrido en el hemisferio, se destruyeron más de 20 millones de empleos, los niveles de informalidad laboral se dispararon, la desigualdad aumentó y la pobreza se empinó a cerca de un tercio de Latinoamérica. La pandemia también ha sido una oportunidad para que ciertos gobiernos concentren mayor poder y apliquen indebidamente los estados de excepción.

 Nuevos autoritarismos emergieron en sociedades impacientes, desconfiadas y fuertemente golpeadas por la emergencia sanitaria". Si bien 2021 finaliza con la economía regional en recuperación, de acuerdo al CEIUC, esta es "insuficiente y con modesta proyección de un 3% para el 2022". De acuerdo al informe, que tuvo por editores a Jorge Sahd K., Daniel Zovatto, Diego Rojas y María Paz Fernández, la región sigue lidiando con la emergencia sanitaria global y hoy enfrenta una "triple crisis": de gobernabilidad, de expectativas y de certezas. 

 "Desde la erosión de la democracia, el ascenso del cambio climático, el riesgo del retorno de la violencia, hasta la proliferación de economías ilícitas y ciberamenazas, Riesgo Político América Latina 2022 advierte la profundización de riesgos existentes, la aparición con fuerza de otros emergentes y el desafío de una región que deberá continuar enfrentando tiempos nublados", afirman Sahd y Zovatto.

 Los siguientes son los diez desafíos que plantea el informe: 1) Erosión democrática. Mayor erosión democrática y desafíos en materia de gobernabilidad, ante crecientes episodios de concentración del poder en presidentes populistas y autoritarios. 2) Cambio climático y escasez hídrica. Creciente impacto en la naturaleza y en las poblaciones por el cambio climático, estrés hídrico y desastres naturales ante la falta de gobernanza y previsión de los Estados. 3) Protestas sociales y violencia. 

Nuevas protestas sociales y focos de violencia, por mayores restricciones fiscales, retiro de ayudas sociales y falta de capacidad del Estado para proveer servicios públicos de calidad. 4) Crisis migratoria. Agravamiento de la crisis migratoria genera mayor informalidad y exacerbación de las tensiones sociales y actitudes xenofóbicas, ante falta de respuesta integral de los gobiernos. 5) Economías ilícitas.

 Expansión de las economías ilícitas, ante extrema debilidad estatal, corrupción sistémica y aumento de informalidad laboral post covid-19. 6) Polarización política. Aumento de polarización política, por mayor uso de redes sociales y masificación de noticias falsas. 7) Inversión extranjera en caída. Disminución de la inversión extranjera debido a inestabilidad política, inseguridad jurídica y creciente oposición de las comunidades. 8) Irrelevancia regional. 

Pérdida de relevancia estratégica de la región frente a decisiones globales, debido a la falta de visión, cooperación e integración entre países latinoamericanos. 9) Ciberdelitos. Aumento de delitos en ciberseguridad contra gobiernos, empresas y ciudadanos, debido a la acelerada transformación digital y falta de capacitación e inversión de las organizaciones. 10) Auge de China. Aumento de influencia de China en América Latina y rivalidad con Estados Unidos provoca tensiones diplomáticas con los países de la región y condicionamientos en la cooperación de las potencias. Acceda aquí al informe completo

 Índice de Riesgo Político UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias

¿Por qué somos pobres en América Latina? | Armando de la Torre

Falta de vacunas, economías frágiles y el factor Brasil: por qué América Latina representa el 35% de todas las muertes por coronavirus del mundo

La peligrosa variante de Manaos acecha a la región, que ya ha soportado algunos de los confinamientos más estrictos, los cierres escolares más prolongados y las mayores contracciones económicas del mundo Por Julie Turkewitz Mitra Taj

En la capital de Colombia, la alcaldesa advierte a los habitantes que se preparen para “vivir las dos peores semanas posiblemente de nuestras vidas”. Uruguay, que alguna vez fue celebrado como un país modelo en el control del coronavirus, ahora tiene una de las tasas más altas de defunción del mundo, mientras que los conteos diarios de fallecimientos han alcanzado cifras récord en Argentina, Brasil, Colombia y Perú en los últimos días. Incluso Venezuela, donde el gobierno autoritario sobresale por esconder las estadísticas de salud y acallar cualquier insinuación de descontrol, reporta que las muertes por coronavirus han aumentado 86 por ciento desde enero. Al avanzar la vacunación en algunos de los países más ricos del mundo y la gente empieza cautelosamente a vislumbrar la vida tras la pandemia, la crisis en América Latina —en particular en Sudamérica— ha empeorado de manera alarmante y podría poner en riesgo el progreso logrado más allá de sus fronteras.

 La semana pasada, América Latina representaba el 35 por ciento de todas las muertes por coronavirus en el mundo, a pesar de tener solo el 8 por ciento de la población global, según datos recabados por The New York Times. Latinoamérica ya era una de las regiones más afectadas en 2020 y había visto cadáveres abandonados en las aceras y bosques que cedían el paso a nuevos cementerios. Sin embargo, tras un año de pérdidas incalculables, sigue siendo una de las zonas más preocupantes a nivel global, con un alza reciente en muchos países que ha resultado ser aún más mortífera que antes. En parte, la crisis es producto de dinámicas predecibles: suministros limitados de vacunas y campañas lentas de inmunización con sistemas de salud débiles y economías frágiles que dificultan mucho imponer o mantener órdenes de confinamiento y suspensión de actividades. Pero la región tiene otros desafíos espinosos, dicen los funcionarios de salud: vivir codo a codo con Brasil, un país de más de 200 millones de habitantes cuyo presidente consistentemente ha desestimado la amenaza del virus y criticado las medidas para contenerlo, ayudando así a azuzar una peligrosa variante que acecha al continente. La duración de la epidemia en Latinoamérica también hace que sea muy difícil combatirla. La región ya ha soportado algunos de los confinamientos más estrictos, los cierres escolares más prolongados y las mayores contracciones económicas del mundo. 

 La desigualdad, una tara de larga data que antes de la pandemia se estaba reduciendo, ha vuelto a acentuarse y millones de personas han vuelto a ser arrojadas a la vida precaria que pensaban que habían dejado atrás durante un relativo auge regional. Muchos han salido a la calle a desfogar su inconformidad, desafiando los pedidos oficiales de quedarse en casa. “Nos quitaron tanto que perdimos hasta el miedo” leía una pancarta que llevaba Brissa Rodríguez, de 14 años, en una protesta en Bogotá con miles de manifestantes el miércoles. Existe preocupación entre los expertos de que América Latina esté camino a convertirse en uno de los pacientes con covid prolongado del mundo, dejando cicatrices económicas, políticas, sociales y de salud pública más profundas que en cualquier otro lugar del mundo. “Esa es como la historia que está comenzando a contarse”, dijo en una entrevista Alejandro Gaviria, economista y exministro de Salud de Colombia que dirige la Universidad de los Andes. “He tratado de mantenerme optimista”, escribió también en un ensayo reciente. “Quiero pensar que lo peor ya pasó. Pero resulta, creo, contraevidente”. Si América Latina no logra contener el virus —o si el mundo no interviene para ayudarla— pueden surgir nuevas variantes más peligrosas, dijo Jarbas Barbosa, de la Organización Panamericana de la Salud. “Eso puede costar todo el esfuerzo que el mundo está haciendo” para combatir la pandemia, dijo. Instó a los líderes a trabajar lo más rápido posible para proporcionar un acceso igualitario a las vacunas para todos los países. Activistas de la ONG Río de Paz llevan una bandera brasileña mientras muestran cientos de bolsas de plástico, que representan cadáveres, durante una protesta contra las políticas de Jair Bolsonaro, en medio del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, Activistas de la ONG Río de Paz llevan una bandera brasileña mientras muestran cientos de bolsas de plástico, que representan cadáveres, durante una protesta contra las políticas de Jair Bolsonaro, en medio del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, “El peor escenario es el desarrollo de una nueva variante contra la que las vacunas actuales no protejan”, dijo. “No es solamente una necesidad ética y moral, sino también una necesidad sanitaria tener el control en todas partes del mundo”. 

 La propagación del virus en la región puede atribuirse, al menos en parte, a una variante denominada P.1, identificada por primera vez en la ciudad brasileña de Manaos a finales del año pasado. Manaos, la mayor ciudad de la Amazonia brasileña, fue devastada por el virus a mediados de 2020. Pero la segunda ola allí fue peor que la primera. Aunque los datos están lejos de ser concluyentes, los primeros estudios indican que la P.1 es más transmisible que el virus inicial, y es más probable que mate a pacientes sin condiciones preexistentes. También puede reinfectar a personas que ya han tenido covid, aunque no está claro con qué frecuencia ocurre.La P.1 está presente ahora en al menos 37 países, pero parece haberse extendido más a través de América del Sur, según William Hanage, epidemiólogo de la Universidad de Harvard. En toda la región, los médicos dicen que los pacientes que llegan a los hospitales son ahora mucho más jóvenes y están mucho más enfermos que antes.

 También es más probable que ya hayan tenido el virus. En Perú, el Instituto Nacional de Salud documentó 782 casos de probable reinfección solo en los tres primeros meses de 2021, un aumento con respecto al año pasado. Lely Solari, médica infectóloga del instituto, calificó esto como “un subregistro muy importante”. En los últimos días, las cifras oficiales de muertes diarias han superado los récords anteriores en la mayoría de los países más grandes de América del Sur. Sin embargo, los científicos afirman que lo peor aún está por llegar. El director de epidemiología del Ministerio de Salud de Colombia, Julián Fernández, dijo que era probable que las variantes, incluida la P.1 y otra variante encontrada por primera vez en Gran Bretaña el año pasado, lleguen a ser las cepas dominantes del virus en Colombia dentro de dos o tres meses.

 La región no está preparada. Colombia ha sido capaz de aplicar una primera vacuna a solo el seis por ciento de su población, según Our World in Data, un proyecto de la Universidad de Oxford. Varios de sus vecinos han logrado la mitad, o menos. En cambio, Estados Unidos, que compró vacunas antes que otros países, está en el 43 por ciento. Perú, el quinto país más poblado de América Latina, ha surgido como un microcosmos de las crecientes dificultades de la región. Como muchos de sus vecinos, Perú ha logrado un importante progreso económico en las dos últimas décadas, al usar las exportaciones de materias primas para aumentar los ingresos, reducir la desigualdad y aumentar las aspiraciones de la clase media. Pero el auge trajo consigo pocos puestos de trabajo estables, dio lugar a escasas inversiones en salud y no logró contener el otro flagelo de la región: la corrupción. El virus llegó a Perú en marzo del año pasado, al igual que a gran parte de América Latina, y el gobierno actuó rápidamente para confinar al país. Pero con millones de personas trabajando en el sector informal, hacer cumplir las cuarentenas se hizo insostenible.

Los casos aumentaron rápidamente y los hospitales pronto entraron en crisis. Para octubre, el país se convirtió en el primero del mundo en registrar más de 100 muertes por cada 100.000 habitantes. La cifra de muertos es mucho mayor, porque muchos de los fallecidos no han sido incluidos en el recuento oficial de pacientes con coronavirus. Vista cenital de las cruces que proyectan sombras en el cementerio de Parque Taruma, durante el brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19), en Manaos, Brasil. 15 de junio de 2020. Foto tomada con un drone. REUTERS/Bruno Kelly/ Vista cenital de las cruces que proyectan sombras en el cementerio de Parque Taruma, durante el brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19), en Manaos, Brasil. 15 de junio de 2020. Foto tomada con un drone. REUTERS/Bruno Kelly/ Luego, misericordiosamente, los nuevos casos comenzaron a disminuir. Un estudio del gobierno en la capital, Lima, descubrió que el 40 por ciento de los residentes tenían anticuerpos contra el coronavirus. Las autoridades dijeron que la población había alcanzado un nivel de inmunidad tan alto que una segunda ola podría no ser tan mala. El gobierno optó por no imponer un confinamiento durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Pero en enero, justo cuando Estados Unidos y otros países iniciaron una fuerte, aunque a veces caótica, distribución de vacunas, en Perú comenzó una segunda ola, y esta ola ha sido aún más brutal que la primera. El mes pasado fue, de lejos, el más mortífero de la pandemia, según los datos oficiales, y los expertos en la salud culpan del aumento a las reuniones navideñas, a los frágiles sistemas de salud y a las nuevas variantes. 

 Las vacunas llegaron a Perú en febrero, seguidas rápidamente por la indignación después de que algunas personas con conexiones políticas se saltaran la fila para vacunarse primero. Más recientemente, varios organismos gubernamentales empezaron a investigar si algunos trabajadores de la salud pidieron sobornos a cambio de acceder a las escasas camas de hospital. “Era eso o dejarla morir”, aseguró Dessiré Nalvarte, de 29 años, una abogada que dijo que ayudó a pagar unos 265 dólares a un hombre que decía ser el jefe de la unidad de cuidados intensivos de un hospital para conseguirle tratamiento a una amiga de la familia que se había enfermado. La crisis ha sumido en el duelo a países como Perú, desgarrando el tejido social. Este mes, miles de peruanos pobres y nuevos pobres empezaron a ocupar terrenos deshabitados en el sur de Lima, y muchos dijeron que lo hacían porque en medio de la pandemia se habían quedado sin forma de ganarse la vida. Rafael Córdova, de 50 años y padre de tres hijos, estaba sentado en un cuadrado dibujado en la arena que marcaba su reclamo del terreno con vistas a la carretera Panamericana y la costa del Pacífico. Antes de la pandemia, explicó, era supervisor en el departamento de recursos humanos de un municipio local, y había conseguido —o eso creía— la estabilidad. Luego, en mayo, enfermó de covid y fue despedido. Cree que sus jefes lo hicieron porque temían que enfermara a otros, o que su familia les echara la culpa si se moría. Ahora tiene dificultades para pagar los minutos del único teléfono que la familia tiene para que sus hijos puedan hacer los deberes de la escuela. Las comidas son escasas. 

Las deudas se acumulan. “Hoy he ido al mercado y he comprado una bolsa de huesos de pescado y he hecho sopa”, dijo. Dijo que ha perdido a una tía, a una cuñada y a una prima por la covid, además de amigos. En junio, su mujer, quien también había tenido covid, prematuramente dio a luz gemelas. Una de las hijas murió días después de nacer, dijo, y la segunda murió un mes después. No tuvo dinero para un entierro adecuado. “Me fui del hospital con mi hija en una bolsa negra, de plástico. Me metí en un taxi y fui al cementerio”, dijo. “No hubo misa, ni velatorio ni flores ni nada”. Cuando se enteró de la invasión, dijo que llevaba tres meses de retraso en el pago del alquiler y temía ser desalojado. Así que salió con prisa rumbo al arenal, y montó una tienda de campaña que se convirtió en su nuevo hogar. “De acá nadie nos mueve ya”, dijo, “la única forma es si de muertos nos sacan de acá”. Una semana después, la policía llegó, lanzó gases lacrimógenos y lo expulsó a él y a otros miles de personas de su campamento.