Jorge Faurie: “El voto de Argentina sobre Nicaragua nos deja del lado de los que no respetan los derechos humanos”

 

El ex canciller durante el gobierno de Mauricio Macri criticó la decisión del gobierno de no condenar los atropellos de Ortega en Nicaragua

La Argentina se abstuvo de condenar en una votación realizada en la Organización de Estados Americanos (OEA) las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. 

 La Casa Rosada compartió su voto de abstención con Belice, República Dominicana, Honduras y México. Y otra vez, como sucedió en la ONU con su posición sobre los ataques terroristas de Hamas contra Israel, Argentina quedó por afuera de sus socios del Mercosur: Brasil, Uruguay y Paraguay. Jorge Faurie, canciller argentino durante el gobierno de Mauricio Macri, planteó que la decisión adoptada por la diplomacia de Alberto Fernández “es un error y una tragedia” que contradice la trayectoria iniciada en el país a partir del juicio a los jefes militares de la dictadura realizado durante la gestión de Ricardo Alfonsín.

 “Hemos abandonado por completo ese camino, primero al retirarnos de la denuncia contra Venezuela por las violaciones a los derechos humanos, y ahora votando en contra del consenso de 26 países de la región. Esto nos deja del lado de las dictaduras, de las autocracias y de aquellos que no respetan los derechos humanos”, aseguró. Play La argumentación del voto de la Argentina en la OEA Ortega y Murillo ejecutaron una masacre contra la población civil en abril de 2018. Desde ese momento, la dictadura sandinista fue cada día más feroz y siempre sufrió la condena internacional en las Naciones Unidas y la OEA. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández había votado a favor de los derechos humanos en Nicaragua durante una sesión sobre este tema en la ONU. Y se aguardaba que en la OEA repitiera su posición exhibida en la ONU. No sucedió. 

 El embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, se abstuvo frente a un proyecto de resolución que exige a Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que terminen con las persecuciones políticas y que garanticen la transparencia de las próximas elecciones presidenciales. Hasta la votación de Raimundi, la Argentina siempre había votado en contra del régimen sandinista. En tiempos de la embajadora Paula Bertol, la administración de Macri asumió una posición de estricta crítica a la dictadura en Nicaragua.

 Pero eso cambió ayer. “Yo creo que la decisión del Gobierno no representa a los argentinos que votaron por cualquiera de los partidos que se presentaron en las elecciones de 2019, que quieren vivir en libertad, que quieren que les respeten las ideas que puedan tener y no por eso ir presos, que respeten los derechos humanos, laborales y sociales. Quieren vivir en democracia porque reconocen que en democracia pueden pelear por mejores condiciones de vida y no quieren que alguien se perpetúe en el poder ni se apropie de todo”, analizó Faurie en diálogo con la periodista María Laura Santillán en CNN Radio.

 infografia El proyecto de resolución aprobado por una mayoría histórica sostiene lo siguiente: 1. Expresar su grave preocupación por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables, a fin de garantizar que las elecciones previstas para noviembre de 2021 sean libres y justas. 2. Condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos. 3. Instar enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones transparentes, libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales de la OEA y de otros países. 4. Continuar monitoreando el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General.

 La declaración de condena avalada por una fuerte mayoría en la OEA -26 votos sobre un total de 34 posibles- fue la respuesta multilateral a una caza de brujas desatada por la dictadura de Nicaragua. En las últimas dos semanas, Ortega y Murillo iniciaron una razzia política que implicó la detención de los principales dirigentes de la oposición que tenían intenciones de enfrentar al régimen que ocupa el poder desde 2007. Ese movimiento represivo implicó la captura ilegal de Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, entre otros líderes políticos. Todos fueron acusados por presunta traición a la patria y lavado de dinero. 

 Y hasta ahora, Ortega y Murillo no aportaron una sola evidencia en contra. Por eso, la OEA exigió su inmediata libertad al régimen sandinista y la preservación de la democracia por encima de los intereses políticos de la dictadura de Managua. El secretario de Estado, Antony Blinken, mantuvo una conversación de 40 minutos con Felipe Solá para tratar el tema de Nicaragua.

 Sucedió unos días antes de la sesión en la OEA, y el canciller argentino quedó en contestar acerca de la posición final que asumiría la Casa Rosada. Alberto Fernández tiene diferencias ideológicas con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y no quería aparecer avalando su posición política respecto al régimen sandinista. El Presidente tampoco deseaba aparecer al lado de Bolivia y San Vicente, que apoyaron a la dictadura de Nicaragua.

 Optó por la abstención, en una postura junto a México que es su principal aliado en América Latina. Y como sucede en los últimos acontecimientos regionales, Argentina aparece escindida de la agenda común con sus socios del Mercosur. Brasil, Paraguay y Uruguay votaron junto a Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile.

El demoledor informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela que el Gobierno argentino decidió ignorar

El documento elaborado por la Organización de los Estados Americanos señala que hubo 131 víctimas de asesinatos durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas. Identifica 8.292 ejecuciones extrajudiciales a partir de 2015 y a más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos desde la llegada de Nicolás Maduro al poder

Durante las últimas horas se produjo un nuevo giro geopolítico del Gobierno para estrechar su vínculo con Nicolás Maduro pese a las denuncias e informes sobre violaciones, torturas y desapariciones que ocurren en Venezuela. La decisión de Casa Rosada de retirar su apoyo a la demanda que el Grupo de Lima interpuso contra el régimen bolivariano ante la Corte Penal Internacional (CPI) ignora un importante y detallado documento que devela los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los últimos años.

 “Cuando la defensa de los Derechos Humanos se mezcla con la política, solo se logran más desapariciones, más torturas, más violaciones. Con esta decisión, el gobierno argentino apoya la impunidad y fomenta más violaciones”, manifestó Santiago Cantón, uno de los expertos convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2018 para determinar si el régimen de Maduro había cometido crímenes de lesa humanidad. Cantón es un referente académico en materia de derechos humanos. 

Cuenta con un extenso y nutrido curriculum en el que se destaca su labor como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante 11 años, entre 2001 y 2012. También se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Actualmente es Jefe de la Misión Electoral de la OEA en México. Alberto Fernández junto al canciller Felipe Solá (Alejandro Rios) Alberto Fernández junto al canciller Felipe Solá (Alejandro Rios) Luego de trascender el rumbo que encaminó Alberto Fernández con este último movimiento en su política exterior,

 Cantón analizó que “el retiro de Argentina en el caso contra Venezuela en la CPI significa que al gobierno no le importan ni las desapariciones, ni las torturas, ni las violaciones a mujeres comprobadas en la demanda” que redactó junto al canadiense Irwin Cotler y el costarricense Manuel Ventura Robles. Había sido interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina para que se investigara al gobierno de Maduro por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad y se trató de la primera vez que un grupo de Estados demanda a un tercero ante la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Santiago Cantón, experto convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para determinar si el régimen de Maduro había cometido crímenes de lesa humanidad (EFE) Santiago Cantón, experto convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para determinar si el régimen de Maduro había cometido crímenes de lesa humanidad 

 El gobierno argentino comunicó que retiraba su apoyo el mismo día que Alberto Fernández anunció su salida del Grupo de Lima. El último 24 de marzo, fecha trascendental en materia de derechos humanos para la historia nacional. En ese entonces, mediante una carta enviada a la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, Cancillería justificó la salida del bloque regional acusando que “un sector de la oposición venezolana” participaba “como un integrante más del Grupo de Lima”, lo que llevó a “posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”. 

 “Los Estados son garantes colectivos de la defensa y protección de los DDHH. Esa garantía colectiva fue clave para ponerle fin a la noche más larga de nuestra historia. Es deplorable que este gobierno ponga efímeras alianzas internacionales por sobre la dignidad del ser humano”, repudió Cantón. La crítica de Cantón hacia el Gobierno La crítica de Cantón hacia el Gobierno Cantón fue parte del panel de expertos internacionales independientes convocado por la OEA para la confección del material que documentó lo acontecido en Venezuela y que fue presentado el 29 de mayo de 2018 en Washington. Durante aproximadamente nueves meses, los expertos recabaron información, recibieron el testimonio de decenas de víctimas y testigos y analizaron las evidencias de los grupos de DD.HH. Hasta ese entonces, los abusos del régimen de Maduro incluían más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2015; torturas y violaciones. 

 El informe de 489 fojas analiza también agresiones contra dirigentes opositores al régimen, “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas”. Todas “herramientas” utilizadas para aterrorizar al pueblo venezolano. El documento incluye 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la OEA; decenas de relatos de testimonios de víctimas y familiares de víctimas e informes entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales. Entre sus conclusiones, el informe señala que hubo 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas; identifica 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015; más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013, con la llegada de Maduro al poder luego de la muerte de Hugo Chávez. 

 El informe menciona que hasta ese entonces habían sido detenidas más de 1.300 personas por su posición política contraria al régimen de Maduro. En efecto, señala “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela. Más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, luego de la llegada de Maduro al poder Más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, luego de la llegada de Maduro al poder La tortura como instrumento de persecución y represión Un capítulo del informe asegura que la campaña para perseguir y amedrentar a la oposición incluyó el empleo de la tortura. 

Tamara Suju, abogada criminalista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Latinoamericanos (CASLA), recopiló pruebas de casos durante 15 años. Es decir, los hechos se remontan a la primera etapa del chavismo. En el documento de la OEA, Suju citó el caso de la magistrada María Lourdes Afiuni Mora, torturada y violada brutalmente, que ha sido utilizado como señal de “advertencia” hacia otros jueces “para que acaten las órdenes del Gobierno o se atengan a sufrir consecuencias similares”. Sin embargo, la abogada planteó una diferencia: “durante el gobierno de Chávez la tortura era selectiva, a diferencia de lo que ocurre durante el régimen de Nicolás Maduro”. Aseguró que con el heredero del trono dictatorial el empleo de la tortura es “desproporcionado” y “recurrente”. El documento señala “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela El documento señala “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela Suju documentó 289 casos de víctimas directas de tortura ocurridas durante el gobierno de Maduro. El número es abrumadoramente mayor, “aunque difícil de cuantificar” ya que en sus declaraciones las personas decían que habían sido víctimas de torturas en grupos. 

La mayoría de las víctimas habían sido torturados por haber participado en protestas contra el régimen. Los diversos tipos incluyen: brutales golpizas; descargas eléctricas; el empleo de gases y polvos lacrimógenos en espacios confinados; la negación de alimentos y agua; el mantener a las víctimas en posiciones agotadoras para provocar dolor y sufrimiento; el aislamiento por largos períodos; violaciones y otras formas de violencia sexual y tortura psicológica. Hay un dato espeluznante que mencionó la abogada. El Gobierno cuenta con un “guion” para la tortura: la finalidad que persiguen determina el tipo de tormento. “Si el objetivo no es obtener una confesión sino castigar e intimidar a la víctima, se dejan marcas deliberadamente en la cara, los brazos y/o las piernas”, ejemplificó.

 Las torturas en Venezuela se remontan a la época de Hugo Chávez Las torturas en Venezuela se remontan a la época de Hugo Chávez El testimonio de Suju fue corroborado por otros testigos. Doris Coello relató el caso de su hijo Marcos, quien fue detenido, torturado y forzado a firmar una confesión falsa tras participar en una manifestación en Caracas en febrero de 2014. El joven de 18 años junto a un grupo de estudiantes fueron arrinconados por colectivos chavistas armados y enmascarados que se desplazaban en moto. Coello recibió el impacto de una bomba de gas lacrimógeno, que lo alcanzó en la cintura, y más tarde fue atacado por un grupo de cinco personas, que lo golpearon con extintores y cascos antidisturbios. Fue detenido y trasladado a una estación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Luego testificó que durante el tiempo que estuvo detenido fue sometido a torturas y a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes de los organismos de seguridad venezolanos, incluyendo violencia física y psicológica. Fue roseado con gasolina y amenazado con quemarlo o matarlo varias veces.

 Le apuntaron con un arma en la cabeza. Estuvo esposado en posición de rodillas por horas, pisándole las manos y las muñecas. Los funcionarios intentaron obligarlo a firmar una declaración que incriminaba a Leopoldo López en presuntos actos delictivos que tuvieron lugar ese día. Cuando Marco Coello se negó a firmar el documento incriminatorio, fue torturado nuevamente; recibió descargas eléctricas en el cuerpo, y tras ser envuelto en una colchoneta de goma espuma, fue pateado y golpeado con bates de béisbol, un palo de golf y palos de madera. Junto a otros estudiantes detenidos fueron trasladados al Grupo Báez de la GNB ubicado en San Agustín, donde fue incomunicado por 48 horas, sin acceso a sus familiares y abogados. Fue imputado por los supuestos delitos de instigación a delinquir, incendio, daños materiales y agavillamiento. No hay al día de hoy investigación abierta ni funcionarios detenidos del cuerpo de seguridad que ejecutó las torturas. Junto a otros estudiantes detenidos fueron trasladados al Grupo Báez de la GNB ubicado en San Agustín, donde fue incomunicado por 48 horas, sin acceso a sus familiares y abogados Junto a otros estudiantes detenidos fueron trasladados al Grupo Báez de la GNB ubicado en San Agustín, donde fue incomunicado por 48 horas, sin acceso a sus familiares y abogados Los testimonios no se limitaron a casos de ataques sistemáticos contra personas aisladas.

 También se puso de manifiesto la manera en que el Régimen ha dirigido sus ataques contra el conjunto de la población civil. Testimonios indican que la persecución política incluye la concesión selectiva de subsidios y beneficios, incluido el acceso preferente a suministros médicos, alimentos, divisas y otros servicios mediante iniciativas como “el carnet de la patria” que determina a quién se conceden los beneficios del Gobierno y a quién se les niegan. Estos años se caracterizaron también por ataques sistemáticos contra el Poder Judicial, que incluyó la privación de libertad, la tortura y el exilio forzado de magistrados. Tres testigos, ex miembros de la justicia venezolana confirmaron la falta de independencia judicial y las consiguientes violaciones del estado de derecho.

 Se citó el caso del juicio contra Leopoldo López en el que hubo 70 audiencias y se presentaron 134 elementos de prueba, pero que sin embargo no sirvió para demostrar la culpabilidad del líder opositor. No obstante López fue condenado. En el documento se acusa que “fue privado de libertad porque el Gobierno tenía miedo de su liderazgo, y que montaron el espectáculo mediático de la investigación para apartarlo del ámbito político”. El informe compara el accionar del gobierno de Nicolás Maduro con el Plan Cóndor y las dictaduras que ocurrieron en la región en los setenta El informe compara el accionar del gobierno de Nicolás Maduro con el Plan Cóndor y las dictaduras que ocurrieron en la región en los setenta El informe compara el accionar del gobierno de Nicolás Maduro con el Plan Cóndor y las dictaduras que ocurrieron en la región en los setenta. Y cita como el caso “más emblemático” de ejecución extrajudicial -”por el uso desproporcionado de la fuerza y por la notoriedad de la víctima”- el del oficial de la CICPC, Oscar Pérez, quien se rebeló en contra Maduro. El 15 de enero de 2018, efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional y colectivos progubernamentales participaron en una operación en contra Pérez cuando el escondite de éste fue descubierto por las autoridades. El asalto duró más de ocho horas. 

Casi 600 funcionarios actuaron con un arsenal de tanquetas, antitanques, un lanzacohetes RPG-7 de origen ruso, fusiles AK-103 y pistolas.157 En videos que circularon por las redes sociales y en grabaciones de audios de los policías que participaron del operativo confirman que Pérez y un grupo de personas que se encontraba con él se rendían. Todos fueron esposados y escoltados por dos policías hacia un vehículo militar. “Tres horas después, Oscar Pérez y sus compañeros, José Alejandro Díaz Pimentel, un ex-agente de contrainteligencia militar; Abraham Israel Agostini, ex policía del Estado Araguaya; Abraham and Jairo Lugo, hermanos y ex miembros de la GNB; Lisbeth Ramírez, la esposa de Jairo Lugo; y el estudiante de periodismo Daniel Soto, fueron dejados en la morgue de Caracas, todos con balazos en la cabeza. 

No queda duda de que fueron ejecutados poco tiempo después de haberse rendido a las autoridades”, describe el documento de la OEA. Morgue en Caracas Morgue en Caracas El documento describe el accionar de las fuerzas armadas y de los grupos paramilitares denominados “colectivos” que se desempeñan como “brazo armado radical del gobierno” de Maduro. Algunos de ellos han afirmado “ser contratados por gobiernos estatales”. Los patrones de conducta de los cuerpos de seguridad y de los colectivos en contra de las personas que fueron asesinadas mientras se manifestaban en contra del régimen, incluyen: - El consciente y deliberado uso indebido y desproporcional de la fuerza por parte de los agentes de seguridad del Estado en colaboración con los colectivos, con disparos letales con armas de fuego directamente en contra de los manifestantes. -

 Los proyectiles fueron dirigidos en su mayoría a zonas vitales del cuerpo para causar la muerte del manifestante, como la cabeza, el tórax, el cuello, el intercostal y el abdomen. La intención de las fuerzas públicas y de los colectivos era matar a la víctima, no herirla. - El uso de bombas lacrimógenas como proyectil, disparadas horizontalmente a corta distancia directamente hacia la víctima, causando la muerte instantánea en algunos casos y dejando a otras víctimas gravemente heridas. - El uso intencional de objetos que no eran balas de plomo, o perdigones de plástico, como proyectiles disparados directo al cuerpo de los manifestantes como metras, canicas de metal o vidrio, o tornillos que ocasionaron la muerte de algunos manifestantes y que ocasionaron cientos de heridos, para infligir mayor trauma y sufrimiento y al mismo tiempo no dejar huellas balísticas. 

 Testimonios indican que la persecución política incluye la concesión selectiva de subsidios y beneficios Testimonios indican que la persecución política incluye la concesión selectiva de subsidios y beneficios El caso de siete jóvenes que reclamaron un recuento de votos El material presentado por la OEA relata el caso de siete jóvenes que fueron torturados en 2013, que fueron detenidos tras haber participado de protestas en la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, por exigir al Consejo Nacional Electoral de esa ciudad, el reconteo de votos de las elecciones presidenciales que acababan de suceder y que dieron como ganador, a Nicolás Maduro. Recibieron tiros de perdigón a quema ropa para causar daño y múltiples golpes con cascos, puntapiés y culata de las armas en la cabeza, costillas, zona lumbar. Estuvieron incomunicados. 

Fueron forzados en posición cuclillas por varias horas, con la cabeza entre las piernas y en esta posición, recibían golpes en el cuello con la culata de la escopeta, muy fuertes y dolorosos. Sufrieron torturas sexuales como desnudamiento y amenazas de violación. Recibieron descargas eléctricas. Sufrieron torturas psicológicas de amenazas de muerte, de trasladarlos a penales con presos de alta peligrosidad para que los violaran. “Fueron obligados a cantar consignas a favor del presidente, porque si no, los golpeaban”, se describió sobre el aberrante hecho. El informe remarca patrones de conducta entre los cuerpos de seguridad y de los colectivos en contra de las personas que fueron asesinadas El informe remarca patrones de conducta entre los cuerpos de seguridad y de los colectivos en contra de las personas que fueron asesinadas Conclusión y solicitud a la CPI A raíz de los testimonios e informes recolectados, el panel de expertos convocado por la OEA consideró al término del documento que “existe fundamento suficiente para considerar que los actos a los que se ha visto sometida la población civil de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, constituyen crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la CPI. El Artículo 7 del Estatuto de Roma establece que se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos que enuncia “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese ataque”.

 De esta forma, el panel de expertos internaciones independientes recomendó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que remita el informe y la evidencia recopilada a la Oficina de la Fiscal de la CPI para que se abra la investigación contra el régimen de Maduro y “que invite a los Estados Parte en el Estatuto de Roma a que remitan de la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en este Informe”. El documento de la Secretaría General de la OEA y el Panel de Expertos Internacionales Independientes

Alberto Fernández: “El problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”

 

El presidente argentino habló sobre los informes de las Naciones Unidas en el país caribeño y dijo que ayudó a Michelle Bachelet a instalar una oficina permanente del organismo internacional en Caracas. Sin embargo, esa dependencia aún no funciona por orden de Maduro

El presidente argentino Alberto Fernández se refirió esta mañana a la situación de los derechos humanos en Venezuela y señaló que ese “problema” estaba “desapareciendo” en la nación caribeña que vive desde hace años una grave crisis humanitaria, política y social sin precedentes bajo la dictadura de Nicolás Maduro. 

 “Lo digo con mucha franqueza: muchos de izquierda me criticaron porque apoyé el informe de (Michelle) Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) cuando marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos, pero también trabajé para ayudar a Bachelet para que encare en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos. Y ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo. 

Hay un camino para resolver los problemas que no pasa por meterse en los países ni de forma armada ni con bloqueos”, dijo Fernández en declaraciones a una estación de radio de Buenos Aires. Hasta el momento, el régimen de Maduro no ha permitido que se instale una oficina permanente de la ONU en Caracas para monitorear las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que padecen los venezolanos. I

ncluso los tres funcionarios de Naciones Unidas que están en el país latinoamericano están con sus visas vencidas: es decir, Caracas no les renovó siquiera sus permisos para trabajar allí. La estadía de estos enviados de Bachelet fue acordada entre la ex presidenta chilena y Maduro en 2019, en un intento del régimen para satisfacer a medias los pedidos de la Alta Comisionada que quería la instalación de una dependencia permanente en la capital venezolana. Al no contar con una oficina propia, no pueden manejarse con independencia y deben pedirle permiso al gobierno para cualquier movimiento. 

 En la imagen, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (EFE) En la imagen, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (EFE) En marzo pasado, luego de su último informe sobre derechos humanos, Maduro quedó muy molesto con Bachelet por las denuncias que habían quedado plasmadas en el documento. Por tal motivo, a los tres funcionarios no se les renovó sus visas. El Palacio de Miraflores espera una evaluación más benevolente para poder retomar los lazos con la oficina en Ginebra y emitir esos permisos temporarios, según supo Infobae. 

En septiembre se termina el acuerdo entre las partes y los delegados podrían retornar a Europa. Los últimos informes de las Naciones Unidas redactados por la oficina de Bachelet son contundentes. En el documento dado a conocer el pasado 11 de marzo, la Alta Comisionada se refirió a la violación de derechos humanos en Venezuela. Se registraron “al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”, de acuerdo al informe. Bachelet dijo entonces que hasta esa fecha habían recibido denuncias respecto a individuos que han colaborado con su oficina y con la Misión Independiente han sufrido represalias. 

Estamos investigando también estas alegaciones muy graves y en cualquier caso pedimos que cesen inmediatamente y que los responsables sean sancionados”, señaló en aquella presentación la ex presidenta chilena. El régimen no sólo no lo investigó sino que, obviamente, nadie fue condenado. Horas después de conocida la posición de la ONU sobre Venezuela, la dictadura de Maduro emitió un durísimo comunicado denunciando la supuesta falta de “objetividad” de Bachelet. “Preocupa que la Alta Comisionada pierda su rigor y objetividad ante la presión de actores anti-venezolanos”, agregó el canciller del régimen Jorge Arreaza. Un día antes, Marta Valiñas -presidenta de la Misión Internacional Independiente- se refirió a la violación a los derechos humanos y a las graves irregularidades institucionales que padecía el país a manos de Maduro. 

En esa presentación, Valiñas habló sobre la falta de cooperación de Miraflores. “Recientemente nos hemos puesto en contacto con el gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones en el terreno, tal como hemos intentado de manera continua durante el último año, sin hasta la fecha obtener una respuesta. Seguiremos buscando la cooperación”, indicó. “La represión continúa, por tanto, contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al gobierno. Continúan procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigamos para en el informe de septiembre de 2020. Para las y los que siguen encarcelados, los retrasos en los procesos judiciales han causado daños graves y, en algunos casos, irreparables. Salvador Franco, un hombre indígena pemón detenido arbitrariamente en prisión preventiva desde diciembre de 2019, falleció en enero tras no recibir atención médica por su grave situación de salud, incluso después de que un tribunal ordenó que se le brindara dicho tratamiento”, agregó Valiñas en su denuncia. 

 De acuerdo a Foro Penal, una ONG que monitorea la situación de los derechos humanos permanentemente bajo la dictadura militar chavista, hasta el día de hoy existen 306 presos políticos en Venezuela. Además, según esa institución, “más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”. Elisa Trotta, representante de Juan Guaidó en la República Argentina, mostró su indignación por las palabras de Fernández: “Repudiamos las recientes declaraciones del presidente, donde aseguró que el problema de los derechos humanos ha ido desapareciendo en Venezuela. Es una afirmación falsa que, además, significa una ofensa para las decenas de miles de víctimas de la dictadura criminal de Maduro”.

Avanzan las gestiones para señalizar el ex Tolueno como sitio de memoria

La Dirección de Derechos Humanos inició los trámites a fines del 2016 ante la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y Provincia y desde entonces se vienen cumplimentando todos los requisitos solicitados. La Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación del Municipio, a través de Dirección de Derechos Humanos, avanza con las gestiones para señalizar el ex Tolueno como sitio de memoria. Al respecto, la responsable de dicha dirección, Verónica Lamas, explicó que el trámite se inició a fines de 2016 ante las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia y desde entonces se vienen cumplimentando todos los requisitos solicitados por las autoridades competentes.

 No obstante, desde el Municipio se avanza con el proyecto de señalización gestionando a través de la Dirección provincial de Memoria y Derechos Humanos para obtener los fondos necesarios para realizar el cartel correspondiente. La señalización de los sitios de memoria (Ley Nacional N° 26.691) hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal, y expresa el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares.

Abella suscribió importante acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

El Intendente firmó una carta de intención de cooperación y asistencia con el fin de intensificar acciones de promoción de derechos humanos a nivel municipal.

 El intendente Sebastián Abella firmó hoy una carta de intención de cooperación y asistencia con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El acuerdo permitirá generar vínculos de colaboración entre el Municipio y la Secretaría con el fin de implementar estrategias que tiendan a extender e intensificar acciones de promoción de derechos humanos a nivel local. El acto se llevó a cabo en el despacho del Palacio Municipal con la participación del secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Alejandro Collia.

 La firma formaliza además la incorporación del Municipio a la Red de Desarrollo Local con Enfoque de Derechos Humanos y su adhesión a los ejes del Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, aprobado por decreto Nº 1024/2017, y sus objetivos estratégicos. “Estoy feliz de poder suscribir esta carta de intención porque permitirá fortalecer el trabajo que venimos impulsando desde nuestra gestión”, aseguró el jefe comunal tras la rúbrica.