El pacto de Princeton, una Alianza para la Miseria y el Sometimiento

 

Por Valeria Insfran Michelagnoli 

 Hace tres años empecé a investigar sobre las nuevas herramientas de avance de la izquierda, como el feminismo, el lobby LGBTQ, el indigenismo, el ecologismo, los derechos humanos distorsionados en favor de criminales, el multiculturalismo, entre otros, y me di cuenta que la mayor parte de los movimientos sociales y partidos políticos, que en Paraguay apoyaban y promocionaban las causas citadas, estaban relacionados al Foro de San Paulo, en general, el mismo patrón se cumplía en casi todos los países de Latinoamérica Al mismo tiempo, miraba a Europa y a los EEUU, veía como estos mismos fenómenos llevaban décadas desarrollándose en esos lugares. 

 En mi desconocimiento me preguntaba ¿Cómo es posible que el marxismo cultural, que en Latinoamérica es impulsado coordinadamente desde el Foro de San Paulo, la organización revolucionaria narco política que lleva casi tres décadas imponiendo regímenes totalitarios en la región, esté tan adelantado en supuestos países democráticos y de primer mundo? Algo no cerraba, debía haber un factor común. 

 Lentamente fui armando un complicado rompecabezas, estudiando sobre el socialismo fabiano, su influencia en los grandes centros de poderes políticos y económicos mundiales. Fui viendo cómo a través de la historia se han dado alianzas muy improbables pero no imposibles, como por ejemplo, Wall Street financió la Revolución Bolchevique de 1917 [1] o como los Rockefeller apoyaron la Revolución Comunista China. 

Una idea tomaba fuerza, el entendimiento que el comunismo podría ser el instrumento de dominación de los grandes capitales en el mundo. Capitales formados, en general, con protección de los gobiernos de turno o por medio de monopolios, expulsando a los competidores y reduciendo la competencia.

 Empecé a entender que mucho de la historia, reciente y no tan reciente, estaba moldeada por los dueños del mundo, empecé a ver que la ideología comunista, genocida y liberticida por definición, sólo sigue existiendo por una poderosa fuerza tras ella, financiación constante, apoyo permanente de los grandes poderes mundiales.

 Pero me seguía preguntando ¿en qué momento el Foro de San Paulo, amenaza continental, coordina acciones con la izquierda internacional que hacía lo suyo en Europa y EEUU? Fue entonces que el libro O EIXO DO MAL LATINO AMERICANO E A NOVA ORDEN MUNDIAL de Heitor de Paola, (El eje del mal latinoamericano: y el nuevo orden mundial )llegó a mis manos. En ese libro leí sobre el PACTO DE PRINCETON, éste era el punto de encuentro que estaba buscando para avanzar en mi rompecabezas.

 El PACTO DE PRINCETON se firma en 1993, entre Fernando Henrique Cardozo, en representación del DIALOGO INTERAMERICANO y Lula Da Silva, en representación del FORO DE SAN PAULO.

 El encuentro fue coordinado por Warren Christopher, en aquel entonces Secretario de Estado de Bill Clinton. En este pacto se sentaron las bases sobre algunas estrategias para Latinoamérica. 

Las estrategias eran el blanqueamiento de la izquierda radical marxista revolucionaria (este en el marco de este objetivo, que hemos visto llegar a los Gobiernos de nuestros Estados a ex terroristas, Pepe Mujica, Dilma Rousseff, García Lineras, Michelle Bachelet, la propia candidatura de Petro e incluso el ignominioso Acuerdo de Paz con los narcoterroristas de las FARC se dieron en cumplimiento de este punto de la Agenda), el control poblacional y el debilitamiento de la iglesia católica, debilitamiento de los partidos políticos de la elite, debilitamiento de las Fuerzas Armadas, compromiso a contribuir a la apertura comercial de Cuba, entre otras. Profundicemos un poco sobre los protagonistas de este Pacto. EL DIALOGO INTERAMERICANO El DIALOGO INTERAMERICANO se funda en 1982, es un THINK TANKS líder de política estadounidense y exterior, que aglomera a banqueros internacionales, sus Fundaciones y ONG vinculadas. Algunos de ellos son el Grupo Rockefeller, el Grupo Bilderberg, la familia Bush, Kissinger, The English Royal Institute, la Reserva Federal Norteamericana, la Universidad de Yale.

 Como se ve en este grupo de personas y organizaciones podemos encontrar a grandes billonarios del planeta y a muchas personas de todo el mundo con gran influencia en sus países. El Dialogo Interamericano creó el decálogo de la Globalización.

 El decálogo serían los diez puntos que deberían ser obedecidos para que el proceso de globalización se dé, cediendo a los intereses de estos grupos mencionados. 

 Estos son los más importantes 1. Desmontar los Estados Nacionales, 2. Desmoralizar las Religiones Tradicionales, 3. Forzar el desempleo, 3. Limitar el desarrollo de los países con la propaganda chantaje ambientalista, 4. Disminución de las Fuerzas Armadas de los países, 5. Cultura de la Paz, DD.HH, desarme, 6. Reducción drástica de la población, 7. Agenda de Género, 8. Liberación de las drogas para la pacificación química de las mentes inquietas, 9. Diseminación de las prácticas de control mental a través del Instituto de Stanford y Tavistock, 10. Control de la Educación. 

 El decálogo no sólo suena familiar, sino que es la misma gente reunida hoy en el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, elaborando en los años ´80 una agenda que podría ser tomada como uno de los muchos antecedentes a la Agenda Global actual.

 Mismas personas, mismos objetivos. Desde su fundación el Dialogo Interamericano defiende tesis como la soberanía limitada o relativa de las naciones, el derecho de injerencia y la interdependencia entre las naciones. [2] EL FORO DE SAN PAULO EL FORO DE SAN PAULO fue fundado en 1990 en la Ciudad de San Paulo, a instancias de Fidel Castro y Lula Da Silva. Fue así que el PT de Brasil y el Partido Comunista Cubano convocaron a sus aliados para un encuentro de partidos y organizaciones de izquierda de Latinoamérica y el Caribe.

 Se presentaron 48 delegaciones de 14 países. Vale la pena citar a algunos partidos políticos que formaban parte de las delegaciones, para dimensionar el verdadero carácter revolucionario y violento del Foro de San Paulo, ya desde su fundación misma. Entre los más resaltantes, Partido Comunista argentino, Partido Intransigencia Revolucionaria, Partido Revolucionario de los Trabajadores. 

Por Bolivia: Eje de Convergencia Patriótica y Partido Comunista boliviano. Partido de los Trabajadores (PT Brasil), Partido Comunista del Brasil, Partido Comunista Brasilero, Partido Democrático Trabajador, Partido Socialista Brasilero. Partido Comunista Colombiano y Unión Patriótica (las FARC fueron creadas por el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica fue el primer partido político de los narcoterroristas). 

El Partido Comunista de Chile y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El Partido Comunista Cubano. Por el Salvador, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMNL). Partido Comunista de Ecuador, Partido Socialista de Ecuador. Por México: Partido de la Revolución Democrática y Partido Popular Socialista. Por Paraguay: Corriente Patria Libre, brazo político de los terroristas del EPP y el Partido Comunista paraguayo. Partido Comunista Peruano, Partido Unificado Mariateguista y Partido Comunista Revolucionario. Partido Comunista Dominicano.

 Por Uruguay: Frente Amplio, MLN Tupamaros, Frente de Izquierda de Liberación, Movimiento Revolucionario Oriental, Movimiento 26 de Marzo. Partido comunista de Venezuela Causa R [3] El Foro de San Paulo fue pensado para recuperar en América Latina lo que el comunismo había perdido en Europa del Este, o sea transformar el mundo latinoamericano en una nueva Unión Soviética, teniendo por modelo a Cuba y posteriormente al Socialismo del Siglo XXI del Castro Chavismo.

 Volvemos al punto de las alianzas improbables a simple vista, pero no imposibles, sobre todo cuando uno empieza a bucear en esa historia no contada que siempre va detrás de la oficial. Sobre el tema cito a Heitor de Paola: “El Pacto de Princeton fue una táctica política dentro de una estrategia mucho más antigua y establecida a largo plazo. Reunidos el DIALOGO INTERAMERICANO y el FORO DE SAN PAULO, estaban realmente reunidas las corrientes socialistas Fabiana y Marxista, para ajustar una política común para Brasil y Latino América dentro de objetivos mundiales de más largo plazo” [4] En perfecta connivencia dos grupos, aparentemente antagónicos en el colectivo popular, han operado en conjunto para desarrollar en Latino América por casi 30 años, una serie de estrategias políticas y sociales de gran perjuicio para nuestros países. 

Desde gobiernos totalitarios con ropaje democrático han desarrollado políticas de gran impacto y lesivas a nuestras sociedades. El enfrentamiento ciudadano que sufrimos al verse atomizadas nuestras sociedades, nos han robado la paz social necesaria para que nuestras naciones se desarrollen y prosperen, dividiendo a las sociedades, crean el caos y centralizan el poder. Si analizamos los objetivos, que estos grupos de poder han establecido, juntos o por separado, se han cumplido o están en camino a cumplirse. 

Millones de idiotas útiles, luchan contra las propias instituciones de sus Repúblicas por causas supuestamente anti imperialistas, sin saber que son agentes de los más criminales imperios que gobiernan el mundo, sin saber que han sido lavados de cerebro por tácticas de manipulación mental creadas en los Institutos de control social de los centros de poder mundiales.

 Es oportuno recordar el Informe Kissinger (1974), rezaba: “Se deben cambiar los preceptos religiosos y culturales de los pueblos que hacen inviables las políticas de control de natalidad. Los encargados de implementar esas políticas deben ser los mismos naturales de los países, previamente reeducados en los países del Norte” [5] Hoy esto mismo se aplica para toda la Agenda del Marxismo Cultural. 

 Desde el año 2019 tenemos en escena al llamado GRUPO DE PUEBLA, que no es otra cosa que la elite política e intelectual del Foro de San Paulo, esta vuelta incluye oficialmente a representantes de la izquierda española. Es el Grupo de Puebla el que marca ahora la agenda para Iberoamérica, algunas de las líneas de esa agenda son 1. 

Agenda Progresista: aborto, legalización de drogas, promoción del homosexualismo y de la identidad de género, defender la relatividad de los valores establecidos, 2. Desmitificar la religión, 3. Controlar la educación y dedicarla al adoctrinamiento político fomentando la lucha de clases, 4. Introducir en el ejército personas afines al partido, 5. Magnificar la corrupción de los partidos tradicionales, 6. Perseguir a los grandes empresarios para que huyan del país, 7. Expropiaciones masivas de terrenos y empresas, 8. Colocar en manos del Estado todos los bienes de producción, 9. 

Reforma de la Constitución y de las leyes electorales, entre otras [6] CONCLUSIÓN La rápida mirada que hemos hecho a organizaciones como el Dialogo Interamericano, sus integrantes, sus objetivos, nos da la pauta que son los mismos grupos empresariales y/o personas que desde hace décadas operan en el Foro de Davos, que sin ser electos por ni un Estado, deciden los destinos de la humanidad arbitrariamente. 

 Luego del análisis realizado queda en evidencia que el Foro de San Paulo/Grupo de Puebla es el brazo ejecutor de la Agenda Globalista en Iberoamérica desde hace décadas. El Foro de San Paulo ha desarrollado durante años un lento y continúo proceso de subversión ideológica en nuestros países. Han implementado gobiernos totalitarios, han empobrecido y desmoralizado a nuestros pueblos de una forma criminal.

 El Socialismo Fabiano y el Marxismo Revolucionario Terrorista son dos caras de una misma moneda. El cinismo de los líderes de izquierda que firmaron el Pacto de Princeton debe ser expuesto y denunciado, tenemos la superioridad moral de la verdad y la ética, no nos achiquemos ante poderes ilegítimos, llenémonos de valentía ante los miserables que nos someten y quieren destruirnos, quieren destruir no solo nuestras naciones, vienen por nuestras familias y nuestros propios hijos. 

 Es hora de despertar queridos iberoamericanos y de luchar por nuestra libertad, por nuestros valores, por nuestras tradiciones y por nuestra fe cristiana. Patriotas de Iberoamérica unamos fuerzas, sí por una Patria Grande, pero una Patria Grande libre, independiente que vele por nuestro capital humano, nuestros recursos e intereses.

 El Pacto de Princeton, verdadera alianza para la miseria y el sometimiento de IBEROAMÉRICA debe ser profundizado para desenmascarar el juego macabro con el que nos flagelan. BIBLIOGRAFÍA [1] Sutton, Antony, Wall Street y Los Bolcheviques, 1a. Ed. 1974 [2] Maier, Feliz, Artículo Teorías de Conspiración: Club Bilderberg y el Dialogo Interamericano. 07 agosto 2009. [3] O Foro de San Paulo: A mais perigosa organizacao Revolucionaria das Americas, Salgueiro, Graca, Editores Graca Salgueiro – Alex Pereira. www.observatoriolatino.com [4] O Eixo do Mal latino americano e a Nova Orden Mundial, De Paola, Heitor. Ed. Observatorio Latino, 2da. Edición, 2015, pág. 235. [5] Sanahuja, Juan Claudio, El Desarrollo Sustentable, La Nueva Ética Internacional. Editorial Vortice, Buenos Aires 2003 [6] YOUTUBE, Reporter Channel, video de Herbin Hoyos, “El Plan Macabro del Grupo de Puebla y el Foro de San Paulo” 1. De Paola, Heitor. O EIXO DO MAL LATINO AMERICANO E A NOVA ORDEN MUNDIAL.

 Editorial Observatorio Latino, 2da. Ed. Año 2015 2. Salgueiro, Graca. O FORO DE SAN PAULO, A MAIS PERIGOSA ORGANIZACAO REVOLUCIONARIA DAS AMERICAS. Editorial Observatorio Latino, 1ra. Ed. Año 2016 3. SALBUCHI, ADRIÁN. EL CEREBRO DEL MUNDO, LA CARA OCULTA DE LA GLOBALIZACIÓN. Editorial Solar, 4ta. Ed. Año 2003 4. SANAHUJA, JUAN CLAUDIO. EL DESARROLLO SUSTENTABLE, LA NUEVA ÉTICA INTERNACIONAL. Editorial Vortice, Año 2003 5. SUTTON, ANTONY. LA PLUTOCRACIA, WALL STREET Y LOS BOLCHEVIQUES. LOS CAPITALISTAS DEL COMUNISMO. 1ra. Ed. 1974 6. LEÓN CEBRIÁN, ALBERTO. LAS REVOLUCIONES BANCARIAS. UNA HISTORIA CRÍTICA DE LA BANCA DE INVERSIÓN. 

Autopublicado en Amazon 2021 Valeria Insfran Michelagnoli Abogada por la Universidad Católica de Asunción - Paraguay, Año 2000. Especialización en medios Alternos de Resolución de Conflictos, Año 2001. Egresada de la Escuela Judicial, año 2006. Pdte. de la RED CIUDADANA POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA – PARAGUAY. Instituto de Investigación Solidaridad agosto 18, 2021

El método Bolsonaro: un asalto a la democracia a cámara lenta

 

En casi tres años de Gobierno, el presidente ha roto los pactos sociales de Brasil. Siguiendo el guion de la ultraderecha de otros países, amenaza el legado político de 36 años de democracia. Este es su manual de poder. 2021 - 23:03 GMT-3 

El 20 de enero de 2021, una asesora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud de Estados Unidos durante el Gobierno de Donald Trump, Valerie Huber, escribió un último correo a sus aliados de otros países y le dedicó un lugar especial a Brasil. Huber, una fanática promotora de la abstinencia que operaba a gran escala contra los programas de educación sexual y reproductiva, se despidió de sus compañeros con un anuncio: “Brasil se ha ofrecido amablemente a servir ahora como coordinador de esta histórica coalición”, puso en aquel mensaje, obtenido por EL PAÍS. 

La “coalición histórica” era, básicamente, una alianza internacional ultraconservadora creada para influir en las decisiones de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos. Fracasado el intento de Trump de permanecer en el poder, la ofensiva de la derecha global contra los derechos de nueva generación quedaba en manos de la Administración de Jair Bolsonaro. La salida de Trump de la Casa Blanca no solo le dejó a Bolsonaro una responsabilidad, sino también un manual no escrito de tácticas para erosionar la democracia, que algunos líderes han comenzado a replicar sin sutilezas en la región. 

Ninguno, tal vez, con el descaro y la determinación que han hecho del presidente brasileño un abanderado mundial de la derecha. Aunque el ímpetu golpista lo ha acompañado desde que llegó a la presidencia, su estrategia para debilitar las instituciones y mantenerse en el poder se hacen cada vez más evidentes a medida que su popularidad desciende y las elecciones de 2022 se acercan. “Entregaré la banda presidencial a quien me gane en las urnas limpiamente. Con fraude, no”, dijo Bolsonaro el 1 de julio, como parte de su campaña más reciente: atacar la legitimidad de las urnas electrónicas, aquellas con las que él mismo ha sido elegido y reelegido al menos seis veces en su carrera política, sin que jamás haya impugnado el resultado. 

Una semana después fue un paso más allá: “De esta manera [como estamos hoy], corremos el riesgo de no tener elecciones el año que viene”. Bolsonaro no es el primer populista de extrema derecha. Pero, sin duda, “es el adversario más poderoso al que se ha enfrentado la democracia brasileña en medio siglo”, como advirtió Yascha Mounk, profesor de la Universidad John Hopkins en 2019, en su libro El pueblo contra la democracia, donde retrató cómo los líderes electos en países como Turquía, Hungría y Filipinas destruyen el Gobierno democrático desde adentro. En poco más de dos años y medio que lleva Bolsonaro como mandatario, es posible descifrar el modus operandi del político forjado en el Ejército que asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2019: mientras parte de su actividad se concentra en perseguir a sus críticos, inventar noticias falsas que los periódicos deben desmentir y fomentar crisis políticas con otros poderes, la maquinaria del Estado es utilizada para fortalecer los pilares que podrían sostenerlo en su puesto más allá del voto.

 Si su estrategia discursiva parece un calco de Donald Trump, su sostén más importante es, paradójicamente, el mismo que ha utilizado el chavismo: los militares. Una democracia verde oliva Hoy, el estamento militar constituye la columna vertebral del Gobierno de Bolsonaro. Hay por lo menos 6.157 de ellos distribuidos en direcciones, consejos de administración y gerencias de empresas estatales como Petrobras, la hidroeléctrica Itaipú, Correos y Eletrobras. De sus 22 ministerios, nueve están ocupados por militares en activo o en la reserva. Eran 10 hasta la caída en marzo del general Eduardo Pazuello del Ministerio de Sanidad. 

“Las Fuerzas Armadas sirven a la vez como base político-electoral del Gobierno de Bolsonaro, pero también como instrumento para intimidar a la oposición. Bolsonaro intenta transmitir la idea de que puede utilizar la fuerza contra sus enemigos políticos, por muy falso que sea”, afirma el politólogo Octavio Amorim Neto, profesor de la Fundación Getúlio Vargas. El presidente Jair Bolsonaro durante una ceremonia de graduación en la Academia Militar Agulhas Negras, en Resende, Río de Janeiro, el 24 de septiembre de 2020. El presidente Jair Bolsonaro durante una ceremonia de graduación en la Academia Militar Agulhas Negras, en Resende, Río de Janeiro, el 24 de septiembre de 2020. ISAC NÓBREGA/PR El Gobierno invirtió el equivalente a 16.600 millones de dólares (más de 14.000 millones de euros) en privilegios a los militares. 

En este cálculo entran los beneficios concedidos con la reforma de las pensiones de los militares —pueden jubilarse con el sueldo íntegro, al contrario que los civiles—; un aumento salarial del 13% (en los demás funcionarios públicos no supera el 8%), y la concesión de comisiones extraordinarias a los militares que forman parte de los consejos de administración de las empresas estatales.

 El cálculo lo realizó, a petición de EL PAÍS, el politólogo Willian Nozaki, que en mayo publicó el estudio La militarización de la administración pública en Brasil: ¿proyecto de nación o proyecto de poder?. La cuenta no contempla el cambio en la norma que permite que los militares retirados como Bolsonaro o sus ministros Walter Braga Netto (Defensa), Luiz Eduardo Ramos (Presidencia) y Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional) cobren un sueldo superior al techo constitucional de 7.500 dólares. 

 El mandatario ha extendido los beneficios a los policías militares de los 27 Estados de la federación, una base de apoyo natural del presidente, y que podrían jugar a su favor a pesar de los gobernadores, a quienes responden formalmente. Bolsonaro aprobó recientemente un programa de financiación de viviendas exclusivo para las fuerzas de seguridad. También incluyó en la reforma administrativa que está en la Cámara de los Diputados un artículo para que los policías puedan ser considerados funcionarios típicos del Estado, por lo que no correrían el riesgo de ser despedidos.

 La pregunta es si todos estos beneficios que los militares y policías han conseguido del Gobierno se convertirán en apoyo en caso de que el presidente intente quedarse con el poder el año que viene. “Si ocurriera, las Fuerzas Armadas tendrían que tomar una decisión: si van a actuar dentro de la legalidad, rompiendo públicamente de una vez por todas con Bolsonaro, o no”, advierte Amorim Neto. Las policías, por su parte, siguen la corriente predominante. “Ellos tienen doble mando. Obedecen a los 27 gobernadores y al comandante en jefe del Ejército. 

Si se le pregunta a un policía militar a quién seguirá en caso de amenaza, la respuesta que dará será: a quien sea más fuerte”, explica el politólogo Jorge Zaverucha, profesor de la Universidad Federal de Pernambuco. Para el exministro de Defensa y Relaciones Exteriores Celso Amorim, ningún comandante de las Fuerzas Armadas está de acuerdo con una intervención. “Es más bien una discusión entre algunos generales de la reserva. Por mucho que una buena parte de la tropa esté de acuerdo con las ideas del presidente, no irá en contra de lo que piensa el Alto Mando del Ejército. 

No se cruzará esa línea”, afirma. Amorim cree que algunos comandantes se han visto humillados cuando Bolsonaro lleva la política a los cuarteles por la fuerza y trata de demostrar más poder del que tiene sobre las Fuerzas Armadas. Esa es una de las razones que habrían provocado la dimisión colectiva del ministro de Defensa y de los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en mayo pasado. Amorim, exministro de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, recuerda que cualquier golpe requiere apoyo internacional, algo que Brasil no tiene, especialmente con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Así como han ganado privilegios, los militares también viven el desgaste del poder al lado de Bolsonaro. 

Han prestado su imagen a un Gobierno que pierde prestigio con los resultados de la pandemia, el alto desempleo y las sospechas de corrupción en la compra de vacunas contra la covid-19. Las acusaciones de soborno que investiga la Comisión Parlamentaria de la Pandemia empiezan ahora a tocar a militares que ocupan u ocupaban cargos en el Ministerio de Sanidad. Jair Bolsonaro no vive su mejor momento. Rechazado por la mitad de la población por cómo ha gestionado la pandemia, el mandatario se enfrenta desde mayo a protestas contra su gestión impulsadas por los partidos de izquierda. 

Los sondeos ya mostraban que el apoyo a Bolsonaro caía poco antes de que las denuncias de corrupción por la compra de vacunas para la covid llegaran a los noticieros a finales de junio. Una encuesta realizada por el Instituto Ipec entre los días 17 y 21 de ese mes mostraba una fuerte caída de su popularidad frente al expresidente Lula da Silva: si las elecciones fueran hoy, el candidato del Partido de los Trabajadores tendría 49% de los votos, frente al 23% a favor de Bolsonaro. Lula ganaría en primera vuelta. En una encuesta más reciente, realizada por el instituto Datafolha entre el 7 y el 8 de este mes, Lula figura con un 58% de apoyo a su candidatura presidencial frente al 31% de Bolsonaro.

 Las trampas oficiales A pesar de este momento crítico, a un año y tres meses de las elecciones, Bolsonaro aún tiene tiempo, votantes y alianzas leales, además de la maquinaria pública a su favor, para navegar por estas aguas turbulentas hasta llegar a 2022 con fuerza para ser reelegido. Ante el temor de perder las elecciones, al igual que hizo Trump, el presidente ya ha plantado la semilla del caos, inventando un riesgo de fraude con las urnas electrónicas.

 Y, al igual que Trump, día tras día sacude al país con discursos radicales y distópicos que contradicen la realidad y desafían la Constitución. El 19 de julio de 2019, por ejemplo, durante un desayuno con periodistas extranjeros, Bolsonaro afirmó que en Brasil no había gente que pasara hambre, a pesar de que en ese momento 5,2 millones de brasileños se encontraban en esa situación, una cifra que supera a toda la población de Nueva Zelanda. “Decir que la gente pasa hambre en Brasil es una gran mentira”, afirmó rotundamente en presencia de periodistas internacionales. 

“La pasan mal, no comen bien. Pero no pasan hambre”, dijo. Y, mientras la prensa se hacía eco de su discurso, ese mismo día se publicaba en el Diario Oficial un decreto que revocaba 324 actos administrativos, entre ellos el que determinaba la creación de consejos con participación de representantes de la sociedad civil en las decisiones sobre políticas públicas. Fue el primer plumazo para reducir el control social sobre el poder público. Luego vinieron otros, que también redujeron la transparencia de los actos del Gobierno. 

 Cuando empezó la pandemia, por ejemplo, el Gobierno promulgó una medida provisional que suspendió los plazos de respuesta a las solicitudes de información mientras durara la crisis sanitaria. La medida estuvo en vigor de marzo a julio del año pasado y se aplicaba en todos los organismos cuyos empleados estuvieran trabajando a distancia. Aunque ya ha caducado, consiguió eliminar el acceso a los datos públicos en un momento en que el país se organizaba en el caos. La promulgación de ordenanzas, despachos, resoluciones, decretos o instrucciones normativas es uno de los recursos más consistentes a los que apela Bolsonaro para sortear los mecanismos democráticos. 

En dos años y medio en el poder, el presidente ha firmado 1.060 decretos. En comparación, la expresidenta Dilma Rousseff firmó 614, la mayoría para regular leyes u organizar la gestión pública. Sin embargo, en el Gobierno actual se han convertido en una herramienta para ir contra la Constitución y los engranajes que sostienen la democracia. Aunque algunos de esos decretos son anulados meses después por la Justicia, entretanto el plan de Bolsonaro de mantenerse en el poder avanza. 

 Así fue cómo logró expandir la venta de armas en Brasil, a pesar de que el país tenía un Estatuto de Desarme, avalado por referéndum popular en 2005. Más del 63% de los brasileños votó entonces la prohibición. Pero desde que Bolsonaro asumió la presidencia se han aprobado más de 30 actos normativos para burlar esta limitación. Y aunque los decretos pueden ser impugnados en los tribunales, las armas que ya fueron vendidas no serán devueltas. 

“La obsesión del presidente con las armas fue la primera señal de que el Gobierno iba a meterse con el sistema democrático”, dice Melina Risso, directora de programas del Instituto Igarapé. En un virtual escenario en el que Bolsonaro pierda la reelección e intente mantenerse en el poder, la existencia de un amplio grupo de simpatizantes que se han provisto de armas de fuego durante su Gobierno plantea un escenario ominoso. De este modo, burlar los límites impuestos por las leyes cumple una doble función: mantener la lealtad de su núcleo duro de apoyo y, simultáneamente, proteger sus propios intereses. Bajo este método, ninguna otra área ha sufrido más ataques del Gobierno de Bolsonaro que la protección social y ambiental. Son 1.112 los actos administrativos que pretenden cambiar la legislación ambiental y facilitar la explotación de la selva, según el Instituto Talanoa de Políticas Públicas, que fiscaliza la actuación del Gobierno.

 La eficacia de esta táctica es innegable. La deforestación en la Amazonia ha alcanzado niveles récord desde la llegada de Bolsonaro mientras el Gobierno ignora las acciones de mineros ilegales y madereros. El Fondo Amazonia, que recibe donaciones extranjeras con el objetivo de promover acciones de control y lucha contra la deforestación, fue una de las víctimas de esta revocación masiva. El fondo tenía un comité técnico que deliberadamente no se renovó. 

El contrato se extinguió sin utilizar 554 millones de dólares, que aún siguen allí. Del total de actos administrativos, 107 tenían como objetivo flexibilizar las normas vigentes unilateralmente por el Ejecutivo. Con ellos, Bolsonaro cumplió una de sus promesas de campaña: acabar con lo que llamaba la “industria de las multas en el campo”. Un decreto publicado en abril de 2019 obliga ahora a los organismos de inspección a “fomentar la conciliación” en los casos de infracciones por daños ambientales. Las audiencias no son obligatorias.

 Y los que son multados por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente obtienen descuentos y plazos más largos para pagar. “La conciliación medioambiental se ha creado para impedir las multas. Nació una industria del perdón”, se lamenta Natalie Unterstell, presidenta del Instituto Talanoa de Políticas Públicas. Los terratenientes que se oponen a la preservación son una de las bases de apoyo del presidente. La bancada de diputados que representa la agroindustria forma parte del grupo legislativo Centrão, una coalición de partidos sin programa ni ideología que, tras el acuerdo sellado el año pasado, garantiza al presidente su estabilidad en el poder. 

Esta convergencia en el Congreso permitió que el 13 de mayo se aprobara un proyecto de ley que flexibiliza las normas para conceder licencias ambientales para determinadas iniciativas. O el apoyo a la aprobación del proyecto de ley 490, que dificulta la demarcación de tierras indígenas y deja espacio para que las tierras sean exploradas por la agroindustria, y que fue aprobado a fines de junio por una comisión parlamentaria. Noticias a medida Las redes de comunicación de Bolsonaro son un capítulo aparte en su estrategia para debilitar la democracia brasileña. 

Desde que asumió el cargo hace transmisiones semanales en directo en redes sociales. Con su llegada a la presidencia, su línea de ataque a los periodistas, que ya se conocía desde sus días como diputado, se ha multiplicado con milicias virtuales que atacan a profesionales críticos, sobre todo mujeres. Su aversión a la prensa ha llevado al presidente a enclaustrarse en un círculo de páginas web y cadenas de televisión que le apoyan incondicionalmente, al mismo tiempo que reciben mayores partidas de fondos públicos. Esa red es la que abastece de información a sus seguidores más fieles. Vinicius Publio, de 45 años, por ejemplo, es un orgulloso partidario de Bolsonaro que no lee noticias y rara vez ve el telediario.

 Prefiere informarse por las redes que apoyan al presidente, a quien admira con devoción. Su explicación resulta conocida: “Es auténtico, habla claro, es directo, dice lo que la gente quiere oír”, explica en una cafetería de Barueri, en el área metropolitana de São Paulo. Vinicius Piblio Monteiro, cabo de la policía militar, posa encima de su moto el pasado 23 de junio en São Paulo. Vinicius Piblio Monteiro, cabo de la policía militar, posa encima de su moto el pasado 23 de junio en São Paulo. TONI PIRES Publio comparte la ideología, el gusto por las armas y las motos potentes del presidente. Montado en su BMW, fue uno de los que acompañaron al mandatario en un convoy de motos un sábado de junio por las calles y carreteras de São Paulo. Bolsonaro ha convertido los paseos en moto con seguidores en manifestaciones públicas de apoyo popular.

 Casado y padre de dos hijos adolescentes, Publio concilia su trabajo en la Policía Militar con los negocios inmobiliarios. Personifica el núcleo duro de los votantes de Bolsonaro, aquellos que le son fieles sin importar los hechos que se le cuestionen: más de medio millón de muertes por la pandemia, el aumento de la inflación, los incendios en la Amazonia… “Son un 15% del electorado brasileño, con una presencia destacada de hombres blancos de cierta edad y renta alta”, explica Isabela Kalil, coordinadora del Observatorio de la Extrema Derecha. Mientras estrecha la fidelidad con el grupo que lo respalda y difunde sus verdades sin cuestionar, Bolsonaro utiliza los recursos disponibles en la legislación brasileña para perseguir y amedrentar a sus críticos, basándose en la Ley de Seguridad Nacional.

 Consolidada en 1983, dos años antes del fin de la dictadura, esa ley es una herencia que dejó la era militar en Brasil, y que la Policía Federal ha utilizado recientemente para investigar a profesores, artistas y activistas. Con esta norma, por ejemplo, el Gobierno ha perseguido judicialmente al youtuber Felipe Neto por calificar de “genocida” a Bolsonaro en las redes sociales; al caricaturista Aroeira, que dibujó el símbolo del fascismo como si lo hubiera pintado el presidente, y al periodista Ricardo Noblat por haber compartido la caricatura de Aroeira en las redes. Este tipo de acciones ha permeado en sus bases. A finales de mayo, un profesor del Estado de Goiás, Arquidones Leão, fue detenido por un policía militar por supuestamente calumniar al presidente Bolsonaro. Leão tenía un cartel pegado en su coche en que se leía “Bolsonaro Genocida”.

 La excusa de la policía para detenerlo era la infracción a la Ley de Seguridad Nacional. “Esta ley era uno de los elementos que mantenían el sistema dictatorial. Castiga la crítica”, dice Pedro Estevam Serrano, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. “Debería haberse derogado y no se hizo, pero en compensación había un cierto pacto en la sociedad para no utilizarla”. La ley, heredada de la dictadura, no ha sido la única herramienta utilizada por el Gobierno para tratar de silenciar el disenso. Las universidades también son un frente de batalla ideológica para Bolsonaro. Para el presidente están llenas de “izquierdistas” que promocionan el comunismo.

 El Gobierno intentó interferir hasta en las elecciones de los rectores, habitualmente elegidos por sus colegas, a través de una medida provisional que facultaba al ministro de Educación a decidir los nombres durante la pandemia. A la vez, intimidó a los profesores que criticaban al Gobierno con demandas en los tribunales. En enero de este año, los profesores universitarios Erika Suruagy y Tiago Costa Rodrigues fueron objeto de una investigación de la Policía Federal por publicar críticas al presidente en vallas publicitarias en sus ciudades, Recife y Palmas, respectivamente. Las investigaciones se archivaron meses después por falta de consistencia en las acusaciones, pero el daño ya estaba hecho.

 “Se me cerraron las puertas, no he podido volver a trabajar”, dice Rodrigues, que tuvo que trasladarse a otra ciudad. “El ambiente es de miedo”, resume la profesora Erika Suruagy. Tiago Costa Rodrigues fue imputado por haber publicado mensajes contra Bolsonaro. Tiago Costa Rodrigues fue imputado por haber publicado mensajes contra Bolsonaro. FERNANDO LEITE La Universidad Federal de Ceará también es objeto de una investigación de la Policía Federal. Todo porque varios profesores dieron clases sobre los riesgos del fascismo. 

Alumnos electores de Bolsonaro los delataron a la policía por un supuesto acoso. Episodios como este hacen presión para evitar que los profesores discutan temas políticos en las clases. No han sido pocos los casos de vídeos de profesores filmados por alumnos cuando hacían alguna crítica informal y que han circulado en las redes bolsonaristas como si se tratara de una conspiración comunista. “Si la universidad no puede hablar, no puede debatir ideas, ¿quién lo hará? Ninguna democracia puede sostenerse sin universidades”, afirma la profesora Suruagy. 

 El presidente también socava la inversión en las universidades, estrangulando todavía más el ya asfixiado presupuesto de la enseñanza superior. Desde 2019 hasta la fecha, el recorte acumulado en el presupuesto de las universidades federales es del 25%, según la Asociación Nacional de Directores de Instituciones Federales de Enseñanza Superior. Pero el acoso no se limita a los profesores universitarios. La Articulación Nacional de Carreras Públicas para el Desarrollo Sostenible, una coalición de entidades del sector público, ha identificado más de 820 casos de acoso. Según el estudio realizado, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente encabeza la lista de los órganos en los que más se ha producido este tipo de intimidación. 

 La resistencia Hasta ahora es el Poder Judicial, especialmente el Supremo Tribunal Federal, el que ha actuado como una barrera para inhibir los abusos de poder del presidente en sus decretos y medidas provisionales. Ha desarmado parte de las bombas de relojería que el Gobierno ha creado con los actos que no pasan por el Congreso. También ha liderado una investigación, conducida por la Policía Federal, sobre las redes digitales bolsonaristas que incentivan el acoso al mismo Poder Judicial y a los adversarios del presidente. Así encontró pruebas de “una verdadera organización criminal” que ataca la democracia y que cuenta con el trabajo de parlamentarios, empresarios que apoyan al presidente y blogueros que desparraman noticias falsas.

 Hoy existen más de 100 solicitudes de proceso de destitución contra Bolsonaro sobre la mesa del presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, que no ha mostrado interés en hacerlas prosperar. La última, presentada a finales de junio como una “supersolicitud” que reúne todas las demás, contiene una lista de 23 posibles delitos de responsabilidad, incluyendo la prevaricación. Las calles empezaron a agitarse en mayo, sobre todo con la presión que la comisión parlamentaria del Senado ejerció apuntando las responsabilidades del presidente en la gestión errática de la pandemia. 

Las protestas organizadas por la izquierda en tres ocasiones reunieron a miles de manifestantes, especialmente en las capitales del país, pero todavía no tienen el apoyo de la derecha. Brasil se encuentra en esta encrucijada, con los principales partidos resistiéndose a unirse a las protestas, hasta ahora dominadas por los votantes del expresidente Lula. En su libro El pueblo contra la democracia, el profesor Yascha Mounk recuerda que, en la mayoría de los países, los populistas solo llegan a la cima porque sus oponentes no logran hacer un pacto electoral. “Aunque es natural suponer que la amenaza autoritaria puede ayudarnos a ver las cosas con más claridad, también es cierto lo contrario: angustiados y aterrorizados, los oponentes de los populistas empiezan a jugar el juego de la pureza política, imponiendo pruebas…, negándose a abrazar a antiguos aliados del populista”, explica.

 Un paso importante lo ha dado el expresidente Fernando Henrique Cardoso, quien desde abril señala que podría votar a Lula en una posible segunda vuelta contra Bolsonaro. “Quien no tiene perro caza con gato”, afirmó Cardoso. Los posibles candidatos a las elecciones de 2022 entrevistados por EL PAÍS en los últimos meses tenían claro que la unión contra Bolsonaro era irreversible, y no descartan renunciar a la candidatura en algún momento de la carrera para evitar que él pase a la segunda vuelta. 

 El objetivo es evitar la reelección de Bolsonaro, lo que impediría el asalto contra la democracia, como ha ocurrido en otros países gobernados por líderes radicales. “Todos los gobiernos autoritarios actuales fueron degradando poco a poco la democracia en el primer mandato y el desmantelamiento definitivo llegó en el segundo”, recuerda el Pedro Abramovay, director de Open Society para América Latina. “Bolsonaro no tiene ninguna convicción democrática, la acepta por razones estratégicas”, afirma el politólogo Jorge Zaverucha. “Se mantiene a la espera de que un día los vientos soplen hacia una solución autoritaria y pueda embarcar”, añade. A la espera de esas borrascas, Bolsonaro avanza en sus propósitos. Muchos brasileños los ven venir. Y los temen.

Lula y Fernando Henrique Cardoso apoyan la posición de Alberto Fernández sobre el Mercosur: no a las reducciones arancelarias

 

En una nota en el Folha de Sao Paulo, la periodista brasileña Monica Bergamo cita pasajes de un texto suscripto por ambos expresidentes

“Coincidimos con la posición del presidente de la Argentina, Alberto Fernández, de que este no es el momento para reducciones tarifarias unilaterales de parte del Mercosur, sin ningún beneficio para las exportaciones del bloque”, dice un pasaje de una nota firmada por los expresidentes de Brasil Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva. 

 “Coincidimos también en que es necesario mantener la integridad del bloque, para que todos sus miembros desarrolen plenamente sus capacidades industriales y tecnológicas y participen de modo dinámico y creativo en la economía mundial contemporánea”, dice un texto suscripto por los ex mandatarios, según escribió la periodista brasileña Mónica Bergamo, en el diario Folha de Sao Paulo, uno de los más tradicionales e influyentes medios brasileños. La nota recuerda que el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, impulsa la reducción de los aranceles del Mercosur, “pero los argentinos temen por la industria de su país”.

 Según la columnista, la firma del texto “marca otro punto de convergencia entre Cardoso y Lula, que acaban de abrir un diálogo que había sido interrumpido por décadas de enfrentamiento electoral directo - desde 1994, han disputado las elecciones en campos opuestos, ya sea como candidatos o apoyando los nombres de sus respectivos partidos. El 21 de mayo pasado, ambos expresidentes se habían reunido en la casa del exministro del Tribunal Supremo, Nelson Jobim, y posaron para una fotografía que marca un punto de inflexión político y electoral, de cara las elecciones presidenciales de 2024 y de oposición a la gestión del actual presidente Jair Bolsonaro. 

 Para el Gobierno argentino es un espaldarazo a la posición de Alberto Fernández, que a fines de marzo, en la reunión virtual de líderes por los 30 años del Mercosur, había quedado en minoría frente a las posiciones de Bolsonaro y del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, que abogan por una mayor liberalización del bloque comercial. En su exposición, en la que pidió más libertad para negociar acuerdos de Libre Comercio, Lacalle refirió la palabra “lastre” y Alberto Fernández le respondió “si somos un lastre, tomen otro barco”.

 El expreso apoyo de Lula y Cardoso a la posición argentina es motivo de regocijo en el Gobierno argentino, que se ocupó de difundir la nota del Folha. Al respecto, fuentes oficiales señalaron que el ministro Martín Guzmán y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, vienen haciendo un trabajo de zapa sobre el tema del que también participa, en la elaboración técnica, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. La política brasileña La nueva coincidencia entre Cardoso y Lula refuerza la critica de ambos a Bolsonaro. 

Ya en marzo, Cardoso había dicho que en un eventual ballotage presidencial entre Lula y el actual presidente, votaría por Lula, de quien dijo que “fue formado por las necesidades de la vida, eso cuenta e hizo un discurso correcto, acertando en los puntos fundamentales”, pese a que parte de la la base parlamentaria del PSDB, el partido de Cardoso, y varios gobernadores, entre ellos Joao Doria, de San Pablo, apoyaron en la segunda vuelta a Bolsonaro en lugar de Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores de Lula. Cardoso se confesó arrepentido de haber votado en blanco en la elección de 2018, teniendo además en cuenta que Bolsonaro había dicho en los años ’90, dijo que el prestigioso sociólogo y expresidente merecía ser asesinado por haber privatizado la minera estatal Vale do Rio Doce. 

 En el contexto del encuentro del mes pasado, Lula devolvió los gestos de Cardoso y dijo que también votaría por él si se enfrentara a Bolsonaro y enfatizó que siempre mantuvo una “disputa civilizada” con Cardoso, quien lo derrotó en dos elecciones presidenciales, en 1994 y 1998. “Me alegro por decir que votaría por mí, yo haría lo mismo si fuera al revés. Siempre ha sido un intelectual y sabe que no se puede inventar una candidatura”, acotó Lula.

Bolsonaro recupera popularidad y solo Lula le ganaría en una eventual segunda vuelta en 2022

 

Un sondeo de Atlas muestra el efecto del retorno de las ayudas económicas y el alivio de la pandemia en la imagen del presidente de Brasil

La popularidad del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha subido en mayo con respecto a marzo. Una encuesta de la consultora Atlas, publicada este lunes, estableció que el 40% de la población aprueba la actuación del líder de ultraderecha, frente al 35% de hace dos meses. La desaprobación al presidente también tuvo un ligero descenso: bajó del 60% al 57% en el mismo periodo.

 El margen de error de la encuesta es de dos puntos porcentuales. Para Andrei Roman, director de Atlas, la mejora en la imagen positiva de Bolsonaro está directamente relacionada con el retorno del pago de la ayuda de emergencia que dispuso el Gobierno para paliar los efectos económicos de la covid-19. La subida, con todo, no le garantiza la reelección en 2022. Según el mismo sondeo, Bolsonaro perdería en una eventual segunda vuelta contra Luiz Inácio Lula da Silva, recién regresado a la arena electoral tras un fallo de la Corte Suprema que le devolvió sus derechos políticos.

 La ayuda estatal a las familias más pobres comenzó a pagarse en abril. Y a pesar de que su monto es más bajo que el año pasado (71 dólares frente a 230), ha impactado sobre la popularidad presidencial. En opinión de Roman, hay además “un relativo alivio en relación con la situación de la pandemia en el país”. “La anterior encuesta, de marzo, se hizo en el momento de mayor tensión” sanitaria, reflexiona. Marzo y abril fueron los meses más letales de la pandemia hasta ahora en Brasil. La media de muertes ha descendido en las últimas semanas, pero los expertos señalan que aún es pronto para celebrar: advierten del riesgo de una nueva subida de los contagios tras las reuniones de este fin de semana por el Día de la Madre. 

Como era de esperar, las calificaciones del Gobierno de Bolsonaro también mostraron una mejora: el 31% (frente el 25% en marzo) considera la gestión entre excelente y buena, contra el 53% que la considera mala o pésima (57% en marzo). Lula también mejora La encuesta de Atlas también muestra que la mejora de la popularidad de Bolsonaro facilita las simulaciones electorales para la carrera por la sucesión presidencial en 2022. El presidente lidera en la primera vuelta, con la presencia o no de Lula como rival. Tanto Bolsonaro como Lula tuvieron un mejor desempeño en mayo, en comparación con marzo. Bolsonaro pasó del 32,7% de intención de voto hace dos meses al 37%. El líder del Partido de los Trabajadores pasó del 27,4% en marzo al 33,2% en mayo en la simulación de la intención de voto en la primera vuelta. 

 La situación se invierte en caso de una segunda vuelta. Lula es, en ese hipotético escenario de desempate por la presidencia, el único que vence a Bolsonaro. El expresidente aparece con un 45,7% frente al 41% de Jair Bolsonaro, una diferencia de casi cinco puntos porcentuales, una diferencia que supera el margen de error de la encuesta de dos puntos. Ciro Gomes (PDT) y el exministro de Salud Luiz Henrique Mandetta (DEM) aparecen numéricamente por delante de Bolsonaro, pero en ambos casos están técnicamente empatados. Para Andrei Roman, Bolsonaro se beneficia de la creciente debilidad de sus antiguos rivales directos en el espectro de la derecha y el centroderecha, con la reducción de la figura Sergio Moro, exjuez del Lava Jato y exministro de Justicia. La intención de voto de Moro ha caído del 9,7% en marzo al 4,9% en mayo. “También está la canibalización de este espacio con la entrada de Danilo Gentili”, señala.

 El cómico y presentador de televisión se postula como candidato de la derecha —en todo el mundo, varios cómicos han probado suerte presentándose como candidatos antisistema, algunos con éxito—. En la encuesta, Gentili aparece con un 2%. Atlas consultó a 3.828 personas entre el 6 y el 9 de mayo mediante cuestionarios aleatorios por Internet. Las respuestas son calibradas por un algoritmo según las características de la población brasileña

Lula puede ser candidato...

DOCE AÑOS Y UN MES DE PRISIÓN Lula condenado. ¿Podrá ser candidato? 25.01.2018 PORTO ALEGRE (Uypress) — El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF — 4) y su pena fue aumentada a 12 años y un mes de prisión. Los tres integrantes del Tribunal -el revisor Leandro Paulsen, el relator Joao Pedro Gebran y el juez federal Victor Laus- votaron la condena y el aumento de la pena. En julio del año pasado el juez Sergio Moro había establecido una pena de nueve años y seis meses de prisión. En la acción presentada por la fiscalía, Lula fue acusado de recibir un soborno de ·,7 millones de reales de parte de la empresa OAS en retribución por contratos obtenidos con Petrobras. El valor, según apunta la acusación, se desprende de la cesión por OAS de un triplex en el balneario Guarujá, las reformas realizadas por la conbstructora en dicho apartamento y el transporte y almacenamiento del acervo presidencial. En la fundamentación de su voto, Paulsen dijo que la participación del exmandatario en desvíos en Petrobras es "inequívoca". "Hay elementos de sobra para dmostrar que [Lula] participó en los crímenes de forma libre y consciente, para viabilizarlos y perpetrarlos", afirmó. El revisor dijo además que Lula tuvo grandes ganancias políticas con el esquema de corrupción montado en la estatal Petrobras, y no solo una ventaja personal relativa al apartamento. El relator Gabran sostuvo que el expresidente fue uno de los articuladores -"si no el principal"- de un amplio esquema de corrupción. "Las pruebas aquí recogidas llevan a la conclusión de que, como mínimo, tenía conocimiento y respaldaba lo que ocurría en Petrobras, especialmente al destino de buena parte de los sobornos para el Partido de los Trabajadores". ¿Puede ser candidato? La candidatura presidencial de Lula todavía es una incógnita. Según lo que informa Folha de Sao Paulo, la Ley de Ficha Limpia prevé que un condenado por un órgano colegiado no puede presentarse como candidato, pero le garantiza al impedido un recurso llamado suspensión de inelegibilidad. De esa manera, Lula debería elevar un pedido al Supremo Tribunal de Justicia o al Supremo Tribunal Federal. La fecha límite para el registro de candidaturas es el 15 de agosto. Lula también puede pedir un efecto suspensivo en el propio TRF, argumentando, por ejemplo, problemas en su condena. Otra alternativa es presentarse como candidato sin ningún tipo d liminar. El Ministerio Público debe constatar que no cumple los requisitos y el Tribunal Superior Electoral debe evaluar el caso. Mientras tanto, el expresidente puede realizar campaña. El PT puede sustituirlo por otro candidato hasta 20 días antes de la elección de octubre.

NUEVAS ACUSACIONES

Nubarrones sobre Lula

BRASILIA (Uypress) — La presión jurídico — policial sigue cerniéndose sobre el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ahora, la Fiscalía lo acusa de haber actuado para que la constructora Odebrecht obtuviese importantes contratos en Angola. La defensa dice que la denuncia es “superficial” y lo que intenta es sacar al exmandatario de la carrera presidencial para 2018.


Este lunes el Ministerio Público Federal de Brasilia (Fiscalía) envió a la Justicia Federal una nueva denuncia contra el expresidente Lula, el empresario Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa contratista que lleva su nombre y nueve personas más, acusadas de crímenes de corrupción pasiva y activa, lavado de dinero, tráfico de influencias y organización criminal.

De acuerdo a la denuncia, el exmandatario actuó frente al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y otros órganos en la capital para liberar créditos para la realización de obras de Odebrecht en Angola. Los trabajos fueron ejecutados por la constructora que, en retribución a los favores recibidos habrían distribuido entre los involucrados unos 30 millones de reales (unos 9,3 millones de dólares al cambio de hoy).

La defensa de Lula convocó a una conferencia de prensa en la que calificó la denuncia de "genérica, frágil y superficial". El abogado Cristiano Zanin martin afirmó que "el historial de acciones de la Policía Federal y los fiscales lo que muestra es un intento de excluir a Lula de las elecciones de 2018, no por el voto, sino por una condena que le impida participar".

Lula ya es acusado en dos procesos ligados a la Operación Lava Jato. En uno de ellos, responde por crímenes de corrupción pasiva, activa y lavado de dinero por supuestamente haber recibido beneficios de la constructora OAS para reformas de un apartamento en Guarujá. En el otro proceso, que está corriendo en la Justicia Federal del Distrito Federal, responde por tentativa de obstrucción de la Justicia, por supuestamente intentar comprar el silencio del exsenador de su partido Delcídio do Amaral.

En la denuncia reciente los fiscales afirman que los crímenes se produjeron entre 2008 y 2015 y abarcan también a la empresa Exergia Brasil, propiedad de Taiguara Rodrigues, un sobrino de Lula por parte de su primera esposa, ya fallecida.

La denuncia separa la actuación de Lula en dos fases: la primera, entre 2008 y 2010, cuando todavía era presidente, y en su condición de agente público habría practicado corrupción pasiva. La segunda va de 2011 a 2015, ahí ya como exmandatario, ocasión en la que habría cometido tráfico de influencias en beneficio de los envueltos en el caso. Los investigadores afirman que Lula cometió el crimen de lavado de dinero en 44 ocasiones.

También este lunes, la defensa de Lula presentó una apelación contra las acusaciones de la Operación Lava Jato. Según los abogados de Lula se está ante "un proceso sensacionalista que aniquila la garantía de presunción de inocencia".