La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó una resolución que condena la represión en Nicaragua

 

Los congresistas exhortaron que se restablezca un clima institucional que haga posible la celebración de elecciones con garantías para todas las partes

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó este martes una resolución que condena la represión por parte del régimen de Daniel Ortega contra la población y reafirmó “su convicción y respaldo al derecho de manifestarse de forma legítima”. 

 En el proyecto de resolución, los diputados uruguayos mostraron su rechazo a la persecución política y condenaron todas “las formas de represión y abuso de la fuerza represiva”. “Su rechazo a la persecución y encarcelamiento de dirigentes políticos y sociales de Nicaragua, país en el que han inhabilitado varios partidos políticos y han sido encarcelados dirigentes y candidatos de estos partidos, así como la persecución de periodistas que informaban de este proceso”, dice el punto cuatro del proyecto de resolución. 

 La Cámara de Uruguay además reafirmó su convencimiento al derecho a la manifestación y oposición política, y que estos son parte fundamental de la plena democracia. También exhortó al régimen de Daniel Ortega a que restablezca un clima institucional que haga posible la celebración de elecciones con garantías para todas las partes. Por último, reafirmó la importancia y vigencia del principio de no injerencia y de no intervención en los asuntos internos de los países de la región. 

 El régimen de Ortega ha descabezado a la oposición a cuatro meses de las elecciones generales, en las que el mandatario buscará una nueva reelección, con la detención la noche del lunes del líder campesino y aspirante presidencial de la disidencia Medardo Mairena. Además capturó al líder estudiantil Lesther Alemán, el joven que increpó en público a Ortega durante el diálogo nacional de hace tres años, con lo que ahora suman 21 los líderes opositores encarcelados, más otras 5 personas vinculadas a ellos, desde el 28 de mayo pasado. Mairena, líder del movimiento campesino nicaragüense anticanal, es el sexto aspirante a la Presidencia de la oposición arrestado en este país centroamericano, que vive una crisis social, política y de derechos humanos desde el 18 de abril de 2018. Aparte de Mairena, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria. La subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, condenó “enérgicamente” este martes las nuevas detenciones y que esos arrestos “arbitrarios de líderes de los movimientos estudiantiles y campesino -y otro candidato presidencial- enfatiza el miedo del régimen (de Ortega) a cualquier oposición”.

 Por su parte, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, afirmó en su cuenta de Twitter que cada día se ve más lejos la posibilidad de que Nicaragua tenga elecciones libres, justas y equitativas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la comunidad interamericana e internacional tienen la responsabilidad de “proteger” la democracia en Nicaragua, condenó la “tiranía” del régimen de Ortega, exigió “acciones” según la Carta Democrática Interamericana, y demandó la libertad de los nuevos detenidos.

Claudia López contrapone su liderazgo al de Iván Duque en la gestión de la crisis

 

La alcaldesa de Bogotá, convaleciente por covid, escucha los reclamos de los manifestantes, reabre Bogotá y marca contrastes con el presidente

Bogotá - 25 MAY 2021 - 21:09 UTC La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante su mensaje. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante su mensaje.ALCALDÍA DE BOGOTÁ Con los manifestantes todavía volcados a las calles para protestar contra el Gobierno de Iván Duque, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una de las principales figuras de la oposición en Colombia, ha marcado una vez más el paso de la respuesta a la prolongada crisis provocada por la pandemia, y agravada por el estallido social del último mes. 

En su regreso a la primera línea política después de dos semanas contagiada de covid, López ha evidenciado una vez más el contraste con el presidente al reconocer sin matices la legitimidad de los múltiples reclamos y anunciar un bienvenido cambio de las prioridades –y el presupuesto– de la capital. “Estos días de distancia me ayudaron a entender que, a diferencia de lo que yo veía hace un mes, no hay un paro sindical tercamente atravesado en la mitad del tercer pico de la pandemia, que no comprende que estamos al borde del colapso hospitalario y que ya retiraron la reforma tributaria. 

La que no estaba comprendiendo era yo”, dijo con humildad en un emotivo discurso de tono casi presidencial. El carácter combativo que tanto irrita a sus críticos dio paso la noche de este lunes a una intervención serena, reflexiva y empática. La alcaldesa navega los bruscos cambios de corriente. En su valoración del delicado momento que atraviesa tanto la capital como el país, inmerso en una serie de protestas, disturbios y bloqueos, incluso ofreció excusas “a los jóvenes y la ciudadanía por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos”. 

 La represión de las protestas en Colombia pone contra las cuerdas al ministro de Defensa Duque intenta cambiar la narrativa y culpa a Petro de las protestas en Colombia Hasta ahora, la alcaldesa le había dado prioridad a la salud. A pesar de que ha mantenido un pulso de liderazgos con Duque a lo largo de la pandemia, había llegado a considerar que marchar en este momento, cuando la ocupación de UCI en ciudades como Medellín o Bogotá ha estado por encima del 90%, era “un atentado a la vida”. “No hay un comité sindical haciendo un paro para cambiar una reforma. Hay un estallido social por la falta de empleo y oportunidades. 

Hay una generación en rebeldía contra el abuso de poder y el abuso de la fuerza, y hay un reclamo profundo por cambiar una historia, no una ley”, abundó en su diagnóstico. Reconoció que a una juventud “terriblemente empobrecida y abusada” le importa ahora mismo más el hambre y el desempleo que exponerse al contagio. Bogotá se propone reconstruir la confianza y entablar un diálogo franco para encontrar salidas. 

“Vamos a ocuparnos del rescate social, económico y de legitimidad que nos reclaman los ciudadanos y muy en particular los jóvenes en las calles”, proclamó la alcaldesa. Las prolongadas medidas de confinamiento y las cuarentenas localizadas han quedado atrás. El distrito destinará dos billones de pesos (cerca de 550 millones de dólares) a una renta básica para los más vulnerables y un programa de educación y empleo de emergencia para jóvenes y mujeres. También iniciará esta semana la vacunación de todos los profesores de colegios públicos para el retorno de las clases presenciales y reactivará todos los sectores económicos a partir del 8 de junio. “El tejido empresarial y comercial bogotano es la fuerza más poderosa de inclusión social y productiva de Colombia y la vamos a poner a funcionar, con todo el cuidado, a su máximo potencial”. López fue parte hace 30 años del movimiento estudiantil conocido como la séptima papeleta, que derivó en la Constitución de 1991.

El giro de política pública que anunció, que requiere el apoyo del concejo de la ciudad, fue bien recibido incluso por rivales políticos. “El enfoque principal para responder al estallido social es este. La alcaldesa acierta y muestra el camino correcto. Tiene mi respaldo”, reaccionó el concejal Carlos Fernando Galán, el candidato derrotado por la exsenadora en las elecciones del 2019. La misma semana en que el Ejecutivo rechazó una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar la situación, López prometió entregar las denuncias y evidencias de abusos policiales a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. También le pedirá ayuda para una misión independiente con el propósito de esclarecer lo ocurrido y establecer mecanismos de reparación. 

 Los liderazgos políticos que han gestionado esta crisis no han convencido a la opinión pública, y el mensaje conciliador de López llega en un momento preciso para posicionarla como reflejo inverso del presidente Duque, valora Eugénie Richard, docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia. En la medición de la firma Invamer divulgada este lunes el mandatario alcanza apenas 18% de aprobación –con 76% de rechazo–, mientras alcaldesa repunta hasta 61% de aceptación. “La alcaldesa pide perdón, se sitúa del lado de los ciudadanos y de los jóvenes, mientras que el Gobierno Duque está demostrando que no escucha a la gente”, apunta esta experta en comunicación y marketing político. Sus palabras, que contrastan en forma y fondo con las del presidente, están en sintonía tanto con su ideología como con las expectativas ciudadanas, concluye. La capital quiere mostrar la ruta.