La denuncia del fiscal Nisman es grave si es verdadera,
pero también si no lo es. Contradicciones e hipocresías.
por Nelson Castro
pero también si no lo es. Contradicciones e hipocresías.
por Nelson Castro
El atentado contra la AMIA representa el ataque terrorista de mayor envergadura que sufrió la Argentina a lo largo de toda su historia. La detonante denuncia del fiscal de la causa, Alberto Nisman, no ha hecho más que ahondar el catastrófico derrotero de una investigación que, tras veinte años de idas y venidas, ha tenido un único resultado: la impunidad.
El giro de 180 grados dado por la Presidenta al ordenar a su canciller, Héctor Timerman, a gestionar y concretar el increíble acuerdo con Irán fue un acto de incoherencia absoluta que no hizo más que generar sospechas. Cuando este gobierno deje el poder, más de un legislador oficialista que alzó la mano para aprobar ese tratado hará saber públicamente su “arrepentimiento” por tamaña insensatez.
¿Se podía esperar una real cooperación en la investigación por parte de quienes son los principales sospechosos de haber planeado el atentado? ¿Se podía aguardar algún aporte serio al esclarecimiento del ataque por parte de un régimen que expresamente negó el Holocausto y abogó a favor de la destrucción del Estado de Israel? ¿Alguien dentro del oficialismo leyó con detenimiento el articulado del tratado que dejaba sin poder alguno al fiscal Nisman y al juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa? ¿Alguien en el kirchnerismo prestó atención al punto que señalaba que los ciudadanos iraníes sólo podrían ser citados por los funcionarios judiciales argentinos previa autorización de un juez iraní? ¿Cristina Fernández de Kirchner fue tan ingenua como para creer realmente que algún magistrado iraní iría a conceder dicha autorización, que de por sí hubiera significado el reconocimiento de las sospechas fundadas que pesan sobre miembros del gobierno de ese país?
Gravedad. La denuncia de Nisman es muy grave si es verdadera y es muy grave también si no lo fuera. Uno de los hechos que deja al descubierto es que la Secretaría de Inteligencia (SI) está absolutamente fuera de control. Este gobierno ya nada podrá hacer para modificar esto. Ni Oscar Parrilli ni el teniente general César Milani han demostrado ser la solución para tamaño desquicio. Por eso, será bueno que los candidatos que aspiran a ocupar el sillón de Rivadavia, a partir del mediodía del 10 de diciembre venidero, vayan pensando qué harán para revertir esta situación insostenible y peligrosa para la defensa del país. La Presidenta es víctima ahora de personajes que durante su gestión y la de su difunto esposo gozaron de su protección, lo que les dio un poder ilimitado. Gustavo Beliz sufrió un castigo brutal cuando denunció las andanzas de Antonio “Jaime” Stiusso; Néstor Kirchner no sólo lo echó de su cargo de ministro de Justicia sino que además nada hizo para demostrar preocupación por la causa judicial que lo forzó a Beliz a dejar el país.
Pero no terminaron ahí las andanzas de este personaje oscuro. Kirchner se valió de él para realizar una denuncia de supuestas cuentas en Suiza no declaradas contra Enrique Olivera previo al comicio de 2005. La denuncia resultó ser falsa pero cuando se esclareció –dos años después el autor de la denuncia reconoció la falsedad de los datos y le pidió disculpas a Olivera– el oficialismo ya había logrado su objetivo: sacarse de encima a un opositor que lo complicaba en la elección en la Capital.
El uso de los servicios de inteligencia para la persecución y el apriete es uno de los males de la política argentina. En el gobierno de Carlos Menem se utilizó esa herramienta con absoluto descaro. El kirchnerismo, que en sus formas de hacer política no es más que un remedo del menemismo, se ha esmerado en copiarlo. Stiusso ha procedido de esta manera en el medio de la guerra que se vive dentro de los servicios de inteligencia.
Contradicciones. Todo esto hace verosímil el tema de las escuchas sobre las que pivota la denuncia de Nisman: la transa impunidad por energía que estuvo en la raíz de las sospechas del insólito tratado argentino-iraní. Habrá que ver después cuánto se puede probar y cuán sólidas son las evidencias que expondrá el fiscal en la reunión –que será reservada– ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. La conducta del fiscal tampoco ha escapado al karma de la contradicción. Su cercanía con Stiusso es bien conocida en los ámbitos de tribunales. Si las escuchas se han venido recogiendo a lo largo de varios años, no queda claro por qué las hizo públicas recién ahora y no cuando se presentó para reclamar la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán.
El episodio pone en relieve otra vez la demanda hecha por Laura Ginsberg referida a la necesidad de abrir los archivos de la SI para saber cuál es la verdadera dimensión de la información que allí existe sobre esta tragedia.
Stiusso debería ser citado a comparecer ante la comisión del Congreso. El obstáculo para que ello ocurra es que la ley les exige a los agentes de los servicios de inteligencia guardar secreto absoluto sobre la información que poseen. Sólo la Presidenta puede relevarlos de esa obligación. ¿Dará Fernández de Kirchner ese paso?
Cuando Pepe Eliaschev, en un artículo que habrá que guardar para la historia del periodismo argentino, denunció en las páginas de PERFIL la trama del proceso que culminó con el memorándum entre la Argentina e Irán, fue víctima de la incredulidad de Nisman y de algunos sectores de la comunidad judía, y del escarnio, la descalificación y la difamación del Gobierno. El canciller Héctor Timerman, quien en la semana transitó por el camino del ridículo con su explicación acerca de su participación “como ciudadano” (sic) en la marcha de repudio contra el ataque terrorista a Charlie Hebdo que se realizó en París, lo llamó “pseudoperiodista”. La revelación de Pepe no ha hecho más que evidenciar, una vez más, que el periodismo honesto es un instrumento esencial para fortalecer la democracia y hacer a las sociedades más decentes y transparentes.
El giro de 180 grados dado por la Presidenta al ordenar a su canciller, Héctor Timerman, a gestionar y concretar el increíble acuerdo con Irán fue un acto de incoherencia absoluta que no hizo más que generar sospechas. Cuando este gobierno deje el poder, más de un legislador oficialista que alzó la mano para aprobar ese tratado hará saber públicamente su “arrepentimiento” por tamaña insensatez.
¿Se podía esperar una real cooperación en la investigación por parte de quienes son los principales sospechosos de haber planeado el atentado? ¿Se podía aguardar algún aporte serio al esclarecimiento del ataque por parte de un régimen que expresamente negó el Holocausto y abogó a favor de la destrucción del Estado de Israel? ¿Alguien dentro del oficialismo leyó con detenimiento el articulado del tratado que dejaba sin poder alguno al fiscal Nisman y al juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa? ¿Alguien en el kirchnerismo prestó atención al punto que señalaba que los ciudadanos iraníes sólo podrían ser citados por los funcionarios judiciales argentinos previa autorización de un juez iraní? ¿Cristina Fernández de Kirchner fue tan ingenua como para creer realmente que algún magistrado iraní iría a conceder dicha autorización, que de por sí hubiera significado el reconocimiento de las sospechas fundadas que pesan sobre miembros del gobierno de ese país?
Gravedad. La denuncia de Nisman es muy grave si es verdadera y es muy grave también si no lo fuera. Uno de los hechos que deja al descubierto es que la Secretaría de Inteligencia (SI) está absolutamente fuera de control. Este gobierno ya nada podrá hacer para modificar esto. Ni Oscar Parrilli ni el teniente general César Milani han demostrado ser la solución para tamaño desquicio. Por eso, será bueno que los candidatos que aspiran a ocupar el sillón de Rivadavia, a partir del mediodía del 10 de diciembre venidero, vayan pensando qué harán para revertir esta situación insostenible y peligrosa para la defensa del país. La Presidenta es víctima ahora de personajes que durante su gestión y la de su difunto esposo gozaron de su protección, lo que les dio un poder ilimitado. Gustavo Beliz sufrió un castigo brutal cuando denunció las andanzas de Antonio “Jaime” Stiusso; Néstor Kirchner no sólo lo echó de su cargo de ministro de Justicia sino que además nada hizo para demostrar preocupación por la causa judicial que lo forzó a Beliz a dejar el país.
Pero no terminaron ahí las andanzas de este personaje oscuro. Kirchner se valió de él para realizar una denuncia de supuestas cuentas en Suiza no declaradas contra Enrique Olivera previo al comicio de 2005. La denuncia resultó ser falsa pero cuando se esclareció –dos años después el autor de la denuncia reconoció la falsedad de los datos y le pidió disculpas a Olivera– el oficialismo ya había logrado su objetivo: sacarse de encima a un opositor que lo complicaba en la elección en la Capital.
El uso de los servicios de inteligencia para la persecución y el apriete es uno de los males de la política argentina. En el gobierno de Carlos Menem se utilizó esa herramienta con absoluto descaro. El kirchnerismo, que en sus formas de hacer política no es más que un remedo del menemismo, se ha esmerado en copiarlo. Stiusso ha procedido de esta manera en el medio de la guerra que se vive dentro de los servicios de inteligencia.
Contradicciones. Todo esto hace verosímil el tema de las escuchas sobre las que pivota la denuncia de Nisman: la transa impunidad por energía que estuvo en la raíz de las sospechas del insólito tratado argentino-iraní. Habrá que ver después cuánto se puede probar y cuán sólidas son las evidencias que expondrá el fiscal en la reunión –que será reservada– ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. La conducta del fiscal tampoco ha escapado al karma de la contradicción. Su cercanía con Stiusso es bien conocida en los ámbitos de tribunales. Si las escuchas se han venido recogiendo a lo largo de varios años, no queda claro por qué las hizo públicas recién ahora y no cuando se presentó para reclamar la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán.
El episodio pone en relieve otra vez la demanda hecha por Laura Ginsberg referida a la necesidad de abrir los archivos de la SI para saber cuál es la verdadera dimensión de la información que allí existe sobre esta tragedia.
Stiusso debería ser citado a comparecer ante la comisión del Congreso. El obstáculo para que ello ocurra es que la ley les exige a los agentes de los servicios de inteligencia guardar secreto absoluto sobre la información que poseen. Sólo la Presidenta puede relevarlos de esa obligación. ¿Dará Fernández de Kirchner ese paso?
Cuando Pepe Eliaschev, en un artículo que habrá que guardar para la historia del periodismo argentino, denunció en las páginas de PERFIL la trama del proceso que culminó con el memorándum entre la Argentina e Irán, fue víctima de la incredulidad de Nisman y de algunos sectores de la comunidad judía, y del escarnio, la descalificación y la difamación del Gobierno. El canciller Héctor Timerman, quien en la semana transitó por el camino del ridículo con su explicación acerca de su participación “como ciudadano” (sic) en la marcha de repudio contra el ataque terrorista a Charlie Hebdo que se realizó en París, lo llamó “pseudoperiodista”. La revelación de Pepe no ha hecho más que evidenciar, una vez más, que el periodismo honesto es un instrumento esencial para fortalecer la democracia y hacer a las sociedades más decentes y transparentes.
