Chile busca en la Constitución una forma de eliminar la pobreza de las zonas mineras. El cobre supone entre el 10% y el 15% del PIB del país, pero la actual subida de precios, que casi se ha triplicado no alcanza al primer eslabón de la cadena.
Las grandes empresas internacionales extraen el metal y abastecen el 28% de la oferta global.
Los pequeños mineros, venden el producto a la Empresa Nacional de Minería, sin recibir la misma retribución y con diferentes condiciones de trabajo, como explica Juan Bugueño, trabajador del sector: "Nos levantamos a las siete de la mañana hasta las nueve de la noche, estamos todo el día juntos, se hace un vínculo, aunque uno no quiera, somos humanos y nos encariñamos, por la amistad, por el genio.
La demanda de China y la reactivación tras la pandemia han sido causas fundamentales para incrementar el intereses por el cobre. Pero los beneficios apenas se sienten en ciudades como Antofagasta, considerada la capital mundial de la minería y con altos índices de pobreza.
Y según Leonel Alvarado, geólogo y propietario de una mina, hay más motivos que estancan la economía: "Somos extractivos.
Nuestra economía, que es lo que más se ha estado discutiendo es solamente extractiva, uno ve las forestales solamente producen madera, y se entrega la madera, no le damos valor agregado a nuestros recursos."
La Asamblea constituyente, con una mayoría de miembros de izquierda, plantea una serie de cambios en la explotación de materias primas.
Entre ellos un impuesto que según el Gobierno puede alcanzar más del 70% sobre las ventas, que se invertiría en mejorar las condiciones de las comunidades mineras.
Cristina Dorador es científica y miembro de la Asamblea Constituyente y propone que "es hora también de repensar estas prácticas económicas extractivistas, y ponernos en un contexto también global, más allá de los modelos de mercado, de competencia, si no que pensemos en lo que realmente estamos viviendo que es una crisis climática sin precedentes,
El Gobernador de Antofagasta denuncia que la región aporta el 10% a la economía del país y solo recibe un 2% de inversión.
