Las derivaciones judiciales y políticas por el caso de Conexión Ganadera son cada vez más significativas. La Fiscalía decidió sumar funcionarios para colaborar con la investigación del fiscal Enrique Rodríguez, mientras se acumulan denuncias de los más de 4.200 ahorristas estafados.
Los principales responsables del fondo de inversión ganadera -Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral- deberán presentarse este lunes 17 ante un juzgado de Crimen Organizado.
Esta semana, además, se conocieron los nombres de algunos políticos damnificados por la maniobra, entre ellos Isaac Alfie y Daniel Martínez, un fiscal de Delitos Económicos se quejó por la falta de cooperación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la investigación sobre Grupo Larrarte y la Federación Rural advirtió que la diferencia entre las declaraciones juradas y las caravanas sería de 1,2 millones de animales (¡10% del stock ganadero!), un asunto que impactará sobre el prestigio del sistema de trazabilidad y en la confianza de los bancos que operan en el sector mediante créditos contra ganado.
No son los únicos problemas emergentes de esta crisis. En la etapa de verificación de créditos surgirá, seguramente, otro debate sobre la dimensión tributaria de estas herramientas -DGI, por ahora, no intervino en el tema- y aparecerán dudas, algunas ya instaladas en la órbita judicial, sobre cuál es el origen de los fondos, en particular en aquellos contratos que figuran más arriba en la lista de damnificados.
A esa altura, ya no será solamente una cuestión de vacas. Será también una buena oportunidad para calibrar cuánto impactó la flexibilización de las políticas antilavado que impulsó el gobierno de Lacalle Pou y hasta una chance para obtener explicaciones más razonables sobre fenómenos que se han registrado en diferentes rubros de la economía (logística, construcción, transporte, comunicaciones). Esa parte de la historia, parece claro, apenas si se empezó a escribir.
