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martes, 6 de julio de 2021

Hacienda congela cuentas de la mujer de Andrés Roemer y de asociaciones de la Ciudad de las Ideas

 

El comunicador acusado de violación está huido en Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición 

 CARMEN MORÁN BREÑA
La Secretaría de Hacienda trata de estrechar el cerco contra el comunicador Andrés Roemer, acusado de violación y refugiado en Israel, a través de la congelación de sus cuentas y las de su esposa, así como algunas relacionadas con la Ciudad de las Ideas, el festival juvenil de talentos del que es fundador. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procede en esta ocasión contra el dinero a nombre de la esposa, Carmen María Hernández Cortés, y contra las Asociaciones Poder Cívico y Desarrollo de Proyectos Cynosura, en un intento de ahogar la solvencia económica del profesor y exdiplomático. Roemer sigue en Israel, donde encuentran resguardo personas acusadas de diferentes delitos y buscadas por la justicia, tanto mexicanas como de otros países.

 México no tiene tratado de extradición con ese país. Sin embargo, ya ha sido ordenado que se retire su nombre de una calle de Ramat Gan, con la que se premió a Roemer los favores a Israel en su etapa de diplomático mexicano. En la guarida de Andrés Roemer: tres víctimas relatan los abusos sexuales del comunicador Mientras Roemer hace su vida lejos de México, se acumulan los gestos con los que se trata de conseguir que regrese a su país, donde tiene dos causas de violación pendientes y numerosas acusaciones de acoso y abuso sexual. 

El comunicador se vio en la diana pública el pasado febrero, cuando la bailarina Itzel Schnaas publicó un video en el que contaba los tocamientos a los que fue sometida en la casa del también escritor. El testimonio dio paso a decenas de acusaciones, hasta 60 mujeres se declararon víctimas de la misma conducta: promesas de trabajo y éxito que empezaban y acababan en el mismo sitio, el sótano de la vivienda, que Roemer había convertido en el lugar donde desahogaba sus impulsos sexuales. La Fiscalía tiene varias carpetas abiertas para enjuiciar al agresor. 

 Pero no será fácil que Roemer se deje agarrar, refugiado como está en Israel, un país con el que tiene fuertes vínculos debido a su origen judío. En el pasado fue diplomático y actuó a favor de Israel y en contra del mandato de la Cancillería mexicana, por lo que fue cesado. Con juicio o sin él, de lo que ya no puede escapar es del señalamiento público. Desde que se conocieron los abusos, su prestigio se fue derrumbando. Los científicos internacionales ligados a la Ciudad de las Ideas se desligaron del proyecto. 

La Unesco se manifestó en el mismo sentido, por lo que el profesor dejó de ser embajador de Buena Voluntad del organismo internacional. Su programa en un canal TV Azteca, la televisora de Salinas Pliego, su socio en la Ciudad de las Ideas, dejó de emitirse. Ya nadie quería relacionarse con Roemer. La justicia emitió más tarde orden de busca contra él, para ser procesado por violación y se dio cuenta a la Interpol. Conocido que estaba en Israel, las víctimas escribieron una carta al embajador de ese país en México, avisando del peligro que corrían allá las mujeres. El diplomático prometió informar a las autoridades. Por ahora solo queda el recurso económico, es decir, la congelación de las cuentas que le permiten vivir fuera. La UIF aprieta el nudo.

martes, 18 de mayo de 2021

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón formalizó el pedido para ser refugiado político en Uruguay y por 90 días no podrá ser extraditado

 

Es el plazo que tiene el país para definir la situación del ex funcionario, integrante de la mesa judicial de Cambiemos, que está acusado por la Justicia en una causa por asociación ilícita. En una carta, dijo que es víctima de una “campaña de persecución”
Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el principal operador judicial de Mauricio Macri, formalizó hoy el pedido de refugio político en Uruguay y por 90 días no podrá ser extraditado, que es el plazo que tiene el país para definir su situación legal, según informaron a Infobae fuentes del gobierno uruguayo. 

 Según la Ley Nº 18.076 de Uruguay de “derecho al refugio y a los refugiados”, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio “en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad”. Y agrega que será reconocido como refugiado toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad”.

 También aquellos que han “huido del país de su nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público”. Anoche, Simón hizo pública una carta en la que argumentó su pedido de asilo político: “Ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”, indicó.

 El ex funcionario había viajado a Uruguay autorizado por la propia justicia argentina que lo investigaba en una causa que busca determinar si integró una asociación ilícita organizada con el objetivo de perseguir empresarios. “Pepín” Rodríguez Simón tuvo durante la gestión de Macri dos cargos, pero ninguno vinculado al quehacer judicial: director de YPF por el Estado Nacional y representante por Argentina en el Parlasur. Sin embargo, estuvo detrás de la organización de toda la ofensiva judicial para acusar a los dueños de C5N y otros medios, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Por las acusaciones que planteó el “cerebro jurídico” del PRO, ambos terminaron durante varios años presos. El gobierno de Uruguay tiene 90 días para definir la situación del ex funcionario de Cambiemos El gobierno de Uruguay tiene 90 días para definir la situación del ex funcionario de Cambiemos “Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad, por mi seguridad personal si regreso a la Argentina”, asegura Rodríguez Simón en la carta. 

 De acuerdo a la normativa uruguaya, una vez solicitado el pedido de refugio, y mientras dure el plazo para determinar si es aceptado o no, Simón tiene derecho a no ser rechazado en la frontera, ni ser devuelto, expulsado o extraditado al país “donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro, mientras se tramita su solicitud de refugio”. También a permanecer y transitar libremente en el país, obtener una cédula de identidad provisoria durante el procedimiento, acceder a los sistemas públicos de salud, educación y a trabajar legalmente, no ser discriminado por ninguna razón y a reunificarse con sus familiares en caso de que sea reconocido como refugiado. Si Uruguay finalmente reconoce su condición de refugiado, el ex funcionario de Cambiemos tendrá derecho a residir en forma permanente en el país.

 En ese caso, la Dirección Nacional de Migración le otorgará un certificado de refugiado, con el cual deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Identificación Civil para tramitar la cédula de identidad para extranjeros, la que deberá ser renovada cada 3 años. En el inicio de su carta, el operador de Macri informó que pidió “asilo como refugiado político en Uruguay en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias”. “Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. 

Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, añadió. José Torello, Balbín (que renunció enemistado con la mesa judicial) Marcos Peña, Garavano, Pepín Rodríguez Simón y Quintana, en la Casa Rosada. José Torello, Balbín (que renunció enemistado con la mesa judicial) Marcos Peña, Garavano, Pepín Rodríguez Simón y Quintana, en la Casa Rosada. Rodríguez Simón fue citado por la jueza María Servini a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga si existieron presiones sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa para que cambien su línea editorial. 

Con la decisión de pedir el asilo o la protección como refugiado político, el ex integrante de la Mesa Judicial decidió evitar el principal acto de defensa que tiene cualquier acusado, que es la declaración indagatoria, en la cual recibe la precisión del delito que se le achaca y se permite esgrimir sus argumentos. Durante la mañana de hoy, el presidente Alberto Fernández habló sobre la situación del ex funcionario de Cambiemos y lo vinculó con el rechazo de la oposición a la reforma del Ministerio Público Fiscal que busca impulsar el Gobierno. “Esta reacción tiene que ver con la desesperación por sacar la causa del Correo (Argentino) de la justicia comercial para llevarla a la ciudad (de Buenos Aires); es la misma desesperación que expresa alguien que pide asilo en Uruguay en una causa en la que todavía no fue llamado a indagatoria. 

Él (por Rodríguez Simón) dice pedir asilo porque no tiene posibilidad de defenderse en la argentina, a Cristina (Kirchner) le inventaron 30 causas, ocho indagatorias en un día, y nunca se fue de su casa, siempre concurrió cada vez que la citaron”, expresó el mandatario en una entrevista con Radio 10. “‘Pepín’, no se cómo se llama... Rodríguez Simón, hablemos en serio; toda la justicia sabía que usted era el emisario del gobierno nacional, usted operaba en las causas. Estas cosas se saben”, agregó. La causa Simón quedó complicado en las últimas semanas en la causa que lo investiga por asociación ilícita luego de que se detectaran, según constancias a las que accedió Infobae, que durante su actuación tuvo más de 700 comunicaciones con el Gobierno de la Ciudad y más de 400 con la Secretaría General de la Presidencia. 

Pero hay muchos más llamados a otros teléfonos registrados a nombre de esas dependencias. También figuran 162 llamadas al entonces ministro de Justicia Germán Garavano y 139 a un teléfono de la Jefatura de Gabinete de Ministros que antes habría estado a nombre de Farmacity SA. Más de cien comunicaciones a la Jefatura de Gabinete; Fernando Sánchez, el “lilito” que después pasó a trabajar en la órbita del gobierno de Macri; el vocero Jorge Grecco o directamente a la Presidencia de la Nación. Con 15 contactos está José Torello, también señalado como integrante de la mesa judicial de Macri. Figuran 27 llamadas con el radical Ernesto Sanz, pieza clave en el armado de Cambiemos; y contactos con la firma Caputo SA, la empresa del mejor amigo de Macri que fue vendida en 2018. En esa línea también se identifican un centenar de llamados a las firmas Casino Buenos Aires SA o Casino Club SA; y unos 27 a la Asociación de Agentes de Loterías y Casinos y a Dolores Pujol, integrante del directorio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. 

También hay llamadas con teléfonos del Banco Finansur, que perteneció a Cristóbal López y cuya quiebra determinó la Justicia en 2018. Los llamados de “Pepín” en el teléfono estudiado también abarcan contactos con estudios de abogados como Llerenea Asociaciones Abogados SA, Sáenz Valiente o Mariano Cúneo Libarona. Otros contactos se registraron a nombre de “El Tehuelche SA”, firma de Eduardo Costa, el senador por Santa Cruz que estuvo casado con Mariana Zuvic. Figuran además contactos con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, la Unidad de Gobierno de la provincia de Buenos Aires o la Municipalidad de Lanús. También muchos con la Cooperativa de Trabajo Argentina de Marketing y Servicios Limitada, entre otros.

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