Una auditoria encuentra a 23 personas que trabajaban en situaciones deplorables para una trasportadora tercerizada. Las cerveceras aseguran que trabajan para asistir a las víctimas
No tenía trabajo, pasaba hambre, tenía tres hijas y su esposa estaba embarazada de dos meses. En estas condiciones, Andrés* se vio obligado a tomar una dura decisión. Dejó atrás a su familia y abandonó Caracas para ampliar el creciente éxodo venezolano en busca de sustento en otros países, un fenómeno que se ha intensificado desde 2018.
Haciendo autostop, cruzó los casi 1.300 kilómetros que lo separaban de la pequeña localidad de Pacaraima, ya en territorio brasileño. Tardó cuatro días en hacer los últimos 200 kilómetros a pie hasta la capital del Estado de Roraima, donde llegó a mediados de 2019.
En Boa Vista, nada fue fácil: durmió en la calle durante ocho meses, rebuscando comida en la basura y sobreviviendo como podía: “Dormía sobre cartones viejos y comía los restos de comida de los mercadillos y lo que encontraba en la basura”, cuenta a EL PAÍS.
A través de representantes del ejército brasileño y de ONG que trabajan en la Operación Acogida, un programa de ayuda humanitaria para inmigrantes, consiguió trabajo de camionero en São Paulo en febrero de 2020. Pero los desafíos de Andrés en suelo brasileño estaban lejos de terminar.
En marzo de 2021 fue uno de los 23 extranjeros liberados en una acción del Programa de Erradicación del Trabajo Esclavo en el Estado de São Paulo, vinculada al ministerio de Economía. Durante la operación, que empezó la madrugada del 3 de marzo, los inspectores desmantelaron un sistema de trabajo en condiciones análogas a la esclavitud que implicaba a dos de las mayores cerveceras del mundo, las multinacionales Ambev y Grupo Heneiken (que en Brasil se llama Cervejarias Kaiser Brasil), y a una empresa de transporte subcontratada por ambas, Sider, que empleaba directamente a los trabajadores. Ahora las empresas, que preparan un calendario para pagar a los empleados los daños morales, tendrán unas semanas para preparar su defensa en el caso. En total, cada trabajador rescatado recibirá unos 657.270 reales (125.000 dólares).
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Los inmigrantes, 22 venezolanos y un haitiano, vivieron durante meses (algunos más de un año) en la cabina de los camiones aparcados en las sedes de Sider en Limeira y Jacareí, ciudades del interior de São Paulo, un derecho que tienen por ley y que la empresa se había comprometido a cumplir. Trabajaban durante jornadas extenuantes y sin ningún día libre. Además, no tenían acceso a agua potable. También se les impusieron tasas extras y descuentos, como el cobro por la ropa y calzado de trabajo y por nacionalizarles el permiso de conducir.
El venezolano Bruno contó a EL PAÍS algunas de las situaciones que vivió durante los meses que trabajó para Sider: “Si se te cae la carga, te la descuentan del sueldo.
Si se te pincha la rueda, también te la descuentan. A un colega se le reventó la rueda durante el viaje y le costó mil reales (unos 200 dólares). Dice que entre los trabajadores hicieron una colecta para ayudarle a pagar los daños. Tras quejarse de estos cargos abusivos, supuestamente escuchó de un supervisor: “Si no te gusta, te vuelves a Venezuela y te mueres de hambre”. “Fue una época muy difícil. Nos trataban como perros, como animales. Viví durante 11 meses en mi camión, en un espacio donde solo podía echarme y dormir, nada más”, afirma.
La legislación brasileña establece que les correspondería a Heineken y Ambev supervisar que el contratista tercerizado (Sider) cumpla las obligaciones laborales, por lo que también se les responsabilizará por tener a trabajadores esclavizados. Según el informe, ambas cerveceras actuaron con “ceguera deliberada al ignorar la debida verificación del cumplimiento” de las leyes por parte de la empresa de transporte, con el objetivo de obtener beneficios “en detrimento de las normas de protección laboral”.
Según la inspectora de trabajo Lívia dos Santos Ferreira, la responsabilización de las contratistas “deriva del hecho de que la Ley de Subcontratación les obliga a garantizar las condiciones de salud y seguridad de quienes les prestan servicios”. Por lo tanto, “la extenuante jornada laboral y las condiciones degradantes por no tener alojamiento, por ejemplo, son condiciones que tendría que haber controlado el contratista [Ambev y el Grupo Heineken]”.
El informe es categórico en cuanto al papel de las cerveceras: “El Grupo Heineken falló al elegir y contratar a Sider como proveedor de servicios de transporte, al no inspeccionar ni exigir que la contratada cumpliera la legislación laboral y, por último, al no garantizar directamente las condiciones de higiene, salud y seguridad de los trabajadores rescatados”. Lo mismo se aplica a Ambev.
Código de conducta
En un comunicado, el Grupo Heineken afirmó que se enteró del caso “a través de la Superintendencia Regional del Trabajo, y que colaboró activamente para garantizar todos los derechos fundamentales de los trabajadores tal como indicaron los auditores”.
La empresa también afirmó que “todos los proveedores se someten a un riguroso proceso de selección y firman un código de conducta en el que se comprometen a cumplir plenamente la legislación laboral y relativa a los derechos humanos”.
Ambev ha declarado que “en cuanto tuvimos conocimiento de la denuncia a Sider, una empresa de transporte que presta servicios a Ambev y a otras compañías, nos aseguramos inmediatamente de que los conductores fueran trasladados a un hotel, donde se les dio cobijo y recibieron todo el apoyo necesario”. En el comunicado también afirma que, “siguiendo las directrices y con el acuerdo de los inspectores de trabajo, aseguramos el pago de todas las indemnizaciones laborales y que la empresa de transportes facilitara el regreso de los conductores a su lugar de origen o trajera a su familia, según la elección de cada uno”.
EL PAÍS entró en contacto con Sider por correo electrónico y teléfono, pero no obtuvo respuesta.
Vidas en peligro
El régimen laboral al que estaban sometidos estos trabajadores ponía en riesgo sus vidas y las de los demás. Algunas de las principales infracciones que comprobaron los inspectores y que corroboraron la tesis de las condiciones análogas a la esclavitud en este caso fueron “la supresión del descanso semanal remunerado” (días libres) y la pausa entre un viaje de entrega y el siguiente, que según la legislación debe ser de 11 horas. En la práctica, se les sometió a una jornada agotadora al volante, sin descansos. “El resultado [de estas condiciones] ha sido un aumento del número de accidentes de trabajo y, sobre todo, de enfermedades profesionales, que incluso han provocado muertes y suicidios relacionados con el trabajo”, afirma el informe de los auditores. Sin derecho a descanso ni a días libres, algunos trabajadores informaron que tenían que “escabullirse del garaje de Sider después de las 11 de la noche para encontrarse con sus familiares”.
La remuneración mensual de estos trabajadores oscilaba entre 1.900 y 4.000 reales (entre 360 y 750 dólares), en función de los descuentos y las tasas. A primera vista, esta cantidad puede considerarse elevada, por encima del salario mínimo de 1.100 reales (210 dólares). Pero el auditor Ferreira explica cómo funcionaba la retribución: “Este salario incluía pagos dentro y fuera de la nómina. Y el trabajador solo alcanzaba el valor máximo cuando era sometido a todas estas violaciones, viviendo en la cabina y sin días libres. Así que el valor del salario es proporcional al número de infracciones que sufre”.
Sider ofrecía a los trabajadores la posibilidad de vender sus días libres, lo que no es ilegal. Pero sin tener adónde ir —ya que la empresa no les ofrecía alojamiento— y desesperados por ahorrar dinero para ayudar a sus familias en casa, muchos aceptaban la propuesta. “Si paraba [para tomarme un día libre] no podía enviar dinero a Venezuela para alimentar a mi familia. Fue agotador, soy un ser humano. Pero conocía la situación de mi país. Allí, un kilo de arroz cuesta 50 reales (9,5 dólares). Un pollo cuesta unos 200 reales (38 dólares)”, dice Andrés.
En el informe, los inspectores afirman que esta práctica constituía “un abuso de la vulnerabilidad del trabajador inmigrante”.
En un mensaje de audio encontrado en el teléfono móvil de uno de los coordinadores de Sider, al que los inspectores tuvieron acceso durante la operación, uno de los conductores que acababa de descargar el camión en Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, a las nueve de la noche, después de haber conducido todo el día, se niega a continuar el viaje inmediatamente hasta Extrema, en el estado de Minas Gerais, donde debería estar a las seis de la mañana del día siguiente para una nueva carga.
La empresa le exigía que hiciera un viaje de siete horas de noche, después de haberse pasado todo un día en la carretera y sin descanso. “Que envíen a otra persona. Somos conductores, no esclavos”, dice el venezolano en la grabación. Los inspectores no pudieron averiguar qué le ocurrió a este trabajador que se negó a continuar conduciendo.
Tras ser explotado en São Paulo durante más de un año, Andrés consiguió ahorrar dinero para alquilar una casa. “Ahora vivo con dignidad”, dice. Debería reunirse con su familia en junio. “Hace un año y medio que no los veo. Están en Boa Vista y pronto vendrán aquí a Jacareí. Entonces conoceré por fin a mi hija de un año que estaba en la barriga de su madre en Caracas cuando vine a Brasil. Gracias a Dios, las cosas están funcionando ahora”.
Los nombres de todos los trabajadores entrevistados y citados en este reportaje son ficticios para evitar represalias.
