El pasado sábado 4 de octubre, el diario El País publicó un artículo titulado “Los Borgogno demandarán al Estado por US$ 10 millones”. A decir verdad, la noticia me sorprendió, cosa que a mi edad ya no ocurre con frecuencia. Hagamos un poco de historia. Juan Carlos Borgogno es un ciudadano argentino, casado con Susana Arce.. Este matrimonio tuvo varios hijos en Argentina, y por decisión propia adoptaron un estilo de vida naturalista, en uso de sus libertades individuales. Hasta aquí no hay nada que merezca de atención.
A fines de los años ochenta este matrimonio se radicó en Uruguay, donde según tengo entendido tuvieron otros hijos. Aquí la familia conservó su forma de vivir, que entre otras peculiaridades imponía que los niños no fueran vacunados, como sí lo son todos los infantes que nacen en Uruguay. Porque así lo dispone la ley, en el país de más alta calidad sanitaria de América Latina.
Pero el Sr. Borgogno no estaba dispuesto a cumplir con la ley del país que lo acogió, sino que además la desafió. Cuando en el sistema educativo nacional se le exigió que sus hijos estuvieran vacunados se opuso a ello, iniciando una batalla mediática desde la posición de víctima, ignorando que sus hijos fueron declarados “foco infeccioso potencial” y el riesgo que podrían significar como vehículos de trasmisión de enfermedades que el país mantiene controladas gracias a la obligatoriedad de la vacunación de los niños. Encerrado en su lógica de pensamiento propia, no le importó el daño que podría causar en nuestra sociedad. Una lógica por demás egoísta.
Como corolario del tema, a los hijos del Sr. Borgogno se les impidió el acceso a la educación y a la recreación, pero no fue por capricho del Estado, sino por capricho de su Padre. Algún tiempo después, la familia Borgogno regresó a su país de origen, Argentina, donde continuaron su estilo de vida.
Quiero aclarar que le reconozco al matrimonio Borgogno-Arce el derecho a vivir como mejor lo deseen, pero si lo van a hacer en Uruguay deberá ser respetando las leyes nacionales. De otra forma, mejor que se queden en su país. Si la ley es imperativa para los uruguayos, también para los extranjeros, y eso fue algo que estos desubicados ciudadanos argentinos nunca han querido reconocer.
Pasado los años, y radicados nuevamente en Uruguay pretenderían demandar al Estado uruguayo por “… violación de los derechos civiles de sus cinco hijos …”, responsabilizando al país por un daño provocado por sus necedades y caprichos propios. De ser cierto este, es simplemente inaudito. ¡Una familia extranjera se niega a cumplir la ley de Uruguay y luego pretende que el gobierno le pague indemnización!
Ahora bien. Cuando un ciudadano uruguayo no cumple con la ley se lo penaliza con lo que esa misma ley prevé. ¿Qué pasará con el Sr. Borgogno? Ha burlado nuestras normas legales, y encima desafía al gobierno con una demanda absurda. ¿La ley uruguaya, en Uruguay, sólo rige para los uruguayos? ¡NO! No quisiera radicalizarme en este tema, pero creo que el Sr. Borgogno debería ser expulsado del país. De otra forma, estaríamos viviendo en el mundo del revés.
de Patria Digital
