El informe, que fue manejado por la representante de los
empresarios en el organismo, Elvira Domínguez, al comparecer
esta semana en la comisión de Seguridad Social de Diputados,
que fueron convocados por el diputado nacionalista Pablo
Abdala, sostiene que en Montevideo "habría 148.233 ausencias
por motivos de salud en exceso no explicadas".
El estudio, que manejó datos de 2014, sostiene que la tasa de
subsidios paga en Montevideo dista ampliamente de la del
interior, y "como no hay razones para sostener que haya tantos
más enfermos en Montevideo que en el interior, es posible
considerar que el diferencial de tasas analizado" que da 51,2%
para Montevideo y 29,1% para el interior "nos presenta un número
de 148.233 subsidios" al año, "que exceden la tendencia del
interior y que no tienen una explicación por el lado del salario
real, de los topes de BPC o del número de afiliados".
Así, el estudio plantea que si esas 148.000 ausencias tuviesen
una duración promedio de 15 días, con un valor de subsidio de $
4.233 —tomando en cuenta el panorama de 2014 sobre el que se
basaron las certificaciones— "estaríamos hablando de US$ 27
millones en exceso", pero "si ese número de subsidios en
exceso no explicados fuesen de 30 días estaríamos hablando de
US$ 54 millones"
Según Domínguez "estas son hipótesis de mínima, sin tomar el
aumento del valor de la BPC ni ningún aumento, lo que está
explicado por nuevas disposiciones", por lo que "si agregásemos
todo esto, estaríamos llegando a los US$ 100 millones".
Para dimensionar la cifra, en 2015 el BPS pagó más de $ 4.200
millones, o sea más de US$ 150 millones en certificaciones.
Durante el 2014 el BPS pagó US$ 149 millones por subsidios por
enfermedad y complemento de accidentes de trabajo a 441.736
empleados, mientras que en 2013 fueron US$ 123,5 millones a
429.572 personas.
Domínguez considera que la diferencia en la cantidad de
certificaciones en Montevideo respecto del interior se da porque
fuera de la capital existe una especie de "control social" porque
"todo el mundo se conoce" y, entonces, "si uno no va a trabajar
es fácilmente detectable por el resto de los ciudadanos, lo que no
ocurre en Montevideo".
El exceso de certificaciones médicas es de preocupación del
gobierno que ya instaló una comisión entre los ministerios de
Economía y de Trabajo, y la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto para buscar una solución. El BPS paga subsidio a
partir del cuarto día de certificación. Pero un dato no menor es
que apenas un 18,3% de las certificaciones son menores a tres
días, según planteó en la comisión el representante de los
trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz.
El punto clave es que en 2010 se dispuso un incremento gradual
del tope de ingresos cubiertos por el BPS y cambios en los
procedimientos de certificación de enfermedades, con lo cual el
gasto en subsidios por enfermedad se duplicó entre 2010 y 2015.
Pero a esto, según se ha inferido, se ha sumado cantidad de
certificaciones que no corresponderían.
Entre 2010 y 2015 el BPS hizo 19 denuncias vinculadas a
situaciones médicas.
El presidente del organismo, Heber Galli,
dijo que se trata de tres casos de falsificación de informes
médicos, 13 casos de certificaciones médicas falsas a los efectos
de presentarse a una junta para determinar una incapacidad, y
tres casos más vinculados con servicios médicos falsos. Estas
denuncias ya derivaron en tres procesamientos.
En uno de los casos El País detectó un médico que otorgaba
certificados "truchos" por tres días a cambio de $ 300.
Ese
médico generó un perjuicio al BPS por US$ 550.000.
Domínguez relató que recientemente le llegó un expediente en el
que una empresa denunció el caso de una trabajadora que entró
y al día siguiente se certificó. "Todas las certificaciones fueron
emitidas por un mismo médico que certificaba por ASSE, pero
ese organismo informó que no es médico de esa administración.
Del expediente surge que ese médico está jubilado y certificando
al día de hoy", relató.
Según un estudio del BPS, el 42,3% de las certificaciones son por
lapsos entre 11 y 30 días y entre los motivos más recurrentes
están problemas óseos, intervenciones quirúrgicas,
enfermedades relaciones con el trabajo y la gripe.
Escepticismo por las medidas de control.
El Banco de Previsión Social (BPS) implementó una serie de
medidas para abatir el incremento de las certificaciones médicas.
Sin embargo, la representante de los empresarios en el BPS,
Elvira Domínguez, es pesimista en que esto represente un
impacto en las finanzas del organismo como así lo pretende
el Ministerio de Economía y Finanzas.
"Prueba de ello es que para
el presupuesto del año 2017 seguiremos manteniendo un
incremento en las certificaciones médicas", dice. Es que el
directorio del BPS anticipa que el próximo año registrará un
déficit de US$ 568 millones, 46% mayor al verificado el año
pasado, debido a la disminución en los ingresos en un contexto
de desaceleración económica.
Entre las medidas implementadas figuran fiscalizaciones de
historias clínicas en el interior, reuniones con las direcciones
técnicas. A esto se suman controles domiciliarios de pacientes
certificados para verificar que efectivamente estén padeciendo
una dolencia. Según dejó constancia en la comisión la directora
María del Rosario Oiz, se trata de 28 médicos de servicio en
Montevideo y otros contratados para el interior. Oiz dejó en claro,
no obstante, que ha habido algunas dificultades para "ubicar los
domicilios de los pacientes, ya que no siempre están
actualizados".
Por otra parte, otra medida tomada por el organismo fue dividir la
gerencia de certificaciones médicas: una para llevar adelante la
gestión del servicio y otra para investigar. También se hizo un
acuerdo con el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) para analizar
los tiempos de descanso necesarios para recuperarse de
diferentes enfermedades y para generar talleres de formación a
médicos sobre certificaciones.
Por último también se estableció un proceso de denuncia de las
empresas respecto de trabajadores que no estarían enfermos o
que no estarían cumpliendo con el reposo necesario para su
recuperación.
