Una agrupación política liderada por un pastor evangélico fue ilegalizada bajo el argumento de que presentó una alianza electoral “opuesta a todos los principios cristianos” con personas que promueven “el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo y la injusticia”. No es el único caso absurdo con el que los jueces electorales buscan garantizar la continuidad del sandinismo en el poder en los comicios de noviembre en Nicaragua
El lunes pasado nueve hombres y dos mujeres acusaron ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) al Partido de Restauración Nacional (PRD) —la única formación legal que le quedaba a la opositora Coalición Nacional para participar en las elecciones— de estar en alianza con grupos que contradicen sus principios religiosos. Al día siguiente, en menos de 24 horas, el tribunal electoral eliminó la personería jurídica del PRD y basó su sentencia, entre otras cosas, en que “el reverendo Saturnino Hodgson Cerrato (presidente del partido) se opone a todos los principios cristianos al aliarse en el presente proceso electoral con personas que promueven antivalores que no se corresponden con los principios evangélicos”.
El PRD es un partido de reciente formación, de origen cristiano evangélico, y los “antivalores” que menciona la sentencia del tribunal electoral son “la provocación de muerte desde el seno materno mediante el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo y la injusticia”.
“Es una arbitrariedad hasta absurda”, dice Miguel Mora, precandidato del PRD.
“Es un partido político, no es una iglesia, y un partido político tiene sus estatutos y puede hacer alianzas de hecho y de derecho si así lo amerita. Es tan absurdo que yo no veo cómo lo puedan sustentar jurídicamente”.
Este partido era la única opción legal que le quedaba al bloque opositor denominado Coalición Nacional, que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas nacidas de las protestas del 2018.
El grupo que impugnó al PRD se identificó como “pastores evangélicos”, no pertenecen a ese partido y son personas ligadas al gobernante Frente Sandinista. “Ni los conocemos, ni han sido miembros del PRD, ni tienen nada que ver con el PRD”, dice Mora.
Al mismo tiempo, el tribunal electoral anuló la personaría jurídica del Partido Conservador, aduciendo que este partido manifestó su intención de no participar en las elecciones convocadas para noviembre próximo ante la falta de garantías de libertad y transparencia.
La ley electoral nicaragüense contempla que el partido político que no participe en un proceso electoral pierde su personería legal. Alfredo César, presidente del Partido Conservador considera que el fallo del Consejo Supremo Electoral es una aberración jurídica porque está sentenciando algo que no ha ocurrido. “Están juzgando una intención y no un hecho”, reclamó.
Alfredo César, presidente del Partido Conservador, muestra la notificación del Consejo Supremo Electoral donde les quita la personería jurídica por no participar en un proceso electoral que no ha ocurrido aún. (Foto Radio Corporación)
Alfredo César, presidente del Partido Conservador, muestra la notificación del Consejo Supremo Electoral donde les quita la personería jurídica por no participar en un proceso electoral que no ha ocurrido aún.
Este jueves, Cristiana Chamorro Barrios fue citada al ministerio de Gobernación, bajo el señalamiento de haber encontrado “claros indicios de lavado de dinero” en la fundación que hasta hace algunos meses ella dirigía. Chamorro Barrios es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y desde que manifestó su disposición competir contra Daniel Ortega en las elecciones de noviembre próximo, ha encabezado todos los sondeos de opinión que se han hecho.
Aunque Chamorro no está integrada en partido u organización alguna, el proceso iniciado por el régimen parece dirigido a dinamitar una candidatura que evoca en la memoria colectiva de los nicaragüenses la derrota que doña Violeta infringió a Daniel Ortega hace 31 años. “Están montando acciones macabras y terribles para impedir que sigamos trabajando por Nicaragua. Quieren impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad”, declaró a periodistas al salir del interrogatorio en Gobernación.
“Yo veo un régimen en pánico electoral”, dice Miguel Mora, precandidato oficial del ilegalizado PRD, periodista a quien el régimen de Ortega le confiscó su estación televisora y lo mantuvo en prisión por nueve meses acusado de instigar “el terrorismo”, a como llamó a las protestas de 2018. “Es demasiado temprano para hacer esto: patear la mesa, quemar Nicaragua y gobernar sobre sus cenizas”.
Mora es partidario de salir a votar en contra de Ortega a pesar de las condiciones, bajo la premisa de que “la oposición debe hacer lo que el dictador no quiere que se haga”.
“Van a pagar costos por eso”, dice. “Hay que dar la batalla hasta el último día para que ellos expresen su pánico, cometan los errores que están cometiendo y asuman los costos políticos que van a tener que asumir. La abstención es rendición. La abstención es lo que quiere el dictador”.
El sociólogo Cirilo Otero, por su parte, tiene una opinión totalmente contraria. “Todo muestra que las puertas y las ventanas están totalmente cerradas en este proceso electoral. No vale la pena esperar a cumplir con el calendario y lamentarnos el 8 de noviembre del 2021, para gritar que fue un fraude”, dice.
Para Otero lo que se está viendo en Nicaragua es a un grupo minoritario usando el poder para poner trampas, sacar del juego a los potenciales ganadores, e imponerse a pesar de ser minoría. “El hombre (Ortega) sabe que va a perder por todos lados. Hay miedo de los resultados. Tiene fortaleza en las armas y el dinero que aún conserva. Yo no lo considero ya gobierno, este es un grupo más en el conflicto social, político y económico.
No es gobierno porque no tiene capacidad de convocar, de liderar, de transformar, de proponer, de dialogar, de negociar, no tienen ninguna de esas posibilidades. Lo que se puede dejar en claro es su temor a participar y a jugársela en unas elecciones transparentes”.
“Es necesario declarar que no vamos a elecciones porque no hay condiciones. Pero hay que decirlo ahora y comunicar a la comunidad nacional e internacional por qué no vamos, convocar a toda la gente que tampoco vaya. Que (Ortega) se quede solo, que solo vaya ese 15 por ciento que es lo más que puede tener”, agrega.
Según el sociólogo, al declarar cerrada la vía electoral desde ya “significa que no va a haber respaldo de la comunidad internacional a un gobierno que pueda surgir de ese atropello que Ortega va a realizar”, y desde sus cálculos el régimen de Daniel Ortega no podría soportar una declaratoria de ilegalidad. “Ortega tiene dos temores fundamentales: uno, las sanciones, y dos, a la movilización de la gente en las calles”.
