El gerente general de Montecon, Juan Olascoaga, entrevistado por el mencionado medio, dijo este jueves que en caso de que el diálogo con las autoridades de gobierno no prospere y entre en vigencia el decreto "significaría seguramente el cierre de Montecon".
Un decreto firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou y todos sus ministros estableció el Reglamento General de Atraque de Buques del Puerto de Montevideo, el que prácticamente elimina la competencia entre las operadoras Terminal Cuenca del Plata -TCP, propiedad en 80% de Katoen Natie y en 20% de la Administración Nacional de Puertos (ANP), la única especializada en contenedores- y Montecon (que opera en los muelles públicos multipropósito).
Competencia pasa a "ser escasa"
¿Cómo es esto?
El artículo 14º del reglamento establece que "la ANP deberá priorizar el atraque de buques y barcazas portacontenedores en la terminal especializada y solo podrá decretar los mismos en los muelles multipropósito en caso de que la Terminal Especializada se encuentre ocupada durante el período de 24 horas siguientes" a la resolución de la ANP.
En los hechos, esto lleva a que los buques con contenedores solo operen en casos excepcionales en los muelles públicos, cuando hoy el 60% de los embarques se realizan a través de Montecon y el 40% restante a través de TCP.
Es decir la competencia que hoy existe, pasa a ser escasa.
Olascoaga señaló que desde Montecon quedaron "muy sorprendidos y preocupados" por el decreto firmado por el presidente y los ministros, dado que a su juicio "están convalidando un monopolio" porque "se le están otorgando privilegios (a TCP) por encima de la ley".
Decreto viola la libertad de competencia del puerto y viola la ley de puertos
De acuerdo con el gerente general de Montecon, el decreto firmado "viola la libertad de competencia del puerto de Montevideo, viola la ley de puertos" así como también "la libertad de elección de las líneas navieras para operar".
Para el ejecutivo de Montecon la situación actual no solo "consagra un monopolio" sino que además desregula tarifas, un aspecto que calificó como "mucho más grave".
Al respecto el empresario explicó que "si se lee el contrato nuevo (entre el gobierno y Katoen Natie), este desregula tarifas que en su momento estaban reguladas. Quiere decir que no solamente están constituyendo un monopolio sino que encima están desregulando tarifas. Están armando un monopolio desregulado lo que significa la peor noticia que el comercio exterior pueda recibir porque ahora nada impediría que se suban esas tarifas".
"Nos preocupa mucho y es una pésima noticia para el comercio exterior", afirmó Olascoaga.
Montecon defenderá "con firmeza y convicción" sus intereses
Al ser consultado sobre qué acciones piensa llevar adelante la empresa para evitar que el decreto entre en vigencia, Olascoaga manifestó que desde la compañía apuestan al diálogo para poder encontrar una solución, dado que a su entender "en los juicios perdemos todos".
No obstante, el gerente afirmó que hasta el momento no han tenido respuesta por parte del gobierno para evaluar cómo continúa la operación de Montecon en el puerto de Montevideo. "Hemos tocado todas las puertas del gobierno pero nunca hemos tenido acceso a ese diálogo. Estamos expectantes de que se nos llame para dialogar", dijo el ejecutivo.
En caso de que el diálogo entre Montecon y las autoridades de gobierno no se concrete, desde la empresa afirman que defenderán sus intereses "con firmeza y convicción" y según indicó Olascoaga no descartan emprender acciones legales contra el Estado uruguayo, así como acudir ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial.
"El tema nos parece lo suficientemente grave y vamos a tomar todas las acciones legales que podamos. No está para nada la intención de pelearse pero hay que defender los derechos de los accionistas, clientes y trabajadores", afirmó Olascoaga. Si el decreto entra en vigencia la empresa que hoy emplea de forma directa a 700 personas y que paga por concepto de uso de áreas del puerto a la ANP unos US$ 14 millones por año, dejaría de operar en el país.
El decreto ya está firmado por el presidente y todos los ministros y forma parte del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie, por lo que para lograr una solución que contemple el pedido de Montecon se debería modificar este acuerdo.
"Montecon no puede funcionar en un escenario donde cada barco que entre (al puerto) tenga la prioridad de cargar en TCP. Significaría la pérdida de 700 puestos de trabajo y los reclamos legales que tengan lugar para resarcirse las inversiones realizadas en un marco legal que cambió", afirmó el empresario.
Para Olascoaga si bien TCP "invirtió y tiene derecho a ganar mercado", lo tiene que hacer "trabajando, pero no que el Estado se lo conceda por decreto".
A su entender es similar al "dilema entre propietario e inquilino. TCP invirtió una sola vez pero Montecon lo hace mes a mes y todos los años para pagar un alquiler. A esta altura hemos invertido más", afirmó el gerente.
Contrato con Katoen obliga a priorizarla
El contrato por el que el gobierno extendió 50 años la concesión a Katoen Natie (vencía en 2031) de la única terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo, estableció ciertas condiciones para la partes. Katoen desistió demandar al Estado uruguayo por US$ 1.500 millones y se comprometió a invertir US$ 450 millones además de bajar las tarifas del puerto.
El gobierno por su parte se comprometió a que "en el caso de carga de contenedores, la ANP decretará a la terminal especializada de contenedores" y a que "a los efectos de la correcta interpretación del artículo 72 del decreto 183/994 se considerará que dicha Terminal se encuentra ocupada cuando no pueda garantizar el atraque dentro de las 24 horas siguientes al decreto de atraque".
A su vez, también se comprometió a que "no se otorgarán nuevas concesiones ni permisos ni autorizaciones para la instalación y explotación de una Terminal Especializada de Contenedores, durante la vigencia de la concesión, salvo que los movimientos de TCP superen el 85% de la capacidad anual de la terminal por dos años consecutivos".
¿En qué se basa el gobierno?
El decreto firmado por Lacalle Pou y sus ministros dice que "el artículo 1º de la ley 16.246 (ley de Puertos) establece que "la prestación de servicios portuarios eficientes y competitivos constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país". El decreto señala que "por lo tanto, la prestación de servicios portuarios eficientes y competitivos configura un mandato al Poder Ejecutivo basado en criterios de buena administración, así como la ANP respecto de su competencia interna".
Luego el decreto afirma que el gobierno "entiende necesario adecuar los lineamientos de la ley 16.246 y sus decretos reglamentarios, en especial, para el caso del decreto 183/994, para asegurar el cumplimiento del objetivo prioritario fijado en la ley citada".
El decreto mencionado del año 1994 (previo a la concesión a Katoen) establece el Reglamento de Operaciones Portuarias y Capitanía de Puerto, que en su artículo 72 dice: "la operación de contenedores en los muelles de carga general será autorizada solamente en caso de ocupación de las instalaciones especializadas, siguiendo la normativa interna de la ANP y las directivas del Capitán de Puerto en materia de prioridades de atraque o por la aplicación de normas que establezcan tarifas especiales". Agrega que "en los muelles a cargo de la ANP, no se permitirá la operación directa de contenedores a embarcar o desembarcados salvo que, por su carga, resulte obligatorio".
Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
