Silvia Labayrú, sobreviviente de la dictadura argentina: “Se violó a las mujeres de forma sistemática”

 

Por: MAR CENTENERA Diario El País España

 La argentina Silvia Labayrú tenía 20 años y estaba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada y enviada a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina. En sus primeras semanas allí fue encapuchada, amenazada, golpeada. Dio a luz en cautiverio a una bebé que le sacaron de las manos y poco después el capitán de fragata Jorge Tigre Acosta le dijo que debía tener relaciones sexuales con algún oficial como prueba de su “recuperación”. A 45 años de haber sobrevivido a aquel infierno, la Justicia argentina condenó este viernes al hombre que la violó, el exoficial de inteligencia Alberto González, a 20 años de cárcel.

 Acosta, jefe directo de González en el grupo de tareas de la ESMA e instigador de este crimen y de otros contra otras dos prisioneras, fue condenado a 24 años. Las condenas contra ambos represores se suman a otras previas a perpetua, que cumplen en la cárcel. 

Las mujeres, botín de guerra de la dictadura argentina Histórica condena en Argentina por los delitos sexuales cometidos por la dictadura Labayrú, residente en España desde que se exilió allí en 1978, recibió el veredicto acompañada por su hijo y amigos cercanos en un restaurante gallego. “Aunque pueda parecer una paradoja estar comiendo bogavante con albariño en Estaca de Bares era un final por todo lo alto para mí, quería estar en una situación de máxima felicidad”, cuenta por videoconferencia un par de horas después de haber escuchado la lectura del fallo a través de su computadora. Lo dice casi al final de la entrevista.

 Al principio, al responder sobre su reacción a la sentencia, habla primero de alegría y luego se corrige: “No sé si es esa la palabra. Estoy satisfecha”. Tenía dudas — “porque a veces no hay correlato entre la condena social y la Justicia”—, pero han quedado atrás: “Me parece bien que sea una condena fuerte”. Sus ojos celestes se agrandan para subrayar que la mayor gratificación es “que haya habido una visibilización de que en la ESMA, como en otros campos de detención, se violó a las mujeres de forma sistemática”. 

Recuerda que la periodista Miriam Lewin, que también estuvo detenida en la ESMA, ya detalló en su libro Putas y guerrilleras que la violencia sexual era parte del “plan de arrasamiento de las prisioneras”. “Hubo muchas mujeres violadas como yo en la ESMA que por miedo o por otras razones no lo denunciaron. Esta sentencia me complace porque tal vez permita que otras mujeres piensen que es posible denunciar y se animen a hacerlo si saben que van a ser tratadas con respeto por la justicia”. Complicidad civil Las denunciantes pidieron que las audiencias del juicio fueran privadas por el carácter íntimo de los hechos denunciados y el dolor para relatarlos.

 Sin embargo, Labayrú cree que después de la condena es necesario hacerlo público “para dar cuenta de la complicidad de ciertos sectores de la sociedad” con la dictadura. Únete ahora a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites

“Gonzalez no solo se satisfizo con violarme. Quiso que fuera su esclava sexual también para su esposa. No solo me llevó a hoteles alojamiento por horas sino también a su casa, donde fui sometida para satisfacer las fantasías sexuales de la parejita. Esta señora sabía que yo era una secuestrada. La hija de la pareja tenía uno o dos años y esto ocurrió cinco o seis veces. Era esclava de sus deseos y caprichos y fue tan traumático que no llegué a contarlo a mis personas más cercanas.

 Tardé mucho en darme cuenta de que había sido violada también por ella”, revela. Labayrú habla de forma pausada, pero con voz firme. La denuncia por delitos sexuales que realizó en 2014 contra González y Acosta tardó seis años en llegar al juicio que concluyó el viernes, después de diez meses de audiencias. En ellas describió de memoria el escenario donde fue vejada: “Hice una descripción minuciosa de la casa porque me llevó con los ojos abiertos. La primera vez estaba convencida de que me iban a asesinar porque me habían dejado ver el edificio”. “Delincuentes comunes” “Estos señores además de aniquilar a militantes y a no militantes usaron el aparato del Estado para violar, apropiarse de nuestros niños y de bienes y propiedades. 

Se convirtieron en un grupo de delincuentes comunes que violaban, robaban y secuestraban y parte de la sociedad los aupaba, los conocía o hacía la vista gorda”, asegura. Cuando la liberaron, en 1978, se vio rodeada por un manto de sospecha. “En un campo donde han sido arrojadas al mar unas 4.800 personas y sobrevivimos 200, había hacia nosotros un prejuicio y un señalamiento: ‘Algo habrás hecho’”. Esa imagen comenzó a cambiar con los juicios, cuando salieron a la luz más y más casos de lo que fue un plan sistemático de represión, pero reconoce que aún hoy queda un poso imborrable: “El sobreviviente es siempre una persona incómoda, molesta, sospechosa, porque sabemos cosas sobre la condición humana que es mejor no saber, sabemos qué ocurre con el alma en una situación de terror extremo”.

 Para Labayrú, la memoria del horror “es una memoria solitaria, porque difícilmente se pueden compartir esas vivencias con otras personas”. Superar los tormentos sufridos le llevó muchos años de terapia y la ayuda de amigos y familiares. En su caso, como le dijo al presidente español, Pedro Sánchez, en su reciente visita a la exESMA, la ayudó también “haber salido del infierno para llegar al Madrid de la Transición”. “Fue la mejor terapia reparadora que pude tener. Llegué en el momento justo al lugar justo”, destaca. Se quedó a vivir allí y rehizo su vida, pero nunca ha dejado de dar testimonio del régimen de terror que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. La Justicia acaba de confirmar que se cometieron violaciones y otros delitos sexuales en ese gran centro de torturas. Labayrú confía en que ahora más víctimas se animen a hablar.

El infierno que vivió una adolescente de Córdoba: su papá la violó, pidió ayuda a un policía amigo y el efectivo también abusó de ella

 

Ocurrió en la localidad de La Carlota. La víctima tiene 15 años y los dos hombres acusados fueron detenidos. Una historia de abandono y abuso

8 de Junio de 2021 La Carlota, donde ocurrió el hecho. La Carlota, donde ocurrió el hecho. M., una adolescente de 15 años de la localidad cordobesa de La Carlota, ubicada a 250 kilómetros de la capital provincial, no aguantó más y pidió ayuda. Después de pasar los últimos dos años de su vida sometida a constantes abusos sexuales por parte su padre biológico, acudió a un policía local, amigo de la familia. 

Sin embargo, el horror que arrastraba desde 2019 estaba lejos de terminar: el efectivo, de 39 años, se aprovechó de la confianza de la menor y luego de escuchar lo que le había contado acerca del papá, también la violó. Hoy, tanto el padre como el uniformado están detenidos. Según pudo reconstruir Infobae de fuentes con acceso al expediente, los abusos comenzaron cuando tenía 13 años. De un día para el otro, su padre tomó contacto con ella con la intención de retomar el vínculo después de no haberla reconocido como su hija durante toda la vida. Era una suerte de nuevo comienzo. Sin embargo, al poco tiempo, el padre (hoy de 34 años) comenzó a atacarla. 

“Lejos de cumplir su rol, la violó. Se acercó a ella cuando tenía 13, nunca legalizó la paternidad y luego abusó de ella”, detalló un investigador. Su familia materna nunca advirtió la situación. Nunca notaron que el padre que se había ausentado por tantos años supuestamente la violaba cada vez que tenía la oportunidad. Fue entonces que M., agotada, se acercó al policía amigo de la familia materna. Creyó, lógicamente, que al haber un vínculo con una autoridad en una localidad que no supera los 15 mil habitantes, le sería más fácil poder denunciar al papá. Pero nunca imaginó el dramático giro que tuvo su historia. 

 Finalmente, el grupo familiar de M. advirtió lo que había pasado e hizo la denuncia. Fue así que la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, subrogada por el fiscal de Cámara Walter Guzmán, decidió hacer una rápida investigación en la que le practicaron distintas pericias a la adolescente y ordenar la inmediata detención tanto del papá de M. como del efectivo de la policía de Córdoba. “Lo peor de la especie humana se reunió en este caso: una padre que no la reconoce, cuando tiene que cumplir su rol de padre, la viola varias veces y el policía que podía ayudarla, también la viola”, no dudó en calificar la fuente consultada por este medio, quien aclaró que el abuso por parte del uniformado no se produjo en sede policial.

 El padre de la adolescente está acusado de abuso sexual con acceso carnal, reiterado, agravado y calificado por el vínculo. El efectivo policial, por su parte, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la edad de la víctima, informó el Ministerio Público Fiscal cordobés. Por el momento, ninguno de los imputados brindó declaración, ya que aún no tienen un defensor designado. Sus indagatorias podrían producirse la semana que viene. En cuanto a la menor, brindará su testimonio en el contexto de una cámara Gesell. “Después de esto se podrá definir si se le mantiene la prisión preventiva a los acusados”, añadió. Por el momento, el fiscal Guzmán obtuvo ya los resultados preliminares de varias pericias. 

 Antes del violento caso de M., la misma localidad fue escenario de otra violación a una niña. Se trata de una nena de 12 años que luego de ser abusada varias veces dentro de su casa quedó embarazada. Fue gracias a su abuela quien denunció el caso, que la menor pudo ser rescatada. Por el hecho, la mamá y otros tres hombres fueron detenidos. Todos quedaron alojados en la cárcel de Río Cuarto y ya fueron indagados vía zoom por el fiscal Guzmán. La madre, de 35 años, está imputada del delito de promoción de la corrupción de la menor agravada, mientras que en el caso de los varones, la imputación es por abuso sexual en diferentes grados. Fuentes del caso contaron al diario Puntal que uno de los acusados es el concubino de la mamá de la víctima, un hombre de 51 años de edad; mientras que los otros dos, de 46 y 22 años, serían amigos de la familia. 

 “Todos sus derechos fueron vulnerados, hasta su alimentación, educación y cuidados de su salud”, indicó María Amelia Moscoso, abogada de la abuela de la víctima a FM Sol de Río Tercero. La abuela, después de recibir a la niña para cuidarla, advirtió los abusos. A los pocos días se enteró de que su nieta estaba embarazada. “Estamos hablando de algo silenciado, invisibilizado o algo que nadie advirtió”, agregó la abogada. En cuanto al embarazo, la abogada indicó que la menor aparentemente quiere tener al bebé y no someterse a una interrupción médica del proceso de gestación. 

“Los agentes sanitarios del sistema plantean la posibilidad del aborto pero deben entender que no es obligatorio, la niña quiere continuar con el embarazo y no sería lo más conveniente en ese estado de vulneración de derechos sumarle una situación más, esa niña necesita paz”, aseguró Moscoso. “Ella siente que algo se mueve en su panza y les planteó a sus abuelos ´no quiero que lo maten por lo que me hicieron los otros; yo no sé cómo ser mamá pero puedo aprender si me ayuda mi abuela´”, agregó.