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jueves, 1 de julio de 2021

Compañía que recibió ayuda de EEUU por 10 millones cerró fábrica y se mudó a México

 

Ivette Leyva Una compañía de fabricación de vagones de carga de ferrocarril cerró sus puertas en Alabama solo meses después de recibir USD$ 10 millones en dinero del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) , y poco después trasladó la operación a México, reveló una investigación de ProPublica. FreightCar America, con 550 empleados, operaba en Muscle Shoals, Alabama. Era la última fábrica de FreightCar en Estados Unidos, una empresa de 120 años con sede en Chicago que había estado reduciendo su presencia en el país durante años. 

 “Cuando abrió la planta mexicana, al principio nos dijeron que solo ayudarían a [la planta de] Shoals y fabricarían piezas para los trenes”, dijo Robert Bulman, quien trabajó en la planta de Alabama durante siete años antes de ser despedido el año pasado. "Pero todo el tiempo fue una trampa”. Tras recibir el préstamo PPP -por la cantidad máxima permitida-, la compañía anunció el cierre de la fábrica de Alabama y trasladó la producción a su operación de Castaños, México, atribuyendo la mudanza a la pandemia de COVID-19 y sus efectos en la demanda de vagones. 

 Jim Meyer, director ejecutivo de FreightCar America, dijo en un correo electrónico a ProPublica que no tenía la intención de cerrar la planta cuando recibió el dinero de PPP y que el dinero permitió a la empresa mantener a los trabajadores en el trabajo durante la mayor parte de 2020 a pesar de una fuerte crisis caída en los nuevos pedidos. 

 Más de 500 despidos Al conceder la primera ronda de préstamos PPP, la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), requería que los prestatarios gasten el 75% de los fondos en nómina durante ocho semanas. En el caso de FreightCar America, los despidos ocurrieron después. FreightCar despidió a 550 personas -con indemnizaciones- por el cierre de la planta de Shoals, lo cual excedería el límite ostensible de 500 empleados establecido por el PPP. Pero FreightCar aprovechó también de una laguna legal incorporada al PPP.

 Los estándares de tamaño alternativo de la SBA le permitieron calificar para el préstamo con hasta 1,500 trabajadores, señaló ProPublica. En una conferencia sobre resultados de la empresa en agosto, los ejecutivos explicaron que los recursos del préstamo habían compensado parte del costo del traslado a México. Chris Eppel, entonces director financiero de la empresa, dijo que el dinero también "compensó parcialmente" las pérdidas operativas y las compras de inventario. Durante todo ese proceso, el CEO Meyer siguió recibiendo su salario base de USD$ 500,000 en 2020, más opciones sobre acciones por un valor cercano a eso y un bono de USD$ 1 millón por obtener un préstamo de USD$ 40 millones de una compañía de inversión privada.

miércoles, 19 de mayo de 2021

La pyme química bloqueada por Camioneros, a un paso de cerrar: “Nos hacen reincorporar trabajadores que quieren sabotearnos”

 

Así lo destacó ante Infobae Ignacio Dos Reis, dueño Química Oeste. “Si no tengo alternativa, vamos a tener que cerrar. No tengo confianza”, dijo
El dueño de la empresa Química Oeste, la pyme que fue bloqueada por el Sindicato de Camioneros durante la semana pasada y este lunes, aseguró que están analizando un cierre definitivo si no se llega a una solución para el conflicto que se generó con el gremio luego del despido de cinco empleados. En la última audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires se dictó la conciliación obligatoria. 

Por lo tanto, la empresa debe reincorporar a los trabajadores despedidos. Sin embargo, el propietario de Química Oeste asegura que corren el riesgo de sufrir un sabotaje y que ante esta posibilidad evalúan cerrar la empresa en forma permanente. “Estamos en una situación lamentable. La empresa tiene 64 años, la fundó mi padre y nunca cambió de nombre. Nos obligan a reincorporar a trabajadores despedidos que nos amenazaron con un sabotaje” (Dos Reis) “Estamos en una situación lamentable. La empresa tiene 64 años, la fundó mi padre y nunca cambió de nombre. 

Nos obligan a reincorporar a trabajadores despedidos que nos amenazaron con un sabotaje a la planta. Nosotros somos proveedores de la industria de la alimentación y tenemos que tener mucha confianza en el personal. Hay testigos que dijeron que los despedidos si vuelven a entrar quieren pudrir todo”, explicó Ignacio Dos Reis, dueño de la empresa. “Nunca nos pasó nada así. Estamos acostumbrados a laburar y no a enfrentar estas cosas. No podemos incumplir la orden de reincorporar a los trabajadores pero no podemos permitir que haya un sabotaje. 

Si no tengo alternativa, vamos a tener que cerrar. No tengo confianza”, agregó en diálogo con Infobae. 

El sindicato denunció que los trabajadores están en condiciones insalubres El conflicto entre la empresa química, que tiene su planta en la localidad de Esteban Echeverría, y el Sindicato de Camioneros se originó la semana pasada a partir del despido de cinco empleados, de los cuales tres están afiliados al gremio que conduce Pablo Moyano. Según relata Dos Reis, luego de los despidos, la planta fue bloqueada. Ante esta situación, la empresa realizó una denuncia penal para que se permita el ingreso y salida de los camiones de la planta. Y como respuesta, el sindicato realizó una denuncia sobre las condiciones de trabajo dentro de la empresa. Como hace un año y medio la planta sufrió un incendio, los empleados cuentan con baños químicos y no pueden acceder al comedor.

 Este martes, la planta de la empresa permanece cerrada y todos los empleados, que suman unos 60, fueron avisados para que no se presenten a trabajar “Ahora dicen que hay un problema de higiene y seguridad. Los inspectores del Ministerio de Trabajo vinieron en autos del sindicato. No nos clausuraron y nos dieron 10 días para mejorar el plan de adecuación, por lo tanto no había condiciones de trabajo infrahumanas. Las condiciones son perfectamente normales. El ministerio funciona como una escribanía del sindicato”, destacó Dos Reis. Y aseguró que en poco tiempo preveían inaugurar la nueva planta, con vestuarios y comedor para los empleados. 

Las obras se demoraron porque durante 2020, como consecuencia de la cuarentena, no pudieron presentar los permisos correspondientes. Entre las irregularidades encontradas en la planta se destacó que los elementos de higiene insuficientes para el tamaño y la cantidad de personal. Además, se pidió a la empresa proveer al personal de servicios sanitarios adecuados e independientes y reubicar dos baños químicos ubicados en un depósito. También se señaló que tienen que reparar filtraciones en el piso, proveer armarios individuales para cada uno de los obreros del establecimiento, poseer el cableado eléctrico adecuadamente contenido, colocar botiquín de primeros auxilios y confeccionar e implementar el Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo Emergencia Sanitaria Covid-19. Como en todo proceso de inspección, se dio un plazo a la empresa para cumplir con los pedidos.

 Este martes, la planta de la empresa permanece cerrada y todos los empleados, que suman unos 60, fueron avisados para que no se presenten a trabajar. “Siempre apostamos por el país, nunca nos pasó nada así. No tenemos cuentas afuera. Y ahora está en juego el destino de la empresa”, advirtió el empresario, que lleva 34 años de trabajo en la compañía. “Los empleados tienen miedo. La gente del sindicato los puteó y amenazó cuando lograron entrar los camiones a la planta. Los filmaron para intimidarlos. Los choferes tienen miedo”, relató Dos Reis. “Es un tema de encuadramiento sindical. La principal actividad de nuestra empresa es el comercio y tenemos actividades anexas que están contempladas dentro del convenio colectivo de comercio.

 Si tuviéramos que pasar empleados de comercio al sindicato de camioneros es algo que deben arreglar entre los sindicatos, sin extorsionarnos y sin bloquearnos”, indicó el empresario. “El 95% de la facturación de la empresa sale de la planta de Esteban Eccheverría. Estamos ahí hace 40 años y la planta hoy es el triple de grande. Si podemos solucionar el tema sindical, hasta podríamos tomar más gente”, aseguró. La abogada de la empresa es Florencia Arietto, dirigente del PRO. “¿Cómo se puede trabajar con personal que te puede cambiar una bolsa o adulterar un insumo y genera un estrago en la población que consume los productos alimentarios? Además están denunciados penalmente desde el día del inicio del bloqueo extorsivo. ¿Cuándo se instaló una dictadura del proletariado donde un sindicato te dice si podés trabajar o no? En estas condiciones, con un Estado protegiendo al sindicato de Camioneros y una Justicia que no actúa, no queda otra remedio que el cierre de la empresa”, aseguró a través de su cuenta de Twitter.

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