“Negociación genuina” y “política real”: las impresiones que dejó el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las intendencias

Nicolás Olivera destacó que, por primera vez, los intendentes del interior dejaron de mirar “de reojo a Montevideo y Canelones” como los “privilegiados”: “Estábamos todos abroquelados”.

Luego de tres reuniones que no terminaron de llegar a buen puerto y que aumentaron las expectativas, este miércoles, con la presencia del presidente Yamandú Orsi –quien intervino en la recta final de las negociaciones–, se anunció un acuerdo sobre las transferencias que el gobierno nacional otorgará a las intendencias durante los próximos cinco años. Incluye un nuevo fondo de 80 millones de dólares, distribuidos en 45 millones para los gobiernos de Montevideo y Canelones, y 35 millones para los 17 departamentos del interior, así como cambios en la incidencia de las intendencias en la administración de los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), aspectos que fueron centrales en la discusión.

Entrevistados por la diaria Radio, dos de los protagonistas de las negociaciones, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, y el presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, destacaron el “valor político” del acuerdo alcanzado al ser suscrito entre actores de distintos partidos. Para Arim, es una señal que favorece a “la construcción de un clima político en donde nadie renuncie a sus posiciones ni a sus diferencias, pero en el que seamos capaces de construir puentes de encuentro y de asegurar la ejecución correcta de las políticas públicas en función del bienestar colectivo”.

El director de la OPP llamó a quitarle “dramatismo” al tono de las negociaciones, como si estas hubieran llegado a una “situación de bloqueo” antes de la participación del presidente. Sostuvo que se avanzó “muchísimo” durante los encuentros previos con los intendentes y, “finalmente –y creo que es correcto que así suceda–, el presidente de la República es el que tiene la última palabra y el que termina acordando con el Congreso de Intendentes”.

Por su parte, Olivera explicó que, “después de dos semanas de instancias firmes” entre la OPP y el Congreso de Intendentes se entendió que “ya no se podía avanzar en función de las posibilidades que unos tenían de conceder y otros tenían de reivindicar”. Ya en ese punto, y próximos a que se venza el plazo para las negociaciones, se le transmitió al presidente de la República “que, en esas condiciones, no había un acuerdo entre el gobierno y las intendencias, y ahí fue que aparecieron cosas arriba de la mesa, en donde se pudo poner un poco más de un lado y se pudo deponer un poco más del otro, y se llegó a un entendimiento”.

El director de la OPP señaló que “el grueso del acuerdo fue trabajado, discutido y dialogado a lo largo de distintas sesiones de manera intensa, pero en una negociación genuina”. “No fue un espacio en donde simplemente el Poder Ejecutivo planteó sus prioridades y su forma de ver el problema, y el Congreso de Intendentes un conjunto de reivindicaciones inalcanzables. No; fue una negociación genuina, consciente y seria”, aseguró.

Arim destacó que el acuerdo alcanzado tiene un “valor intrínseco” porque involucra un conjunto de “recursos muy relevantes para los gobiernos departamentales”, pero que también lo son para las políticas públicas en general de Uruguay. El director de la OPP reafirmó que en este quinquenio se concretará “un nivel históricamente alto de transferencias de recursos hacia los gobiernos departamentales”, lo cual, expresó, demuestra “una clara vocación y compromiso con el desarrollo en todo el territorio nacional y con la articulación con los gobiernos departamentales”.

Sobre el nuevo fondo de 80 millones de dólares, destinado a “atender las distintas asimetrías que tienen que ver con el desarrollo humano desigual en el territorio”, dijo que se trata de una “innovación institucional”. Señaló que, a lo largo de todo el quinquenio, “va a apalancar inversiones de carácter estratégico”, que definan las intendencias, y también se establecerán, en el marco del funcionamiento de la Comisión Sectorial de Descentralización junto con el gobierno nacional, los criterios de funcionamiento del fondo.

Además, Arim señaló que esto “les da certeza” a los departamentos de que esos “recursos van a estar disponibles a lo largo del quinquenio”, lo cual les permite planificar, mejorando “inexorablemente la calidad de la política”.

El director de la OPP reconoció el “compromiso” de los gobiernos departamentales con sus localidades y las competencias que asumen en ese marco. Sostuvo que desde la OPP se busca “mejorar las articulaciones de esas políticas” para que sean “complementarias” y que haya “sinergia” entre lo que el gobierno y las intendencias hacen en el territorio.

Olivera: “La política real es aquella en la que te peleás por hacer” Según el intendente de Paysandú, la negociación “fue de todos los intendentes con el gobierno central”. Señaló que, por primera vez, los intendentes del interior del país dejaron de mirar “de reojo a Montevideo y Canelones” como los “privilegiados” o los que “siempre peleaban aparte”. “Estábamos todos abroquelados, peleando por recursos para todos”, aseguró.

En tal sentido, Olivera sostuvo que el Congreso de Intendentes “ganó al intendente de Montevideo”, ya que, a diferencia de la exintendenta Carolina Cosse –quien, según dijo, “no era muy afecta” a ese espacio–, el actual intendente, Mario Bergara, “fue alguien que estuvo en todo momento; es alguien que ha ido al Congreso y que forma parte de este concierto de 19 intendentes que tiene cosas para reivindicar de forma conjunta”.

A lo largo de la negociación, los intendentes defendieron la necesidad de contar con fondos para cumplir con las competencias de los gobiernos departamentales, las cuales se han ampliado en los últimos años. Olivera señaló que en determinado punto los intendentes pusieron sobre la mesa que, “si el gobierno nacional se hace cargo de todas las cosas de las que nosotros nos hacemos cargo y que no nos competen, no pedimos más, se termina la negociación y no queremos más dinero de nada”.

“Desde el fondo de la historia, nos venimos haciendo cargo de temas vinculados al empleo, a la vivienda, a las políticas sociales, a la salud, a la educación y hasta a la seguridad. Son competencias que asumimos, pero que no tiene su correlato en recursos”, expresó.

Olivera reconoció que el director de la OPP “hizo el trabajo que tenía que hacer”, un trabajo que quizás es el “menos simpático de todos”, ya que tiene que “cuidar el peso y hacer que rinda para todos”, consideró. En tanto, señaló que el presidente “tenía un rol a jugar porque entiende de este tipo de negociación”.

El intendente de Paysandú sostuvo que Orsi “se basó en cosas concretas para este quinquenio, pero también en reivindicaciones históricas del Congreso”, como un mayor porcentaje de las intendencias en la coadministración del FDI. “Nosotros sentíamos que teníamos que ganar participación porque somos los actores por excelencia que conocemos las necesidades de nuestro territorio. Bueno, la última bala que terminó destrabando el presidente fue una reivindicación nuestra”, dijo.

En cuanto a las señales políticas del acuerdo, el intendente nacionalista consideró que, cuando se está “mirando desde detrás del árbol a ver cómo el otro pisa el palito y tu único propósito es decir ‘cuando pise lo mato’, esa no es la política real; es una política de barricada, de trinchera. La política real es [aquella] en la que te peleás por hacer”.

En ese sentido, señaló: “Lo raro de la negociación es que estábamos de distinto lado del mostrador, pero peleábamos por lo mismo; cada uno peleaba por tener más recursos para hacer”. Acotó que en la “política real” “no importa con quién te peleás, importa por qué te peleás”.

El gobierno lanzó el diálogo social: “Un proceso que no será corto, pero que debe ser profundamente transformador”

De la oposición asistieron dirigentes de Cabildo Abierto y el intendente nacionalista de Paysandú; trabajadores y jubilados pretenden que haya una revisión del esquema de financiamiento del sistema previsional.

Con la participación del presidente Yamandú Orsi, y casi sin representantes de la oposición, el gobierno lanzó este miércoles de manera oficial el diálogo sobre protección y seguridad social. La mayoría de los ministros, dirigentes sindicales y empresariales y también legisladores oficialistas estuvieron presentes en el Auditorio del Sodre para escuchar, en primer lugar, al asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y coordinador del diálogo social, Hugo Bai.

“Hoy damos el primer paso de un proceso que no será corto, pero que debe ser profundamente transformador”, afirmó Bai. Durante su discurso, el asesor de la OPP abogó reiteradamente por alcanzar “los acuerdos más amplios posibles”, aunque “sin negar nuestras diferencias”. “Hoy, frente a los desafíos que nos plantea el presente, y con la mirada puesta en las próximas décadas, abrimos este diálogo social para imaginar juntos y juntas el país al que queremos llegar”, manifestó.

De forma inesperada, la apertura a cargo de Bai debió retrasarse algunos segundos debido a la irrupción de un individuo que, de pie en una de las bandejas del auditorio, acusó a las principales autoridades del gobierno de “traicionar al pueblo”, porque en el plebiscito sobre seguridad social del año pasado “mandaron a votar el No”. La diatriba también incluyó críticas al “sionismo” y la “oligarquía financiera internacional”.

Una vez finalizado el episodio, Bai señaló que, si bien “es ambiciosa y exigente”, la agenda del diálogo social tiene “plazos acotados”. Según establece la hoja de ruta elaborada por el Poder Ejecutivo, el proceso culminará el 30 de abril de 2026. La Comisión Ejecutiva del diálogo social, que reúne a los representantes del gobierno, los partidos políticos y las organizaciones sociales, deberá presentar en esa fecha un documento final que, según explicó Bai, “será un insumo para que el Poder Ejecutivo presente los proyectos de ley que entienda pertinentes y para que el Parlamento, ámbito insustituible de representación de la ciudadanía, los mejore y los transforme en ley para mejorar la calidad de vida de la gente”.

Bai recalcó que el diálogo social “no es un ámbito resolutivo”, sino “un espacio para que gobiernos, partidos políticos y actores sociales intercambien sobre la matriz de protección social que el país necesita de cara al futuro y a partir de eso podamos acordar cambios con la mayor legitimidad social posible”.

La hoja de ruta establece cuatro ejes principales: el combate a la pobreza infantil, la consolidación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la protección a los activos y la revisión del régimen de jubilaciones y pensiones. Este último punto ha sido cuestionado especialmente por la oposición, que sostiene que “el tema ya está laudado” tras la aprobación de la reforma jubilatoria en 2023 y el fracaso del plebiscito sobre seguridad social en 2024. Orsi recibirá este jueves en la Torre Ejecutiva a las autoridades del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente –que se han negado a participar en el diálogo social– para conversar al respecto.

Consultado por la prensa al cierre del lanzamiento, Orsi manifestó: “Yo voy a insistir siempre en dialogar, dialogar, dialogar, y me consta que vamos a tener una buena respuesta”. El presidente señaló que “la idea es generar un abanico muy amplio de posibilidades” y apuntó que, en cualquier caso, las definiciones en materia de seguridad social se tomarán en el Parlamento, “que es el central”.

En línea con Orsi se expresó el director de la OPP, Rodrigo Arim, durante el lanzamiento. “En este espacio habrá diálogo, se buscarán acuerdos, pero, por supuesto, no habrá decisiones ni votaciones”, subrayó, en referencia a otro de los cuestionamientos de la oposición, que ha sido el número de representantes de los partidos políticos en la Comisión Ejecutiva.

Arim afirmó que, “en un mundo donde las estridencias sustituyen a los argumentos”, Uruguay “debe cuidar y preservar ese acervo que tenemos y que nos distingue”, esto es, “la capacidad de encuentro en las diferencias, de evitar la confrontación pueril, de sostener puentes de encuentro entre todos los actores, de discutir con firmeza conceptual y ser capaces de plasmar acuerdos de convergencia”.

Tras el lanzamiento, la primera parte del diálogo social consistirá en una etapa de “recopilación de insumos”. Bajo la coordinación de la OPP, el gobierno tiene previsto organizar en los 19 departamentos del país una serie de conversatorios y seminarios, de participación abierta, entre agosto y noviembre de este año.

Asimismo, la Comisión Ejecutiva llevará a cabo múltiples reuniones con organizaciones de la sociedad civil. También se prevé que la ciudadanía haga sus aportes a través de la página web oficial del diálogo social, que quedó disponible este mismo miércoles. La Universidad de la República, en tanto, tendrá a su cargo la sistematización de todos los insumos recibidos.

Los principales planteos de los trabajadores y los jubilados En diálogo con la diaria, Carlos Clavijo, uno de los representantes del PIT-CNT en la Comisión Ejecutiva, señaló que la central sindical colocará en el diálogo social “los tres puntos que fueron al plebiscito”, así como “los temas de cuidados, discapacidad y primera infancia”. “Pero fundamentalmente lo que estamos planteando es el financiamiento de la seguridad social”, resaltó.

Clavijo sostuvo que “sin financiamiento no podemos proteger ni cubrir las necesidades de la gente”. “Sabemos que va a ser el punto más difícil, pero si no discutimos el financiamiento de la seguridad social va a estar muy difícil lograr cambios sustanciales”, advirtió.

Por otra parte, Clavijo adelantó que el PIT-CNT planteará en el diálogo social que haya una sustitución gradual de los aportes patronales por un impuesto sobre la renta. “Desde el gobierno se dice que no se van a crear más impuestos, y ahí es donde está la confusión con nuestro planteo. Nosotros decimos sustituir el aporte patronal, que hoy es fijo, de un 7,5%, por un aporte basado en la renta”, expresó. Este cambio, sostuvo, permitirá que el esquema de financiación del sistema previsional sea “más equitativo”.

“Según las ganancias que tengas es lo que vas a aportar. Eso significa que los pequeños y medianos comerciantes van a contribuir mucho menos, porque tienen pocas ganancias, pero aquellos que tienen mayores ganancias van a contribuir más a la seguridad social”, resaltó Clavijo.

La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) también planteará en el diálogo social que haya una revisión de “la sostenibilidad del sistema”. Su representante en la Comisión Ejecutiva, Estela Ovelar, dijo a la diaria que esperan que “se pongan sobre la mesa las exoneraciones” del régimen vigente, al igual que “los cambios en la forma de trabajo”, porque actualmente “hay máquinas que han sustituido a personas y eso hoy no tributa”.

Onajpu también planteará inquietudes en torno al sistema de cuidados, “las demoras en salud” y la pobreza infantil. “Estamos a favor, como siempre, de una seguridad social solidaria y sin lucro. No estamos en contra del ahorro individual, pero que sea sin lucro, eso es fundamental”, agregó Ovelar.

Por su parte, la representante de la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS) en la Comisión Ejecutiva, Paula Baleato, dijo a la diaria que la organización planteará especialmente su preocupación sobre “los temas de la pobreza infantil, que tienen que ver con la situación de las familias con niños y adolescentes a cargo”.

Baleato señaló que en el diálogo social “se va a estar discutiendo todo lo que tiene que ver con la pobreza monetaria de las infancias y las adolescencias”; en tal sentido, aseguró que “hay bastante trabajo para hacer en relación con poder unificar un montón de prestaciones que hoy están dispersas”, así como “analizar las condicionalidades, es decir, lo que les pedimos a cambio a esas familias para recibir esas prestaciones”.

La economía uruguaya está en ritmo "declinante", "ya se cargó a dos gobiernos" y "no lo resuelve el ministro"

 El comportamiento de los precios y de la actividad económica, es una respuesta a la oferta, al consumo, a la inversión, al gasto del gobierno y a las exportaciones, entre otros puntos. De esto se habló en un nuevo desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay(ADM) este martes, en donde economistas uruguayos realizaron un diagnóstico de las perspectivas económicas del país en base a los resultados actuales y también de la región y el mundo. ;

Economía declinante En esa línea, desde su visión, actualmente la economía uruguaya viene creciendo a un ritmo “declinante”, derivado de momentos anteriores en los cuales la tasa de crecimiento era baja, ya que había determinado tipo de circunstancias que habían actuado en ese entonces. Una de ellas es la sequía atravesada en el año 2023. En este caso, Caumont mencionó que hasta el primer trimestre de este año el país aún arrastraba datos relacionados a ese entonces. ;

También se refirió al crecimiento del 17% de la industria, aunque enfatizó que dicha expansión se trata, básicamente, de la reincorporación de Ancap a la producción tras la parada por mantenimiento de su refinería. ;

El economista manifestó que el desempleo también es otro punto clave a la hora de analizar la situación macroeconómica del Uruguay. De hecho, indicó que este se encuentra en el orden del 8%, pero con 217.000 personas más trabajando en la actualidad que las que trabajaban en el comienzo del 2020, justo antes de la pandemia por coronavirus. 

A su vez, sostuvo que el país tiene, en la actualidad, una tasa de empleo del 59,6% de la población económicamente activa versus el 54% al comienzo del año 2020.;

“Claramente estamos mejor que entonces, pero todavía en términos declinantes en las tasas de crecimiento”, recordó. ;

La inflación fue otro punto clave dentro del discurso del economista Caumont en el marco del desayuno de ADM. Recordó que la misma se encuentra en 5,05% en los 12 meses cerrados a mayo y que dicho nivel es considerado “satisfactorio”. ;

Caumont también habló sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos. Vale recordar que esto es un registro de todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo, incluyendo el comercio de bienes y servicios, la renta (ingresos y pagos por inversiones) y las transferencias corrientes. ;

En este caso, dijo que esta también se encuentra en un nivel que es considerado “satisfactorio” ya que si bien la misma registró un déficit de US$ 821 millones en 2024, el total es “sensiblemente menor” a lo que era en años anteriores. A modo de ejemplo, en 2023 la balanza de pagos de Uruguay presentó un déficit de US$ 2.797 millones, lo que equivale al 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Por su parte, el economista Julio de Brun coincidió con Caumont y enfatizó en que Uruguay “crece poco”. ;

“Si pensamos que con inversión de activos -como plantea el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone- vamos a incrementar la tasa de crecimiento de Uruguay, suerte en pila”, agregó el economista. ;

En esta línea, opinó que las altas tasas de inversión física no son el camino correcto a tomar a la hora de potenciar la economía local, sino que es a través de un cambio “muy importante” en la calidad y en la educación de su mano de obra. ;

“Ese problema no lo resuelve el ministro de Economía. De hecho, no hay ningún ministro que lo resuelve porque, como se ha dicho muchas veces, el ministro de Educación tiene poco para decir en materia de educación y los que tienen algo para decir en materia de educación en general están más preocupados por el comienzo de clases que por la transformación educativa del país”, agregó el economista. ;

En este escenario, De Brun recalcó que hay un “problema estructural vigente” y que “condena” el crecimiento potencial de la economía uruguaya de aquí a los próximos años. ;

Gobierno en la mira En tanto, el economista Javier de Haedo recordó que el bajo crecimiento económico “ya se cargó” a dos gobiernos, haciendo referencia al segundo mandato de Tabaré Vázquez y al de Luis Lacalle Pou. ;

“El muy bajo crecimiento fue en gran medida responsable de esas dos derrotas y que no repitieran los gobiernos. Una economía que crece poco es porque va con el freno de mano puesto. La pregunta es si no hay dos sin tres y si la misma razón no se puede repetir dentro de cinco años y se cargue a un tercer gobierno consecutivo”, agregó De Haedo. En ese marco, destacó que el crecimiento económico es clave desde dos puntos de vista: el social y el fiscal. Desde el punto de vista social, recordó que hay casi un quinto de uruguayos que son pobres. “Uruguay se caracteriza desde siempre por tener una importante matriz de protección social. Pero esa matriz de protección social, como bien dice el ministro Oddone, está diseñada para los que estamos en la formalidad. Está diseñada para quienes trabajamos en blanco, para quienes tenemos seguridad social, sistema de salud, seguro de desempleo, pero deja fuera a casi 400.000 compatriotas que no están en esa condición. Creo que es muy positivo que este gobierno se haya planteado tratar de incorporar en la materia de protección social a esos 400.000 compatriotas", enfatizó. Desde el punto de vista fiscal, el economista remarcó que el actual gobierno cuenta con una situación heredada “muy complicada”, ya que se incumplió la regla fiscal en los dos años anteriores, por lo que también se convierte en otro punto a analizar y tener en cuenta a la hora de marcar el futuro de la macroeconomía uruguaya.

Gobierno comunica 46 medidas a 100 días de mandato y en medio de evaluaciones que lo definen como “prudente”, “cauteloso” o “sin rumbo”

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que el “rumbo está claro”, mientras que desde la oposición señalaron que se trata de medidas “bastante inexpresivas”.El gobierno de Yamandú Orsi cumplirá 100 días este lunes y el domingo, desde las vías de información oficial de Presidencia, se divulgaron una serie de acciones que el Poder Ejecutivo ha llevado a cabo en este tiempo, en medio de comentarios de analistas políticos que señalan un estilo de gobierno “prudente” y “cauteloso” y de las críticas de la oposición que hablan de un gobierno “sin rumbo”.

El Ejecutivo publicó 46 medidas trabajadas desde el 1° de marzo en 11 bloques: salud, educación, economía, sociedad y cuidados, trabajo y seguridad social, seguridad pública, política exterior, movilidad, innovación, desarrollo productivo y derechos humanos.

En salud, el gobierno destacó haber restablecido 90 de los 100 medicamentos que faltaban en las farmacias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la creación de una Agencia Reguladora de Medicamentos, la aplicación de la vacunación gratuita contra el meningococo, el proyecto de remodelación del Hospital de Salto y el Plan Nacional de Salud Mental, entre otras.

En cuanto a las medidas vinculadas a la educación y la cultura, el Poder Ejecutivo resaltó el bono de 2.500 pesos para los estudiantes de Inicial y Primaria, la “multiplicación paulatina” de las becas Butiá, que aumentarán de 10.000 a 25.000 pesos, lo que describe como la “mayor inversión en adolescencias de la historia del país”, y el incremento de 50% de financiación del Fondo Regional para la Cultura.

En economía, el Ejecutivo subraya algunas cuestiones que heredó de la pasada administración, como la negociación por el proyecto Neptuno y la solución de la mutualista Casmu. Asimismo, pone encima de la mesa las medidas tomadas para atender la diferenciación de precios que hay en la frontera con Brasil y la fijación de un nuevo sistema para calcular el precio de los combustibles.

Sobre los cuidados, el gobierno destaca la reglamentación de la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, el proceso de elaboración del Plan de Cuidados, el inicio adelantado del Plan Invierno, la innovación del plan Comunidad a la Calle y la asistencia a las ollas populares que no recibían insumos del Instituto Nacional de Alimentación.

Por otra parte, también se subraya el establecimiento de la ronda de Consejos de Salarios “más grande de la historia” y la “activación” del diálogo por la seguridad social. En materia de seguridad pública, se apunta a la creación de un ámbito para “combatir al crimen organizado y el narcotráfico”, la expansión del PADO, la incorporación de 1.850 policías en los próximos seis meses y 2.000 más en todo el período y la obtención de financiamiento para la implementación del plan Más Barrio.

En política exterior, se resalta la apertura de oficinas consulares en Hong Kong y Macao, nuevas líneas de crédito con China y la eliminación del visado para visitar a ese país, la aprobación por unanimidad de la presidencia uruguaya en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños desde 2026, entre otras. En movilidad, se subraya la implementación del Plan de Transporte Metropolitano y el acuerdo del pago de la deuda con el consorcio del Ferrocarril Central.

En innovación, el gobierno marca la creación del programa Uruguay Innova, la inversión para el desarrollo de una vacuna contra la garrapata y la consolidación de vínculos de investigación agropecuaria, seguridad alimentaria y manejo forestal. En desarrollo productivo, se destaca la compra de 4.000 hectáreas para el Instituto Nacional de Colonización y la puesta en marcha del programa ProCría.Por último, en materia de derechos humanos, se subraya el reingreso a los archivos de inteligencia policial y la digitalización de archivos del Ministerio de Defensa. “El rumbo está claro”

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló en sus redes sociales que cada uno de los 100 días que pasaron desde que asumió el actual gobierno “fueron de compromiso”. “Y cada uno de los que vendrán nos encontrará en la misma senda. Yamandú encabeza un equipo formado y preparado para los desafíos que enfrenta nuestro país”, subrayó.

“Cuenten con un gobierno que está avanzando y transformando lo que se comprometió a transformar. Con la mano tendida, zurciendo y convocando una y otra vez al diálogo y a la escucha, el rumbo está claro”, aseguró.

También a través de las redes sociales, las cuentas oficiales del Movimiento de Participación Popular (MPP) enumeraron estas acciones y algunas otras más –como que “ya está resuelta” la construcción de la represa de Casupá–. “Se cumplen 100 días de un gobierno que ha puesto a la gente en el centro y que trabaja día a día para transformar la realidad del país; con diálogo y compromiso”, escribió el sector.

El propio presidente Orsi se desmarcó de los análisis que describen un gobierno cauteloso. En una entrevista con El Observador publicada este domingo, el mandatario reflexionó: “Hay un exceso de politólogos, me parece. De politología. Están medio enredados, pero está bien, para eso están, para analizarnos. Yo no pensaba otra cosa distinta, si alguien pensaba que iba a entrar con tres o cuatro leyes e iba a ser la vedete del carnaval, que sigan esperando, no me interesa”.

Abdala: “El gobierno tiene la necesidad de publicar cosas porque se instaló que no termina de definirse” Desde la oposición, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala fue uno de los que tuvieron una voz crítica contra esta publicación del Ejecutivo. En diálogo con la diaria, el legislador de la oposición comentó que son “medidas bastante inexpresivas” que “dan la impresión de que el gobierno tiene la necesidad de publicar cosas en función de lo que notoriamente se ha instalado: que el gobierno no termina de definirse”, dijo.

“Ya no se trata de medir en resultados, sino que no aparece con nitidez la orientación de la política pública. No se le puede exigir al gobierno que en estos 100 días tenga resultados concretos, lo que sí no se advierte es hacia dónde va el gobierno”, cuestionó.

Para Abdala, esta comunicación del gobierno “termina de confirmar” la visión opositora. En ese sentido, dijo que existe “una sensación de insuficiencia” y de “vacío”. “No es que no se hagan cosas, porque los gobiernos administran y gobiernan. Medidas se toman, como la de las vacunas del meningococo; ahora, gobernar es tener políticas de corto, mediano y largo plazo”, añadió.

Abdala también dijo que el gobierno “no nutre” la agenda legislativa. “Por supuesto que son los primeros 100 días, pero el tiempo que pasa no se recupera y las oportunidades se van perdiendo”, sentenció.

Dólar vs. consumo: el dilema de la próxima elección y el informe que incomoda al Gobierno

En el Gobierno respiran aliviados. Creen que lograron "domar" la inflación en abril, cuando se esperaba un espiral inflacionario después de la devaluación, la salida del cepo y el acuerdo con el FMI. La mayoría de las consultoras privadas dicen que en la segunda parte del mes los precios se plancharon. Punto para el Gobierno. Milei dice que incluso podría estar por debajo del 3,7% de marzo.

El dato es clave: se va a conocer el 14 de mayo -apenas cuatro días antes de las elecciones porteñas- y va a ser decisivo para el resultado final. Nadie entiende bien qué se vota, pero va a ser importante para empezar a armar el mapa electoral de octubre.

Los tres clivajes de mayo En ciencia política se habla de “clivajes”, que es el tema o la polémica que divide a una sociedad antes de una elección.

La hipótesis del Gobierno es que existe un primer clivaje en la ciudadanía porteña que es “kirchnerismo vs. antikirchnerismo”. La pelea entonces es por este segundo electorado, que no quiere que Cristina vuelva nunca más. Ahí está la disputa entre La Libertad Avanza y el PRO de Mauricio Macri.

El segundo clivaje es “Milei o antimilei”. En la lectura del Gobierno, este debate hoy es menor en CABA. Los que están absolutamente en contra de Milei van a votar por Santoro o por alguna de las otras opciones opositoras, incluyendo a Larreta.

El tercer clivaje es al que apuesta el PRO: “Motosierra sí o motosierra no”. Es una diferencia sutil respecto al anterior. Hay un sector del electorado porteño, más refinado, que entiende que Milei está haciendo las reformas que hay que hacer en la economía, pero que no cree que ese modelo tenga que implementarse en la Ciudad. Una cosa –dice esta hipótesis– es ordenar la macro a nivel nacional y otra desguazar un Estado que funciona, como el porteño.

Planteado este esquema conceptual, la ecuación es básica:

Si el dólar está contenido y la inflación se mantiene a raya, aumentan las chances de La Libertad Avanza de hacer un buen papel y captar parte del electorado antikirchnerista, que quiere darle una chance más a Milei, aunque ahora se voten legisladores porteños.

Si el dólar y la inflación se disparan, el propio electorado que mira con simpatía a Milei va a descreer de sus recetas y va a buscar otras opciones para mandar un mensaje nacional.

Las elecciones porteñas, la estrategia del PRO y la confianza en el Gobierno En todos los escenarios planteados, hoy está primero en las encuestas Leandro Santoro, el candidato kirchnerista que pone logo verde para ocultar su cercanía a Cristina, a ver si agarra algún votito extra antiK. La pelea en la "centroderecha" es ver quién sale segundo.

El PRO necesita que más gente vaya a votar. Hoy es una elección fría. Por eso en los próximos días se va a incentivar una campaña de educación cívica para explicar qué y cómo se vota. Va a ser un sistema inédito con urnas electrónicas y boleta única. Seguramente haya confusiones.

En el PRO creen que los que están fanatizados de un lado y del otro de la nueva grieta (Milei-kirchnerismo) van a ir a votar seguro. Por eso, la clave es apuntar al “vecino” que puede estar contento con la gestión del PRO y para quien cualquier cambio disruptivo supondría una amenaza. Para ellos, cuanto más gente vote, mejor.

El Gobierno cayó en las encuestas en abril. Esta semana se conoció el índice de confianza en el Gobierno que publica mensualmente la Universidad Di Tella: dio 2,33 puntos y cayó 3,7% respecto del mes anterior y es 10,7% más bajo que lo que tenía Mauricio Macri a la misma altura de gestión. El piso de confianza de la gestión Milei fue en septiembre del año pasado (2,16 puntos). Las subas y bajas están directamente relacionadas con los vaivenes de la inflación.

Claro que esta medición se hizo entre el 3 y el 11 de abril, cuando los precios escalaban por los persistentes rumores de devaluación. El Gobierno presionó sutilmente a las empresas y finalmente los precios cedieron. Para mayo se prepara una nueva estrategia de descenso de precios: las naftas bajaron un 4% y eso probablemente tire para abajo los índices. También podría haber novedades con trenes y colectivos. La nueva baja del Gabinete

En las últimas horas, se conoció la salida del Gobierno de Franco Mogetta, secretario de Transporte. Hubo muchas versiones al respecto. Una es que estaba cediendo al pedido de las empresas de dictar aumentos que eran resistidos por otras áreas del Gobierno; otra, que se oponía a las fusiones en el área que está impulsando Federico Sturzenegger. Formalmente, dijeron que “probablemente” sea candidato en Córdoba y que va a tener que ocupar su tiempo en eso. Un pedido de dedicación plena que no le exigieron a Manuel Adorni para ser candidato en la Ciudad. Faltan años para la campaña nacional.

Ya son 139 los funcionarios que se fueron desde que inició el mandato de Milei, según un relevamiento que hace el politólogo Pablo Salinas: un promedio de 3,7 desplazamientos por semana. El 30% fueron en el Ministerio de Economía.

La elección en CABA va a alinear las expectativas. Y va a servir como primer ordenador de las listas en la Provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza y el PRO seguramente sí vayan juntos de alguna manera. Con el resultado puesto en Ciudad va a ser más fácil ordenar Provincia y las candidaturas nacionales. La gran duda para medir cómo sigue este proyecto político libertario es si la gente está mejor o peor.

El dilema del bolsillo

Bajar la inflación es una condición necesaria para todos. Nadie puede estar en contra de eso. Los que tienen sus ingresos atados al salario formal y que venían de sueldos altos previo a la llegada de Milei pueden percibir una cierta estabilidad tranquilizadora. También en algunos sectores cuentapropistas. Otros están más complicados, incluyendo a los jubilados que –en su mayoría– no votan a Milei.

El economista Nadin Argañaraz publicó esta semana dos informes que muestran la evolución de los salarios y jubilaciones durante la gestión Milei con datos sorprendentes. Hasta febrero, los sueldos formales crecieron 13,4% real comparado con el mismo mes del año anterior; los públicos, 7,4%; y los no registrados, 77,2%. Sería un datazo para el Gobierno, que puede mostrar que los ingresos le ganan a la inflación, especialmente los no registrados. El problema es que ese dato solamente muestra una foto y no la película.

Mirá la evolución de los salarios con este gráfico de Argañaraz: “Los salarios reales del sector privado formal están prácticamente en igual nivel, situación que sostuvieron en los últimos cinco meses. Por el contrario, los salarios reales del sector público están un 15% abajo”, dice el informe.

Lo que se ve es que si bien los salarios privados recuperaron lo perdido desde noviembre de 2023, están completamente estancados desde hace meses. Y la plata ya no alcanzaba cuando asumió Milei.

En enero de 2025, un salario real privado formal estuvo un 19% abajo del salario promedio de 2017 y el salario real público estuvo un 35% abajo del salario real promedio del año 2017, analiza Argañaraz. La tendencia muestra de que lo perdido en estos años difícilmente se recupere, si las cosas siguen así. El crecimiento no es como pedo de buzo.

El tema le pega más a los que menos ganan. Un informe del centro de estudios IIEP de la UBA marca que el Salario Mínimo Vital y Móvil sigue cayendo. En el último año, cayó 31% en términos reales y está en valores de 2001. Está apenas en $296.832, casi la mitad de la línea de indigencia. El salario mínimo es una referencia para el resto del mercado. Esta semana hubo una reunión para intentar levantarlo un poco, pero fracasó.

Algo parecido pasó con las jubilaciones, según confirma el otro informe de Nadin Argañaraz. Se recuperaron desde febrero de 2024, que habían tocado su piso. Pero siguen un 42% debajo de lo que cobraban en 2017. Y la nueva fórmula que indexa por inflación hace que nunca se vayan a recuperar esos 40 puntos.

En el caso de las jubilaciones mínimas, esas caídas se vieron amortiguadas por los bonos que se fueron dando. Pero están un 28% debajo de 2017 y la tendencia a futuro es todavía peor: el bono está congelado en $70.000 desde el año pasado y por eso, los que cobran sufrieron una caída real del 5,4% en sus haberes respecto al mes anterior.

En Uruguay Gobierno estudia medidas por los precios en la frontera

 Fuente El Pais

Luis Lacalle Pou y Azucena Arbeleche. Foto: Archivo El País. 

El problema no es nuevo y los reclamos tampoco, pero los comerciantes de los departamentos del litoral vieron ayer con expectativa la reunión que mantuvo el presidente Luis Lacalle Pou con la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche. 

Porque la situación económica de los empresarios -que compiten contra el contrabando y los precios mucho más bajos de Argentina producto de la abismal diferencia cambiaria- es de “urgencia” y empeora día a día, según reconocieron a El País. 

 El encuentro -que tuvo lugar luego de un mano a mano entre Lacalle y el intendente de Río Negro (ver aparte)- fue uno de los tantos que mantiene el primer mandatario con la titular del MEF por diversos temas de gestión, pero este en especial tenía un asunto particular, tal como lo adelantó el propio Lacalle el miércoles pasado, durante una gira por el interior.

 “Somos conscientes de la situación de Salto y Paysandú; de muchos lugares, pero sobre todo de Salto y Paysandú”, había contestado el presidente a la pregunta sobre “políticas de frontera” y las “medidas” sobre el desequilibrio de precios que hay en especial con el país vecino.

 “Hemos estado reunidos con la presidenta del Centro Comercial de Salto y con las autoridades... Lamentablemente -dijo Lacalle-, tenemos un vecino que tiene una determinada situación económica, y eso genera precios irrisorios con respecto al costo de algunos productos en Uruguay”.

 “Estamos trabajando para poder abaratarlos, no solo en la frontera, sino en todo el país”, siguió Lacalle, que de todos modos advirtió: “Lo que es seguro es que no vamos a alcanzar los precios que tiene en este momento la República Argentina”. 

 La presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto con la que el jefe de Estado se reunió días atrás es Vera Facchín, quien afirmó a El País que asimilaba como una evidente “buena noticia” que el gobierno trabaje en dar solución al problema, que hoy puede sintetizarse en la mayor diferencia cambiaria con Argentina en los últimos 40 años. “Hoy la urgencia está instalada y valoramos que el Ejecutivo ponga el tema en agenda y estudie medidas concretas, porque realmente hay que encontrar una salida para las empresas”, afirmó la empresaria. 

 En el centro salteño son conscientes del aumento en seis puntos porcentuales de la reducción del Imesi para la venta de nafta en la frontera, lo que permite alcanzar un descuento del 30% de este impuesto. Sin embargo, los comerciantes piden que se dé tratamiento a todos los proyectos de ley que buscan dar solución al tema y están a estudio en el Senado, pero también, a sabiendas de que el trámite parlamentario es casi siempre lento por definición, ofrecen una “alternativa” que puede ser “rápidamente implementada”.

 La propuesta es recurrir a la aplicación Tuapp del Banco República y, a través de esta herramienta, lograr que los usuarios fronterizos accedan a “descuentos del IVA en diferentes productos y complementarlos con rebajas en los distintos sectores de distribución”, según define el centro que hoy conduce Facchín en un comunicado distribuido en las últimas horas.

 “En el caso de los combustibles puede analizarse la sustitución de las exoneraciones impositivas a este medio de pago a fin de dar solución al reclamo arancelario de los estacioneros, dirigir al público objetivo el beneficio y evitar así el corrimiento de la frontera hacia localidades vecinas”, agrega el texto, cuya propuesta también se incluyó en una minuta de comunicación dirigida al Poder Ejecutivo que la cámara alta aprobó el 16 de agosto, por iniciativa del senador colorado Germán Coutinho. 

 Juan Martín Della Corte, directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, es más escéptico con las expectativas de su colega, y el diagnóstico que hace de la situación económica es algo más grave, porque dice que la crisis “es muy grande”. 

“En el sentido de que se viene acrecentando la dificultad de las empresas para sostener el empleo, porque siguen bajando muchísimo las ventas por la baja del consumo”, ejemplificó el comerciante. “Hace unos meses que nos reunimos con el gobierno por última vez y, si bien hay un compromiso por trabajar, no tenemos información todavía de que se vayan a implementar nuevas medidas”, dijo también Della Corte. 

 Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Juan Carlos Lestido, declaró a El País que esta semana viajará al este para encontrarse con comerciantes de Rocha y Chui -entre otros lugares-, para recoger insumos y enviar luego un documento con propuestas al gobierno. “Ya hemos tenido reuniones con los centros comerciales (del litoral), pero recién estamos estudiando las ideas.

 Aún no tenemos nada en concreto”, concluyó el empresario. Abren licitación en Río Negro El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, declaró ayer en rueda de prensa luego de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou en la residencia de Suárez y Reyes, que su comuna llamó a licitación para comenzar a remodelar el Paso de Frontera del Puente San Martín, y que ya hay interesados.

 Las obras incluirán la construcción de un free shop, además de infraestructura turísticas, y una plataforma para los camiones de carga que se ubicará a un costado de la boca del puente. Hasta ahora, según dijo Lafluf a El País, se presentaron al llamado cuatro compañías.

 Por otro lado, el intendente también anunció que se prevé para 2025 la apertura en Paraguay de una planta de celulosa con una capacidad de 1.800.000 toneladas, que a criterio del jerarca comunal es una oportunidad económica para Uruguay. 

Y, en ese sentido, dijo que ya se ha ofrecido “ hace bastante (tiempo)” el puerto de Fray Bentos para la salida de esa mercadería. Al momento, sostuvo, hubo autoridades de Paraguay que visitaron el país en tres oportunidades para “evaluar los posibles puertos que podría haber”. 

Y adelantó que acudirá próximamente a ese emprendimiento con el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, en el marco de un encuentro de bancos que financian el proyecto guaraní.

 Congreso de intendentes evaluará la situación Las dificultades económicas que atraviesan los comerciantes del litoral es un problema que, en ocasiones, toma estado nacional, y tanto los legisladores como los intendentes de los departamentos afectados llevan el asunto a altas esferas para buscar soluciones.

 El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, dijo a El País en ese sentido que en la próxima sesión del Congreso de Intendentes, que será este jueves, en Artigas, “este será un tema que seguramente vaya a estar” arriba de la mesa.

Temas relacionados Precios en la frontera Luis Lacalle Pou Luis Lacalle Pou y Azucena Arbeleche. Foto: Archivo El País. UN DESAFÍO El gobierno estudia medidas por los precios en la frontera Política Evento de la inauguración del Campeón del Siglo. Foto: Fernando Ponzetto. 

Las repercusiones en las redes tras la decisión del Gobierno de comprar 10 mil penes de madera para promover la educación sexual

 

Desde periodistas como Úrsula Vargues, hasta ex funcionarios como Juan José Gómez Centurión, se manifestaron en contra y a favor de la medida

La decisión del Ministerio de Salud de la Nación de convocar a una licitación pública para la adquisición de penes de madera y otros elementos que serán utilizados para promover la educación sexual, generó gran repercusión en las redes y cientos de usuarios se expresaron sobre el tema. 

 Desde periodistas hasta ex funcionarios, varias personalidades del país criticaron o defendieron la medida con comentarios irónicos, chistes y propuestas sobre cómo se pudieron haber utilizado los 13 millones de pesos que el Gobierno invertirá en estos materiales. Una de las primeras en dar su opinión del asunto fue la conductora televisiva Úrsula Vargues, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Les molesta los penes de madera porque se mantienen duros.

 Prefieren las bananas o los pepinos, que se pudren como los de ellos”. La periodista le respondió a algunos usuarios que la cuestionaron por esas declaraciones y, unas horas más tarde, dio por cerrada la polémica al comentar que se iba a ver ”una serie” y opinando que “el minúsculo grupito hegemónico está desnudo”. “Perdón. Ya sé q me iba. Pero me estoy cagando de risa con las cuentas que dicen que una banana o un pepino son iguales a su pene. ¡Perdón!”, agregó más tarde. 

 Vargues criticó de esta forma a quienes proponen utilizar este tipo de alimentos para promover la educación sexual, en lugar de los penes de madera. Uno de los que apoyó esta alternativa fue el ex candidato presidencial Juan José Gómez Centurión. “El Ministerios de Salud compró 10.000 penes de madera para usar como material didáctico. Interesante.. Por el precio de 10.000 penes podrían comprar 1 millón de pepinos que cumplen la misma función y además ayudan a las economías regionales”, comentó quien también fue director de la Aduana. 

 Otra de las figuras del espectáculo que se expresó al respecto fue Horacio Cabak, quien lamentó que sea el “año 2021″ y y se enseñe “educación sexual con un pene de madera”, mientras que la modelo Anamá Ferreira preguntó si la noticia era “verdad o chiste”. Por su parte, la panelista del programa Los Ángeles de la Mañana Connie Ansaldi, comentó: “Necesito urgente una explicación. Y ¿qué pasó con la vieja y querida banana? ¿Con el pepino, la berenjena, el salero….? (Para todos los gustos les dejé)”.

 También se expresó el periodista Eduardo Feinmann, quien se mostró irónico al señalar que “el Estado te cuida” y “lo importante es la salud”. Lo mismo hizo el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias. Sostuvo que “los ‘llorapines’ ahora son ‘llorapenes’”. Según el llamado a licitación, además de los penes de madera el Ministerio de Salud va a comprar dispensers de preservativos y maletines para utilizarlos como materiales de promoción para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

 Se trata de elementos que formarán parte de una campaña de difusión y prevención que se verá en sedes públicas, en especial vinculadas a la salud. Se autorizó la adquisición de esos productos por un monto estimado de 13 millones de pesos. 

 De acuerdo con lo que se informó en el expediente oficial que autoriza la convocatoria de la licitación pública, los productos se comprarán para ser distribuidos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), regiones sanitarias, programas provinciales, municipales, es decir, en establecimientos públicos, principalmente vinculados a la salud, de todo el país, y serán destinados “a la población en general y al personal de salud”.

Grupos afines al Gobierno toman las calles para acallar la protesta en Cuba

 

El Ejecutivo informa de la muerte de un manifestante en La Habana durante las movilizaciones del lunes

Dos mensajes divulgados este martes en Twitter por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reflejan la tensión que vive la isla tras las inéditas protestas del domingo.

 El primero dice: “La revolución cubana no va a poner la otra mejilla a quienes la atacan en espacios virtuales y reales. Evitaremos la violencia revolucionaria, pero reprimiremos la violencia contrarrevolucionaria. Quien ataca a los agentes del orden, ataca al país”. En el segundo afirma: “La contrarrevolución sueña con una guerra entre cubanos”, y añade: “No vamos a darles el gusto”. En horas de la tarde, las autoridades dieron a conocer que el lunes se produjeron nuevas protestas y disturbios en el barrio habanero de Arroyo de Naranjo durante los cuales ocurrió un enfrentamiento entre policías y manifestantes, en el que resultó muerto un hombre de 36 años llamado Diubis Laurencio Tejeda. 

Según la versión de la agencia oficial ACN, hubo varios lesionados y detenidos cuando el grupo trató de dirigirse a una estación de la `policía “con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación”. No se precisa cómo ocurrió la muerte. Aunque las calles de la capital y de las principales ciudades del país amanecieron este martes de nuevo en calma —aunque con un fuerte despliegue policial—, las manifestaciones que el 11 de julio sacudieron diferentes ciudades y pueblos del país se han instalado ya en el imaginario colectivo, hasta el punto de marcar un antes y un después.

 Desde el lunes, tras el llamamiento del Gobierno, numerosos grupos de afines han tomado parques y espacios públicos para escenificar su adhesión a la revolución. En el Capitolio Nacional, junto al parque de la fraternidad, donde el domingo se registraron los disturbios más importantes, se reunió más de un centenar de personas al grito de ¡Viva Fidel!, a modo de desagravio por lo sucedido la víspera. 

Según la versión de ACN, en Arroyo de Naranjo “grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales” alteraron el orden, quemaron contenedores, “vandalizaron viviendas” y “agredieron con armas blancas, piedras y objetos contundentes a los agentes y civiles en el lugar”. En los incidentes varias personas resultaron lesionadas, “incluyendo agentes de la autoridad”, y fueron detenidos varios manifestantes. 

Tras los disturbios, salieron grupos de leales armados con palos y bates, como sucedió durante el Maleconazo, la protesta ocurrida el 5 de agosto de 1994 que desembocó en la crisis de los balseros. Manifestantes en contra el Gobierno de Cuba, en La Habana. ¿Qué está pasando en Cuba? Las claves para entender las protestas contra el Gobierno Detenida la ‘youtuber’ Dina Stars por la policía cubana en medio de una entrevista en vivo En aquella ocasión los disturbios del Malecón no fueron a más, salieron a la calle los llamados “destacamentos de respuesta rápida” e impusieron el orden a golpes, y luego más de 30.000 cubanos se lanzaron al mar. 

Sin que de momento se haya producido ese desenlace, las protestas del domingo no tienen precedentes, tanto por su tamaño y dispersión como por la gran repercusión que tuvieron gracias al altavoz de Facebook, Instagram y WhatsApp, que el Gobierno de La Habana considera gasolina incendiaria en estos momentos. Uno de los efectos más claros es que desde el domingo por la noche es casi imposible conectarse a internet a través del teléfono móvil.

 El impacto de lo sucedido ha sido grande en el país. Y si en la calle, en las casas y en los centros de trabajo estos días no se habla de otra cosa, ocurre igual en las jerarquías políticas. Un ejemplo de hasta qué punto las autoridades se han tomado en serio las manifestaciones es la reunión realizada en la tarde del domingo por el Buró Político del Partido Comunista Cubano, a la que asistió Raúl Castro, aunque el expresidente ya no forma parte de ese organismo. 

“Durante el encuentro, se analizaron las provocaciones orquestadas por elementos contrarrevolucionarios, organizados y financiados desde Estados Unidos con propósitos desestabilizadores”, aseguró una nota de prensa publicada este martes por el diario oficial Granma. El texto indicaba que en la sesión se abordó “además la ejemplar respuesta del pueblo al llamado del compañero Díaz-Canel a defender la Revolución en las calles, lo que permitió derrotar las acciones subversivas”. Tanto en el Maleconazo como en las últimas protestas, el trasfondo es el mismo: el gran descontento popular por las penurias económicas y la crisis que atraviesa el país, que ha provocado un grave desabastecimiento y colas de horas para comprar artículos de primera necesidad, escasez de medicinas y de todo tipo de víveres, el regreso de los apagones debido a roturas en varias termoeléctricas, y una situación agravada todavía más por el peor brote de la epidemia de coronavirus —este martes se volvieron a superar los 5.000 casos—, que ha puesto al sistema sanitario cubano contra las cuerdas. 

Y esas condiciones no van a mejorar a corto plazo. El Gobierno cubano admite el malestar ciudadano, pero acusa a EE UU de estar detrás de lo ocurrido y de la manipulación de las redes sociales para favorecer la desestabilización del país. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo que lo sucedido el domingo en Cuba no fue “un estallido social; hubo disturbios, desorden. Incluso la prensa internacional reconoce que hubo acciones de violencia en los disturbios, pero no el estallido social por el cual el Gobierno estadounidense ha estado trabajando, de manera oculta o más públicamente en los últimos tiempos”. La tensión es palpable en los discursos y en las redes sociales, la polarización es cada vez mayor. 

Desde el lunes empezaron a ser liberados decenas de jóvenes que habían sido arrestados la víspera, pero no se sabe cuántas personas continúan detenidas. Un cálculo de la agencia France Presse las cifra en 130. El dramaturgo Yunior García, uno de los activistas del llamado 27N, que fue arrestado a las puertas del Instituto Cubano de Radio y Televisión, escribió nada más ser puesto en libertad: “En los múltiples interrogatorios que vivimos quedó claro que nadie desde fuera nos orientó a salir a la calle, que absolutamente nadie nos pagó un centavo por hacer lo que hicimos.

 Pero también dejamos clarísima nuestra posición y nuestras ideas de cambio, en un país que no frena su caída al barranco, con una aguda crisis sanitaria, sin medicamentos ni comida, con una inflación galopante, una deuda impagable, tiendas en moneda extranjera que se expanden como pulpos, un país que se llena de hoteles mientras el fondo habitacional sufre un perenne peligro de derrumbe y los hospitales no dan abasto. Un pueblo donde crece el descontento, el desabastecimiento crónico, los apagones, los presos de conciencia”.

Un día va a venir el Gobierno a anunciar que anula la propiedad privada porque “lo dijo el Papa” y listo

 

La periodista y conductora hizo un comentario sobre el último discurso de Jorge Bergoglio, las políticas del kirchnerismo y las internas en Juntos por el Cambio en el marco del proceso electoral

Un día de estos viene el Gobierno y anuncia que anula la propiedad privada para siempre porque lo dijo el Papa y listo. Porque según el Papa Francisco, la propiedad privada es “un derecho secundario”. Y sanseacabó. Por eso, y ya que la cuestión sanitaria también está complicada, les digo, amigos, que es mejor curarse en salud y tratar de volver a las fuentes. Recordar que todavía no llegamos a la fase de teocracia y, por lo tanto, “al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. 

 La separación de la Iglesia y del Estado es uno de los hitos de la modernidad mas allá de que la modernidad le resulte bastante ajena al ideario de las actuales autoridades de Argentina. Después de todo, lo que le deben envidiar al Papa es la monarquía absoluta del Vaticano. ¿Quién iba a discutir lo de avanzar sobre la salud privada en una monarquía absoluta? Nadie. Expropian las prepagas y le rezás a Máximo Kirchner en tu salud y en tu enfermedad. Que la ironía nos salve, ¿no? Ojalá todo esto fuera sólo una crónica desopilante de las noches radiales. 

 La realidad es que en esto hay que decir que el Presidente se le adelantó al Papa en avanzar de palabra y más de una vez contra los derechos a la propiedad desde Vicentin para acá, agregando en estos días la irresponsabilidad de que al decirlo una autoridad de la Nación cuando se refiere a terrenos, no puede desconocer que el efecto puede ser alentar ocupaciones o usurpaciones. Y, lamentablemente, la forma en que se maneja el Gobierno abre estos interrogantes. 

 El problema con las reformas con las que suele sorprender el kirchnerismo es que siempre aparecen como eso que en el mundo de los negocios llaman una “hostile bid”, una toma de posesión hostil pero sin siquiera las reglas del mercado. Acá se trata de manotear la caja. Y si la Constitución dice lo contrario, avanzar igual hasta dónde se llegue. Si se buscara reformas consensuadas y serias, se acudiría al Congreso en vez de buscar comerse como un Pac-man a las empresas que dependen de alguna regulación y a las otras, si se puede, también.

 Porque eso hacen. Buscan comerse como un Pac-man a las empresas que dependen de alguna regulación para empezar. Ahí es cuando los empresarios, que uno muchas veces ve que aplauden para dónde sale el sol, también recuerdan de pronto la importancia de defender los derechos y la democracia. Mientras tanto, eso es cosa de alguna oposición, de los periodistas y, sobre todo, de los ciudadanos. Pero más vale tarde que nunca, ¿no? Unas líneas sobre la oposición que, por momentos, parece no darse cuenta que estas elecciones pueden ser una frontera. 

No digo todos los dirigentes de la oposición. Pero sí unos cuantos. Si en la Capital ganan caminando, ¿no debería estar viendo como hacer una elección competitiva en la Provincia de Buenos Aires en vez de sacarle el cuerpo o de mandar de paracaidista a otro porteño? El número de bancas en el Congreso hoy es el único límite para las reformas que terminen con la república y que son la intención explícita del kirchnerismo. 

Como terminar con la Justicia como un poder independiente. Y la oposición increíblemente está jugando a definir ahora la presidencial. ¿No se dan cuenta que si no hay 2021 no hay 2023? o Seguramente la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal puede hacer una gran elección en Capital. ¿Pero no será acaso la mejor candidata para la Provincia que ella misma prometió no abandonar? Es que Horacio Rodríguez Larreta no quiere que gane Patricia Bullrich, dicen algunos, porque quiere ser Presidente. 

Y es que María Eugenia también quiere ser Presidente, dicen otros. Y es que Patricia también quiere ser Presidente. Y Mauricio Macri, que ve caer la imagen de Cristina, dice si a ella la perdonaron a mí también y quiere ser Presidente. Es muy sana e importante la ambición política. Pero sean serios. Los ciudadanos ven todo.

 Y si no pregúntenle a Héctor “Toty” Flores, que se va a postular como concejal para luego ser candidato a intendente en La Matanza porque entendió todo: el que gana La Matanza puede ganar el país. En una última nota, ¿en qué gobierno vive Sergio Massa? Ayer dijo, desde los Estados Unidos: “No podemos tolerar presos políticos en Nicaragua”. 

Y también intentó tender puentes con la comunidad judía. Anda queriendo parecer distinto al kirchnerismo. Massa hace mímicas para que algunos olviden lo que no condena en los organismos internacionales el Gobierno que él ayudó a llegar al poder. Como dicen ahora, digamos todo. *Editorial de Cristina Pérez en su programa Confesiones en la noche por radio Mitre

El Gobierno ve con preocupación el aumento de protestas y las vincula con intenciones electorales de varios sectores

 

Los movimientos sociales, la Izquierda y grupos autoconvocados ponen en jaque el manejo de la calle. Aunque buscan contenerlos con planes y mayores erogaciones de fondos, acusan motivos políticos detrás de las marchas

Por Brenda Struminger 17 de Junio de 2021 bstruminger@infobae.com Mientras aflojan las restricciones a la circulación a partir de la merma de casos de coronavirus, el flanco de “la calle”, que se mantuvo bajo control el último mes, vuelve a imponerse entre las preocupaciones del Gobierno. 

Nuevas manifestaciones surgieron con fuerza la semana pasada, y para mañana se espera una gran protesta de movimientos sociales críticos del oficialismo y de la izquierda, que se organizaron a pesar de los aumentos en las erogaciones sociales de parte del Ministerio de Desarrollo Social. En la Casa Rosada sospechan de las “intenciones políticas” detrás de las marchas y apuntan a grupos “chicos”, a la izquierda, y a Libres del Sur, por la alianza con el espacio peronista opositor de Florencio Randazzo. 

 El viernes de la semana pasada, una manifestación impulsada por el Plenario del Sindicalismo Combativo, agrupamiento gremial afín al Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), provocó un conflicto en el Puente Pueyrredón que derivó en incidentes. Mientras que grupos de izquierda hicieron colapsar el centro porteño cuando llegaron de a miles con bombos y altoparlantes hasta la Plaza de Mayo. Una semana después, se esperan nuevas movilizaciones, que según pudo saber Infobae, fueron gestadas en el bloque piquetero. “Casi 20 meses de Gobierno y sigue creciendo la pobreza. 

En el sexto mes del año, segundo año del mandato de Alberto Fernández, han quedado más claro que nunca sus prioridades”, reza el comunicado del Polo Obrero con la convocatoria a cortes y movilizaciones de mañana. “Nos están complicando los grupos chicos, con los que hay poco diálogo porque no están organizados. También la izquierda, y sobre todo, Libres del Sur, que sí son grandes y acaban de pactar con (Florencio) Randazzo”, dijo un hombre cercano al Presidente. 

Se refirió así al acuerdo que cerraron semanas atrás la organización que conduce Humberto Tumini -y que tiene alta fuerza de movilización- con el ex ministro de Transporte y eventual candidato a diputado, que busca disputarle poder al Frente de Todos en la Provincia. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, anunciaron ayer un bono de 6000 pesos para los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo; hace un mes aumentaron los montos de la Tarjeta Alimentar, y aseguran que la cantidad de personas que asisten a comedores comunitarios se mantiene estable, en 10 millones de personas.

 “Tenemos diálogo permanente con todos, y consideramos que algunos reclamos tienen sentido, pero hay que cuidarnos y ser cuidadosos en este contexto de pandemia”, dijo una alta fuente de Desarrollo Social, en referencia a los contagios en las marchas. En Libres del Sur y la izquierda aseguran que esas erogaciones son insuficientes, despotrican contra la tarjeta Alimentar, y piden más planes y mayores montos. A diferencia del diagnóstico en el ministerio de Arroyo, aseguran que la situación social empeoró en las últimas semanas. “Lo que otorgan no es suficiente, la gente está cada vez peor en los barrios y muchos se cayeron de clase social”, dicen cerca de Tumini, donde bregan por la reinstauración del Ingreso Federal de Emergencia (IFE) que el Gobierno implementó el año pasado y que llegó a alcanzar a 8 millones de personas. En la Nación insisten hace meses en que esos reclamos no son viables y están firmes en que no se volverá al IFE. Aseguran que hubo respuestas a las necesidades sociales a través de los aumentos en la Asignación Universal por Hijo y el incremento y la ampliación del Plan Potenciar Trabajo, además de la ampliación del Repro2, entre otros programas.

 De todas formas, según pudo saber Infobae, se evalúa la implementación de una nueva política de asistencia social, que podría tomar la forma de un “salario universal” o “ingreso universal”, para contener a los sectores medios bajos y bajos. En el Gobierno hay voces, especialmente del ala kirchnerista, que indican que los programas basados en la entrega de alimentos no son suficientes y que a veces pueden resultar contraproducentes.

 “Hay un sector que está necesitado, pero no está acostumbrado a recibir comida, y la ve como una derrota. Estamos buscando otras forma de darles una respuesta”, dijeron las fuentes. El plan de implementar un salario universal había sonado con fuerza en Balcarce 50 a mediados del año pasado, pero finalmente fue descartado por la inversión que representaba en un contexto de ajuste fiscal. Ahora, con la versatilidad que se introdujo en las cuentas públicas, vuelve a tomar protagonismo, y se transforma en una opción viable. 

La medida había sido propuesta desde distintos sectores del Frente de Todos. Uno de ellos fue el Movimiento de Trabajadores Excluidos, de Juan Grabois y otro Camino Popular, del director del Banco Nación, Claudio Lozano. Ahora podría lanzarse, aunque los detalles aún son una incógnita. Problemas paralelos Mientras tanto, otro tipo de movilizaciones complican al Gobierno: las de los grupos anticuarentena -se vieron con preocupación las que tuvieron lugar en Córdoba el último feriado-, y las de sectores empresarios y agropecuarios que se manifiestan de manera puntual en las visitas del Presidente a las provincias. El martes hubo una marcha del sector ganadero en Pergamino, a donde tenía planeado ir Alberto Fernández junto a su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. A último momento, el primer mandatario canceló su visita. En su entorno aseguraron que no fue por la protesta sino por motivos de “agenda” en la Casa Rosada. Al día siguiente, miércoles, en Salta, empresarios gastronómicos y ciudadanos autoconvocados, enojados por el freno de sus actividades, salieron con cacerolas y bocinazos a rechazar la visita del Presidente, que había llegado para participar de la vigilia por el 200 aniversario de la muerte del general Martín Guemes. 

 Hace más de un mes funciona en la Casa Rosada una “mesa de crisis” interministerial creada para coordinar esfuerzos entre los ministerios de Seguridad, Defensa, Desarrollo Social, la jefatura de Gabinete, y referentes sociales afines al Gobierno. Desde allí vienen siguiéndose de manera semanal estos episodios y pensándose formas para desactivarlos. Algunos fueron contenidos, pero siguen produciéndose focos de conflicto, en especial con la reactivación de la circulación, y en el marco de la crisis en el año electoral.

 El funcionamiento de esa mesa fue puesto en cuestionamiento en los últimos días por referentes del Gobierno. “Hay una cuestión de inteligencia, de poder cuidar al Presidente, de elegir a dónde va y de protegerlo que no está funcionando”, sostuvo un importante dirigente del entorno de Alberto Fernández. Y adelantó que se piensa en medidas para evitar “malos momentos” por protestas contra la gestión nacional que opacan las visitas presidenciales. El antecedente más grave ocurrió en marzo, con la apedreada que recibió la camioneta del jefe del Estado en Lago Puelo, en Chubut. Desde entonces hubo cambio en los protocolos de seguridad presidencial, pero en el oficialismo creen que durante la campaña deberán reforzarse los métodos de protección e inteligencia previa, en un contexto de irritabilidad política y social.

Ricardo Darín y su mirada sobre la actualidad argentina: “No estamos dando señales de seriedad y eso a futuro es un problema muy grave”

El actor pidió que la sociedad supere la grieta y mire “en una misma dirección para recuperar este país que es glorioso”. También se mostró sorprendido ante los polémicos dichos de Alberto Fernández sobre los orígenes de los mexicanos y los brasileños

El actor Ricardo Darín reflexionó este miércoles sobre la grave crisis social, económica y sanitaria que atraviesa la Argentina y lamentó que “se esté haciendo todo al revés a la hora de llamar a la inversión extranjera” ya que es lo que “va a terminar generando trabajo”. “No estamos dando garantías. No estamos dando señales de seriedad y eso a futuro es un problema muy grave. Necesitamos que la gente confíe en nosotros y venga a invertir”, planteó el actor.

En particular, al ser consultado sobre la situación del sector cultural, Darín explicó que tanto actores como productores y técnicos la están “pasando muy mal” porque “no están pudiendo cumplir con las necesidades mínimas”. Si bien aclaró que afortunadamente, dada su larga trayectoria, la crisis no lo afecta personalmente de manera tan aguda, sí se mostró preocupado por las “miles de familias que dependen de que la actividad continúe”. 

 “Sabemos que nuestro país tiene un problema muy grave que es la cantidad de gente que tiene trabajo muy por fuera de los registros, para esa gente debe ser mucho más difícil todavía”, analizó durante una entrevista con Jonatan Viale, por el canal LN+. En ese sentido, aseguró que “hay cosas que dan bronca”, como los dichos de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, quien aseguró que las dietas de los diputados “dan vergüenza”. 

 “No se puede decir en un país donde sabemos lo que pasó con nuestra moneda, donde sabemos lo que ocurre con los salarios, sabemos la lucha permanente que tiene la mayor parte de la población, no se puede decir que los diputados están cobrando mal. Eso es injusto y hay que decirlo. Si lo analiza con profundidad creo que tiene que arrepentirse”, afirmó Darín. Y agregó: “De la misma manera que quien dijo que no necesitamos más vacunas”, en referencia a las declaraciones de la diputada del Frente de Todos Mara Brawer, que consideró que la vacuna de Pfizer “tiene un montón de perjuicios”. Por otro lado, ante la pregunta de uno de los panelistas el actor afirmó que no es momento de compararse con ningún otro país y rogó que la sociedad logre afrontar la crisis “con una mirada común” para no caer en un “sálvese quien pueda”.

 “Uruguay es un país ejemplar en muchos sentidos, viví mucho allá. Ellos hicieron muy bien las cosas en un principio y después la situación se complicó. Pero no nos podemos comparar con Uruguay porque nosotros tenemos una arrogancia que ellos no tienen, ellos tienen pausa, nosotros no, somos más atropellados. Son más tolerantes”, reflexionó. Y agregó: “Esto no es un pataleo contra nadie. Propongo que dejemos de joder y miremos en una misma dirección para recuperar este país que es glorioso”.

 Finalmente, Darín se mostró anonadado por los dichos del presidente Alberto Fernández sobre los orígenes de los mexicanos, los brasileños y los argentinos. “No te puedo creer”, fue su primera reacción, ya que se enteró del episodio durante la entrevista. “¿Y eso lo dijo delante del presidente español?”, preguntó sin salir de su asombro. “Es muy complejo hablar en público, hay que tener mucho cuidado, están cometiendo desatinos imperdonables en algunos casos”, advirtió el actor, aunque destacó que, más allá de los dichos desafortunados, “hay otras cosas que son más graves”.

Bullrich: "El Gobierno es muy cruel con la gente que trabaja". Con Luis Majul

El gobierno argentino es como un cazador que vive al día y luego depreda las vacas del productor

 

Con las recientes medidas tomadas en contra del campo quedó en evidencia que lo único que le importa al Ejecutivo es la inmediatez. Resolver sus problemas hoy sin tener que planificar a futuro

El 2018 fue récord para las exportaciones de carne vacuna, pero hay alerta por el aumento de la faena de hembras y la baja del 2.4% en el consumo. Voy a referirme a las características culturales de los argentinos que nos han llevado al entuerto presente, con un cierre de exportaciones de carne que perjudica a los productores, y al país todo, y que no resolverá la inflación. 

Argentina era un país que tradicionalmente vivía del campo, cuya productividad la llevó a tener un poder enorme y a ser la quinta economía del mundo, con un PBI equivalente al de toda la América Latina sumada, antes de 1930. Era un país poderoso. Una potencia agroganadera. El agricultor es alguien muy diferente de un cazador. Un aborigen wichi, por ejemplo, que se dedica a la caza, la pesca y la recolección, vive en la inmediatez. 

Él no hace planes, sino estrategias de caza: sabe que hay pesca en enero en el Pilcomayo y se desplaza hasta allí para pescar. El cazador vive al día y no planifica. Si se la da por ejemplo una ayuda de $100, $1000 o $1.000.000, lo más probable es que lo gaste en lo inmediato, porque el mañana no existe en su horizonte de vida. La mentalidad del agricultor es completamente distinta. Planta y espera, por cuestiones biológicas y climáticas.

 Uno está en un lugar maravilloso donde la comida fluye de los árboles y el otro está en un lugar árido en el que necesita labrar la tierra para que ésta produzca. El agricultor planta, espera unos meses y, mientras tanto, tiene que trabajar para que la semilla no sea atacada, por ejemplo, comida por las aves; luego para que la planta, recién crecida y por lo tanto frágil, no sea atacada por otro yuyo... Y cuando llega el tiempo de la cosecha, además de recolectar y preparar el producto para su venta, debe separar semillas, una parte para vender y otra para el año siguiente. 

Esto significa que el agricultor que, a su vez posee una serie de vaquitas a las que hizo servir para tener un ternero que vender a los tres años, tiene una cabeza más ordenada que la del cazador porque piensa en el largo plazo. Da lo mismo que el hombre tenga 10000 hectáreas o media hectarea de porotos; la cultura es la misma. Por eso, cuando se discutió la resolución 125, todo el campo se levantó contra esa arbitrariedad y luchó unido, porque lo que se estaba atacando era una cultura común a todos los productores. 

Se atacó al productor que planifica y el gobierno se convirtió en un gobierno de cazadores al que solo le importa la inmediatez y ver cómo resuelve el hambre de hoy. A esto se lo llama ser fundamentalistas de la coyuntura. Es decir, cuando ya no tienen nada que cazar dentro del Estado, no les queda otro recurso que ir a robarles las vacas y las gallinas -como cazadores que son- a los que tienen vacas y gallinas, porque el cazador no sabe producir ni planear. Si el cazador tiene hambre porque no hay más liebres a la redonda, irá por las vacas ajenas.

 Esto es metafóricamente la síntesis de lo que estamos viviendo. La gente que trabaja para el Estado, ya sea nacional o provincial, vive de la caza. Por más que no trabajen, por más improductivos que sean, saben que van a cobrar de todos modos y que prácticamente están blindados contra los despidos. Luego vienen todos los beneficiarios de planes de la Argentina que también integran el grupo de cazadores y tampoco saben producir porque ya constituyen la tercera generación que nunca trabajó de modo regular. Por último, están los políticos que buscan perdurar en sus puestos para seguir gozando de privilegios, acomodar a su familia y premiar a la gente de su entorno con un trabajo en el Estado. 

 Los que vivían de la caza eran incluso más inteligentes que los políticos, porque sabían que de tanto en tanto debían desplazarse a otro hábitat, porque su actividad predadora iba agotando las posibles presas y un día ya no habría más animales que cazar. Sabían hasta qué punto podían presionar al medio ambiente, y viajaban para no quedarse sin alimento.

 Pero hoy, si a los aborígenes no se les da un plan, se mueren de hambre porque sus hijos nunca fueron a cazar con el padre, ni con el abuelo. No saben ni siquiera cómo capturar un conejo. Convertimos a los grupos que tenían cierta eficiencia para vivir en su entorno también en gente que va a vivir del Estado. Todas esas personas se han convertido en cazadores voraces que, para subsistir, lo único que les queda son las vacas del productor agropecuario.

Desde CAME señalan que los bancos también deberían poner el hombro

 

Pedro Cascales, Secretario de prensa, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), “Estamos viendo que las ayudas que ha dado el gobierno el año pasado han sido importantes, a través del ATP y por supuesto que en muchos caso han sido escasas, porque a muchas empresas le ha cubierto la mitad de lo que tenían que pagar de sueldo y ha habido caídas importantes. Sin embargo sin esas ayudas la situación hubiera sido mucho peor”.

 En cuanto lo implementado durante 2021 como medidas de auxilio para el sector, Cascales, señaló que “este año el gobierno viró el ATP por un programa llamado  que es bastante engorroso para muchos para acceder con lo cual creemos que debería volver el ATP. Además el REPRO tiene un tope de 20 mil pesos por trabajador y también está limitado a actividades de turismo, gastronomía y hotelería”. Según CAME la disminución promedio de las ventas en relación a 2019 es de casi el 25%, aunque mejor que en 2020, todavía los números son bajos. 

 “El gobierno también impulsó una batería de créditos, baratos frente a la inflación pero que siguen siendo de difícil acceso para la mitad de las PyMEs, ya sea por calificación crediticia o análisis de riesgo”, comentó Cascales, quien también aclaró que en “nosotros creemos en una situación de estancamiento, con inflación, sacar un crédito con pocas ventas puede generar un problema mayor”.

 Por último Cascales aclaró que lo que se propone es un esquema parecido al de 2020, cuando los saldos de tarjetas de créditos de los particulares se financiaron a 12 meses sin interés, pero este año para las pequeña y mediana empresa, «una refinanciación de pasivos bancarios y acá los bancos deberían poner el hombro fuerte para frenar esa acumulación de intereses sobre deudas que se hacen una bola de nieve».

Crisis de las clínicas privadas en Argentina en pleno azote de la pandemia info de europa

Centenares de camas vacías en las clínicas de Buenos Aires, en pleno azote de la pandemia. Mientras las muertes por COVID-19 alcanzan nuevos récords en Argentina, con 663 muertos este miércoles, unidades de cuidados intensivos como la de la clínica San Andrés de la capital permanecen silenciosas. Los monitores de los respiradores guardan sus envoltorios de fábrica, los armarios están llenos de medicamentos y jeringuillas sin usar...

 La clínica cerró sus puertas a principios de año, al morir su dueño. Sus herederos se desentendieron de sus 144 trabajadores, que ahora ocupan la clínica a la espera de que la justicia defina la sucesión. No entienden este desperdicio de recursos, cuando hay muchos hospitales desbordados. En el área metropolitana de Buenos Aires la ocupación de camas ronda el 90%. "Es una vergüenza que no nos den la posibilidad de poder abrir las puertas y poder ayudar en esta pandemia", dice Alicia Rey, jefa de servicios quirúrgicos y representante de los trabajadores en la clínica San Andrés. Pese a la necesidad de camas, las clínicas privadas luchan por sobrevivir. 

El coronavirus les ha dejado sin muchos enfermos con otras patologías y aseguran que pierden dinero con los pacientes COVID-19 porque el seguro gubernamental no cubre lo que cuesta atenderlos. Al menos nueve clínicas privadas han cerrado en el área del Gran Buenos Aires este último año, por problemas financieros. Los costes generales de los hospitales aumentaron un 36% el año pasado. Un paciente COVID-19 cuesta por día entre 700 y 1 000 euros, mientras que la ayuda del seguro estatal asciende al equivalente a 800 euros para toda su convalecencia.

Del enojo por la falta de apoyo al acuerdo para evitar la explosión de la segunda ola: la zigzagueante relación de Alberto Fernández con los gobernadores

 

Para tomar las nuevas medidas el Presidente convocó a los mandatarios, un paso que había evitado antes de la sanción del último decreto. La necesidad del consenso y el cambio de rumbo en las provincias

 Por Joaquín Mugica Díaz

Diecisiete días atrás Alberto Fernández estaba sentado frente a una cámara anunciando un paquete de medidas restrictivas que traía escondido en su interior la suspensión de las clases presenciales en el AMBA. Minutos antes les había confesado a Santiago Cafiero y Carla Vizzotti su voluntad de avanzar sobre las clases sin acordar la medida con Horacio Rodíguez Larreta. En ese instante dio pie a un conflicto. Fernández tomó aquellas medidas en soledad. No solo no habló con el jefe de gobierno porteño, sino que tampoco lo hizo con los gobernadores, sus fieles aliados a lo largo de la pandemia. La mayoría de ellos escuchó en la televisión que el Presidente los invitaba a adherirse a las medidas que había tomado para el AMBA. Se molestaron. Se sintieron ninguneados. 

Ni siquiera los habían llamado por teléfono antes del anuncio. Los gobernadores no se movieron ni un paso. En la Casa Rosada esperaban que replicaran las medidas. No sucedió. Y entonces, por los despachos oficiales, empezaron a hablar de la “irresponsabilidad” de los mandatarios y la falta de “perspectiva” para mirar más allá del momento en que se tomaron las medidas. La relación se tensó. Por lo bajo, en las sombras y sin chicanas públicas. Alberto Fernández junto a uno de los gobernadores más pesados del peronismo, el tucumano Juan Manzur (Presidencia) Alberto Fernández junto a uno de los gobernadores más pesados del peronismo, el tucumano Juan Manzur (Presidencia) El Presidente no tuvo apoyo político en aquella decisión.

 Los gobernadores no acataron su pedido. Rodríguez Larreta decidió ir a la Justicia para discutir la presencialidad en los colegios. Axel Kicillof cumplió a rajatabla el DNU. Incluso, hizo algunos ajustes más restrictivos en la provincia de Buenos Aires. Pero para enfrentar este nuevo esquema de medidas Fernández necesitaba un consenso más amplio. Seguir la misma dinámica iba a volver a derretir su autoridad presidencial. Una vez más. Ese malestar se diluyó entre el martes y miércoles de esta semana, cuando se llevaron adelante dos Zoom en el que participaron Fernández y los gobernadores con el fin de negociar nuevas medidas para afrontar el impacto de la segunda ola. En esta oportunidad, a diferencia de la anterior, los convocó a un encuentro para conocer la realidad de todas las provincias. Ningún gobernador entiende por qué no lo hizo antes. “Esta vez por lo menos convocó y escuchó”, reflexionó un gobernador de la oposición después de estar sentado, durante una hora, esperando a que el Presidente y sus ministros se conecten a la videconferencia. 

Entre los mandatarios ya saben que le horario presidencial no suele suele ser puntual, pero tampoco les cae demasiado bien esperar una hora frente a una pantalla en silencio. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, tuvo que aplicar medidas en los principales centros urbanos de la provincia (Presidencia) El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, tuvo que aplicar medidas en los principales centros urbanos de la provincia (Presidencia) Los gobernadores son parte de la raza más pragmática dentro de la política. No suelen confrontar con la Casa Rosada, se alineen al poder central o, en muchos casos, mantienen una relación cordial con el Gobierno y, tierra adentro, en sus provincias, imponen su mirada de gestión, aunque esta sea diferente a las del Presidente. Ahora que bajó la espuma, volverán a retomar el diálogo habitual. Que hace quince días Fernández no haya llamado a los gobernadores y esta semana sí lo haya hecho fue una decisión exclusiva del Jefe de Estado. Algunos mandatarios quizás lo hubiesen acompañado en el DNU anterior. 

No lo hicieron porque no se los pidió, pero también por dos motivos concretos. Primero para no pagar el costo político en sus provincias con un escenario que aún no estaba al límite. Segundo porque les cayó muy mal haberse enterado por televisión del pedido del Presidente para que se sumen a las medidas. Para este nuevo decreto Alberto Fernández necesitó obtener un mayor respaldo político. Siguió la misma hoja de ruta que le dio resultado en el 2020. Una serie de consultas a especialistas médicos, gobernadores y funcionarios. Un consenso amplio para determinar un paquete de medidas que tengan cierta aceptación en la sociedad y que no obligue a los mandatarios a tomar distancia pública. Era el camino más lógico. Lineal. Sencillo. Sincero.

 La relación entre Alberto Fernández y los gobernadores volvió a encaminarse después del acuerdo para las nuevas medidas La relación entre Alberto Fernández y los gobernadores volvió a encaminarse después del acuerdo para las nuevas medidas La única puerta que quedó abierta es la de la clases presenciales. El Presidente no transó con la idea de Horacio Rodríguez Larreta de acordar la suspensión de la presencialidad en la secundaria y los terciarios, pero mantener el resto con la modalidad presencial. Fernández decidió no dar un paso atrás en esa decisión y extendió la suspensión de clases en el AMBA hasta el 21 de mayo. Ahora espera el fallo de la Corte Suprema que determine si la gestión porteña está obligada o no a cumplir con el DNU y volcar todas las clases al plano virtual. Hay una razón central por la que los gobernadores no se sumaron al decreto del Presidente dos semanas atrás, y no dudaron en hacerlo a partir de este viernes. Tiempo atrás el escenario epidemiológico y sanitario de las provincias no eran tan grave como el actual. 

 No consideraban que hiciese falta suspender las clases presenciales en su totalidad, ni sumar más restricciones nocturnas. Mucho menos cortar las actividades recreativas. No había consenso para avanzar con ese tenor de medidas. Pero con el paso de los días el escenario cambió. Y la mirada estratégica de los gobernadores, también. Pese al acuerdo por la mayoría de las medidas, Fernández y Larreta siguen en disputa por las clases (Foto: Franco Fafasuli) Pese al acuerdo por la mayoría de las medidas, Fernández y Larreta siguen en disputa por las clases (Foto: Franco Fafasuli) “Desde ese día la situación sanitaria se complicó más. 

Pero en ese momento no había consenso. Los gobernadores no tienen tanto margen de acción y no quieren empeorar más sus economías regionales”, explicó a este medio la mano derecha de un gobernador peronista. En los últimos 15 días la mayoría de los gobernadores empezaron a ajustar medidas. Pero lo hicieron con la metodología que el Gobierno ya les había recomendado. Aplicarlas según la realidad epidemiológica de cada municipio. En la actualidad ese es el camino que siguen. Hacen equilibrio, como también lo hace Alberto Fernández. En Balcarce 50 no pueden creer que los mandatarios no hayan podido ver con antelación el comportamiento del virus. Fue igual al del año pasado. Primero se concentra en la Ciudad de Buenos Aires, luego de expande por el conurbano, atraviesa la barrera del AMBA y corre hacia el interior bonaerense. 

Después, empieza la expansión hacia el resto del país. Según entienden en el Gobierno los gobernadores no tuvieron la capacidad de leerlo con antelación. O, tal vez, no lo quisieron hacer. La segunda ola empezó a expandirse por todo el país y para evitar un colapso sanitario tuvieron que respaldar la creación de un nuevo semáforo epidemiológico y apoyar las medidas nacionales al pie de la letra. La relación de la gobernadores con la Casa Rosada se reencausó. Las partes retomaron el diálogo y la línea de los acuerdos. Ese camino le dio buenos resultados a Alberto Fernández durante su gestión. Volver al principio es también volver a una lógica de trabajo más basada en el diálogo y la negociación, que en la decisiones unilaterales y la confrontación.