Inminente definición de la Justicia de Uruguay del pedido de “Pepín” Rodríguez Simón para bloquear su orden de captura internacional

 

El operador judicial de Macri se presentó ante el juzgado de Montevideo donde presentó un pedido de habeas corpus ante la orden de arresto de la jueza argentina María Servini. Desde Interpol solicitaron más detalles sobre la causa

La Justicia de Uruguay tiene previsto tomar una medida de manera inminente ante el pedido que presentó Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el operador judicial de Mauricio Macri, para bloquear la orden de captura que libró la jueza argentina María Servini, en la causa en que lo investigan por asociación ilícita y extorsión. La definición se tomará luego de que esta tarde el ex funcionario de Cambiemos volvió a presentarse en el tribunal de Montevideo a cargo del juez penal Marcelo Malvar para ratificar su pedido de habeas corpus, tras la solicitud de asilo político que elevó al gobierno uruguayo.

 Rodríguez Simón se presentó junto a su abogado, Eduardo Rey -un letrado que no es penalista, sino especialista en derecho canábico- para terminar de formalizar la solicitud y se estima en Uruguay que el trámite se tendría que resolver en las próximas horas, debido a que la legislación penal de ese país establece un período de no más de 24 horas para tomar una definición en casos similares. El expediente se mantenía hoy en carácter reservado, condición que seguirá hasta que se emita una sentencia. El magistrado, de acuerdo a lo que trascendió en la capital uruguaya, difundirá la decisión a las 14:30. El apuro del ex operador judicial de Macri se debe a que la jueza federal María Servini envió al canciller Felipe Solá, a cargo de Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con vistas a “arbitrar los medios para que se proceda” al urgente exhorto a las autoridades de Uruguay con el fin de proceder a la captura efectiva. 

 Mientras tanto, Interpol reclamó a la jueza más detalles para proceder a la búsqueda del abogado en el marco del pedido de captura nacional e internacional que se libró contra el abogado en una causa que radicó el empresario Fabián De Sousa contra Macri y varios de sus ex funcionarios. La misiva ante la jueza Servini a la que accedió Infobae lleva la firma del Comisario Diego Omar Verdun, jefe División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol. “Llevo a su conocimiento que a los fines de dar cumplimiento a lo ordenado por ese Juzgado, se ha solicitado a la Secretaria General de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL la publicación de una Notificación de Indice Rojo en contra del encartado. En ese orden, es menester hacer saber que en respuesta a nuestro requerimiento, hemos recibido comunicación del Grupo Especializado en Notificaciones y Difusiones de la Secretaria General de INTERPOL”. 

 Allí, Interpol solicita que “información sobre el cargo exacto que ocupaba la persona en el momento de la comisión del delito [y especificar cómo utilizó dicho cargo para cometer los delitos que se le imputan. También una copia de la correspondiente orden de detención o decisión judicial equivalente, traducida a una de las lenguas oficiales de INTERPOL. Interpol señaló que Oficinas Centrales Nacionales de Interpol “ha informado en el mensaje recibido el 20/05/2021 que se conoce el paradero de la persona buscada y que está localizada en la República Oriental del Uruguay “. “Les rogamos nos informen de toda medida que hayan tomado bilateralmente el Uruguay” e “indiquen si se ha enviado una solicitud de extradición o de asistencia judicial recíproca, así como los resultados correspondientes”.

 También solicitaron saber si Uruguay “ha denegado la extradición de la persona, les rogamos especifiquen las razones presentadas para justificar tal denegación”, dice Interpol. “Les agradeceríamos nos hicieran llegar la información solicitada lo antes posible, y en todo caso no más tarde del 20/06/2021 (4 semanas). Entre tanto, la solicitud no será jueza Servini El miércoles pasado, la jueza decidió “declarar rebelde” a Rodríguez Simón y ordenar su captura nacional e internacional. Así dispuso oficiar al Ministerio de Seguridad de la Nación para que por su intermedio se notifique a las fuerzas de seguridad la medida y oficiar al Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina. Se resolvió librar exhorto internacional en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal a efectos de solicitarle a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay que, de manera muy urgente, se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”.

 El planteo judicial ante la Cancillería ya fue remitido al ministerio que conduce el canciller Solá, confirmaron fuentes judiciales a este medio. Pero el mismo día del fallo de la jueza, en Montevideo, Rodríguez Simón se presentó ante el juzgado de turno, informó su residencia y confirmó que inició el trámite para ser considerado un refugiado político. Al mismo tiempo solicitó que se abra un habeas corpus para hacer saber su pedido de refugio. Ese planteo podría bloquear el pedido de captura internacional que dispuso Servini. La justicia uruguaya citó a una audiencia para conocer mas detalles y resolver. Pero cualquier decisión que se tome es apelable.

 Hasta que esa situación no esté resuelta la orden de detención no se hace efectivo. Rodriguez Simón se fue de la Argentina el 8 de diciembre del 2020. Está siendo investigado por la jueza Servini y el fiscal Guillermo Marijuan por una denuncia que promovió el empresario Fabián De Sousa cuando aún estaba detenido. Allí De Sousa acusó al ex presidente Mauricio Macri de encabezar una asociación ilícita que decidió desapoderarlo de sus bienes y, ante su resistencia, actuó en connivencia con la justicia para meterlo preso. El fiscal Marijuan dio curso a la investigación y ordenó recolectar testimonios y pruebas. También se dispusieron cruces telefónicos. Estaba citado a indagatoria para el próximo 17 de junio, pero el abogado anunció el pasado lunes su decisión de no volver al país. Hizo público que se había acogido al régimen de Asilo como Refugiado Político en los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Fabián Rodríguez Simón presentó un habeas corpus ante la justicia uruguaya para insistir en su planteo de refugiado

 

Lo hizo ayer ante el mismo juez de Uruguay al que se le presentó cuando se enteró de la orden de detención librada por Servini. Mañana habrá una audiencia con Interpol para resolver sobre el pedido de captura

Fabián Rodríguez Simón, señalado como un operador judicial del gobierno de Mauricio Macri y hoy buscado por la justicia argentina en el marco de una causa que motorizaron en su contra los dueños de C5N, solicitó un hábeas corpus al Poder Judicial de Uruguay en base a su reclamo para convertirse en refugiado político. La presentación fue hecha ayer, miércoles, cuando la jueza María Servini lo declaró “rebelde” y libró su orden de captura nacional e internacional a los fines de su proceder a su indagatoria. 

 Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, Rodríguez Simón se presentó en el juzgado 43 de Montevideo para decirle al juez que estaba al tanto de que se había ordenado su captura y hacerle saber que estaba en calidad de refugiado en Uruguay, según su versión. En ese contexto, formalizó un planteo de hábeas corpus. A raíz de ello, el juez ya habría solicitado a Interpol saber si hay una orden de detención contra el abogado argentino. También verificar cuál es el trámite que dio inicio Rodríguez Simón a los fines de ser declarado refugiado. Este medio pudo confirmar que mañana por la tarde habrá una audiencia en el juzgado uruguayo a la que está citado también Interpol. 

Acorde a lo explicado, para bloquear el pedido de captura internacional que dispuso Servini, se planteó un habeas corpus y el juez cito a Interpol a una audiencia mañana a la tarde para resolver. De todas maneras, subrayan las fuentes consultadas, la justicia uruguaya no puede proceder a la captura solicitada por la jueza Servini hasta que no se defina la situación de refugiado reclamada por “Pepín”.

 El ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri pidió ser considerado “refugiado político” porque es una figura contemplada por Naciones Unidas, precisamente ante situaciones de persecución y amenaza para la seguridad o la libertad, que si es concedido conlleva protección frente a un pedido de extradición. La jueza María Servini Ahora será la Comisión de Refugiados (CORE) de Uruguay la que evalúe el requerimiento. Rodríguez Simón tiene 90 días para fundamentar por qué cree que merece ser incluido en esa categoría. 

 El lunes por la noche, el ex funcionario, que había viajado a Uruguay autorizado por la propia justicia argentina, hizo pública una carta en la que argumentó su pedido: “Ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”, indicó. Tras esa decisión, la jueza Servini ordenó este miércoles la captura internacional de Fabián Rodríguez Simón a los fines de tomarle declaración indagatoria. 

También dispuso la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. En su decisión, el fallo ordena que el Ministerio de Seguridad de la Nación por su intermedio “se notifique a las fuerzas de seguridad la medida y oficiar al Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina librar exhorto internacional en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal a efectos de solicitarle a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay que, de manera muy urgente, se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”. “Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021″, sostuvo la jueza en su resolución. 

“Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines. Entonces, su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”.