“Dada la naturaleza de los hechos que se les imputan y la flagrante actividad ilícita de los nombrados que resulta de público y notorio, solicitamos a ese honorable cuerpo que proceda a su inmediata suspensión, de acuerdo con las prescripciones constitucionales y las circunstancias consideradas en la documentación que se adjunta al presente, disponiéndose el inicio del correspondiente pedido de desafuero a fin de que sean sometidos a la jurisdicción federal, de acuerdo con los delitos que se encuentran manifiestamente acreditados”, indica la carta que Burlando le envió a Massa.
El pedido de expulsión surgió luego de los ataques a Florencia Peña a través de las redes sociales por parte de Iglesias y Wolff cuando se conoció que la conductora de Flor de Equipo estuvo en la Quinta de Olivos reunida con Alberto Fernández para hablar de la situación de los actores en la pandemia. Fue promovida por Gabriela Cerruti y otras catorce diputadas: Victoria Rosso, Paola Vessvessian, Mónica Macha, Laura Russo, Hilda Aguirre, Mara Brawer, Ayelén Spósito, Patricia Mounier, Claudia Ormaechea, María Rosa Martínez, María Jimena López, Mabel Caparrós, Gisela Marziotta y Gabriela Estévez.
En sintonía con esto, en la denuncia que presentó Peña le pide al juez que solicite los desafueros de Iglesias y Wolff y que “se ordene a los encartados que se abstengan de realizar comentarios con relación a la denunciante en ningún medio de comunicación”. También pidió “la Inhibición general de bienes de ambos imputados hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos o lo que la justicia estime oportuno para cubrir los eventuales daños y perjuicios que se deriven del ilícito que se denuncia”.
Burlando explicó que decidieron ir a la Justicia porque “estas personas el delito que cometen en abuso de autoridad emparentado con situaciones de violencia psicológica para con el género” y advirtió que están trabajando con el consejo de la Mujer y el INADI: “La ley de violencia de género es una ley que le ha impuesto a los funcionarios bregar por ella, bregando por los derechos de las mujeres y son estos dos funcionarios quienes incumplen”.
Sobre la posible expulsión de los diputados, sostuvo: “Hoy la actualidad no da para tolerar exabruptos, no son errores, son conductas que son parte del pasado y el presente de esta gente, estamos viendo cómo se manejaron. Son funcionarios públicos a quienes nosotros les pagamos el sueldo y dictan una ley para no respetarla, esta es la debilidad de las instituciones en Argentina”.
Hasta ahora sólo se presentó el proyecto de resolución que puede terminar con la expulsión de la Cámara de Diputados como sanción máxima, una suspensión de su rol como legisladores o un apercibimiento.
El conflicto con Iglesias escaló a tal punto que María Eugenia Vidal mostró su malestar con los referentes de Juntos por el Cambio y se enfrentó con Patricia Bullrich, quien defiende al diputado y pidió que estuviera en la lista que compite este año.
Diferentes fuentes de la oposición explicaron que hay enojo con el ex entrenador de vóley porque “se maneja como un unibloque” y que, aunque se le pida y se le recomiende acciones que apunten a la campaña, toma decisiones aisladas. “Cambió el eje de la discusión, pasamos de los que entraban a Olivos en plena pandemia a acusarlos de escándalos sexuales”.
A la ex gobernadora también le molesta el silencio de Bullrich y Mauricio Macri y que haya habido ex funcionarios, como Pablo Avelluto, que los defendieron públicamente.
