Cuando el Canciller LLambi gestiono la residencia a Wilson Ferreira Aldunate perseguido por la dictadura

Las relaciones con los países latinoamericanos
Las relaciones con Uruguay
Los desórdenes provocados por los manifestantes juveniles de izquierda durante la ceremonia de asunción del presidente Cámpora, el 25 de mayo de 1973, provocaron el retiro del presidente uruguayo, Juan María Bordaberry, quien había desembarcado en Buenos Aires. Este tema provocó las críticas de Benito Llambí a Cámpora. Mientras el último pareció no otorgarle demasiada importancia al hecho, Llambí exigió al flamante mandatario que el canciller Juan Carlos Puig presentara sus disculpas a las autoridades uruguayas.
Otro hecho que cabe citar durante el gobierno de Cámpora fue el diálogo telefónico con el presidente uruguayo, en el que el presidente argentino le comunicó a su par oriental la voluntad de continuar con la obra de Salto Grande.

Como en el caso de Chile, un tema importante de la agenda con Uruguay fue el derecho de asilo otorgado por las autoridades argentinas a los exiliados orientales, especialmente después del golpe militar que le quitó la posibilidad de acceder a la presidencia a Wilson Ferreira Aldunate, dirigente del partido Nacional. El tema del asilo de Ferreira Aldunate en la Argentina era delicado, pues las autoridades de Buenos Aires no querían adoptar ningún paso que perturbara las negociaciones pendientes para la firma del tratado del Río de la Plata, que tuvo lugar en noviembre de 1973. Tras una consulta con Perón, el ministro del Interior Benito Llambí otorgó a Aldunate la residencia en la Argentina. Asimismo, el 13 de septiembre Llambí firmó la resolución 289, por la cual autorizó la permanencia en territorio argentino como asilados a los senadores uruguayos Enrique Erro y Zelman Michelini y al presidente de la Cámara de Diputados oriental, Héctor González Ruiz.

Nuevamente al igual que en los casos de Chile, Bolivia y Paraguay, el gobierno de Perón asumió una actitud pragmática y no intervencionista respecto de la violación a los derechos humanos por parte del régimen de Juan M. Bordaberry -aunque dicha política afectara eventualmente a residentes argentinos en territorio oriental-. También en el caso uruguayo se pudo observar el evidente contraste entre esta actitud del gobierno y la de abierto repudio a dicha política por parte de los legisladores argentinos, tanto del oficialismo como de la oposición. Ejemplo de la posición de los parlamentarios fue un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados presentado en enero de 1974, donde los presidentes de los distintos bloques políticos de la Cámara Baja expresaban su preocupación por la situación de los presos políticos en territorio uruguayo, encarcelados sin juicio previo.

Pero, como en los casos de los otros países vecinos, Perón privilegió el equilibrio de poder y el pragmatismo económico por encima de las cuestiones éticas. Procuró limar viejas asperezas con las autoridades de Montevideo e inició las negociaciones tendientes a eliminar el viejo conflicto limítrofe en el Río de la Plata. Como resultado de estas gestiones, en noviembre de 1973 los cancilleres Alberto Vignes y Juan Carlos Blanco firmaron, en presencia de los presidentes Perón y Bordaberry, el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, cuya principal originalidad radica en que no establece límites en el río, sino un estatuto para el uso de sus aguas de acuerdo con una serie de parámetros.

Además del tratado firmado por Vignes y Blanco, los presidentes Perón y Bordaberry firmaron el Acta de Confraternidad Rioplatense, que enfatizaba la firma del tratado del Río de la Plata como “el punto de partida para una más estrecha cooperación en todos los campos”. Otros pasos importantes fueron la visita de Bordaberry a la Argentina en febrero de 1974, cuyos objetivos fueron ratificar con su colega Perón el tratado del Río de la Plata e impulsar la puesta en marcha de la represa hidroeléctrica de Salto Grande. Asimismo, cabe señalar que en mayo del mismo año, la Argentina firmó junto a Uruguay, Paraguay y Colombia un convenio destinado a la instrumentación de medidas conjuntas para la defensa del comercio de carnes frente a las restricciones comerciales de la Comunidad Europea.

Durante el gobierno de Isabel Perón se confirmó el acercamiento al régimen de Juan María Bordaberry iniciado por el presidente Perón. A mediados de julio de 1974, los cancilleres Alberto Vignes y Juan Carlos Blanco firmaron tres documentos que complementaban el tratado del Río de la Plata: el Estatuto de la Comisión Administrativa del Río de la Plata -que estableció el organismo binacional administrador, con sede en la isla Martín García-; el Estatuto de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo -que estableció la Comisión respectiva, con sede en Montevideo-; y las Cartas Náuticas -que delimitaron la zona común de pesca-.

Otros acuerdos con Uruguay firmados durante la gestión del canciller Vignes fueron, en agosto de 1974, un convenio sobre transporte por agua en el Río de la Plata, que fijaba cupos de transporte de pasajeros y carga en forma equitativa para buques argentinos y uruguayos; dos acuerdos de concesión de una línea de créditos de la Argentina a Uruguay -uno para la adquisición de bienes de capital y otro para refinanciar las obras del puente Paysandú-Colón-; y un convenio entre las empresas estatales petroleras argentina y uruguaya, YPF y ANCAP. A esta lista se sumaron un Convenio de Seguridad Social entre ambos países, firmado en noviembre de 1974; el Estatuto del Río Uruguay, que consagraba el principio de consulta previa para toda obra referida a tramos compartidos, suscripto en febrero de 1975, y el Convenio ANCAP-YPF para prospección petrolífera en la cuenca de Santa Lucía, firmado en abril de dicho año.

Como ocurriera en los vínculos con Chile, se registraron casos de cooperación entre las fuerzas de seguridad argentinas y uruguayas, que fueron denunciados por los miembros del Parlamento argentino. Tales los casos de la expulsión de exiliados uruguayos del territorio argentino, que motivó el reclamo de un grupo de diputados pertenecientes al radicalismo alfonsinista, y del ex senador uruguayo Enrique Erro, que había gozado del derecho de asilo desde junio de 1973 y que fue detenido por las autoridades argentinas en mayo de 1975, provocando un pedido de esclarecimiento de causas por parte de los legisladores locales.