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COLOMBIA | El presidente Iván Duque sobrevive a un atentado

Cascada de condenas internacionales contra el atentado que ha sufrido el presidente de Colombia, Iván Duque, mientras viajaba en helicóptero. El aparato, un Black Hawk del Ejército colombiano, presenta al menos seis impactos de bala de gran calibre. Según explicó el propio Duque más tarde, el ataque, que no dejó heridos, se produjo cuando se disponían a aterrizar en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.

 "Tanto el dispositivo aéreo, como la capacidad de la aeronave, evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial... Una vez más reiteramos que como Gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Aquí no nos amedrentan con violencia ni con actos de terrorismo, nuestro Estado es fuerte", afirmó Duque en un comunicado. 

 El ataque tuvo lugar la región del Catatumbo, donde operan numerosos grupos armados: guerrilleros y narcotraficantes, fundamentalmente. Por el momento, ninguno se ha atribuido la autoría del atentado, que, internamente, ha sido criticado por todas las fuerzas políticas. Condenas Internacionales El atentado contra el presidente fue condenado de inmediato incluso por opositores a Duque, así como por organismos internacionales que rodearon al mandatario y a la instituciones democráticas colombianas. "Cualquiera que sean las distancias que nos separen, rechazo el atentado contra el presidente. 

Una democracia consiste en que nadie muera por sus ideas", dijo en sus redes sociales el senador Gustavo Petro, líder de la oposición. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también opositora, calificó el ataque como "un atentado contra ciudadanos, contra el presidente y contra nuestra democracia", y afirmó que a "Colombia la tenemos que cuidar de la radicalización y la romantización de toda forma de agresión violenta". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su condena al atentado contra el presidente y sus ministros, mientras que el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que lo repudia "categóricamente".

 "Rechazo frontal y rotundo al ataque contra el helicóptero en el que viajaban el presidente Iván Duque y los ministros", expresó la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart. La embajada de Estados Unidos en Bogotá dijo que "condena enérgicamente el cobarde ataque contra el helicóptero", al tiempo que expresó su complacencia de "que todos estén a salvo y felicitamos a los pilotos que llevaron la aeronave a un aterrizaje seguro". Por su parte el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, expresó su "solidaridad" con el presidente Duque y dijo que su país "rechaza la violencia y respalda a las instituciones democráticas de Colombia", y en términos similares se expresó el líder opositor venezolano Juan Guaidó, que tiene en Duque uno de sus principales aliados.

El embajador argentino en Nicaragua debe afrontar un juicio oral y público por defraudación con fondos públicos

 

Daniel Capitanich es una de las 55 personas que serán enjuiciadas por el Tribunal Oral Federal 7. Entre los imputados están Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y hermano del diplomático en Managua

Por Omar Lavieri

 El embajador argentino ante el régimen autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua, Daniel Capitanich, deberá afrontar un juicio oral y público por un caso de defraudación a la administración pública. Así lo determinó el juez Julián Ercolini quien ayer cerró la investigación y elevó a juicio el hecho por el cual el embajador había sido procesado en febrero de 2019. 

 En aquel entonces el fallecido juez Claudio Bonadio había procesado a decenas de intendentes de localidades de distintas provincias que habían recibido subsidios para destinarlos al tratamiento de residuos y lograr la eliminación de los basurales. Uno de ellos fue Capitanich. El caso se inició 2016 cuando la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) hizo un informe de control sobre la el modo en que se gastó el dinero destinado a los “Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” (GIRSU) para el tratamiento de desechos. Las irregularidades halladas impulsaron una denuncia realizada por el ministerio de Ambiente durante el gobierno de Mauricio Macri.

 Las intendencias presentaban proyectos para ser financiados con fondos nacionales. La secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaba los convenios y la Jefatura de Gabinete aprobaba las transferencias de dinero. Los principales beneficiados de esos programas fueron las provincias de Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Santa Cruz que obtuvieron cerca del 79% de los fondos, aunque tres de esas provincias produjeran tan solo el 1,81% de los residuos del total del país. Se destinaron $604.529.670 pesos para financiar los proyectos y en el caso judicial se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos o utilizaron el dinero para otras cosas.

 Las irregularidades detectadas durante la investigación judicial fueron: -Ausencia de un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre aquellas municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de sus residuos sólidos; no se respetó, para el análisis de las presentaciones de los municipios, el orden cronológico de su recepción. -Se verificaron diferencias sustanciales en el tiempo de tramitación de las solicitudes, pasando de proyectos con fondos transferidos a los dos meses de su presentación, a otros que, habiendo transcurrido más de setenta y seis meses, aún se encontraban en trámite. 

Los informes de aprobación de los proyectos presentados se limitaban a cuestiones meramente administrativas, sin haberse expedido respecto a su factibilidad y sustentabilidad. -Falta de control interno en la ejecución de los planes. Los convenios preveían plazos de ejecución y rendición demasiado extensos, durante los cuales el Programa no contaba con información alguna con relación al uso otorgado a los fondos transferidos. En este sentido, agregaron que existía un alto porcentaje de transferencias efectuadas, que se encontraban vencidas, pendientes de rendición, por una suma aproximada de $246.000.000, sin contar con información concreta sobre el destino dado a esos fondos.

 -En la ejecución de los proyectos se verificaron modificaciones e incumplimientos parciales o totales, y los controles efectuados por las áreas competentes sobre el cumplimiento de los objetivos previstos adolecían de diferentes falencias. -Se observaron solicitudes que no reunían la totalidad de requisitos exigidos y, sin embargo, se aprobaron y se les efectuó la transferencia del presupuesto solicitado. Por este caso serán juzgados Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich en tanto ocuparon el cargo de Jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2013 y 2015 cuando se repartieron los fondos para los proyectos cuestionados. 

 También deberán comparecer en el mismo juicio quienes estuvieron al frente de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable por aquellos años: Sergio Lorusso, Omar Judis y el ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi. A su vez, serán enjuiciados cuatro ex funcionarios de la secretaría de Ambiente que participaron de la aprobación de los proyectos a los que se les derivaron los fondos. El Tribunal Oral Federal 7 deberá juzgar además a 45 intendentes que fueron acusados en el expediente. Entre ellos está el embajador Capitanich. En la investigación de determinó que hubo transferencias a 45 municipios chaqueños por $173.000.000 (el 29,42 % de los fondos asignados a los Programas GIRSU), cuando esa provincia generaba (según datos de la época de la investigación) el 0,81 % de los residuos sólidos urbanos del país.

 El caso estuvo en manos del juez Bonadio y el requerimiento de elevación a juicio fue firmado por el fiscal federal Carlos Rívolo y por el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, José Ipohorski Lenkiewicz. Como Ercolini subroga el juzgado que era de Bonadio, firmó ayer la elevación a juicio de Daniel Capitanich, trámite que había quedado rezagado respecto del resto de los imputados. Capitanich-que fue vicegobernador del Chaco entre 2015 y 2019- se había opuesto a la elevación a juicio y había pedido su sobreseimiento porque intentó demostrar que había cumplido con lo pactado en el convenio. 

 El argumento usado por la defensa de Capitanich fue que la inspección ordenada en la causa se hizo dos años más tarde de terminado lo establecido en el proyecto por el que recibió el subsidio y entonces el lugar que se había acondicionado correctamente en su gestión. Pero con el paso del tiempo había vuelto a ser un basural a cielo abierto durante el mandato de su sucesor. El sobreseimiento fue rechazado y con ello se elevó el caso a juicio oral y público. El embajador Capitanich deberá ir juicio ya que en la época en que se repartieron los subsidios fue intendente de la localidad chaqueña de Campo Largo. 

La provincia del Chaco es gobernada por su hermano Jorge quien fue el Jefe de Gabinete que autorizó el subsidio de $3.500.000 para que la localidad de Campo Largo adquiriera dos camiones compactadores y construyera un biodigestor. Pero en la investigación se determinó que no se cumplieron algunos de los objetivos planteados en el proyecto original. La elevación a juicio firmada por Ercolini a la que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, señala varias irregularidades detectadas en el convenio. Por ejemplo se determinó que no se compraron dos camiones computadores de basura como se había dicho. 

“Tal como surge que la documentación presentada y firmada por Capitanich al momento de acreditar el gasto de los tres millones y medio de pesos ($ 3.500.000) fuera del objeto pautado, en la misma puede verse -como así también de la adenda suscripta- que no fueron adquiridos camiones compactadores de residuos, más allá que así fue redactado en ambos documentos. Lo que se adquirió fueron dos camiones, a uno de los cuales se le agregó una cisterna y a otro un semirremolque”, dice la resolución.

 Los hermanos Capitanich y otras 53 personas tendrán que enfrentar el juicio oral y público en el que se determinará si fueron culpables o no del delito de defraudación que pena al que - según el inciso 7 del artículo 173 del Código Penal- “… por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”.

Nuevo cruce entre Argentina y Brasil: el ministro de Economía de Bolsonaro acusó a Daniel Scioli de maniobrar con Lula y Cardoso para trabar la modernización del Mercosur

 

Paulo Guedes señaló que el embajador argentino en Brasilia negoció la carta de apoyo de los expresidentes en favor de la posición del Gobierno de Alberto Fernández para evitar que el país vecino empuje un cambio en el arancel del bloque regional

En el marco de las discusiones sobre las prioridades y el perfil del Mercosur, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, cruzó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli, y lo acusó de negociar una carta de apoyo de los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y Lula en favor de las posiciones del Gobierno de Alberto Fernández para evitar que el país vecino empuje un cambio en el arancel del bloque regional.

 El gobierno brasileño quiere reducir la Tarifa Externa Común (TEC) y flexibilizar las reglas del Mercosur, objetivo en el que tiene un fuerte grado de coincidencia con Uruguay y también con Paraguay. Guedes dijo que el objetivo es que cada país del bloque firme acuerdos comerciales unilaterales con otros países. Pero apuntó al gobierno argentino por “resistirse” a la propuesta. En esa línea, también aseguró que Brasil no permanecerá en un bloque “movido por la ideología” y dijo que habrá “serios problemas” si Argentina no acepta revisar su posición. 

 Poco después, Scioli respondió con una carta en la que cuestionó la actitud de Guedes: “Me atribuyó erróneamente ayer la redacción de la carta en la que los ex-presidentes Lula y Cardoso defienden la integridad del Mercosur, y manifiestan que no es momento de reducir el arancel externo común de manera unilateral. 

El Ministro señaló también que Argentina impedía la modernización del bloque. Quiero manifestar que esas declaraciones no se condicen con el espíritu de unidad y compromiso con la integración bilateral que siempre he promovido en todos mis encuentros con gobernadores, empresarios y líderes políticos en favor de la integración de ambos países y la profundización del vínculo entre Argentina y Brasil”.

 El embajador subrayó que “la posición argentina sostenida por el presidente Alberto Fernández no es ideológica sino que busca una modernización racional del Mercosur consistente con los tiempos actuales, defendiendo el empleo y desarrollo de las industrias de Argentina y Brasil”. “Nuestro país ha presentado numerosas propuestas de modernización a Brasil en los últimos meses, que preservan la competitividad de los sectores industriales a la vez que facilitan el acceso a insumos y bienes intermedios en términos competitivos para nuestra industria”, agregó. 

 El choque de posiciones sobre el Mercosur eclosionó el 26 de marzo pasado, durante una Cumbre virtual de los presidentes para celebrar los 30 años del bloque regional. Era una reunión de tipo festivo, pero de un momento a otro el encuentro se transformó en un tenso debate de ideas y posicionamientos ideológicos sobre los desafíos de la región y la forma de enfrentarlos. El punto de discordia fue, precisamente, la flexibilización del comercio intra y extra regional: Brasil propuso una reducción de aranceles, el uruguayo Luis Lacalle Pou acompañó y el argentino Alberto Fernández contestó visiblemente ofuscado.

 Cardoso y Lula suscribieron a principios de junio una carta que apoyaba la posición de Alberto Fernández contra la del gobierno de Bolsonaro. Según Guedes, fue una maniobra diplomática en la que intervino el embajador argentino “El Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset del que nuestro país no pueda moverse”, sostuvo Lacalle Pou, a lo que el presidente argentino respondió: “Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. 

No queríamos ser una carga para nadie. Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si la carga pesa mucho”. Luego, a principios de junio, se conoció una carta conjunta de los expresidentes brasileños, Lula y Cardoso, uno de cuyos pasajes señalaba expresamente “coincidimos con la posición del presidente de la Argentina, Alberto Fernández, de que este no es el momento para reducciones tarifarias unilaterales de parte del Mercosur, sin ningún beneficio para las exportaciones del bloque”. 

La nota apunta incluso al ministro de de Economía brasileño, Paulo Guedes, por impulsar la reducción de los aranceles del Mercosur, pero -decía el texto- “los argentinos temen por la industria de su país”. Esa es precisamente la carta conjunta de Lula y Cardoso que ahora Guedes señala como instigada por el embajador Scioli y, por ende, por el Gobierno de Alberto Fernández.

Un gran incendio dificulta las tareas de rescate en el edificio derrumbado de Miami

 

Lo confirmó la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “Hemos encontrado un fuego muy grande y estamos tratando de apagarlo para seguir con la búsqueda”, manifestó. 159 personas siguen desaparecidas debajo de los escombros

Los equipos de rescate continúan trabajando este sábado en el derrumbe de un edificio de apartamentos en Surfside, Florida (EEUU), mientras un fuego “grande” en el interior de los escombros está dificultando la búsqueda de sobrevivientes, informaron las autoridades.

 “Hemos encontrado un fuego muy grande y estamos tratando de apagarlo para seguir con la búsqueda, el incendio continúa vivo”, dijo en rueda de prensa Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade. Según la regidora, los números de víctimas mortales y desaparecidos no han cambiado hasta el momento: 4 y 159, respectivamente, aunque el enfoque a día de hoy continúa siendo el mismo, la búsqueda de sobrevivientes.

 La funcionaria además informó que no se hallaron cuerpos en las últimas horas. “Desafortunadamente no se encontraron más víctimas. Seguimos con la búsqueda. Estamos listos para ayudar con fondos para la inspección de otros edificios. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir adelante con la búsqueda”, expresó. En Champlain Towers se empezó a retirar parte de los escombros con grúas y otra maquinaria pesada, mientras en otras zonas de la montaña de fierro y concreto, los rescatistas, ayudados por perros y aparatos de sonar, buscan señales de vida.

 En otras áreas iban retirando a mano y una por una cada pieza del amasijo de hierros, cemento y restos de mobiliario, según se pudo ver en imágenes de televisión. Las tareas se ven dificultadas por la lluvia y el viento que azotan el sur de Florida. Levine Cava, que subrayó que se mantiene “la esperanza de hallar a personas con vida” y la búsqueda va a continuar a pesar del “extremo riesgo” que significa para los rescatistas, fue preguntada por periodistas por qué no deja que se sumen voluntarios a la tarea, como han pedido algunos de los familiares. La alcaldesa respondió que eso no es posible, por razones de seguridad, y subrayó que la prioridad es “salvar vidas”.

 Los rescatistas trabajaron toda la noche por turnos y van a seguir así. Tanto el gobernador como la alcaldesa destacaron el denodado trabajo que están realizando, hasta el punto que, según dijo Levine Cava, están tan motivados que hay ocasiones en que deben ser “sacados” del amasijo de materiales del derrumbe, porque sino seguirían sin descansar. Los rescatistas no han escuchado voces pero sí sonidos, que, según el jefe de los bomberos de Miami Dade, no necesariamente pueden ser producidos por humanos sino que pueden deberse a movimientos de los materiales amontonados. En esos lugares se busca con más detenimiento, según explicó Ray Jadallah, vicejefe de lo bomberos. Familiares de Michelle Bachelet, entre los desaparecidos Los medios locales dan cuenta también de los nombres de algunos desaparecidos, entre los cuales figuran latinoamericanos que vivían en el edificio o se alojaban de forma temporal en él. 

 Entre ellos se cuenta al matrimonio conformado por Claudio Bonnefoy, de 85 años, y su esposa, Maricoy Obias-Bonnefoy, de 69 años, que, según medios de Chile, son parientes de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El edificio, de 12 plantas y 136 apartamentos y situado en primera línea de playa, se inauguró en 1981 y acababa de ser objeto de una inspección obligatoria por sus 40 años. 

Según los expertos se va a tardar meses, y quizás años, en determinar las causas del derrumbe. Sin embargo, DeSantis y Cava dijeron que se necesita una explicación “precisa y a tiempo” sobre lo que pasó, porque los afectados tienen “el derecho de saber”. Ambos agradecieron que el presidente de EEUU, Joe Biden, haya dispuesto que personal de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) se incorpore a la búsqueda de posibles sobrevivientes y ayude en la asistencia a los familiares. El gobernador y a la alcaldesa también agradecieron toda la ayuda recibida para los que se quedaron sin hogar por el derrumbe no solo de particulares, sino de empresas, como la corporación Lenar Homes, que donó un millón de dólares.

El Consejo Asesor de Salud informó que bajó el porcentaje de positividad

 

En la mañana de hoy, el Consejo Asesor de Salud de Zárate actualizó a la población respecto de la evolución de los casos de Covid-19 en el partido y cómo se continúa trabajando desde el Municipio para enfrentar la pandemia. El Dr. Daniel Mautisi manifestó que en el día de hoy se contabilizaron 71 nuevos casos positivos de Covid, siendo 69 de Zárate y 2 de Lima, y afortunadamente no hubo fallecidos. Al día de la fecha, se recuperaron en total 11.943 personas y se registraron 13.158 casos positivos en el partido de Zárate. “La semana pasada teníamos un porcentaje de positividad del 34.5 que bajó en 7 días al 29.1, con un aumento de la tasa de testeos de 149.4 cada 100.000” explicó. Además, agregó que continúa la campaña de vacunación en Zárate, que al momento se registra un total de 44.903 aplicaciones, 35.853 primeras dosis y 9.050 segundas dosis. 

 También contó que con los operativos de detección de casos en la ciudad se alcanzaron 25 barrios, 20 de ellos fueron realizados por el Municipio y los 5 restantes por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. En los cuales se relevaron 1.786 domicilios, con un promedio de 4.07 vecinos por hogar. En los operativos se entrevistó un total de 595 personas, detectándose que 168 de ellas eran positivos, es decir, que 3 de cada 10 vecinos fueron confirmados.

 Por último, en relación a la ocupación de camas en la ciudad, explicó que de las 265 camas (45 del CEDA, 10 del Hospital Intermedio Favaloro, 6 de la Unidad Sanitaria Aleotti de Lima, 18 de la Clínica del Carmen, 42 de la Clínica Santa Clara y 144 del Hospital Zonal) la ocupación es del 43%. Y que las camas de terapia Covid se encuentran de la siguiente manera: en la Clínica del Carmen hay 1 de 7 ocupadas, en el Hospital Zonal hay 12 de 31 camas, y en Santa Clara hay 1 de 8, siendo entonces la ocupación de camas de terapia por Covid del 30%.