El embajador argentino en Nicaragua debe afrontar un juicio oral y público por defraudación con fondos públicos

 

Daniel Capitanich es una de las 55 personas que serán enjuiciadas por el Tribunal Oral Federal 7. Entre los imputados están Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y hermano del diplomático en Managua

Por Omar Lavieri

 El embajador argentino ante el régimen autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua, Daniel Capitanich, deberá afrontar un juicio oral y público por un caso de defraudación a la administración pública. Así lo determinó el juez Julián Ercolini quien ayer cerró la investigación y elevó a juicio el hecho por el cual el embajador había sido procesado en febrero de 2019. 

 En aquel entonces el fallecido juez Claudio Bonadio había procesado a decenas de intendentes de localidades de distintas provincias que habían recibido subsidios para destinarlos al tratamiento de residuos y lograr la eliminación de los basurales. Uno de ellos fue Capitanich. El caso se inició 2016 cuando la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) hizo un informe de control sobre la el modo en que se gastó el dinero destinado a los “Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” (GIRSU) para el tratamiento de desechos. Las irregularidades halladas impulsaron una denuncia realizada por el ministerio de Ambiente durante el gobierno de Mauricio Macri.

 Las intendencias presentaban proyectos para ser financiados con fondos nacionales. La secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaba los convenios y la Jefatura de Gabinete aprobaba las transferencias de dinero. Los principales beneficiados de esos programas fueron las provincias de Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Santa Cruz que obtuvieron cerca del 79% de los fondos, aunque tres de esas provincias produjeran tan solo el 1,81% de los residuos del total del país. Se destinaron $604.529.670 pesos para financiar los proyectos y en el caso judicial se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos o utilizaron el dinero para otras cosas.

 Las irregularidades detectadas durante la investigación judicial fueron: -Ausencia de un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre aquellas municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de sus residuos sólidos; no se respetó, para el análisis de las presentaciones de los municipios, el orden cronológico de su recepción. -Se verificaron diferencias sustanciales en el tiempo de tramitación de las solicitudes, pasando de proyectos con fondos transferidos a los dos meses de su presentación, a otros que, habiendo transcurrido más de setenta y seis meses, aún se encontraban en trámite. 

Los informes de aprobación de los proyectos presentados se limitaban a cuestiones meramente administrativas, sin haberse expedido respecto a su factibilidad y sustentabilidad. -Falta de control interno en la ejecución de los planes. Los convenios preveían plazos de ejecución y rendición demasiado extensos, durante los cuales el Programa no contaba con información alguna con relación al uso otorgado a los fondos transferidos. En este sentido, agregaron que existía un alto porcentaje de transferencias efectuadas, que se encontraban vencidas, pendientes de rendición, por una suma aproximada de $246.000.000, sin contar con información concreta sobre el destino dado a esos fondos.

 -En la ejecución de los proyectos se verificaron modificaciones e incumplimientos parciales o totales, y los controles efectuados por las áreas competentes sobre el cumplimiento de los objetivos previstos adolecían de diferentes falencias. -Se observaron solicitudes que no reunían la totalidad de requisitos exigidos y, sin embargo, se aprobaron y se les efectuó la transferencia del presupuesto solicitado. Por este caso serán juzgados Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich en tanto ocuparon el cargo de Jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2013 y 2015 cuando se repartieron los fondos para los proyectos cuestionados. 

 También deberán comparecer en el mismo juicio quienes estuvieron al frente de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable por aquellos años: Sergio Lorusso, Omar Judis y el ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi. A su vez, serán enjuiciados cuatro ex funcionarios de la secretaría de Ambiente que participaron de la aprobación de los proyectos a los que se les derivaron los fondos. El Tribunal Oral Federal 7 deberá juzgar además a 45 intendentes que fueron acusados en el expediente. Entre ellos está el embajador Capitanich. En la investigación de determinó que hubo transferencias a 45 municipios chaqueños por $173.000.000 (el 29,42 % de los fondos asignados a los Programas GIRSU), cuando esa provincia generaba (según datos de la época de la investigación) el 0,81 % de los residuos sólidos urbanos del país.

 El caso estuvo en manos del juez Bonadio y el requerimiento de elevación a juicio fue firmado por el fiscal federal Carlos Rívolo y por el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, José Ipohorski Lenkiewicz. Como Ercolini subroga el juzgado que era de Bonadio, firmó ayer la elevación a juicio de Daniel Capitanich, trámite que había quedado rezagado respecto del resto de los imputados. Capitanich-que fue vicegobernador del Chaco entre 2015 y 2019- se había opuesto a la elevación a juicio y había pedido su sobreseimiento porque intentó demostrar que había cumplido con lo pactado en el convenio. 

 El argumento usado por la defensa de Capitanich fue que la inspección ordenada en la causa se hizo dos años más tarde de terminado lo establecido en el proyecto por el que recibió el subsidio y entonces el lugar que se había acondicionado correctamente en su gestión. Pero con el paso del tiempo había vuelto a ser un basural a cielo abierto durante el mandato de su sucesor. El sobreseimiento fue rechazado y con ello se elevó el caso a juicio oral y público. El embajador Capitanich deberá ir juicio ya que en la época en que se repartieron los subsidios fue intendente de la localidad chaqueña de Campo Largo. 

La provincia del Chaco es gobernada por su hermano Jorge quien fue el Jefe de Gabinete que autorizó el subsidio de $3.500.000 para que la localidad de Campo Largo adquiriera dos camiones compactadores y construyera un biodigestor. Pero en la investigación se determinó que no se cumplieron algunos de los objetivos planteados en el proyecto original. La elevación a juicio firmada por Ercolini a la que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, señala varias irregularidades detectadas en el convenio. Por ejemplo se determinó que no se compraron dos camiones computadores de basura como se había dicho. 

“Tal como surge que la documentación presentada y firmada por Capitanich al momento de acreditar el gasto de los tres millones y medio de pesos ($ 3.500.000) fuera del objeto pautado, en la misma puede verse -como así también de la adenda suscripta- que no fueron adquiridos camiones compactadores de residuos, más allá que así fue redactado en ambos documentos. Lo que se adquirió fueron dos camiones, a uno de los cuales se le agregó una cisterna y a otro un semirremolque”, dice la resolución.

 Los hermanos Capitanich y otras 53 personas tendrán que enfrentar el juicio oral y público en el que se determinará si fueron culpables o no del delito de defraudación que pena al que - según el inciso 7 del artículo 173 del Código Penal- “… por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”.

Quién es la empresaria que sufrió tres meses de bloqueos del Sindicato de Camioneros y peleó junto a su familia hasta ganar la batalla en la Justicia

 

Verónica Razzini fue amenazada y tuvo que mudarse para evitar agresiones, pero logró que un juez detuviera e imputara a activistas que impedían el acceso a su planta en Rosario. Ahora quiere ayudar a sus colegas y lanzó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos

La amenazaban todos los días. La escupían y la insultaban. La intimidaron con armas de fuego. Le dijeron que iban a ir a la casa de su padre, con problemas de salud, para provocarle un infarto. Tuvo que dejar su casa y mudarse para evitar agresiones. Le advirtieron que sabían adónde estaban sus hijos. Pagó la custodia de efectivos de Infantería para resguardar al personal. El “delito” que cometió Verónica Razzini, de 41 años, fue luchar para que su empresa familiar de Rosario no siguiera bloqueada por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, que exigía el encuadramiento de empleados afiliados a otros gremios.

Pese a todo, ella y sus dos hermanos no cedieron. Después de todo, había que defender la empresa de distribución de materiales de construcción que había sido fundada por su abuelo en la ciudad de Rosario hace 60 años, que continuó su padre y que, cuando él se enfermó, tuvieron que conducir a partir de 2007. La nueva generación de los Razzini logró profesionalizar la compañía, la hizo crecer y cumplió el sueño de tener una planta recicladora modelo en Latinoamérica hasta que el 8 de junio de 2020, sorpresivamente, el sindicato liderado por Sergio Aladio (un opositor a los Moyano) bloqueó dos de sus sedes.

Recién cuando estuvo instalada la fuerza de choque sindical para impedir la entrada y salida de cualquier vehículo, los dueños de Razzini pudieron enterarse de los motivos de la protesta: exigían que 18 de los 100 empleados se afiliaran a Camioneros, aunque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el transporte de cargas y el encuadramiento, según la normativa del Ministerio de Trabajo, correspondía al Sindicato de Comercio y la UOCRA.

El Sindicato de Camioneros se instaló día y noche durante tres meses ante la empresa Razzini en Rosario

“Unos diez empleados salieron a la puerta, dijeron que no trabajaban más y en ese momento buscamos escribano, tratamos de hacer certificaciones notariales de la situación, y automáticamente todo se transformó en una guerra, empezaron a amenazar de muerte a la gente que venía a cargar a nuestras empresas, hasta el punto de que un día no vino más nadie porque era insostenible”, contó la empresaria a Infobae.

-¿Los amenazaban con armas?

-SÍ, a nosotros también. Una vez frenaron mi auto en una esquina y me mostraron armas. De muchísimas de las amenazas pudimos hacer constataciones notariales porque hubo situaciones violentas. Fueron tres meses y finalmente nosotros pudimos salir adelante pero hay gente que no puede porque estas batallas tienen un costo económico y también un costo anímico terrible. Nosotros quedamos todos muy mal, shockeados, tanto los directores de la empresa como todos los empleados, muchos con tratamientos psicológicos. Imagínese que veníamos a trabajar y nos bloqueaban, nos insultaban, no podíamos hacer nuestro trabajo, afrontábamos los reclamos de los clientes... Y todo empezó sin aviso, cuando un día cortaron la avenida donde está la empresa, trajeron 150 personas y se quedaron ahí. Parecía que tenían el apoyo de la Guardia Urbana (una fuerza civil de seguridad que depende de la Municipalidad). En plena pandemia, mientras la gente no podía salir de sus casas, ellos estaban instalados en nuestros accesos, acampando, y no nos dejaban trabajar.

-¿No intervinieron las autoridades?

-El Ministerio de Trabajo provincial funcionó como una escribanía del sindicato. Primero se declaró incompetente, archivó el reclamo y recomendó que se hiciera la correspondiente denuncia penal. Fue lo que hicimos el 12 de junio ante la Fiscalía. Luego quisieron mandarnos a una conciliación obligatoria cuando nosotros ya habíamos presentado las denuncias penales y mientras crecían el bloqueo y las amenazas. “¿Cómo voy a conciliar con 20 personas que me están amenazando y van a prender fuego la empresa?”, les dije. Me contestaron: “Tenés 30 minutos para firmar la conciliación. Firmalo por las buenas o por las malas porque esto va a salir igual”. Les dije que no podíamos firmarlo porque era una locura. Nos tuvieron cinco horas ahí adentro. El conflicto siguió, llamamos al fiscal de flagrancia y en el bloqueo se llevaron a todos presos. Esa la primera vez que se llevaron presos a 10 empleados y tres delegados por bloquear. La orden del fiscal era detener a 21, pero se llevaron solamente a 13 porque negociaron con la comisaría.

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El audio de un dirigente de Camioneros que bloqueó la empresa Razzini en Rosario

-¿No tuvieron ninguna ayuda por parte del gobierno provincial o municipal?

-No, de nadie. Tampoco de la intendencia.

-¿Qué costos personales implicó el bloqueo sindical para ustedes?

-Llegamos al punto de que yo vivía a cinco cuadras de la empresa y me tuve que mudar. Me mostraron armas, amenazaron a mi esposo, nos dijeron que sabían dónde estaban mis hijos, después hubo amenazas de que iban a ir a la casa de mi papá para provocarle un infarto. Era un desmadre. Los choferes necesitaban trabajar, pero teníamos todo bloqueado y se peleaban con los de Camioneros. Entonces un día uno sacó un cuchillo y con mis hermanos dijimos: chau cerremos, no se puede más. Entonces pensamos en el cierre de la empresa, la liquidación, porque ya no teníamos ninguna solución.

-¿Ustedes despidieron a los empleados que bloqueaban los accesos?

-Antes fueron suspendidos con causa y luego de las detenciones enviamos los telegramas de despido a los involucrados en el bloqueo. Ellos presentan un amparo en el fuero laboral y lo que sucedió nadie lo esperaba: la jueza les denegó el amparo y dijo que estaban bien despedidos. Fue un fallo histórico. El conflicto había escalado, pero habíamos podido comprobar ante la Fiscalía el boicot y la extorsión que estuvieron planificados. Esto no fue un simple reclamo gremial. Había 20 en el bloqueo y 80 empleados defendiendo el trabajo con uñas y dientes. Hicimos lo posible también por defender a nuestra gente. De esos 20 hubo cuatro o cinco de los que no supe más nada, pero del resto todos vinieron a pedir disculpas y a pedir trabajo. El fiscal los iba a imputar y nosotros hicimos levantar las acusaciones porque entendimos que fueron un instrumento del sindicato y que los usaron. A los delegados, no. Contra ellos seguimos adelante y finalmente los cuatro fueron imputados por el bloqueo y dos de ellos por amenazas. Ahora estamos esperando que los procesen.

Los activistas sindicales, instalados hasta con gazebos, bloquearon la empresa, amenazaron y no dejaban trabajar

-¿Por qué decidieron dar pelea cuando tantas empresas terminan acordando?

-Porque fue brutal. Si de esta manera venían a exigirnos que negociemos, si aceptábamos no íbamos a poder trabajar con el sindicato adentro. Cuando nos caen a nosotros ya lo habían hecho en dos empresas, una que recicla hierro y otra distribuidora de repuestos, y en ambas fue con mucha brutalidad. Los delegados no dejaban trabajar, todos los días inventaban cosas, maltrataban a la gente. Puedo contar cientos de casos porque cuando nuestro bloqueo se hizo público se me acercó mucha gente a contarme sus experiencias. Es terrible lo que vive el empresariado argentino. Y hablo de empresas que hacen las cosas bien, que tienen a la gente en blanco, que hacen sus aportes, que pagan sus impuestos. No voy a salir a defender a empresarios que tienen a la gente en negro porque eso no corresponde y ahí es donde tiene que hacer foco el sindicato, no en empresas donde hacen bien las cosas.

-¿Por qué cree que no intervinieron? ¿Por miedo? ¿Complicidad política?

-Exacto, todos tienen negociaciones en el medio. Pienso que están negociando otras cosas y que entonces preferían hacer silencio y no emitir ni un comunicado. Hubo un grupo de concejales que trató de votar una declaración de repudio hacia la situación que vivíamos, pero otros concejales votaron en contra porque decían que habían existido despidos.

-¿Tienen estimada la pérdida económica de tener la empresa bloqueada durante tres meses?

-Fueron muchos millones, pero vamos a demandar al sindicato por perjuicio económico. Ya tenemos armada toda la presentación. Tuvimos que contratar a la Guardia de Infantería para proteger a la gente y a la empresa. Pagamos adicionales y móviles durante tres meses.

Una de las plantas de Razzini que fue bloqueada por Camioneros

-¿Por qué decidió crear el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB)?

-Tuvo mucho que ver Florencia (Arietto, dirigente del PRO), que apoyó desde el primer día. Ella sabe muchísimo sobre estos temas, me guió, me dijo que no aflojáramos. Cuando vino a Rosario a conocernos, coincidimos en que los empresarios tienen miedo cuando el sindicato los bloquea, pero no tienen información sobre qué deben hacer y que el camino es la denuncia. En el medio conocí a Bernardo Fernández, del Parque Industrial Ader, que me cuenta la misma situación que vivió, y por eso dijimos: “Algo tenemos que hacer, nos van a aniquilar”. Por eso surge la idea de crear el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, armamos un grupo de whatsapp y se fue incorporando gente. Estamos en Twitter (@MEABArgentina) y tenemos una dirección de mail (informacionmeab@gmail.com). Ya hay 18 empresarios de todo el país, del conurbano bonaerense, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Fe.

-¿Qué se proponen?

-La idea es ir generando una red de todas las empresas que son víctimas de bloqueos sindicales extorsivos para que nos ayudemos con información y vayamos guiando y dando una mano sobre cómo hay que actuar para no dejar que esto continúe. Porque hay que ponerle un freno a esta locura. Si no tenemos un Estado que nos ayude, hay una realidad en el fondo de todo esto: la ley dice que lo que nosotros hacemos está bien, entonces nos vamos a apoyar en la ley. ¿Y qué dice la ley? Que hay que actuar dentro de la ley. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos y ellos no. Entonces tenemos que salir a acompañarnos entre los empresarios, ayudarnos, dar información para colaborar con la Justicia, con las víctimas, logrando que la gente denuncie. De hecho, el domingo pasado tuvimos el primer llamado de auxilio en el MEAB y fuimos a acompañar a la gente de Química Oeste. A su dueño, Ignacio Dos Reis, lo ayudamos desde el momento en que se comunicó con nosotros, hizo la denuncia el lunes a la mañana y el miércoles se logró el desalojo. Algo que a mí me costó meses, él lo pudo lograr en cuatro días y ya puede seguir trabajando.

-Usted integra la dirección de la empresa familiar y ahora sumó esta actividad. Parece haber encontrado una nueva vocación...

-Esto me está llevando más tiempo del que pensaba, pero lo hago con un placer enorme y un compromiso muy grande porque es una misión: algo tengo que hacer para capitalizar lo que nos pasó y ayudar a otros para que no lo sufran. Lo que nos pasó a nosotros le pasa a mucha gente: es muy injusto que un día venga una mafia y quiera venir a manejar lo que construiste con tanto esfuerzo y haciendo las cosas bien. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. Por lo pronto, el desalojo de Química Oeste es la primera batalla ganada y vamos a ir por más, no nos vamos a quedar acá. No nos merecemos vivir así.

Se sintió olor a cubierta quemada en Carmelo

Días pasado una publicación en facebook con intrigantes comentarios aludía un supuesto delito del Senador Lacalle Pou, el mismo sin sustento de pruebas algo muy común de parte de este sr y otros que desde este lugar muy utilizado desde su ámbito político al cual pertenece aunque lo niegue, seguramente buscando el efecto deseado de empaniar el buen honor y la figura en ascenso del Senador, solo recordar el cruce entre el líder del MPP Senador Mujica y Lacalle Pou cuando sin autorización del Presidente  pretendió a los gritos frenar ante la realidad planteada en ese momento en alusión a su padre, el Ex Presidente Luis Alberto Herrera hecho que Lacalle Pou corto con firmeza, demuestra que la falta de respeto comienza en sus propios dirigentes y de hecho se espaden en sus seguidores ante la complicidad de quien lo hace encubierto en sus fueros.

Con verdadero atino y rápida decision propia de alguien que no tiene nada que ocultar, radico la denuncia correspondiente ante la justicia  que de inmediato resolvió favorablemente al denunciante condenando la acción del ciudadano exigiendo pruebas a las que obviamente no tenia como de costumbre, culminando el hecho con la retractación publica de quien cometiera el ilícito, sentándose un precedente jurídico para el futuro por estos hechos que dará una transparencia para quienes opinen o debatan en las redes lo hagan con la responsabilidad que corresponde en el marco de lo moral y ético.

Cabe senialar que es muy habitual en las redes y también he sido victima de insultos y pretender poner mi moral e juicio sin fundamentos ante la propia capacidad de debatir con la altura que corresponde, solo hace unos días una colega posteo una nota mía para encabezarla como un disparate "QUE CUALQUIER CHANTA larga una noticia como la que se estaba poniendo públicamente avalado por un centenario medio de la región de Zarate Campana", en clara alusión a mi persona que fuera a quien este medio entrevistara por ese proyecto, lo hago solo para dar una idea a lo que día a día nos exponemos y recibimos por dar información a nuestros seguidores.

Por esto y mucho mas celebro se haya hecho Justicia y se ponga freno a los inadaptados que e su mayoría son incapaces de dar la cara frente a frente en un debate.