Las últimas cinco tiendas que quedaban, de las 22 que alguna vez hubo en Venezuela, han tapado los logos de la compañía y sus empleados han sido conminados a que rematen los contenidos de la mercancía.
Después de haber sido un floreciente negocio Venezuela, adonde el grupo desembarcó hace poco más de dos décadas, los negocios de Inditex pasaron varios años resistiendo una compleja situación económica: crisis cambiaria y dificultades para importar; multas onerosas; hiperinflación durante los últimos tres años; y una caída general de la economía que se tradujo en una disminución en las utilidades de la empresa a causa por falta de ventas.
Las operaciones comerciales cotidianas se complicaron aún más con la llegada de la pandemia y las restricciones de la cuarentena.
Inditex había respetado las múltiples restricciones impuestas por los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con estrategias similares a otras multinacionales aún presentes en el país: callar, aguantar y esperar tiempos mejores, ante un mercado tradicionalmente rentable como el venezolano.
Las dificultades de Inditex en Venezuela se profundizaron a medida que el Gobierno aumentó su control sobre la economía, en el año 2007.
A partir de ese momento, el chavismo abandonó su actitud de entonces, tradicionalmente permisiva con el sector privado, para adoptar otra más conflictiva y mucho menos tolerante con el empresario en el marco revolucionario.
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Así crecieron los conflictos con las oficinas estatales vinculadas a la fijación de precios o impuestos. Como otras compañías privadas del país vinculadas al comercio, a partir de 2013 Zara tuvo que soportar los célebres -y a ratos nada amigables- operativos de control de precios del Estado, que concentraban sobre los comerciantes la responsabilidad en el aumento de los precios e imponía severos castigos, como multas o cierres, a quienes consideraba transgresores de las normas.
La gota que derramó el vaso de Inditex en Venezuela fue el escándalo vinculado a la aerolínea venezolana Plus Ultra, propiedad del empresario venezolano Camilo Ibrahim, quien a su vez es el propietario de las franquicias locales y administra los negocios de Inditex en el país.
Esta línea, que hace una ruta muy conocida entre España y Venezuela, fue muy criticada por recibir auxilios financieros para mantener sus operaciones en España por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Aunque Ibarahim es un empresario de bajo perfil y no se le conoce filiación política, sus negocios han prosperado con mucha claridad en los años de Nicolás Maduro.
Los números de Inditex en Venezuela llegaron a ser muy satisfactorios en la primera década del siglo y sus productos muy populares. En 2004, Hugo Chávez acusó a Inditex de estar cometiendo fraude fiscal, aunque la denuncia no llegó a mayores. En 2007, la compañía Phoenix World Trade, propiedad de Ibrahim, asumió la representación de las marcas de la empresa a través del esquema de las franquicias corporativas. Hasta hace pocos meses, Inditex mantenía presentes 15 locales comerciales en Venezuela.
