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martes, 8 de junio de 2021

El asesino de masas que fue nombrado el gobernante más corrupto de la historia: la vida de Suharto, el despiadado dictador que murió impune

 

Transparency International, la organización que investiga la corrupción en el mundo, afirma que Suharto es el líder global de la historia moderna que más cantidad de dinero ha robado en ejercicio del poder. También se estima que mandó a matar a tres millones de personas. La historia de un tirano que falleció a los 86 años sin ser condenado
Por Matías Bauso Haji Mohammad Suharto, o Suharto a secas, del que hoy se cumplen cien años de su nacimiento, fue presidente de Indonesia (el segundo de su historia) durante más de tres décadas. También fue un temible asesino de masas. Y el ostenta el título del gobernante más corrupto de la historia pese a los muchos contendientes al cetro. Indonesia parece un país imposible de gobernar. 

Dos millones de kilómetros cuadrados de superficie, el país insular más grande del mundo, en ese momento con 220 millones de habitantes (actualmente son 290 millones), 300 grupos étnicos, más de 250 lenguas y dialectos y 17.000 islas. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo ocupado por Japón y después fue una colonia holandesa, hasta la independencia declarada en 1949. Su primer presidente fue Sukarno, que tomó el control del país con mano férrea. Debía lidiar con los grupos islámicos, los comunistas y la pobreza. En el sur del país los movimientos opositores parecían avanzar. Para controlarlos envió a un joven y ambicioso coronel.

 Suharto estuvo a cargo de la represión. Muy pronto logró apagar esos levantamientos y ganarse un nombre. Sukarno había encontrado un jefe militar. Suharto ascendió rápidamente. Pero los conflictos internos continuaban y se agravaban. Hoy, 8 de junio, se cumplirían cien años del nacimiento de Suhartu, quien promovió el derrocamiento de su antecesor, Sukarno, y quien gobernó la República de Indonesia desde 1966 hasta 1998 (Maya Vidon/Getty Images) Hoy, 8 de junio, se cumplirían cien años del nacimiento de Suhartu, quien promovió el derrocamiento de su antecesor, Sukarno, y quien gobernó la República de Indonesia desde 1966 hasta 1998 (Maya Vidon/Getty Images) 1965. Una lucha intestina por el poder. Los militares, principal sustento del entonces presidente Sukarno, se dividieron en dos facciones: los comunistas y los occidentalistas. O los apoyados por Mao y los financiados por la CIA.

 Seis de los principales jefes militares que eran apoyados por Estados Unidos aparecieron muertos. Misteriosamente, el único de alto rango que sobrevivió fue Suharto. Así lideró esta segunda facción. Logró imponerse. Y con eso consiguió vencer al otro grupo y detener la progresiva inclinación hacia el eje comunista de Sukarno. La purga posterior fue arrasadora. Esta victoria y este poder de fuego, le permitieron a Suharno convertirse en el hombre fuerte del país y promover el derrocamiento de Sukarno. Al principio asumió provisionalmente el poder, pero el año siguiente fue elegido (casi) definitivamente. Permanecería 33 años ininterrumpidos como primer mandatario. Suharto, que hasta ese momento había hecho una sinuosa carrera, desde el apoyo a Japón en la Segunda Guerra, levantamientos fracasados, coqueteos con el comunismo, su fidelidad a Sukarto, el ascenso en las Fuerzas Armadas y el golpe de estado contra su mentor en 1966, tomó el poder para no soltarlo. 

 En esas luchas que tuvieron lugar entre 1965 y 1966, Suharno desató una masacre en la que se asesinó y se hizo desaparecer a millones de indonesios. Los números son aproximados. Pero las entidades mundiales calculan que en ese período Suharno fue el responsable de entre 600.000 y dos millones de muertes. Pero no se conformó con sofocar ese posible fuente de conflicto y de oposición en los sesenta: esas muertes que lo cubrirían de poder. Suharto fue capaz de ocasionar una masacre por cada década de poder. Hay que reconocer que son pocos los que lo han conseguido. En los setenta fue en Timor Oriental dónde las fuerzas de Indonesia mataron a un tercio de la población, alrededor de 200.000 personas. En los ochenta hubo fusilamientos masivos y desapariciones de disidentes y de quienes llamaban la atención sobre el creciente deterioro social.

 En los noventa, la represión continuó para intentar callar, sin éxito, a los que protestaban por la crisis que afectaba al país. Como los métodos eran clandestinos y las acciones quedaron impunes se hace difícil para los especialistas determinar el número de víctimas. Bill Clinton, entonces presidente de los Estados Unidos, junto a Suharto. El dictador de Indonesia fue financiado y protegido por Occidente y obró de garante para no ceder ante la ofensiva comunista de la China Maoísta (Getty Images) Bill Clinton, entonces presidente de los Estados Unidos, junto a Suharto. El dictador de Indonesia fue financiado y protegido por Occidente y obró de garante para no ceder ante la ofensiva comunista de la China Maoísta (Getty Images) A su plan para revivir al país, o a sus modos económicos, lo llamó Nuevo Orden. Indonesia (y la gran mayoría de Asia) resurgió. Los indicadores se elevaban año a año. Había petróleo, nuevas empresas, préstamos del Banco Mundial. 

Un crecimiento del 7% anual. Suharto se adjudicaba esos méritos. Su gente lo reconocía. Pero cuando una crisis mundial y continental sacudió a Indonesia en 1998, debió resignar el poder después de 33 años de ejercicio despótico. A los indonesios, hasta ese momento no parecían importarles los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción rampante. Todo eso supieron no verlo o minimizarlo. Pero no lo hicieron cuando los problemas económicos perjudicaron sus bolsillos, cuando el hambre y la desocupación empezaron a arreciar.

 Hasta ese momento Suharto, para mantener el poder, se basaba en el apoyo militar, la sofocación inmediata, cruel y desmedida de cualquier intento de rebelión o de protesta, el bienestar de la mayoría de sus habitantes, y el equilibrio en el complejo entramado internacional. Alguna vez se deberá escribir la historia de la Guerra Fría a través de los dictadores y crímenes locales que apañaron y hasta incentivaron las dos potencias con tal de que una nación o región no cayeran en manos de su enemigo. Suharto fue financiado y protegido por Occidente. Él se supo erigir como el bastión anticomunista de la región, el garante de que Indonesia no cedería a la cercanía de la China Maoísta. Pero como tantos otros dictadores de posguerra, Suharto supo también coquetear con ambos bandos. Porque entendió que si se asentaba demasiado de un solo lado, si no pendulaba y desplegaba un confuso juego de seducción con las dos potencias, su poder de negociación y, en especial, su impunidad se debilitaban. Así fue que también hubo acercamientos con la Unión Soviética que tenían una doble finalidad: preocupar a Estados Unidos y alimentar la fricción con China.

 El ex rey Juan Carlos I de España junto a Suharto. Se calcula que la fortuna que cosechó el tirano indonesio fue de entre 16 mil y 30 mil millones de dólares (Getty Images) El ex rey Juan Carlos I de España junto a Suharto. Se calcula que la fortuna que cosechó el tirano indonesio fue de entre 16 mil y 30 mil millones de dólares (Getty Images) En sus apariciones públicas se esforzaba por mostrarse afable. En algún momento lo llamaban “el Militar Sonriente”. Su rasgo personal más distintivo era el Songkok, un sombrero cónico de terciopelo negro que siempre llevaba en su cabeza. Suharto figura en la lista de los grandes asesinos de masas. Se calcula que en sus más de tres décadas como presidente mandó asesinar entre 500.000 y 3 millones de personas.

 Para tener una perspectiva de la magnitud de sus crímenes, en ese ranking debajo de él figuran personajes que la historia a inmortalizado como salvajes carniceros: Iván el Terrible, Mao, Mengitsu, Ante Pavelic, Mussolini o Idi Amin. Eso sí, Suharto puede mostrarse orgulloso de que encabeza otra lista y no navega por mitad de tabla como en la anterior, en la medianía de un décimo puesto. Según Transparency International, la organización que estudia e investiga la corrupción en los países y sus gobiernos, Suharto es el líder mundial de la historia moderna que más cantidad de dinero ha robado en ejercicio del poder. El dictador más corrupto de la historia. 

El lector debe reconocer el esfuerzo y la imaginación que Suharto ha debido desplegar en la empresa ya que derrotó a hábiles competidores en esa carrera imaginaria. Su fortuna se calcula entre los 16 mil y los 30 mil millones de dólares. La lista de bienes, empresas, extensiones de tierras y cuentas internacionales parece inabarcable. El general Haji Mohammad Soeharto estuvo a cargo de la represión en la primera gestión presidencial en Indonesia. Luego asumió el poder y desató una masacre: asesinó entre 600 mil y dos millones de personas El general Haji Mohammad Soeharto estuvo a cargo de la represión en la primera gestión presidencial en Indonesia. Luego asumió el poder y desató una masacre: asesinó entre 600 mil y dos millones de personas Cuando invadió Timor Oriental en 1977, luego de echar a los portugueses y masacrar a todos los opositores y a cualquier que pudiera mostrar resistencia, se dedicó a apropiarse de todas las tierras posibles.

 Utilizando sus fuerzas militares como guardias personales desalojó todos las propiedades posibles para quedarse con ellas. Se calcula que el 40 % de la superficie de Timor Oriental, en algún momento, fue suya. Algunos historiadores sostienen que no hubo ningún gran negocio ni industria en esa región de la que Suharto no fuera el dueño absoluto o tuviera mayoría societaria. Trasladó a Timor el modus operandi que había utilizado en Indonesia. Se quejaba de la herencia, acusaba a su predecesor de corrupción y se quedaba con los sitios económicamente productivos. Las empresas terminaban siendo monopolios que manejaban sus amigos, testaferros o familiares, mientras él paseaba su imagen magnánima por el país y aprovechaba las tensiones de la Guerra Fría para eludir las presiones internacionales. El resurgimiento económico, las nuevas inversiones y la explotación del petróleo hicieron que las divisas llegaran en gran cantidad al país.

 De todo ello, el voraz Suharto se quedó con una (gran) porción. En 1998, tras 33 años en el poder, la crisis económica provocó que abandonara el poder. Como acto reflejo intentó resistir, aplastó las primeras protestas. Pero comprendió, o lo hicieron comprender, que ya no era lo mismo que antes. La bonanza económica había terminado, su salud estaba resquebrajada y la Guerra Fría había terminado. La crisis asiática de 1997 hirió de muerte a su régimen. Pérdida de poder adquisitivo, aumentos en los servicios y desempleo. Las protestas callejeras se multiplicaron. Suharto no escuchó. Se presentó a su séptimo periodo presidencial consecutivo y no entendió que los indonesios necesitaban un cambio. Sus ministros seguían siendo los de siempre: sus familiares y amigos. 

Cada vez más encerrado en sí mismo, menospreció la situación. La muerte de seis estudiantes durante una protesta en una universidad de Yakarta consiguió lo que no habían podido millones de muertes anteriores. Un desfile militar indonesio lleva el ataúd de Suharto durante su funeral el 28 de enero de 2008. Había sido derrocado en 1998 después de que la agitación política se apoderó de la crisis financiera asiática que provocó disturbios en Yakarta (Getty Images) Un desfile militar indonesio lleva el ataúd de Suharto durante su funeral el 28 de enero de 2008. Había sido derrocado en 1998 después de que la agitación política se apoderó de la crisis financiera asiática que provocó disturbios en Yakarta (Getty Images) Su plan entonces fue escabullirse. Dejar el gobierno, ceder poder, pero conservar su fortuna y asegurarse impunidad por sus crímenes de masas. 

Desapareció de la esfera pública y logró eludir los pedidos de explicaciones, las rendiciones de cuentas y a la justicia (que actuaba sin ninguna convicción). Eran muchos los hombres con poder dentro de las fuerzas armadas, la justicia, la política y el empresariado que se habían beneficiado con sus antiguas felonías. El silencio respecto a Suharto también los protegía a ellos. En el año 2000 sus abogados adujeron que el ex hombre fuerte de Indonesia había sufrido un ACV y que no estaba en condiciones de presentarse ante la justicia. Con ese ardid lograron frenar las causas.

 La justicia sólo le prohibió que saliera de su país. El único miembro de su familia que estuvo preso fue Hutomo Mandala, uno de sus seis hijos. Tuvo que pasar cuatro años en prisión porque fue encontrado culpable de haber contratado un sicario para que matara al juez que llevaba adelante una causa por corrupción en la que estaba procesado. Pese a los malos pronósticos de salud, el dictador sobrevivió diez años a su remoción del poder. Murió en 2008. Se había retirado de la vida pública. 

Su fortuna nunca fue encontrada. En los últimos años algunos de sus hijos intentaron retornar a la política. Quisieron cambiar la historia y convertir a su padre en un héroe nacional. Ellos pretendieron aprovechar su apellido y su escandalosa fortuna para ejercer el poder. Pero los crímenes de Suharto fueron tantos y tan crueles que el olvido es imposible

viernes, 4 de junio de 2021

Pedro Castillo ratificó su postura de expulsar extranjeros: “Le daremos 72 horas de plazo a los que han venido a faltar el respeto”

 

El candidato presidencial peruano ya había manifestado esta idea en mayo, cuando dijo que “es necesario ordenar la casa”. Cerró su campaña en Lima de cara al ballotage del domingo ante Keiko Fujimori
El candidato presidencial peruano Pedro Castillo cerró su campaña este jueves en Lima a pesar de la prohibición de realizar concentraciones. A horas del ballotage con Keiko Fujimori, habló de diversos temas y volvió a referirse a su postura de expulsar extranjeros. “Mientras del otro lado traen a personalidades para llenar al pueblo peruano con ciudadanos de otros países, acá ratificamos que el 28 de julio, a través de una decreto supremo, le daremos 72 horas de plazo a los ciudadanos que han venido de otros países a faltar el respeto”, expresó ante sus seguidores. 

 El político de izquierda ya había manifestado esta idea. A principios de mayo, había dicho: “Cómo es posible que se hayan abierto las fronteras de la patria sin ningún filtro. Es necesario ordenar la casa, ordenar el país”. “Cómo es posible que se hayan abierto las fronteras de la patria sin ningún filtro. Es necesario ordenar la casa” También subrayó que “ha llegado el momento de no mirar ideologías, ni el color de la piel” para “concretar el clamor del pueblo” de tener un Gobierno que recupere “la riqueza para tener un país industrializado y próspero”.

 Mientras miles de sus seguidores lanzaban lemas como “en costa, sierra y selva, Pedro presidente” y “se siente, se siente, Pedro presidente”, Castillo pidió a sus compatriotas que “se vea concretado el clamor del pueblo de acá a unas cuantas horas”. El candidato alentó a sus seguidores a que no desmayen y afirmó que “la lucha recién comienza el 7 de junio”, por lo que llamó “a todo el pueblo peruano para ser vigilantes de la democracia a nivel nacional”. “El día 6 de junio no nos dejemos robar la esperanza de este pueblo, no nos dejemos robar este sueño”, agregó antes de decir que los peruanos deben “recuperar la riqueza del país” y expresar su “más sincero reconocimiento” a los obreros, los maestros y a sus “hermanos ronderos”, los guardias campesinos de las localidades andinas del país, que integró en la provincia norteña de Chota. 

 “Vamos a ser respetuosos de esta Constitución hasta que el pueblo lo decida” “Este será un gobierno del pueblo para reivindicar al pueblo, al campesino, a la agricultura, a los pescadores... todo es posible y será posible por la voluntad de Dios”, enfatizó. Castillo ofreció, en ese sentido, que su Gobierno le declarará “la guerra a la delincuencia” y al narcotráfico y convocó “a todos los peruanos a luchar contra los corruptos”. El candidato reiteró varias de sus principales propuestas de campaña, entre las que está “recuperar” el gas natural del yacimiento de Camisea y “convocar a una Asamblea Nacional Constituyente” para cambiar la Constitución de 1993, dada durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko. 

 “Al Perú y al mundo le decimos, en el marco de esta fiesta democrática: vamos a ser respetuosos de esta Constitución hasta que el pueblo lo decida”, acotó. También reiteró su compromiso de lograr que todos los peruanos mayores de 18 años estén vacunados contra el COVID-19 el próximo 31 de diciembre y de trabajar para recuperar la economía nacional, duramente golpeada por la pandemia. Pidió, además, “tranquilidad” al pueblo peruano, a los empresarios y “a todas las personas que los han venido asustando” y rechazó las acusaciones de sus rivales políticos que afirman que es “comunista” y “chavista” y quiere “robar” la propiedad privada. sostuvo antes de asegurar que “el pueblo ha despertado” en Perú y es “inteligente”. El candidato afirmó que un Gobierno suyo no permitirá “que en un país tan rico nuestros hijos estén con hambre” y anunció que renunciará al sueldo vitalicio que reciben los presidentes y reducirá el sueldo de los ministros y congresistas. “Hoy el Perú se ha puesto de pie y por eso es el temor, porque saben que se acabó la mamadera, se acabó la planilla dorada”, concluyó.

jueves, 3 de junio de 2021

Maduro fue denunciado en la ONU por extorsionar a quienes quieren ser vacunados contra el COVID-19: les exige el Carnet de la Patria

 

En una carta dirigida a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, 40 asociaciones de médicos y de académicos detallaron cómo el régimen chavista obliga a acreditar la filiación partidaria a quienes estén en las filas de vacunación contra el coronavirus
na mujer discute con un soldado de la Guardia Nacional Bolivariana, mientras ancianos y trabajadores de la salud esperan recibir su primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19), frente al hotel Alba Caracas. A los que esperan les exigen el "Carnet de la Patria" (Reuters) 

 En una carta enviada a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, 40 organizaciones médicas y académicas denunciaron la discriminación en la vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. “Como organizaciones de la Sociedad Civil venezolana queremos hacerle llegar nuestra inquietud ante las recientes violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en el país, muy especialmente, a los derechos a la vida, la salud, la no discriminación y a la equidad en el acceso a los servicios, en el marco del COVID-19″, comienza el escrito. Afirmaron que el pasado 12 de mayo “fue denunciado, con testimonios y registros fotográficos, que en una jornada para la vacunación contra el COVID-19, a realizarse en el Puesto de Vacunación, ubicado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, médicos y personas de la tercera edad no fueron vacunados por no estar registrados en el Sistema Patria”. 

 “Luego de una espera de varias horas, el personal a cargo de esta jornada colocó un aviso, en la parte exterior de las instalaciones, en las que se exigía como requisito para ser vacunado, la referida inscripción. A los efectos de hacer cumplir con esta providencia fue destacado en el lugar personal policial”, añadió. Las 40 organizaciones recordaron en la carta que firmaron en conjunto que en Venezuela existe un antecedente similar cuando se pretendió exigir el documento denominado “Carnet de la Patria” en otras campañas de vacunación.

Trabajadores sanitarios venezolanos (EFE/Rayner Peña/Archivo) “El 7 de septiembre del 2017, en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones, el vicepresidente de la República en ejercicio, Tareck El Aisami, declaró: ‘Se han administrado más de 2 millones de vacunas a 1 millón de personas, esto por el Plan Nacional de Vacunación. Hay 15.319 puntos de vacunación en todo el país, así que, si usted o un familiar necesita una vacuna, de manera gratuita, con el carnet de la patria se le suministrará la vacuna’. 

Esta medida fue suspendida luego de que la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela rechazara tales declaraciones y enviara comunicaciones al mismo vicepresidente, al Defensor del Pueblo y a la Opinión Pública Nacional en las que les solicitaba desistir de la implementación de la medida anunciada”, siguió. Volviendo a lo que sucedió hace apenas unos días, las organizaciones médicas y académicas subrayaron que el personal de salud y los adultos mayores que se movilizaron al Puesto de Vacunación ubicado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, lo hicieron por motivos distintos, “el primero, porque, a pesar de ser considerado como perteneciente al primer y segundo de los grupos priorizados, de la primera fase del proceso de vacunación iniciado el 18/2/2021 (...), a los 101 días de haber comenzado la vacunación, aún hay parte de este personal que no ha sido vacunado.

 El segundo, por haberse enterado que algunos adultos mayores residentes en el estado Carabobo habían sido convocados a vacunar y que esta información fue difundida por las redes sociales”. En la carta, las 40 asociaciones denunciantes le manifiestan a Bachelet que la información descrita “tiene el propósito de proporcionarle elementos que le permitan contextualizar la situación particular de los eventos ocurridos que motivan esta comunicación, relacionada con el hecho que miembros del personal de salud del estado Carabobo -que podría ser extensiva al resto del personal de salud del país que trabaja, en el sector público y privado en Venezuela- reclama su derecho a ser vacunado, y que ese derecho se garantice en el orden de prioridades establecido en el documento citado que aún no ha sido publicado ni divulgado”.

 Luego, indican que “se separa la situación del personal de salud de la de los adultos mayores, en lo que a vacunación contra el COVID-19 se refiere, porque en el caso del personal de salud no se tiene evidencia alguna, de que el criterio de selección para ser vacunado esté relacionado con el uso del Sistema Patria o la exigencia del Carnet de la Patria”. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (EFE/Salvatore Di Nolfi/Archivo) La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (EFE/Salvatore Di Nolfi/Archivo) Sin embargo, indican que “el incumplimiento de la meta de vacunación en el documento arriba mencionado, tiene consecuencias negativas para el personal de salud residente en Venezuela”. Y, para evidenciar esto, indican: 

“De acuerdo con la Actualización Epidemiológica Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) , emanada de la OPS, el 9 de febrero del 2021, este personal ocupa la posición más elevada en el índice de letalidad por COVID-19, 7,21%, 14,5 veces el promedio del total, entre los países del continente americano, con el agravante que esta situación ocurre en el contexto de no haberse respetado la priorización de grupos beneficiarios para la vacunación contra el COVID-19, en razón del mayor riesgo por exposición, que aparece transcrita en el documento citado, un ejemplo de ello lo constituye el caso de los parlamentarios de la Asamblea Nacional electa en el 2020 y los miembros del Gabinete Ejecutivo, quienes pese a estar ubicados en el orden de prioridades 17, fueron vacunados mucho tiempo antes de la convocatoria prevista”. 

 “A este contexto se agrega la inexistencia, hasta el presente, de un Plan Oficial de Vacunación, y del envío de circulares por autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud, tal como la anexa a esta comunicación, donde se señala que para la primera fase de la vacunación ‘el grupo prioritario está representado por los/as TRABAJADORES/AS DE SALUD DE PRIMERA LÍNEA que laboran en los centros centinelas para la atención y tratamiento de pacientes con SARS-CoV-2′; y que ‘posteriormente se abordarán otros grupos priorizados vulnerables y el resto de la población’”. Luego refieren que todo lo descripto sucede en el marco de “una disponibilidad de vacunas restringida, debida a que el número de dosis que ha ingresado al país hasta ahora no supera la cantidad de 2.240.000″.

 En virtud de “su alto cargo” -le dicen a Bachelet-, “solicitamos su indispensable intervención y buenos oficios para que, además de expresar su preocupación por lo expuesto en estas líneas, realice propuestas concretas e inmediatas ante el Estado venezolano para que este adopte medidas efectivas y oportunas”.

 Las medidas que piden las organizaciones deben estar dirigidas a: - Respetar los derechos humanos de la población venezolana en general y, muy especialmente, el derecho a la vida, la salud, la no discriminación, la igualdad y la equidad. - Aprobar y divulgar con carácter de urgencia, mediante el acto administrativo que considere adecuado, el Plan de Vacunación Oficial contra el COVID-19 de la República Bolivariana de Venezuela, cuya elaboración ha de atender los principios básicos del marco de valores para la asignación y priorización de la vacunación contra el COVID-19 del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico de la Organización Mundial de la Salud. - Proteger adecuadamente a los grupos de población que sufren una carga desproporcionada por el COVID-19, y que por tal razón son clasificados como priorizados, entre los cuales el personal de salud conforma la primera prioridad. - Cumplir efectivamente la meta nacional de vacunados contra el COVID-19, consistente en 22.820.000 personas.

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