Los movimientos sociales, la Izquierda y grupos autoconvocados ponen en jaque el manejo de la calle. Aunque buscan contenerlos con planes y mayores erogaciones de fondos, acusan motivos políticos detrás de las marchas
Por
Brenda Struminger
17 de Junio de 2021
bstruminger@infobae.com
Mientras aflojan las restricciones a la circulación a partir de la merma de casos de coronavirus, el flanco de “la calle”, que se mantuvo bajo control el último mes, vuelve a imponerse entre las preocupaciones del Gobierno.
Nuevas manifestaciones surgieron con fuerza la semana pasada, y para mañana se espera una gran protesta de movimientos sociales críticos del oficialismo y de la izquierda, que se organizaron a pesar de los aumentos en las erogaciones sociales de parte del Ministerio de Desarrollo Social. En la Casa Rosada sospechan de las “intenciones políticas” detrás de las marchas y apuntan a grupos “chicos”, a la izquierda, y a Libres del Sur, por la alianza con el espacio peronista opositor de Florencio Randazzo.
El viernes de la semana pasada, una manifestación impulsada por el Plenario del Sindicalismo Combativo, agrupamiento gremial afín al Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), provocó un conflicto en el Puente Pueyrredón que derivó en incidentes. Mientras que grupos de izquierda hicieron colapsar el centro porteño cuando llegaron de a miles con bombos y altoparlantes hasta la Plaza de Mayo.
Una semana después, se esperan nuevas movilizaciones, que según pudo saber Infobae, fueron gestadas en el bloque piquetero. “Casi 20 meses de Gobierno y sigue creciendo la pobreza.
En el sexto mes del año, segundo año del mandato de Alberto Fernández, han quedado más claro que nunca sus prioridades”, reza el comunicado del Polo Obrero con la convocatoria a cortes y movilizaciones de mañana.
“Nos están complicando los grupos chicos, con los que hay poco diálogo porque no están organizados. También la izquierda, y sobre todo, Libres del Sur, que sí son grandes y acaban de pactar con (Florencio) Randazzo”, dijo un hombre cercano al Presidente.
Se refirió así al acuerdo que cerraron semanas atrás la organización que conduce Humberto Tumini -y que tiene alta fuerza de movilización- con el ex ministro de Transporte y eventual candidato a diputado, que busca disputarle poder al Frente de Todos en la Provincia.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, anunciaron ayer un bono de 6000 pesos para los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo; hace un mes aumentaron los montos de la Tarjeta Alimentar, y aseguran que la cantidad de personas que asisten a comedores comunitarios se mantiene estable, en 10 millones de personas.
“Tenemos diálogo permanente con todos, y consideramos que algunos reclamos tienen sentido, pero hay que cuidarnos y ser cuidadosos en este contexto de pandemia”, dijo una alta fuente de Desarrollo Social, en referencia a los contagios en las marchas.
En Libres del Sur y la izquierda aseguran que esas erogaciones son insuficientes, despotrican contra la tarjeta Alimentar, y piden más planes y mayores montos. A diferencia del diagnóstico en el ministerio de Arroyo, aseguran que la situación social empeoró en las últimas semanas. “Lo que otorgan no es suficiente, la gente está cada vez peor en los barrios y muchos se cayeron de clase social”, dicen cerca de Tumini, donde bregan por la reinstauración del Ingreso Federal de Emergencia (IFE) que el Gobierno implementó el año pasado y que llegó a alcanzar a 8 millones de personas.
En la Nación insisten hace meses en que esos reclamos no son viables y están firmes en que no se volverá al IFE. Aseguran que hubo respuestas a las necesidades sociales a través de los aumentos en la Asignación Universal por Hijo y el incremento y la ampliación del Plan Potenciar Trabajo, además de la ampliación del Repro2, entre otros programas.
De todas formas, según pudo saber Infobae, se evalúa la implementación de una nueva política de asistencia social, que podría tomar la forma de un “salario universal” o “ingreso universal”, para contener a los sectores medios bajos y bajos. En el Gobierno hay voces, especialmente del ala kirchnerista, que indican que los programas basados en la entrega de alimentos no son suficientes y que a veces pueden resultar contraproducentes.
“Hay un sector que está necesitado, pero no está acostumbrado a recibir comida, y la ve como una derrota. Estamos buscando otras forma de darles una respuesta”, dijeron las fuentes.
El plan de implementar un salario universal había sonado con fuerza en Balcarce 50 a mediados del año pasado, pero finalmente fue descartado por la inversión que representaba en un contexto de ajuste fiscal. Ahora, con la versatilidad que se introdujo en las cuentas públicas, vuelve a tomar protagonismo, y se transforma en una opción viable.
La medida había sido propuesta desde distintos sectores del Frente de Todos. Uno de ellos fue el Movimiento de Trabajadores Excluidos, de Juan Grabois y otro Camino Popular, del director del Banco Nación, Claudio Lozano. Ahora podría lanzarse, aunque los detalles aún son una incógnita.
Problemas paralelos
Mientras tanto, otro tipo de movilizaciones complican al Gobierno: las de los grupos anticuarentena -se vieron con preocupación las que tuvieron lugar en Córdoba el último feriado-, y las de sectores empresarios y agropecuarios que se manifiestan de manera puntual en las visitas del Presidente a las provincias.
El martes hubo una marcha del sector ganadero en Pergamino, a donde tenía planeado ir Alberto Fernández junto a su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. A último momento, el primer mandatario canceló su visita. En su entorno aseguraron que no fue por la protesta sino por motivos de “agenda” en la Casa Rosada. Al día siguiente, miércoles, en Salta, empresarios gastronómicos y ciudadanos autoconvocados, enojados por el freno de sus actividades, salieron con cacerolas y bocinazos a rechazar la visita del Presidente, que había llegado para participar de la vigilia por el 200 aniversario de la muerte del general Martín Guemes.
Hace más de un mes funciona en la Casa Rosada una “mesa de crisis” interministerial creada para coordinar esfuerzos entre los ministerios de Seguridad, Defensa, Desarrollo Social, la jefatura de Gabinete, y referentes sociales afines al Gobierno. Desde allí vienen siguiéndose de manera semanal estos episodios y pensándose formas para desactivarlos. Algunos fueron contenidos, pero siguen produciéndose focos de conflicto, en especial con la reactivación de la circulación, y en el marco de la crisis en el año electoral.
El funcionamiento de esa mesa fue puesto en cuestionamiento en los últimos días por referentes del Gobierno. “Hay una cuestión de inteligencia, de poder cuidar al Presidente, de elegir a dónde va y de protegerlo que no está funcionando”, sostuvo un importante dirigente del entorno de Alberto Fernández. Y adelantó que se piensa en medidas para evitar “malos momentos” por protestas contra la gestión nacional que opacan las visitas presidenciales.
El antecedente más grave ocurrió en marzo, con la apedreada que recibió la camioneta del jefe del Estado en Lago Puelo, en Chubut. Desde entonces hubo cambio en los protocolos de seguridad presidencial, pero en el oficialismo creen que durante la campaña deberán reforzarse los métodos de protección e inteligencia previa, en un contexto de irritabilidad política y social.
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