Maduro fue denunciado en la ONU por extorsionar a quienes quieren ser vacunados contra el COVID-19: les exige el Carnet de la Patria

 

En una carta dirigida a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, 40 asociaciones de médicos y de académicos detallaron cómo el régimen chavista obliga a acreditar la filiación partidaria a quienes estén en las filas de vacunación contra el coronavirus

na mujer discute con un soldado de la Guardia Nacional Bolivariana, mientras ancianos y trabajadores de la salud esperan recibir su primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19), frente al hotel Alba Caracas. A los que esperan les exigen el "Carnet de la Patria" (Reuters) 

 En una carta enviada a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, 40 organizaciones médicas y académicas denunciaron la discriminación en la vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. “Como organizaciones de la Sociedad Civil venezolana queremos hacerle llegar nuestra inquietud ante las recientes violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en el país, muy especialmente, a los derechos a la vida, la salud, la no discriminación y a la equidad en el acceso a los servicios, en el marco del COVID-19″, comienza el escrito. Afirmaron que el pasado 12 de mayo “fue denunciado, con testimonios y registros fotográficos, que en una jornada para la vacunación contra el COVID-19, a realizarse en el Puesto de Vacunación, ubicado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, médicos y personas de la tercera edad no fueron vacunados por no estar registrados en el Sistema Patria”. 

 “Luego de una espera de varias horas, el personal a cargo de esta jornada colocó un aviso, en la parte exterior de las instalaciones, en las que se exigía como requisito para ser vacunado, la referida inscripción. A los efectos de hacer cumplir con esta providencia fue destacado en el lugar personal policial”, añadió. Las 40 organizaciones recordaron en la carta que firmaron en conjunto que en Venezuela existe un antecedente similar cuando se pretendió exigir el documento denominado “Carnet de la Patria” en otras campañas de vacunación.

Trabajadores sanitarios venezolanos (EFE/Rayner Peña/Archivo) “El 7 de septiembre del 2017, en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones, el vicepresidente de la República en ejercicio, Tareck El Aisami, declaró: ‘Se han administrado más de 2 millones de vacunas a 1 millón de personas, esto por el Plan Nacional de Vacunación. Hay 15.319 puntos de vacunación en todo el país, así que, si usted o un familiar necesita una vacuna, de manera gratuita, con el carnet de la patria se le suministrará la vacuna’. 

Esta medida fue suspendida luego de que la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela rechazara tales declaraciones y enviara comunicaciones al mismo vicepresidente, al Defensor del Pueblo y a la Opinión Pública Nacional en las que les solicitaba desistir de la implementación de la medida anunciada”, siguió. Volviendo a lo que sucedió hace apenas unos días, las organizaciones médicas y académicas subrayaron que el personal de salud y los adultos mayores que se movilizaron al Puesto de Vacunación ubicado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, lo hicieron por motivos distintos, “el primero, porque, a pesar de ser considerado como perteneciente al primer y segundo de los grupos priorizados, de la primera fase del proceso de vacunación iniciado el 18/2/2021 (...), a los 101 días de haber comenzado la vacunación, aún hay parte de este personal que no ha sido vacunado.

 El segundo, por haberse enterado que algunos adultos mayores residentes en el estado Carabobo habían sido convocados a vacunar y que esta información fue difundida por las redes sociales”. En la carta, las 40 asociaciones denunciantes le manifiestan a Bachelet que la información descrita “tiene el propósito de proporcionarle elementos que le permitan contextualizar la situación particular de los eventos ocurridos que motivan esta comunicación, relacionada con el hecho que miembros del personal de salud del estado Carabobo -que podría ser extensiva al resto del personal de salud del país que trabaja, en el sector público y privado en Venezuela- reclama su derecho a ser vacunado, y que ese derecho se garantice en el orden de prioridades establecido en el documento citado que aún no ha sido publicado ni divulgado”.

 Luego, indican que “se separa la situación del personal de salud de la de los adultos mayores, en lo que a vacunación contra el COVID-19 se refiere, porque en el caso del personal de salud no se tiene evidencia alguna, de que el criterio de selección para ser vacunado esté relacionado con el uso del Sistema Patria o la exigencia del Carnet de la Patria”. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (EFE/Salvatore Di Nolfi/Archivo) La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (EFE/Salvatore Di Nolfi/Archivo) Sin embargo, indican que “el incumplimiento de la meta de vacunación en el documento arriba mencionado, tiene consecuencias negativas para el personal de salud residente en Venezuela”. Y, para evidenciar esto, indican: 

“De acuerdo con la Actualización Epidemiológica Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) , emanada de la OPS, el 9 de febrero del 2021, este personal ocupa la posición más elevada en el índice de letalidad por COVID-19, 7,21%, 14,5 veces el promedio del total, entre los países del continente americano, con el agravante que esta situación ocurre en el contexto de no haberse respetado la priorización de grupos beneficiarios para la vacunación contra el COVID-19, en razón del mayor riesgo por exposición, que aparece transcrita en el documento citado, un ejemplo de ello lo constituye el caso de los parlamentarios de la Asamblea Nacional electa en el 2020 y los miembros del Gabinete Ejecutivo, quienes pese a estar ubicados en el orden de prioridades 17, fueron vacunados mucho tiempo antes de la convocatoria prevista”. 

 “A este contexto se agrega la inexistencia, hasta el presente, de un Plan Oficial de Vacunación, y del envío de circulares por autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud, tal como la anexa a esta comunicación, donde se señala que para la primera fase de la vacunación ‘el grupo prioritario está representado por los/as TRABAJADORES/AS DE SALUD DE PRIMERA LÍNEA que laboran en los centros centinelas para la atención y tratamiento de pacientes con SARS-CoV-2′; y que ‘posteriormente se abordarán otros grupos priorizados vulnerables y el resto de la población’”. Luego refieren que todo lo descripto sucede en el marco de “una disponibilidad de vacunas restringida, debida a que el número de dosis que ha ingresado al país hasta ahora no supera la cantidad de 2.240.000″.

 En virtud de “su alto cargo” -le dicen a Bachelet-, “solicitamos su indispensable intervención y buenos oficios para que, además de expresar su preocupación por lo expuesto en estas líneas, realice propuestas concretas e inmediatas ante el Estado venezolano para que este adopte medidas efectivas y oportunas”.

 Las medidas que piden las organizaciones deben estar dirigidas a: - Respetar los derechos humanos de la población venezolana en general y, muy especialmente, el derecho a la vida, la salud, la no discriminación, la igualdad y la equidad. - Aprobar y divulgar con carácter de urgencia, mediante el acto administrativo que considere adecuado, el Plan de Vacunación Oficial contra el COVID-19 de la República Bolivariana de Venezuela, cuya elaboración ha de atender los principios básicos del marco de valores para la asignación y priorización de la vacunación contra el COVID-19 del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico de la Organización Mundial de la Salud. - Proteger adecuadamente a los grupos de población que sufren una carga desproporcionada por el COVID-19, y que por tal razón son clasificados como priorizados, entre los cuales el personal de salud conforma la primera prioridad. - Cumplir efectivamente la meta nacional de vacunados contra el COVID-19, consistente en 22.820.000 personas.