Fabián Rodríguez Simón presentó un habeas corpus ante la justicia uruguaya para insistir en su planteo de refugiado

 

Lo hizo ayer ante el mismo juez de Uruguay al que se le presentó cuando se enteró de la orden de detención librada por Servini. Mañana habrá una audiencia con Interpol para resolver sobre el pedido de captura

Fabián Rodríguez Simón, señalado como un operador judicial del gobierno de Mauricio Macri y hoy buscado por la justicia argentina en el marco de una causa que motorizaron en su contra los dueños de C5N, solicitó un hábeas corpus al Poder Judicial de Uruguay en base a su reclamo para convertirse en refugiado político. La presentación fue hecha ayer, miércoles, cuando la jueza María Servini lo declaró “rebelde” y libró su orden de captura nacional e internacional a los fines de su proceder a su indagatoria. 

 Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, Rodríguez Simón se presentó en el juzgado 43 de Montevideo para decirle al juez que estaba al tanto de que se había ordenado su captura y hacerle saber que estaba en calidad de refugiado en Uruguay, según su versión. En ese contexto, formalizó un planteo de hábeas corpus. A raíz de ello, el juez ya habría solicitado a Interpol saber si hay una orden de detención contra el abogado argentino. También verificar cuál es el trámite que dio inicio Rodríguez Simón a los fines de ser declarado refugiado. Este medio pudo confirmar que mañana por la tarde habrá una audiencia en el juzgado uruguayo a la que está citado también Interpol. 

Acorde a lo explicado, para bloquear el pedido de captura internacional que dispuso Servini, se planteó un habeas corpus y el juez cito a Interpol a una audiencia mañana a la tarde para resolver. De todas maneras, subrayan las fuentes consultadas, la justicia uruguaya no puede proceder a la captura solicitada por la jueza Servini hasta que no se defina la situación de refugiado reclamada por “Pepín”.

 El ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri pidió ser considerado “refugiado político” porque es una figura contemplada por Naciones Unidas, precisamente ante situaciones de persecución y amenaza para la seguridad o la libertad, que si es concedido conlleva protección frente a un pedido de extradición. La jueza María Servini Ahora será la Comisión de Refugiados (CORE) de Uruguay la que evalúe el requerimiento. Rodríguez Simón tiene 90 días para fundamentar por qué cree que merece ser incluido en esa categoría. 

 El lunes por la noche, el ex funcionario, que había viajado a Uruguay autorizado por la propia justicia argentina, hizo pública una carta en la que argumentó su pedido: “Ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”, indicó. Tras esa decisión, la jueza Servini ordenó este miércoles la captura internacional de Fabián Rodríguez Simón a los fines de tomarle declaración indagatoria. 

También dispuso la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. En su decisión, el fallo ordena que el Ministerio de Seguridad de la Nación por su intermedio “se notifique a las fuerzas de seguridad la medida y oficiar al Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina librar exhorto internacional en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal a efectos de solicitarle a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay que, de manera muy urgente, se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”. “Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021″, sostuvo la jueza en su resolución. 

“Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines. Entonces, su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”.

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón formalizó el pedido para ser refugiado político en Uruguay y por 90 días no podrá ser extraditado

 

Es el plazo que tiene el país para definir la situación del ex funcionario, integrante de la mesa judicial de Cambiemos, que está acusado por la Justicia en una causa por asociación ilícita. En una carta, dijo que es víctima de una “campaña de persecución”

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el principal operador judicial de Mauricio Macri, formalizó hoy el pedido de refugio político en Uruguay y por 90 días no podrá ser extraditado, que es el plazo que tiene el país para definir su situación legal, según informaron a Infobae fuentes del gobierno uruguayo. 

 Según la Ley Nº 18.076 de Uruguay de “derecho al refugio y a los refugiados”, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio “en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad”. Y agrega que será reconocido como refugiado toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad”.

 También aquellos que han “huido del país de su nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público”. Anoche, Simón hizo pública una carta en la que argumentó su pedido de asilo político: “Ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”, indicó.

 El ex funcionario había viajado a Uruguay autorizado por la propia justicia argentina que lo investigaba en una causa que busca determinar si integró una asociación ilícita organizada con el objetivo de perseguir empresarios. “Pepín” Rodríguez Simón tuvo durante la gestión de Macri dos cargos, pero ninguno vinculado al quehacer judicial: director de YPF por el Estado Nacional y representante por Argentina en el Parlasur. Sin embargo, estuvo detrás de la organización de toda la ofensiva judicial para acusar a los dueños de C5N y otros medios, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Por las acusaciones que planteó el “cerebro jurídico” del PRO, ambos terminaron durante varios años presos. El gobierno de Uruguay tiene 90 días para definir la situación del ex funcionario de Cambiemos El gobierno de Uruguay tiene 90 días para definir la situación del ex funcionario de Cambiemos “Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad, por mi seguridad personal si regreso a la Argentina”, asegura Rodríguez Simón en la carta. 

 De acuerdo a la normativa uruguaya, una vez solicitado el pedido de refugio, y mientras dure el plazo para determinar si es aceptado o no, Simón tiene derecho a no ser rechazado en la frontera, ni ser devuelto, expulsado o extraditado al país “donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro, mientras se tramita su solicitud de refugio”. También a permanecer y transitar libremente en el país, obtener una cédula de identidad provisoria durante el procedimiento, acceder a los sistemas públicos de salud, educación y a trabajar legalmente, no ser discriminado por ninguna razón y a reunificarse con sus familiares en caso de que sea reconocido como refugiado. Si Uruguay finalmente reconoce su condición de refugiado, el ex funcionario de Cambiemos tendrá derecho a residir en forma permanente en el país.

 En ese caso, la Dirección Nacional de Migración le otorgará un certificado de refugiado, con el cual deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Identificación Civil para tramitar la cédula de identidad para extranjeros, la que deberá ser renovada cada 3 años. En el inicio de su carta, el operador de Macri informó que pidió “asilo como refugiado político en Uruguay en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias”. “Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. 

Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, añadió. José Torello, Balbín (que renunció enemistado con la mesa judicial) Marcos Peña, Garavano, Pepín Rodríguez Simón y Quintana, en la Casa Rosada. José Torello, Balbín (que renunció enemistado con la mesa judicial) Marcos Peña, Garavano, Pepín Rodríguez Simón y Quintana, en la Casa Rosada. Rodríguez Simón fue citado por la jueza María Servini a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga si existieron presiones sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa para que cambien su línea editorial. 

Con la decisión de pedir el asilo o la protección como refugiado político, el ex integrante de la Mesa Judicial decidió evitar el principal acto de defensa que tiene cualquier acusado, que es la declaración indagatoria, en la cual recibe la precisión del delito que se le achaca y se permite esgrimir sus argumentos. Durante la mañana de hoy, el presidente Alberto Fernández habló sobre la situación del ex funcionario de Cambiemos y lo vinculó con el rechazo de la oposición a la reforma del Ministerio Público Fiscal que busca impulsar el Gobierno. “Esta reacción tiene que ver con la desesperación por sacar la causa del Correo (Argentino) de la justicia comercial para llevarla a la ciudad (de Buenos Aires); es la misma desesperación que expresa alguien que pide asilo en Uruguay en una causa en la que todavía no fue llamado a indagatoria. 

Él (por Rodríguez Simón) dice pedir asilo porque no tiene posibilidad de defenderse en la argentina, a Cristina (Kirchner) le inventaron 30 causas, ocho indagatorias en un día, y nunca se fue de su casa, siempre concurrió cada vez que la citaron”, expresó el mandatario en una entrevista con Radio 10. “‘Pepín’, no se cómo se llama... Rodríguez Simón, hablemos en serio; toda la justicia sabía que usted era el emisario del gobierno nacional, usted operaba en las causas. Estas cosas se saben”, agregó. La causa Simón quedó complicado en las últimas semanas en la causa que lo investiga por asociación ilícita luego de que se detectaran, según constancias a las que accedió Infobae, que durante su actuación tuvo más de 700 comunicaciones con el Gobierno de la Ciudad y más de 400 con la Secretaría General de la Presidencia. 

Pero hay muchos más llamados a otros teléfonos registrados a nombre de esas dependencias. También figuran 162 llamadas al entonces ministro de Justicia Germán Garavano y 139 a un teléfono de la Jefatura de Gabinete de Ministros que antes habría estado a nombre de Farmacity SA. Más de cien comunicaciones a la Jefatura de Gabinete; Fernando Sánchez, el “lilito” que después pasó a trabajar en la órbita del gobierno de Macri; el vocero Jorge Grecco o directamente a la Presidencia de la Nación. Con 15 contactos está José Torello, también señalado como integrante de la mesa judicial de Macri. Figuran 27 llamadas con el radical Ernesto Sanz, pieza clave en el armado de Cambiemos; y contactos con la firma Caputo SA, la empresa del mejor amigo de Macri que fue vendida en 2018. En esa línea también se identifican un centenar de llamados a las firmas Casino Buenos Aires SA o Casino Club SA; y unos 27 a la Asociación de Agentes de Loterías y Casinos y a Dolores Pujol, integrante del directorio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. 

También hay llamadas con teléfonos del Banco Finansur, que perteneció a Cristóbal López y cuya quiebra determinó la Justicia en 2018. Los llamados de “Pepín” en el teléfono estudiado también abarcan contactos con estudios de abogados como Llerenea Asociaciones Abogados SA, Sáenz Valiente o Mariano Cúneo Libarona. Otros contactos se registraron a nombre de “El Tehuelche SA”, firma de Eduardo Costa, el senador por Santa Cruz que estuvo casado con Mariana Zuvic. Figuran además contactos con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, la Unidad de Gobierno de la provincia de Buenos Aires o la Municipalidad de Lanús. También muchos con la Cooperativa de Trabajo Argentina de Marketing y Servicios Limitada, entre otros.