“Un momento clave”: organizaciones convocan a una nueva marcha en defensa del agua y en contra de la privatización del bien común

Colectivos de diferentes partes vendrán a Montevideo y otros se movilizarán en sus territorios este sábado; investigador observa las diferencias y similitudes entre el contexto actual y el de cuando se aprobó la reforma constitucional que puso en manos del Estado el abastecimiento de agua potable.

Un grupo de personas piensa que el acceso al agua potable es un derecho humano que debería incluirse en la Constitución. Un grupo de personas se organiza, crece y milita para lograrlo. El grupo pasa a ser una multitud. Uruguay, a partir de la reforma constitucional que fue apoyada por el 64% de la población en 2004, se convierte en el primer país del mundo en consagrar el derecho humano al agua potable en su Carta Magna. De esta forma, el principal texto normativo de nuestro país define el agua como “un recurso natural esencial para la vida”. También determina que el servicio de abastecimiento de agua potable sea provisto “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”, que en su prestación se priorice “las razones de orden social a las de orden económico”, que la gestión del agua sea participativa y mucho más. La reforma constitucional de 2004 se convirtió en un hito de la militancia ambiental.

Desde su aprobación, pasó mucho. Sin ir más lejos, la zona metropolitana no tuvo acceso a agua potable durante meses en 2023. Por esta y otras razones, aproximadamente 80 organizaciones sociales nucleadas en la Articulación Nacional por el Agua, la Tierra y la Vida marcharán este sábado en diferentes partes del país durante el Día Mundial del Agua. En algunos lugares, como Rivera, hubo movilizaciones el viernes. En Montevideo, la convocatoria es a las 17.00 en el Obelisco para partir una hora después por Bulevar Artigas hasta el Pabellón de la Música del Parque Rodó, donde se hará un espectáculo musical.

En una misiva, los organizadores señalan que “es un momento clave para defender el derecho al agua” junto con su “gestión pública y comunitaria”. “Rechazamos todas las formas de privatización de este bien común. Denunciamos que el sistema actual viola la Constitución y destruye el ambiente, poniendo en riesgo la salud y la vida de la población y de todos los seres con los que convivimos. Señalamos la entrega de fuentes de agua dulce y otros bienes comunes a monopolios internacionales, mientras los gobiernos ignoran la voluntad popular expresada en manifestaciones y plebiscitos históricos. Exigimos detener de inmediato las políticas que atentan contra los territorios, su cultura, educación, salud y economía y contra el equilibrio del ecosistema del que dependemos”, dice el comunicado. A su vez, las organizaciones reafirman que “el agronegocio y el extractivismo agotan y contaminan el agua y la tierra”.

También rechazan el proyecto Neptuno, iniciativa privada que pretende construir una planta en San José para suministrar agua a la zona metropolitana. Indican que no va a resolver “la crisis del agua potable” y que tendrá “impacto ambiental” y “alto costo –más de 1.000 millones de dólares en manos privadas–”, además de ser “inconstitucional”. Las organizaciones también resisten los “proyectos de entrega masiva del agua, como el denominado ‘hidrógeno verde’, la expansión de la soja transgénica, las plantaciones forestales y las plantas de celulosa”. Las organizaciones sociales terminan la misiva diciendo: “La defensa del agua es una causa de todos los habitantes de este territorio. Si luchamos juntos, podremos garantizar el derecho y el acceso al agua potable para esta y las futuras generaciones”.

Marcos Míguez, integrante de la Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín y de la Federación de Funcionarios de OSE, cuenta a la diaria que desde diciembre están coordinando la marcha. Son varios los colectivos de diferentes partes del país que participarán en la convocatoria de Montevideo. Por ejemplo, el sábado sale un ómnibus desde Rocha y otro desde Cerro Largo con personas de Treinta y Tres, Lavalleja y Brasil hasta la capital. “Estamos hablando de casi 100 personas que están pidiendo ir desde la cuenca. Vamos a informar lo que está pasando acá, porque muchas veces se mira lo que es el área metropolitana, pero en nuestra cuenca la situación también es difícil”, indica.

Míguez subraya que, por un lado, está contento porque “cada vez somos más los que nos preocupamos por el cuidado del agua, del territorio, del ambiente”, pero, por otro lado, “quiere decir que la problemática en el territorio es cada vez peor”. La consigna de este año es “Ateiten Hué-Somos Agua: Los gobiernos la entregan y los pueblos la defienden”. Enseguida, pone sobre la mesa el proyecto Neptuno y sintetiza que el “contrato es nulo, inconstitucional porque privatiza el agua”. Cuenta que el sindicato de OSE se reunió con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y también solicitó un encuentro con Pablo Ferreri, el nuevo presidente de OSE.

Una decisión importante Carlos Santos es doctor en Ciencias Sociales especializado en Ecología Política y Medio Ambiente. Consultado por la diaria sobre cómo observa los contextos de 2004 –cuando se aprobó la reforma constitucional– y el actual, apunta que hay “algunos elementos que son comunes, pero hay otros diferentes y propios de este nuevo marco de gobierno progresista en el país”. “Un elemento común tiene que ver con la expectativa de gran parte de la población de que este gobierno que acaba de asumir pueda orientar políticas en un sentido en el que reduzcan las desigualdades. Me parece que hay expectativas fundadas por la agenda programática y por las personas que van a llevar adelante diferentes tareas. En este sentido es un contexto similar, recordemos que en 2004, cuando ganó el Frente Amplio por primera vez, también había una gran expectativa social de que el nuevo gobierno permitiera solucionar la situación dramática que se estaba viviendo en términos socioeconómicos”, indica.

El investigador apunta empero que una “gran diferencia entre un contexto y el otro es la experiencia de los 15 años de gobiernos progresistas”. “Gran parte de la población tiene mucha expectativa, pero hay otra gran parte de la sociedad, muchos militantes en estos temas, que se involucran en la organización y en las movilizaciones, que tuvo una experiencia de vínculo que no fue del todo positiva con los gobiernos progresistas, en el sentido de que muchas veces las luchas no fueron reconocidas o no fueron comprendidas. En algunas incluso podría decirse que no hubo escucha, por ejemplo, en el proceso de la ley de riego”, explica. Por esta razón, Santos subraya que ciertos sectores “miran con mucha menos expectativa lo que se puede hacer desde el Estado; esto tiene como contrapartida que confían más en su propia capacidad de movilización y en la capacidad de la movilización popular”.

El académico también se refirió al impulso de los privados que buscaron suministrar agua potable a la población tanto en 2004 como en la actualidad. “Neptuno sería la gran nueva privatización del agua, que sería comparable con las privatizaciones de los 90, que comienzan a desmantelarse con la reforma constitucional de 2004. La gran diferencia es el grado de incertidumbre que genera Neptuno para la viabilidad financiera del sistema de agua potable y saneamiento en todo el país. No tuvimos un emprendimiento de la misma magnitud, que comprometa 1.000 millones de dólares del ente encargado del servicio de agua potable en todo el país, que es un ente que no tiene esa caja. En este sentido me parece que hay una diferencia, coloca una incertidumbre que en el sistema de agua potable de gestión pública en Uruguay no habíamos tenido hasta ahora. Más que nunca, es muy válido el reclamo de los colectivos sobre la necesidad de no viabilizar el contrato”, manifiesta. La decisión está en manos del gobierno entrante.

Más argentinos prefieren que las empresas públicas estén en manos de la gestión privada a que sigan siendo manejadas por el Estado

 

unio de 2020: ciudadanos de Avellaneda y Reconquista repudian, ante la sede de Vicentin, en convocatoria de acreedores, el arribo de interventores estatales Foto NA En medio de una crisis que profundizó la falta de oportunidades laborales, en que el único sector que incorporó empleados en los últimos años fue el Estado, la tasa de pobreza ronda el 45% y la de desempleo supera el 11%, un informe de Taquion sobre “los empresarios, la actualidad y el futuro” detectó que la principal cualidad que la población valora en las empresas privadas es la generación de empleo; un 37,9% de los encuestados por esta consultora de investigación y estrategia se manifestó en ese sentido. 

Las otras dos cualidades más valoradas de una empresa son la llamada “Responsabilidad Social Empresaria” y la reinversión de utilidades en el país. Entre los 3 atributos cubren casi dos tercios de los aspectos más valorados de la gestión empresarial. De hecho, de la encuesta surge también que poco más de dos tercios (exactamente, el 67,1%) de los consultados considera que las empresas contribuyen “mucho” (38,7%) o “bastante” (28,4) al desarrollo del país. En este sentido, el informe destaca el aprecio por la capacidad del sector privado por “sostener o mover la economía”, que conviven con las críticas a la evasión impositiva, la “fuga de capitales” y los “intereses individuales” de los empresarios.

 “En una coyuntura en donde prevalece la incertidumbre, los sentimientos en torno al futuro de los argentinos son mayormente negativos y el principal problema es el acceso a las oportunidades de desarrollo, la generación de empleo se convierte en una mina de oro, principalmente para los más jóvenes”, subrayó el último “Monitor Nacional” de la firma. El actual contexto llevó a una revalorización de la gestión privada, que convive con la tradicional desconfianza hacia los empresarios.

 Esto se refleja, por ejemplo, en que 46% de los consultados preferiría que las empresas estatales argentinas sean gerenciadas de manera privada, contra 45% que prefiere que sigan siendo manejadas por el Estado. Debe tenerse en cuenta que históricamente, encuestas regionales como “Latinobarómetro” han detectado un fuerte estadocentrismo de la población argentina. Algo de la desconfianza hacia la gestión estatal se manifestó en el fuerte rechazo, a mediados del año pasado, al intento oficial de intervenir Vicentin, una agroexportadora de más de 90 años de historia del norte santafecino. 

A pesar de que la empresa estaba entonces en convocatoria de acreedores (que aún no se resolvió), el campo y vastos sectores urbanos repudiaron aquel intento, del que el presidente Alberto Fernández finalmente desistió. Taquion detectó también que el apoyo más fuerte al gerenciamiento privado proviene de los dos extremos del rango etario: la llamada Gen Y, personas de 25 años o menos, y los Baby Boomers, mayores de 56 años. Las diferencias están a su vez asociadas a qué temas se priorizan. Quienes más se preocupan por la educación y la seguridad tienden a favorecer la gestión privada y quienes apuntan más a la salud y la vivienda defienden más la administración estatal. 

 Recelo y desconfianza El histórico recelo popular hacia los empresarios se manifiesta en que, incluso en este contexto de revalorización del aporte y la gestión privada, a la pregunta ¿Confiás en que los empresarios piensan en su negocio, su país y sus trabajadores antes que en su ganancia personal?, un 67,9% respondió “No” y solo un 17,4% se pronunció por el “Sí”. A su vez, 8 de cada 10 personas consultadas dijeron que las grandes empresas tienen influencia en las decisiones del gobierno y un 55% consideró que esa relación es negativa, lo que según Taquion tiene que ver con un trasfondo de desconfianza tanto hacia el Estado como hacia los empresarios. 

 A la hora de “ponerle nombre” a las empresas que “más se preocupan por el futuro del país”, las 3 más mencionadas por los encuestados fueron Arcor (9,9 %), Mercado Libre e YPF (empatadas en 9%). Son empresas de rubros claramente diferenciados, “pero cuyo desempeño ha generado un sentimiento común, la confianza”, señaló el Monitor. Diferencias etarias y políticas Entre los jóvenes, las ventas online y el enfrentamiento con los sindicatos, reflejado en los bloqueos del sindicato de camioneros que conduce la familia Moyano, Mercado Libre recoge un fuerte apoyo, mientras las personas más grandes tienden a elegir empresas tradicionales, como Arcor e YPF. 

 La diferencia es aún más acentuada según sean las preferencias entre lo público y lo privado y más todavía cuando las diferencias son políticas. Para quienes confían en los empresarios, la empresa que más contribuye al desarrollo del país es Mercado Libre (elegida por el 28,6 %), seguida por Arcor (25,7 %) y a buena distancia por YPF (11,6 %). Las brechas se agudizan e invierten según a quién votaron las personas consultadas. Según los votantes de Alberto Fernández, la empresa que más contribuye al desarrollo argentino es YPF, elegida por un macizo 63 %, y muy atrás Arcor (23,4 %) y Mercado Libre (15,9 %). 

Entre quienes votaron a Macri, la más elegida es Mercado Libre (54,2%), seguida por Arcor (45,4 %) y muy atrás YPF (17,7 %). Quienes en 2019 eligieron a Lavagna tuvieron preferencias más parejas (6,6% Arcor, 5 % Mercado Libre y 4,7% YPF) igual que entre quienes no votaron. Empresariado y redes sociales Por último, el estudio monitoreó la actividad en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) de 4 asociaciones empresarias: la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural (SRA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

 En todas detectó cierto ombliguismo, al punto que en los cuatro casos el principal “tema de conversación” fueron las actividades y eventos empresariales”, especialmente en la CAC (68%), seguida por CRA (60%) y a cierta distancia por la Sociedad Rural y CAME (38% en ambos casos). CRA, que agrupa a productores rurales y es muy crítica de la política agropecuaria del Gobierno, es la que asigna una mayor cuota de sus posteos en redes a “Comunicados oficiales y políticos” (39%) y CAME la que emite más mensajes y análisis sobre la “Situación económica”. 

 Recientemente, Taquion había realizado otra encuesta, cuyos resultados difundió bajo el título “los desencantados”. Allí detectó que más del 35% de la población se confesaba desencantada con “la grieta” y “la política”. A su vez, el 59% de las desencantados con la grieta y 61,9% de los desencantados con la política dijeron no sentirse representados por ningún partido político y en promedio 90% de ambos grupos dijo tener sentimientos negativos respecto del futuro del país. De esos endebles fundamentos depende también la confianza en la gestión privada y en las empresas para sacar a la Argentina de su actual predicamento.