En Juntos por el Cambio se encendieron las luces de alarma. La embestida del Frente de Todos para dar vuelta la elección el 14 de noviembre incluye medidas que la oposición vincula con el clientelismo y la compra de votos, como la polémica entrega de electrodomésticos en General Rodríguez. Para frenar eventuales irregularidades en los comicios, en JxC se pusieron en marcha una serie de iniciativas: desde la creación de un comité jurídico electoral hasta la decisión de un candidato como Ricardo López Murphy de ser fiscal de mesa para controlar los votos.
El comité jurídico electoral fue anunciado este martes por Patricia Bullrich, en el encuentro de la conducción nacional de JxC con los candidatos ganadores en las PASO, y la presidenta del PRO lo definió como “una herramienta para denunciar los delitos electorales, para que no se usen los fondos públicos ni los medios públicos a favor del partido de gobierno, ni las bases de datos o teléfonos que tienen en los vacunatorios o las bases del IFE o planes sociales, ni del CUIDAR”.
El PRO, la UCR y la Coalición Cívica ya designaron a los integrantes de esa comisión y el lunes próximo tendrán su primera reunión oficial, aunque en estos días comenzaron a analizar dos denuncias sobre entrega de electrodomésticos (una de ellas es la de General Rodríguez).
Los abogados de los tres partidos evalúan interponer una acción preventiva ante la Justicia en la provincia de San Luis, donde hay antecedentes de una avalancha de fondos públicos para incidir en el voto: luego de haber perdido las PASO de 2017 por 19 puntos, los Rodríguez Saá apuraron la entrega de 50.000 planes sociales, $80 millones en electrodomésticos, computadoras y máquinas de coser, y materiales como juegos de comedor y dormitorio, inodoros, colchones, prótesis y sillas de ruedas. Así, según la oposición, el oficialismo pudo ganarle las elecciones generales al candidato opositor Claudio Poggi (el mismo que ganó las primarias de este año).
Bullrich afirmó a Infobae que el comité jurídico electoral estará integrado por “un grupo de abogados que va a estar en contacto con toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, que recibirá las denuncias y hará las presentaciones judiciales para impedir las maniobras”. Agregó que “la idea también es viajar a las provincias e invitar a los medios nacionales a que nos acompañen para demostrar que no permitiremos ningún tipo de delito electoral”.
Por el PRO integran el comité los diputados nacionales Silvia Lospennato y Lucas Incicco, la abogada Jimena de la Torre y el apoderado partidario, Santiago Alberdi. El radicalismo confirmó hasta el momento a un equipo de abogados coordinado por su apoderado, Mariano Genovese.
Uno de los primeros casos que evaluará esta comisión será la polémica entrega de kits de electrodomésticos destinados a organizaciones sociales en el municipio bonaerense de General Rodríguez, cuyo intendente, Mauro García, es del Frente de Todos, apenas cinco días después de que Juntos le ganó al oficialismo por el 39,17% de los votos contra el 28,9%.
En una medida que la oposición calificó de “compra de votos”, la comuna distribuyó 65 juegos de electrodomésticos que incluyen heladeras, cocinas, estufas y garrafas, y unas 12 tarjetas de débito destinadas a la compra de alimentos frescos por parte de comedores y merenderos.
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De todas formas, el diputado provincial del PRO Alex Campbell ya hizo una denuncia judicial por este tema luego de acusar al kirchnerismo de clientelismo político: “Están saliendo a comprar votos con la plata que pagamos con nuestros impuestos”, dijo en un video.
Más allá de estos episodios, Juntos por el Cambio también está en alerta ante posibles maniobras con los votos por parte del oficialismo y por eso sus principales referentes llamaron a reforzar la fiscalización en todo el país. Ante sus pares de la coalición, Horacio Rodríguez Larreta convocó el martes pasado a a una cruzada para seguir sumando fiscales” y advirtió: “No subestimemos ni un minuto a quien tenemos enfrente. Van a venir por más, pero tenemos que defender el voto de la gente”.
Uno de los que primero recogió el guante fue Ricardo López Murphy, cuarto candidato a diputado de Juntos Podemos Más en la Ciudad de Buenos Aires, quien reveló que será fiscal de mesa en las elecciones generales para controlar la votación. Si bien el líder de Republicanos Unidos lo anunció como una decisión individual, podría extenderse a todos los postulantes de la lista que encabeza María Eugenia Vidal e incluso tampoco se descarta que adhieran los candidatos de Juntos en la provincia de Buenos Aires, en cuyo equipo de campaña ven con buenos ojos “generar una épica alrededor de la fiscalización y la defensa del resultado de las PASO”.
López Murphy explicó a Infobae que “muchos de nuestros jóvenes van a controlar la limpieza de los comicios en lugares complicados, por lo que todos tenemos que dar el ejemplo para que sientan que están escribiendo una página gloriosa del civismo argentino”.
“Para nuestro partido es imprescindible porque nuestros afiliados se mueven por esos llamamientos a la moral cívica, pero creo que toda la coalición va a acompañar esa convocatoria de manera masiva y espero que haya un pronunciamiento contundente de manera orgánica”, dijo.
Para López Murphy, el comité jurídico electoral anunciado por Bullrich “es más potente en términos de relevancia institucional”, pero, “aunque no hay dudas de que en Capital los comicios van a ser limpios, necesitamos movilizar y asegurar la transparencia electoral, sobre todo en el oeste y el sur del conurbano bonaerense y en provincias con comportamientos lamentables”.
El “Bulldog” admitió que había adelantado su decisión de ser fiscal de mesa porque “somos conscientes de los riesgos que ocasiona un cambio de gabinete nacional con antecedentes complicados y no vamos a aceptar que se imponga acá el modelo político de Tucumán”.
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