Se terminó entre 2014 y 2015 el giro a la izquierda que había marcado la primera década del siglo XXI latinoamericano. Desde entonces, ya no hay un patrón dominante y la única constante es la inestabilidad y la debilidad de los gobiernos
Las elecciones presidenciales en Perú son una muestra extraordinaria del momento crítico que atraviesa la política latinoamericana. Todas las facetas de una era de máxima tensión e incertidumbre están presentes en ese inusual proceso electoral que se inauguró el 11 de abril y que dos meses después, transcurridas dos semanas desde el ballotage, continúa abierto.
En la primera vuelta se vio una tendencia que crece en toda la región: el profundo desencanto de la ciudadanía con la clase política. Nadie superó el 20% de los votos tras una campaña con un nivel tan alto de volatilidad que ninguno de los contendientes que pasaron a segunda vuelta aparecía con chances serias de disputarla, según lo que marcaban las principales encuestas sólo un par de semanas antes.
Pedro Castillo, un sindicalista docente del sector rural que terminó siendo candidato de Perú Libre casi de casualidad, tras las inhabilitación de su líder, Vladimir Cerrón, ni siquiera figuraba entre los cinco primeros puestos.
Poco conocido a nivel nacional —y evidentemente poco preparado—, emergió a último momento como un voto de protesta ante la política tradicional, y terminó arriba el 11 de abril, con el 18,9% de los votos.
No menos sorprendente fue que Keiko Fujimori saliera segunda, con el 13,4 por ciento. Su carrera política parecía terminada por la sucesión de escándalos. Entre el uso de la mayoría parlamentaria con la que contaba desde 2017 para boicotear las presidencias de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, y las causas de corrupción que la llevaron a la cárcel en 2018 y en 2020, su imagen pública había quedado pulverizada.
Pero ante la ausencia de partidos políticos y de liderazgos confiables, terminó convirtiéndose en la candidata por descarte de un establishment temeroso con el triunfo de una alternativa radicalizada por izquierda.
En la segunda vuelta se terminó de configurar la película que compendia escenas presentes en distintos países de la región. Primero, la polarización más absoluta. Concluido el 100% del escrutinio, Castillo, que por momentos tiene un discurso extraído de los manuales populistas de los años 50, aventaja por apenas 44.058 votos a Fujimori, la encarnación de una derecha muy dura, contraria a los valores de la democracia liberal.
Una democracia que ganara quien ganase iba a estar en riesgo, y que ya se está viendo dañada por la suma de impugnaciones con las que Keiko busca revertir el resultado, mientras algunos en su fuerza llegan incluso a pedir la repetición de las elecciones, consideradas limpias por los observadores internacionales.
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En esas aguas revueltas, casi que a la deriva, está gran parte de la política latinoamericana. Si la década de los 80 fue la de la transición democrática, la de los 90 fue la de las reformas de mercado y la primera de los 2000 fue la del giro a la izquierda, la etapa actual es mucho más difícil de caracterizar. Entre gobiernos débiles con proyectos fallidos, alternancias conflictivas, un malestar social creciente e instituciones políticas bajo amenaza, la única certeza es que lo que hay por delante no será fácil.
“Los principales peligros que enfrenta la región en la actualidad tienen que ver con la polarización política que se ha producido en un contexto de crisis económica y sanitaria”, dijo a Infobae Kenneth M. Roberts, profesor de gobierno y director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Cornell. “Los partidos políticos son excepcionalmente débiles y frágiles en la mayor parte de la región, y las instituciones democráticas están sometidas a una presión creciente para responder a las necesidades de la sociedad en medio de estas crisis.
Las corrientes políticas antidemocráticas se han fortalecido en varios países, como Brasil y El Salvador, mientras que los regímenes autoritarios se han consolidado en Venezuela y Nicaragua. En este marco, los avances democráticos de finales del siglo XX lucen cada vez más tenues en los años por venir”.
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Una era de incertidumbre
La caída de la Unión Soviética en 1991 cimentó el consenso generalizado en que la única vía para el desarrollo económico parecía ser el mercado, sobre todo en países que habían terminado los años 80 hundidos en dramáticos procesos inflacionarios producto de políticas de corte estatista que claramente no estaban dando resultado.
Sin embargo, el siglo XX se cerró para América Latina con un claro agotamiento político de los gobiernos que habían impulsado las reformas liberales.
Los magros resultados económicos de las transformaciones en la mayoría de los países —con las excepciones de Chile y Perú, fundamentalmente—, sumados a condiciones internacionales muy desfavorables, crearon las condiciones para la alternancia política.
Con Rusia y China volcadas totalmente hacia el capitalismo, la izquierda dejó de ser vista como una amenaza. Así que fue casi un proceso natural que los electorados, repudiando a los gobiernos de derecha de los 90, se inclinaran por darle una posibilidad a líderes con discursos más antiliberales.
“Después de la ‘década perdida’ de los 80, los llamados gobiernos ‘neoliberales’ parecían apropiados, para poner la casa en orden. Del mismo modo, a finales de los 80 se produjo el colapso de la Unión Soviética y el socialismo quedó ampliamente desacreditado. China y otros regímenes comunistas abandonaron en gran medida los principios económicos socialistas. Esto obligó a un importante ‘replanteamiento’ de lo que significa ser ‘de izquierda’. Sin embargo, tras unos años en el poder, el enfoque ‘neoliberal’ perdió su brillo y los votantes de muchos países dieron una oportunidad a los partidos de izquierda.
En América Latina, estas fuerzas se beneficiaron durante la década de 2000 de unas condiciones económicas mundiales muy favorables”, dijo a Infobae David Samuels, profesor de ciencia política de la Universidad de Minnesota especializado en política latinoamericana.
Lo que pocos anticipaban es que se iba a producir un giro masivo en América Latina, que duraría cerca de 15 años. Es que precisamente cuando empezaban a asumir los nuevos gobiernos, comenzaba el inusitado boom de las materias primas, impulsado esencialmente por el ingreso de China en el mercado mundial como gran consumidor de commodities y exportador de bienes industriales.
Eso les permitió expandir el gasto público y tomar diferentes medidas muy populares, que les despejaron el camino para ganar sucesivas elecciones.
Así, en 2011 el mapa latinoamericano estaba teñido de rojo. De 20 países, 12 eran gobernados por presidentes de izquierda, siete por mandatarios de derecha y uno —Costa Rica— por una mandataria centrista —Laura Chinchilla—. Por supuesto, izquierda y derecha son simplificaciones burdas, ya que agrupan bajo un mismo rótulo a mandatarios tan diferentes como Tabaré Vázquez en Uruguay y Hugo Chávez en Venezuela. Pero sirven como categorías orientativas, con las que se busca diferenciar a aquellos gobiernos que consideran que el Estado debe tener un rol más decisivo en la gestión de la economía, y los que piensan que en cambio hay que mejorar las condiciones para ampliar el margen de acción del sector privado.
Precisamente en 2011, cuando estaba en su apogeo, el giro a la izquierda empezó a agotarse.
Fue el último año en el que la economía sudamericana tuvo una tasa de crecimiento superior al 4 por ciento. Desde 2014, directamente se terminó el crecimiento: el PIB subió apenas 0,5% ese año, cayó 1,1% en 2015 y 2,4% en 2016, y entre 2017 y 2019 apenas superó el 0 por ciento.
En 2015 se produjo el primer gran cimbronazo electoral, que fue el triunfo de Mauricio Macri en Argentina, que cortó con 12 años seguidos del kirchnerismo en el poder. Al año siguiente fue la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, que interrumpió 14 años consecutivos del Partido de los Trabajadores en el gobierno.
En 2017 ganó Lenín Moreno en Ecuador, que era el candidato de Rafael Correa, pero que terminó implementando políticas exactamente opuestas. Muchos observadores ya daban por hecho que América Latina estaba ante un giro a la derecha.
“Yo caracterizaría la época en la que vivimos desde aproximadamente 1980 como una era de neoliberalismo, en la que el giro a la izquierda fue una reacción a las limitaciones impuestas”, sostuvo Maxwell A. Cameron, profesor de política comparada especializado en América Latina de la Universidad de Columbia Británica, en diálogo con Infobae. “En muchos casos, esos gobiernos fracasaron espectacularmente, y Venezuela es el más angustioso de todos. Pero ninguno logró proporcionar una alternativa duradera. Así que más que un giro a la derecha, veo el agotamiento del giro a la izquierda. Sin embargo, el relativo éxito de varios políticos y partidos de derecha sugiere que hay bases sólidas para la política conservadora en América Latina, a menudo basada en la retórica de ‘mano dura contra el crimen’, en movimientos religiosos como los evangélicos y en una cierta reacción contra las políticas socialmente progresistas. El reto para la derecha es que tiene dificultades para construir una organización partidista sostenible y suele estar socialmente aislada y sin conexiones con gran parte del electorado”.
El corolario de lo que parecía una consolidación de la política conservadora fue la victoria de Jair Bolsonaro en 2018, la primera de un presidente que podría caracterizarse como de derecha radical en el país más importante de la región. Pero tres años después de su sorprendente consagración, el panorama es mucho menos claro.
Es verdad que cuando se mira el mapa latinoamericano, se invirtieron los números: manteniendo a Costa Rica en el centro, ahora hay 12 gobiernos de derecha y seis de izquierda, a los que probablemente se sume el de Castillo en Perú si es oficializado como presidente. Pero no hay una tendencia predominante.
“Creo que el llamado ‘giro a la derecha’ en América Latina nunca existió realmente —dijo Roberts—. Yo argumentaría que con el fin del boom de las materias primas en 2014, el ‘giro a la izquierda’ latinoamericano perdió su impulso y América Latina volvió a una forma más convencional de voto antioficialista, en un contexto de profundización de las dificultades económicas y del desgaste político.
Así, los gobiernos de izquierda sufrieron varias derrotas y la derecha volvió al poder en diferentes países, pero donde gobernaban los conservadores, como en México, la izquierda salió victoriosa en 2018, y en Argentina los conservadores fueron derrotados de nuevo tras un mandato. No hay un giro uniforme en una dirección concreta, las líneas de tendencia varían de un lugar a otro, y el único patrón común real es el voto contra quienquiera que esté en el poder. Es probable que las consecuencias políticas de la pandemia refuercen este patrón”.
Macri no pudo conseguir la reelección en 2019 y Cristina Kirchner volvió al poder como vicepresidenta, acompañada de Alberto Fernández. En Bolivia, tras la turbulenta caída de Evo Morales y la transición con Jeanine Áñez a la cabeza, el Movimiento al Socialismo arrasó en los comicios de 2020 con Luis Arce como candidato.
En Chile gobierna Sebastián Piñera, pero distintas expresiones de la izquierda obtuvieron victorias muy claras en las elecciones regionales y en las de convencionales constituyentes. Al mismo tiempo, en Uruguay perdió el Frente Amplio después de 15 años y asumió Luis Lacalle Pou, y en Ecuador, donde el escenario más probable parecía el retorno del correísmo con Andrés Arauz, ganó el banquero Guillermo Lasso.
“Muchos creyeron que iba a haber un giro a la derecha en América Latina, pero fue una lectura muy superficial de la coyuntura”, dijo a Infobae Eric Hershberg, director del Centro de Estudios Latinoamericanos del Departamento de Gobierno de la American University.
“Los gobiernos de la marea rosa habían estado en el poder durante un período inusualmente prolongado, y si bien se beneficiaron del boom de las materias primas, eso llegó a su fin en 2014, por lo que la receta para las expectativas frustradas estaba en marcha. Cuando además de eso muchos gobiernos quedaron asociados con la corrupción, vinculada a la incapacidad de proporcionar a la población servicios públicos decentes, la reacción popular llevó a una tendencia general de pérdida de elecciones por parte de los oficialismos. Era algo esperable.
No es una cuestión de giros de la izquierda a la derecha. El patrón es que los gobiernos están totalmente desacreditados y los electores quieren un cambio fundamental”.
Consecuencias alarmantes
En democracias plenas y funcionales, la alternancia entre izquierda y derecha es lo habitual. Incluso lo saludable. Así que el cambio de tendencia podría interpretarse como un signo de maduración política en las jóvenes repúblicas latinoamericanas. Pero, salvo algunas excepciones —Uruguay, la más clara—, no parece ser el caso.
“Inestabilidad aquí puede significar dos cosas: puede referirse a la falta de un patrón general en todos los países, o puede referirse a los numerosos gobiernos débiles recientes, las destituciones, las dimisiones, etcétera”, explicó Matthew R. Cleary, profesor del Programa de Relaciones Internacionales y de política latinoamericana en la Universidad de Syracuse, consultado por Infobae. “El primer tipo de inestabilidad no es necesariamente un problema: es apropiado y natural que un país sea gobernado por un partido de centroderecha mientras que otro sea gobernado por un partido de izquierda, y que los países puedan ir y venir.
Mientras todos los partidos respeten la democracia, esto es en realidad una forma saludable de política. Uno de los beneficios del giro a la izquierda, al menos para los países en los que la izquierda se mantuvo fiel a las instituciones democráticas, es que simplemente amplió el espectro político: los votantes pasaron a tener más opciones, y la política puede oscilar de un lado a otro dependiendo de cómo se desempeñen los partidos y cuáles sean las preferencias de los ciudadanos. No hay razón para esperar que toda la región vote a la izquierda o a la derecha en un momento determinado”.
Pero la pauta dominante en el último trienio es la debilidad intrínseca de casi todos los gobiernos. Ninguno logra cumplir los planes que se propone, los presidentes muestran niveles inusualmente elevados de desaprobación y la alternancia se produce en un clima de profunda inestabilidad.
Es que el boom económico de los primeros 2000 creó un problema político difícil de resolver. Como las condiciones generales de vida de la mayor parte de la población mejoraron sustancialmente, también se elevaron sus expectativas de vida a futuro y sus exigencias a los gobiernos. Pero ese proceso no estuvo acompañado de una modernización económica que permitiera un crecimiento sostenido, aunque fuera más moderado.
Entonces, cuando el precio internacional de las materias primas regresó a niveles más normales fue como si encendieran las luces y quedara al descubierto la desnudez de la mayoría de las economías de la región.
Por eso, comenzó un ciclo de recesión y estancamiento que muy rápidamente se tradujo en un hondo malestar social.
Y donde ese descontento no pudo tramitarse por los canales políticos formales, brotó en forma de estallido. Primero fue Ecuador en octubre de 2019, casi al mismo tiempo le tocó a Chile, y luego vino Colombia. Primero a finales de 2019, y luego, con mucha más fuerza, en este 2021. En el medio, la pandemia de COVID-19, que deterioró aún más la economía de los países y la confianza en sus líderes políticos.
“Existe un enorme riesgo de que, como vemos en Brasil con Bolsonaro, y probablemente veremos en Perú con Castillo, los electores, ante la falta de alternativas, elijan a líderes que fundamentalmente no están calificados para gobernar, que no entienden o son hostiles a la democracia, y cuyo fracaso para proporcionar un gobierno efectivo erosiona aún más el ya frágil compromiso de la opinión pública con el republicanismo electoral —dijo Hershberg—. Este es un momento de grave riesgo para los regímenes políticos en toda América Latina, como lo fue para Estados Unidos con Donald Trump, y debemos esperar que varias democracias no sobrevivan.
Esto es aún más preocupante dados los estragos que la pandemia ha causado en las sociedades latinoamericanas, y el grado en que sus ya languidecientes economías han experimentado una conmoción mayor que cualquier otra en los últimos 100 años, creando una vasta miseria, ira y pesimismo sobre el futuro. Esa combinación genera consecuencias potencialmente horribles”.
Hay diversos indicios de que el efecto más claro de este proceso es el deterioro de la democracia. No es casual que gobiernos autoritarios como los de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, que parecían terminados, hayan logrado consolidarse, aplastando a oposiciones que se insinuaban mucho más fuertes.
Tampoco es casual el ascenso de nuevas figuras que tienen un evidente desprecio por los valores democráticos liberales.
Bolsonaro abrió un camino que siguió Nayib Bukele en El Salvador y que muy posiblemente continúe Castillo —o Fujimori— en Perú.
A su vez, naufragan las diversas instancias de cooperación regional. Como las instituciones continentales nunca fueron demasiado eficaces para contener a sus miembros, su funcionamiento dependió siempre de la buena sintonía entre los presidentes. En un contexto de creciente heterogeneidad ideológica y polarización, eso se esfumó.
“Las consecuencias para el regionalismo son, a mi entender, que tenemos diversas formas de organización regional y una importante dosis de politización en lo que deberían ser espacios para la diplomacia —dijo Cameron—. El regionalismo se ha visto arrastrado por la polarización que se está dando en toda la región. Esto es lamentable porque hay intereses comunes que vale la pena discutir multilateralmente, entre los que yo incluiría la necesidad de sostener y apoyar la democracia”.
La primera víctima fue la Unasur, que está muerta de hecho desde 2019. Algunos gobiernos trataron de reemplazarla por el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), pero el proyecto nunca pasó de un estado embrionario. Tampoco sería extraño que el Mercosur siga por el mismo camino, considerando los enfrentamientos cada vez más virulentos entre sus integrantes, que no pueden acordar ni siquiera ejes fundamentales de acción conjunta en materia comercial.
La gran incógnita es si esta es una etapa de transición hacia un nuevo tipo de orden cuyos rasgos permanecen ocultos por el momento o si, por el contrario, la inestabilidad llegó para quedarse por mucho tiempo. Ambas alternativas son factibles. Pero no hay muchas razones para ser optimistas con ninguna de las dos.
“El segundo tipo de inestabilidad es un gran problema y desgraciadamente creo que veremos más de ella en el futuro —dijo Cleary—. Hay muchas razones. A nivel internacional, no hay ningún factor fuerte que empuje a favor de la estabilidad. A nivel interno, creo que algunas de las principales preocupaciones, que están todas relacionadas, son los niveles extremadamente altos de corrupción, la voluntad de algunos líderes políticos de socavar las instituciones democráticas, la búsqueda de algunas élites económicas de socavar los estados y los gobiernos, y la desilusión pública con la democracia. La polarización política también es un problema en algunos países, pero no en todos.
Si se añaden unos resultados económicos débiles y una pandemia, el panorama se vuelve aún más preocupante. Esto conducirá previsiblemente a la debilidad de las instituciones, a un menor apoyo a la democracia por parte de los ciudadanos y a una inestabilidad política como la que hemos visto recientemente en Bolivia y Perú. Espero que esto no conduzca al colapso de la democracia, más allá de Nicaragua y Venezuela, en donde esto ya ha ocurrido”.
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