“Negociación genuina” y “política real”: las impresiones que dejó el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las intendencias

Nicolás Olivera destacó que, por primera vez, los intendentes del interior dejaron de mirar “de reojo a Montevideo y Canelones” como los “privilegiados”: “Estábamos todos abroquelados”.

Luego de tres reuniones que no terminaron de llegar a buen puerto y que aumentaron las expectativas, este miércoles, con la presencia del presidente Yamandú Orsi –quien intervino en la recta final de las negociaciones–, se anunció un acuerdo sobre las transferencias que el gobierno nacional otorgará a las intendencias durante los próximos cinco años. Incluye un nuevo fondo de 80 millones de dólares, distribuidos en 45 millones para los gobiernos de Montevideo y Canelones, y 35 millones para los 17 departamentos del interior, así como cambios en la incidencia de las intendencias en la administración de los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), aspectos que fueron centrales en la discusión.

Entrevistados por la diaria Radio, dos de los protagonistas de las negociaciones, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, y el presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, destacaron el “valor político” del acuerdo alcanzado al ser suscrito entre actores de distintos partidos. Para Arim, es una señal que favorece a “la construcción de un clima político en donde nadie renuncie a sus posiciones ni a sus diferencias, pero en el que seamos capaces de construir puentes de encuentro y de asegurar la ejecución correcta de las políticas públicas en función del bienestar colectivo”.

El director de la OPP llamó a quitarle “dramatismo” al tono de las negociaciones, como si estas hubieran llegado a una “situación de bloqueo” antes de la participación del presidente. Sostuvo que se avanzó “muchísimo” durante los encuentros previos con los intendentes y, “finalmente –y creo que es correcto que así suceda–, el presidente de la República es el que tiene la última palabra y el que termina acordando con el Congreso de Intendentes”.

Por su parte, Olivera explicó que, “después de dos semanas de instancias firmes” entre la OPP y el Congreso de Intendentes se entendió que “ya no se podía avanzar en función de las posibilidades que unos tenían de conceder y otros tenían de reivindicar”. Ya en ese punto, y próximos a que se venza el plazo para las negociaciones, se le transmitió al presidente de la República “que, en esas condiciones, no había un acuerdo entre el gobierno y las intendencias, y ahí fue que aparecieron cosas arriba de la mesa, en donde se pudo poner un poco más de un lado y se pudo deponer un poco más del otro, y se llegó a un entendimiento”.

El director de la OPP señaló que “el grueso del acuerdo fue trabajado, discutido y dialogado a lo largo de distintas sesiones de manera intensa, pero en una negociación genuina”. “No fue un espacio en donde simplemente el Poder Ejecutivo planteó sus prioridades y su forma de ver el problema, y el Congreso de Intendentes un conjunto de reivindicaciones inalcanzables. No; fue una negociación genuina, consciente y seria”, aseguró.

Arim destacó que el acuerdo alcanzado tiene un “valor intrínseco” porque involucra un conjunto de “recursos muy relevantes para los gobiernos departamentales”, pero que también lo son para las políticas públicas en general de Uruguay. El director de la OPP reafirmó que en este quinquenio se concretará “un nivel históricamente alto de transferencias de recursos hacia los gobiernos departamentales”, lo cual, expresó, demuestra “una clara vocación y compromiso con el desarrollo en todo el territorio nacional y con la articulación con los gobiernos departamentales”.

Sobre el nuevo fondo de 80 millones de dólares, destinado a “atender las distintas asimetrías que tienen que ver con el desarrollo humano desigual en el territorio”, dijo que se trata de una “innovación institucional”. Señaló que, a lo largo de todo el quinquenio, “va a apalancar inversiones de carácter estratégico”, que definan las intendencias, y también se establecerán, en el marco del funcionamiento de la Comisión Sectorial de Descentralización junto con el gobierno nacional, los criterios de funcionamiento del fondo.

Además, Arim señaló que esto “les da certeza” a los departamentos de que esos “recursos van a estar disponibles a lo largo del quinquenio”, lo cual les permite planificar, mejorando “inexorablemente la calidad de la política”.

El director de la OPP reconoció el “compromiso” de los gobiernos departamentales con sus localidades y las competencias que asumen en ese marco. Sostuvo que desde la OPP se busca “mejorar las articulaciones de esas políticas” para que sean “complementarias” y que haya “sinergia” entre lo que el gobierno y las intendencias hacen en el territorio.

Olivera: “La política real es aquella en la que te peleás por hacer” Según el intendente de Paysandú, la negociación “fue de todos los intendentes con el gobierno central”. Señaló que, por primera vez, los intendentes del interior del país dejaron de mirar “de reojo a Montevideo y Canelones” como los “privilegiados” o los que “siempre peleaban aparte”. “Estábamos todos abroquelados, peleando por recursos para todos”, aseguró.

En tal sentido, Olivera sostuvo que el Congreso de Intendentes “ganó al intendente de Montevideo”, ya que, a diferencia de la exintendenta Carolina Cosse –quien, según dijo, “no era muy afecta” a ese espacio–, el actual intendente, Mario Bergara, “fue alguien que estuvo en todo momento; es alguien que ha ido al Congreso y que forma parte de este concierto de 19 intendentes que tiene cosas para reivindicar de forma conjunta”.

A lo largo de la negociación, los intendentes defendieron la necesidad de contar con fondos para cumplir con las competencias de los gobiernos departamentales, las cuales se han ampliado en los últimos años. Olivera señaló que en determinado punto los intendentes pusieron sobre la mesa que, “si el gobierno nacional se hace cargo de todas las cosas de las que nosotros nos hacemos cargo y que no nos competen, no pedimos más, se termina la negociación y no queremos más dinero de nada”.

“Desde el fondo de la historia, nos venimos haciendo cargo de temas vinculados al empleo, a la vivienda, a las políticas sociales, a la salud, a la educación y hasta a la seguridad. Son competencias que asumimos, pero que no tiene su correlato en recursos”, expresó.

Olivera reconoció que el director de la OPP “hizo el trabajo que tenía que hacer”, un trabajo que quizás es el “menos simpático de todos”, ya que tiene que “cuidar el peso y hacer que rinda para todos”, consideró. En tanto, señaló que el presidente “tenía un rol a jugar porque entiende de este tipo de negociación”.

El intendente de Paysandú sostuvo que Orsi “se basó en cosas concretas para este quinquenio, pero también en reivindicaciones históricas del Congreso”, como un mayor porcentaje de las intendencias en la coadministración del FDI. “Nosotros sentíamos que teníamos que ganar participación porque somos los actores por excelencia que conocemos las necesidades de nuestro territorio. Bueno, la última bala que terminó destrabando el presidente fue una reivindicación nuestra”, dijo.

En cuanto a las señales políticas del acuerdo, el intendente nacionalista consideró que, cuando se está “mirando desde detrás del árbol a ver cómo el otro pisa el palito y tu único propósito es decir ‘cuando pise lo mato’, esa no es la política real; es una política de barricada, de trinchera. La política real es [aquella] en la que te peleás por hacer”.

En ese sentido, señaló: “Lo raro de la negociación es que estábamos de distinto lado del mostrador, pero peleábamos por lo mismo; cada uno peleaba por tener más recursos para hacer”. Acotó que en la “política real” “no importa con quién te peleás, importa por qué te peleás”.

Las intendencias y los desvíos en el poder: ¿un problema de diseño institucional o de construcción cultural?

En la conferencia de prensa que dio desde su chacra el domingo 16, ya en prisión domiciliaria luego de ser imputado por siete delitos vinculados a la corrupción, el exintendente de Soriano Guillermo Besozzi advirtió al sistema político que si no toma medidas ante lo que describió como una persecución de la Fiscalía, “van a terminar presos todos los intendentes, todos los secretarios generales, todos aquellos que hacemos trámites y los hacemos de buena fe”. Argumentos similares dieron en los días siguientes varios dirigentes nacionalistas, entre ellos intendentes y exintendentes, que salieron en bloque a defender a su correligionario.

“Permanentemente la gente llama, permanentemente la gente pide hacer gestiones, permanentemente la gente hace planteos” a los intendentes, y la imputación de Besozzi “es un llamado a la inacción” que atenta contra el “santo y seña del segundo y el tercer nivel de gobierno, que es la cercanía”, analizó el exintendente de Paysandú Nicolás Olivera, candidato a la reelección en ese departamento, entrevistado en En perspectiva el lunes. “El vecino está ahí y sabe dónde yo vivo, ¿y quién le da la solución? ¿Quién está ahí para ayudar a ese vecino?”, cuestionó, por su parte, el exintendente de Río Negro Omar Lafluf, en Informativo Sarandí, el martes.

“Cuando se critican estas prácticas de los gobiernos departamentales, generalmente la respuesta viene por ahí: que es parte de una visión muy centralizada, muy montevideana, muy urbana, que no comprende las lógicas de funcionamiento de la política, de las sociedades en el territorio. Y se dan como naturales prácticas que tienen larga data”, sostuvo en diálogo con la diaria el politólogo Antonio Cardarello, que ha estudiado junto a otros colegas la calidad de la democracia en el segundo y tercer nivel de gobierno.

Cardarello profundizó en que “ese mano a mano” que alegan los intendentes, “que tiene sus cosas buenas, de cercanía y de conocimiento”, tiene límites difusos: “Una cosa es la cercanía, el conocimiento y el trato y la posibilidad de hacer demandas, y otra cosa es que se otorguen favores discrecionalmente, pasando por alto la institucionalidad; o que una persona tenga mayor probabilidad de obtener un beneficio o de ser atendido en su reclamo porque conoce al intendente, y otro que no tenga esa posibilidad”.

Los sucesivos y recientes casos de irregularidades en los gobiernos departamentales –como el de Besozzi en Soriano, el de Pablo Caram en Artigas, el de Carlos Moreira en Colonia– para Cardarello evidencian que “falta capacidad de control” sobre la gestión de los ejecutivos departamentales, principalmente, del legislativo departamental, lo que tiene varias explicaciones: “El otorgamiento de la mayoría automática, la asimetría de poderes que tiene el intendente respecto de la Junta [Departamental] y la falta de profesionalización de los ediles, que tiene que ver con la remuneración y con la tasa de renovación”, enumeró. Por tanto, el politólogo consideró que “se hace necesaria una reforma si queremos que el sistema sea más transparente, más claro, más democrático”.

Construcción cultural o debilidad en el control Mientras para Cardarello “el diseño institucional [de las intendencias] genera incentivos para determinados comportamientos” abusivos en el ejercicio del poder, para Aníbal Pereyra, exintendente de Rocha, actual senador frenteamplista y candidato nuevamente a la comuna departamental, los desvíos en el poder se vinculan a la “construcción cultural” en torno a lo que hace y se espera de un gobierno departamental. “Pasa en las intendencias, pero puede pasar en cualquier organismo”, afirmó Pereyra en diálogo con la diaria, y puso el ejemplo de la entrega irregular de viviendas por parte del Ministerio de Vivienda en el período pasado. “Estas construcciones culturales después tienen avales sociales. A mí me preocupa más eso, que culturalmente se vayan aceptando esas acciones”, reflexionó.

Para Pereyra, el problema no radica en los controles sobre los ejecutivos departamentales o en la ausencia de ellos, y defendió las autonomías municipales porque “le dan a la intendencia la posibilidad de desarrollar políticas departamentales”. “Todo tiene que ver con la impronta con que tú generas la política”, afirmó, y como ejemplo señaló que “cuando el Frente Amplio gobernó Rocha todos los ingresos fueron por llamados a concurso, y eso estaba en alguna medida aceptado por la población como regla de juego. Pero en este quinquenio esa lógica cambió”, aseguró.

A su entender, se trata de “prestigiar la política, porque podés poner un millón de controles, pero la valla se salta. Lo que lastima es la construcción cultural”, reafirmó el senador. No obstante, reconoció que a la mayoría automática “estaría bueno meterle un pienso”, porque es “lo único que se puede ver como diferencia en cuanto a poder, entre comillas”, respecto del gobierno nacional. Pero advirtió que este mecanismo garantiza la gobernabilidad: “Hay que ver la foto de todos lados. Porque, en realidad, lo peor que le puede pasar a un gobierno es que quede bloqueado”, acotó.

La mayoría automática surge del artículo 272 de la Constitución de la República –por lo que su eventual modificación requeriría un plebiscito constitucional–. Dicho artículo establece que “si el lema que haya obtenido el cargo de intendente sólo hubiese obtenido la mayoría relativa de sufragios, se adjudicará a ese lema la mayoría de los cargos de la Junta Departamental, los que serán distribuidos proporcionalmente entre todas sus listas”. Para Cardarello, en la actualidad “no hay ninguna justificación para que el Parlamento Nacional sea totalmente proporcional y la Junta Departamental sea mayoritaria”.

El doctor en Ciencia Política señaló que este resorte se suma al hecho de que “el intendente institucionalmente tiene más poder respecto de la Junta Departamental que el presidente respecto del Parlamento Nacional en cuanto al veto y en cuanto a la iniciativa; el presupuesto de la Junta depende del intendente, hay juntas departamentales en algunos departamentos que todavía funcionan dentro de las intendencias, que carecen de funcionarios, que carecen de asesores”. Además, los ediles, a diferencia de los senadores y los diputados, son honorarios.

“La no remuneración [del cargo de edil] lleva a que haya un perfil de cierto tipo de funcionarios, de personas que ocupan los cargos de ediles, y una tasa de renovación altísima”, explicó Cardarello, e indicó que en las juntas departamentales aproximadamente 80% de los ediles se renuevan cada año. Esto conduce a que “la mayoría de los ediles no son experimentados” y que “los que sí permanecen generalmente son del partido de gobierno y ocupan la secretaría de la Junta o bien la presidencia, y por lo tanto trabajan con el intendente”.

A su vez, el politólogo señaló que el hecho de que existan viáticos, partidas y gastos de representación para los ediles, pero no estén equiparados a nivel nacional, genera “una asimetría, porque no es lo mismo ser un edil de Montevideo que ser un edil de Treinta y Tres”, y también, “opacidad y falta de transparencia, porque en realidad no se sabe” cuánto perciben por estos conceptos. Todo esto, para Cardarello, tiene como consecuencia que “los estímulos para ser ediles cada vez sean más débiles, y la falta de profesionalización hace que la capacidad de ejercer control sobre el intendente sea más limitada”.

Ingresos por concurso y canales de denuncia La presidenta designada de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana Ferraris, hace un diagnóstico similar al de Pereyra sobre los problemas de gestión en las intendencias: “Todos estos problemas tienen una fuerte base cultural anclada en una forma de hacer política que no tiene cabida a esta altura del partido” y “si se ejercen bien los mecanismos de control, hay formas de controlar”, consideró, desde su rol como abogada, y en diálogo con la diaria repasó todos los instrumentos que poseen las juntas departamentales para ejercer ese rol: pedidos de informes, llamados a sala, interpelaciones, juicio político, comisiones investigadoras, apelación ante la Cámara de Representantes de los decretos o resoluciones del gobierno departamental (artículo 303 de la Constitución).

“Yo no sé si es que faltan mecanismos de control. El tema es si hay voluntad política de controlar”, apuntó Ferraris. En esa línea, afirmó que lo que hay que combatir es esa “forma de hacer política ancestral” que va de la mano de una “especie de naturalización de la corrupción”: “Hay lugares en los que la gente tiene naturalizado que para conseguir un empleo tiene que militar para la persona que eventualmente puede ser gobernante en el departamento”, ejemplificó.

Consultada sobre la discusión en torno de la mayoría automática en el legislativo departamental, Ferraris sostuvo en primer lugar que, desde una óptica “realista, la Constitución por esto no se cambia”, y en segundo lugar, que nada le asegura que “no habiendo mayoría automática vaya a haber menos actos de corrupción” en las intendencias. En cuanto a la falta de profesionalización de los ediles, la abogada planteó que “la profesionalización es voluntad política del órgano” y que, si así se lo solicitaran, la Jutep podría “capacitar” a los curules. “En el Estado tenemos herramientas para capacitar a los funcionarios en materia de ética y corrupción”, apuntó. No obstante, aclaró que es partidaria de la remuneración de esos cargos.

Un paso que es necesario dar, planteó Ferraris, es aprobar el proyecto de ley para regular los ingresos a los gobiernos departamentales y que sean por concurso, una iniciativa que originalmente presentó el senador fallecido Adrián Peña y fracasó en el período pasado, pero que en esta nueva legislatura los partidos políticos con representación parlamentaria acordaron reflotar. “Es fundamental. Uruguay rinde cuentas todos los años ante el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros puntos, sobre ese. A esta altura es decisivo empezar a caminar en esa dirección y limitar las contrataciones”, enfatizó.

Asimismo, Ferraris planteó que sí sería “interesante” que hubiera “canales de denuncia” en todos los gobiernos departamentales “para que los funcionarios, los trabajadores, la propia sociedad pueda denunciar actos de corrupción” de forma anónima. Y, finalmente, en lo que respecta a la Jutep, dijo que es central el reclamo presupuestal para “seguir fortaleciendo” la institución y el cumplimiento de sus funciones, algo que no se hizo en el gobierno pasado por falta de “voluntad política”, aseguró. “Había vacantes y no se llenaron. La Jutep tiene autorizados por ley diez pases en comisión y no los llenó”, ejemplificó.

Según indicó Ferraris, en este momento hay algo más de 400 causas a estudio de la Jutep, que se remontan hasta 2020, y el organismo cuenta con una docena de funcionarios.