El Senado bonaerense derogó las jubilaciones especiales que beneficiaban al Gobernador, Vicegobernador y legisladores provinciales, y modificó el régimen previsional para los empleados del Banco Provincia.
En sesión extraordinaria, la Cámara Alta presidida por Daniel Salvador, consiguió aprobar sin oposición la revocación del sistema de jubilaciones que comprendía a las máximas autoridades de la provincia, conjuntamente con diputados y senadores, quienes deberán acogerse a los beneficios del sistema general que contempla a los agentes públicos de la provincia de Buenos Aires bajo la órbita del Instituto de Previsión Social.
Los funcionarios en cuestión obtenían prestaciones con requisitos diferentes al régimen general y con determinaciones de haberes y movilidad superiores a los demás beneficiarios del sistema general.
A partir de la sanción de esta normativa, los involucrados deberán presentar 35 años de servicio y acreditar 65 años de edad.
Posteriormente, con fuerte debate desatado en el recinto y con el voto de la bancada oficialista, el Cuerpo votó afirmativamente la regulación de la Caja Previsional del Banco Provincia, con el propósito de reducir el déficit crónico que la afecta. A partir de este tratamiento, los empleados de la entidad crediticia podrán iniciar su trámite de jubilación ordinaria cuando posean 35 años de servicio y 65 de edad.
Los haberes de las prestaciones indicadas serán móviles de acuerdo al régimen previsional público.
Al respecto se refirió el Senador de Cambiemos, Andrés De Leo, que puso de relieve “la oportunidad histórica que tenemos para generar los debates necesarios”.
“Estamos haciendo lo que hay que hacer”, sintetizó
Continuó refiriéndose a la importancia de manejarse con datos fidedignos, por lo que concluyó: “Estamos frente a una caja que viene con déficit crónico”.
“Hoy- continuó- hay una relación entre activo y pasivo muy lejos de lo que se necesita para ser sustentable”.
Y fue lapidario al afirmar: “Este déficit crónico lo pagan todos los bonaerenses con sus impuestos”.
De Leo, consideró que la contracara de esta situación la reflejan “los hospitales que no se hicieron, las rutas que no se hicieron y las escuelas que no se hicieron”.
Posteriormente, el titular del bloque PJ- U y R, Darío Díaz Pérez, reflejó su preocupación por los problemas que a su juicio la Caja presenta, sin embargo entendió que la única forma de lograrlo es con “consenso”.
“Entendíamos que esta normativa debía ser analizada en forma mucho más profunda y que la misma es perfectible y debía tener correcciones”, fundamentó para justificar su oposición a la norma.
En tanto, Fernando Carballo, en representación del Frente Renovador puntualizó que el Banco Provincia está constituido por personas y cumple una función social.
Si bien reconoció los problemas en la Caja de la entidad crediticia, propició que el Estado se ocupe de los derechos adquiridos. “Vamos a ser injustos con muchos empleados que nada tienen que ver con los funcionarios políticos”, subrayó.
Momentos más tarde, solicitó la palabra el senador de UC, Juan Manuel Pignocco, quien pidió no obviar lo que pasó ayer en el Congreso Nacional.
“Repudiamos enérgicamente lo acontecido, se salió a cazar viejos, jóvenes, periodistas, hay compañeros Diputados provinciales y Senadores que fueron agredidos con balas de gomas”.
Acto seguido, hizo referencia a “este tratamiento legislativo nefasto” de leyes que “modifican sustancialmente la vida de trabajadores”.
Federico Susbielles tomó la palabra e instó a enhebrar acuerdos junto a legisladores y trabajadores que permitan la concreción de un “sistema de seguridad social integro”.
“Entendemos que esta ley es regresiva, opuesta a tratados internacionales y que ingresará en una vorágine de judicialización”, concluyó.
Por su parte, Gustavo Soos, del bloque PJ- U y R abogó por brindar “certeza jurídica y económica a los trabajadores del BAPRO”.
“Estamos de acuerdo que había que tomar medidas con el déficit de las caja pero no armonizándolo con los regímenes nacionales”, opinó.
Más adelante, los senadores procedieron a refrendar la modificación de varios artículos contemplados en el Código Fiscal con la intención de reformular la finalidad cooperativa.
La variación propuesta apunta a evitar la exensión impositiva de aquellos ingresos derivados de la aplicación de recursos diferentes a los de su finalidad de creación.
La senadora, Teresa García, se quejó de la celeridad del tratamiento del proyecto en cuestión.
“La gobernadora decidió volver a cargar brutalmente sobre las espaldas de la actividad cooperativa, sobre un ámbito de generación de puestos de trabajo que todos sabemos que son el soporte de las economías locales”, cuestionó
Darío Díaz Pérez, también expresó su molestia por no haber tenido acceso detallado sino datos generales de la propuesta.
“En tiempos que arrecian los problemas para los sectores más humildes, muchos compañeros han optado por el modelo de la economía popular”, y exigió al Estado bonaerense que su deber “es protegerlas y no castigarlas”.
En tanto, el titular del bloque Cambiemos, Roberto Costa, eligió el camino de la responsabilidad: “Las medidas se toman porque son necesarias, pensamos en el futuro, nosotros estamos gobernando para los tiempos no para mañana”.
“Es esa ética la que nos llevó a tratar las iniciativas que hoy trajimos al recinto”, comentó.
Daniel Barrera del bloque de Unidad Ciudadana, se mostró disgustado por lo que consideró “una legislatura enjaulada y sin pueblo en las gradas para presenciar el debate”.
Para terminar, el vicepresidente Primero del Cuerpo, Horacio López, contemporizó al afirmar que “hay que ser prudentes en el debate, pero no desviarnos del eje de los proyectos que se discutan aquí”.
“Debemos en este ámbito hacer un esfuerzo por madurar”, finalizó.
