El gobierno lanzó el diálogo social: “Un proceso que no será corto, pero que debe ser profundamente transformador”

De la oposición asistieron dirigentes de Cabildo Abierto y el intendente nacionalista de Paysandú; trabajadores y jubilados pretenden que haya una revisión del esquema de financiamiento del sistema previsional.

Con la participación del presidente Yamandú Orsi, y casi sin representantes de la oposición, el gobierno lanzó este miércoles de manera oficial el diálogo sobre protección y seguridad social. La mayoría de los ministros, dirigentes sindicales y empresariales y también legisladores oficialistas estuvieron presentes en el Auditorio del Sodre para escuchar, en primer lugar, al asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y coordinador del diálogo social, Hugo Bai.

“Hoy damos el primer paso de un proceso que no será corto, pero que debe ser profundamente transformador”, afirmó Bai. Durante su discurso, el asesor de la OPP abogó reiteradamente por alcanzar “los acuerdos más amplios posibles”, aunque “sin negar nuestras diferencias”. “Hoy, frente a los desafíos que nos plantea el presente, y con la mirada puesta en las próximas décadas, abrimos este diálogo social para imaginar juntos y juntas el país al que queremos llegar”, manifestó.

De forma inesperada, la apertura a cargo de Bai debió retrasarse algunos segundos debido a la irrupción de un individuo que, de pie en una de las bandejas del auditorio, acusó a las principales autoridades del gobierno de “traicionar al pueblo”, porque en el plebiscito sobre seguridad social del año pasado “mandaron a votar el No”. La diatriba también incluyó críticas al “sionismo” y la “oligarquía financiera internacional”.

Una vez finalizado el episodio, Bai señaló que, si bien “es ambiciosa y exigente”, la agenda del diálogo social tiene “plazos acotados”. Según establece la hoja de ruta elaborada por el Poder Ejecutivo, el proceso culminará el 30 de abril de 2026. La Comisión Ejecutiva del diálogo social, que reúne a los representantes del gobierno, los partidos políticos y las organizaciones sociales, deberá presentar en esa fecha un documento final que, según explicó Bai, “será un insumo para que el Poder Ejecutivo presente los proyectos de ley que entienda pertinentes y para que el Parlamento, ámbito insustituible de representación de la ciudadanía, los mejore y los transforme en ley para mejorar la calidad de vida de la gente”.

Bai recalcó que el diálogo social “no es un ámbito resolutivo”, sino “un espacio para que gobiernos, partidos políticos y actores sociales intercambien sobre la matriz de protección social que el país necesita de cara al futuro y a partir de eso podamos acordar cambios con la mayor legitimidad social posible”.

La hoja de ruta establece cuatro ejes principales: el combate a la pobreza infantil, la consolidación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la protección a los activos y la revisión del régimen de jubilaciones y pensiones. Este último punto ha sido cuestionado especialmente por la oposición, que sostiene que “el tema ya está laudado” tras la aprobación de la reforma jubilatoria en 2023 y el fracaso del plebiscito sobre seguridad social en 2024. Orsi recibirá este jueves en la Torre Ejecutiva a las autoridades del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente –que se han negado a participar en el diálogo social– para conversar al respecto.

Consultado por la prensa al cierre del lanzamiento, Orsi manifestó: “Yo voy a insistir siempre en dialogar, dialogar, dialogar, y me consta que vamos a tener una buena respuesta”. El presidente señaló que “la idea es generar un abanico muy amplio de posibilidades” y apuntó que, en cualquier caso, las definiciones en materia de seguridad social se tomarán en el Parlamento, “que es el central”.

En línea con Orsi se expresó el director de la OPP, Rodrigo Arim, durante el lanzamiento. “En este espacio habrá diálogo, se buscarán acuerdos, pero, por supuesto, no habrá decisiones ni votaciones”, subrayó, en referencia a otro de los cuestionamientos de la oposición, que ha sido el número de representantes de los partidos políticos en la Comisión Ejecutiva.

Arim afirmó que, “en un mundo donde las estridencias sustituyen a los argumentos”, Uruguay “debe cuidar y preservar ese acervo que tenemos y que nos distingue”, esto es, “la capacidad de encuentro en las diferencias, de evitar la confrontación pueril, de sostener puentes de encuentro entre todos los actores, de discutir con firmeza conceptual y ser capaces de plasmar acuerdos de convergencia”.

Tras el lanzamiento, la primera parte del diálogo social consistirá en una etapa de “recopilación de insumos”. Bajo la coordinación de la OPP, el gobierno tiene previsto organizar en los 19 departamentos del país una serie de conversatorios y seminarios, de participación abierta, entre agosto y noviembre de este año.

Asimismo, la Comisión Ejecutiva llevará a cabo múltiples reuniones con organizaciones de la sociedad civil. También se prevé que la ciudadanía haga sus aportes a través de la página web oficial del diálogo social, que quedó disponible este mismo miércoles. La Universidad de la República, en tanto, tendrá a su cargo la sistematización de todos los insumos recibidos.

Los principales planteos de los trabajadores y los jubilados En diálogo con la diaria, Carlos Clavijo, uno de los representantes del PIT-CNT en la Comisión Ejecutiva, señaló que la central sindical colocará en el diálogo social “los tres puntos que fueron al plebiscito”, así como “los temas de cuidados, discapacidad y primera infancia”. “Pero fundamentalmente lo que estamos planteando es el financiamiento de la seguridad social”, resaltó.

Clavijo sostuvo que “sin financiamiento no podemos proteger ni cubrir las necesidades de la gente”. “Sabemos que va a ser el punto más difícil, pero si no discutimos el financiamiento de la seguridad social va a estar muy difícil lograr cambios sustanciales”, advirtió.

Por otra parte, Clavijo adelantó que el PIT-CNT planteará en el diálogo social que haya una sustitución gradual de los aportes patronales por un impuesto sobre la renta. “Desde el gobierno se dice que no se van a crear más impuestos, y ahí es donde está la confusión con nuestro planteo. Nosotros decimos sustituir el aporte patronal, que hoy es fijo, de un 7,5%, por un aporte basado en la renta”, expresó. Este cambio, sostuvo, permitirá que el esquema de financiación del sistema previsional sea “más equitativo”.

“Según las ganancias que tengas es lo que vas a aportar. Eso significa que los pequeños y medianos comerciantes van a contribuir mucho menos, porque tienen pocas ganancias, pero aquellos que tienen mayores ganancias van a contribuir más a la seguridad social”, resaltó Clavijo.

La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) también planteará en el diálogo social que haya una revisión de “la sostenibilidad del sistema”. Su representante en la Comisión Ejecutiva, Estela Ovelar, dijo a la diaria que esperan que “se pongan sobre la mesa las exoneraciones” del régimen vigente, al igual que “los cambios en la forma de trabajo”, porque actualmente “hay máquinas que han sustituido a personas y eso hoy no tributa”.

Onajpu también planteará inquietudes en torno al sistema de cuidados, “las demoras en salud” y la pobreza infantil. “Estamos a favor, como siempre, de una seguridad social solidaria y sin lucro. No estamos en contra del ahorro individual, pero que sea sin lucro, eso es fundamental”, agregó Ovelar.

Por su parte, la representante de la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS) en la Comisión Ejecutiva, Paula Baleato, dijo a la diaria que la organización planteará especialmente su preocupación sobre “los temas de la pobreza infantil, que tienen que ver con la situación de las familias con niños y adolescentes a cargo”.

Baleato señaló que en el diálogo social “se va a estar discutiendo todo lo que tiene que ver con la pobreza monetaria de las infancias y las adolescencias”; en tal sentido, aseguró que “hay bastante trabajo para hacer en relación con poder unificar un montón de prestaciones que hoy están dispersas”, así como “analizar las condicionalidades, es decir, lo que les pedimos a cambio a esas familias para recibir esas prestaciones”.