Por Carolina Alcalde CARACAS - Una providencia publicada el 30 de marzo en Gaceta Oficial, divulgada días después, establece que las organizaciones sin fines de lucro deben inscribirse en un registro que las obliga a entregar al gobierno de Nicolás Maduro la información sobre sus actividades, incluyendo el listado de personas que reciben asistencia benéfica y humanitaria. Se trata de una normativa considerada “inconstitucional” por especialistas que, estiman, tendrá un impacto negativo sobre el trabajo de miles de organizaciones, en especial de aquellas que atienden a víctimas de derechos humanos y a los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana. Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas del país, afirma que la implementación de la normativa significaría “poner en riesgo” a quienes denuncien violaciones a los DD.HH. “A todas las personas que, por ejemplo, denuncien los abusos de las FAES, los allanamientos arbitrarios, torturas, las detenciones arbitrarias que se cometen a lo largo y ancho en el país”, subraya. “Esto es como si a las organizaciones de DD.HH. en el Perú de Fujimori, en la Argentina de Videla o el Chile de Pinochet, se hubiese obligado a las organizaciones de DDHH a dar información a esas dictaduras”, añade Alvarado. Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, dice a la Voz de América que considera un “sin sentido” la exigencia de documentos de las diferentes organizaciones, porque se trata de información que ya maneja el Estado y, a su juicio, “lo más grave” es la solicitud de la lista de beneficiarios, pues incluye a organizaciones que, por ejemplo, trabajan con personas con VIH o mujeres víctimas de la violencia. “Son casos en los que la reserva de la identidad de las personas es algo esencial. En el caso de las personas con VIH porque la historia medica de una persona es algo intimo que no puede ser de conocimiento público. El tema de la violencia, el pasar a terceros está información pone en peligro la vida de las personas”, reitera. Daniels estima que uno de los propósitos es que las organizaciones de la sociedad civil delaten a las personas que denuncian o que se les presta un servicio. “Si algo nos ha enseñado este gobierno a los venezolanos es lo perverso que pueden ser manejando una lista. Que le entreguemos una lista al gobierno diciendo en esta zona popular tenemos estos comedores, supone un riesgo de estigmatización, de amenaza, de que se le quiten los beneficios de CLAP, gas doméstico, etc.”, explica. Daniel afirma que a través del registro se invierte el derecho fundamental de la presunción de inocencia porque se está presumiendo que las organizaciones son culpables y considera que la actividad de criminalización busca “acabar” con los voceros independientes de la sociedad organizada, quienes han puesto en evidencia “lo peor de este gobierno” ante organismos internacionales. “Una prueba de que el fin de esta normativa no es la persecución del delito de terrorismo o legitimación de capitales, es que una de las exigencias adicionales es que las organizaciones digan qué alianzas tienen y, por ejemplo ha pedido a una organización tipo Human Right Watch algún tipo de capacitación para cumplir con la labor aquí en Venezuela, tiene que decirlo y eso no tiene nada que ver con legitimación de capitales”, agrega. En varias ocasiones representantes del gobierno de Nicolás Maduro como el diputado Diosdado Cabello, han arremetido contra las ONG y las han acusado de ser “instrumentos de desestabilización” y de recibir recursos de Estados Unidos para conspirar contra Venezuela. “Las ONG se supone que son organizaciones no gubernamentales, pero en realidad son muy gubernamentales. Dependen de Estados Unidos y de la Unión Europea”, dijo Cabello a principios del mes pasado.
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