Por Luciana Peker. inforbae. El 6 de abril la Fiscalía federal de San Pablo denunció a Juan Darthés. El actor está acusado de violación agravada por el vínculo en Nicaragua. Y tiene un pedido de captura de Interpol. Pero es ciudadano brasileño y está viviendo en San Pablo. En Brasil no hay convenio de extradición. Y, por eso, hasta ahora, si no cruzaba la frontera, podía escabullirse de afrontar el proceso penal. Sin embargo, el avance de la justicia brasileña implica que Darthés tendría que afrontar un juicio en Brasil, salvo que el proceso sea frenado, dilatado o apelado.
Si el proeceso avanza no podría esquivar a la justicia. Si se va del país tiene pedido de captura de Interpol y si se queda debería enfrentar un proceso penal en ese territorio.
La fiscalía de San Pablo decidió tomar la iniciativa para que Brasil no sea un paraíso de impunidad frente al sexo sin consentimiento. “Este caso es importante para que Brasil no sea visto como un paraíso de impunidad para sus ciudadanos, en un caso tan emblemático como este, de violencia sexual contra una persona de solamente 16 años cuando sucedieron los hechos”, enmarco una fuente judicial a Infobae.
Ahora no solo se va a continuar con el proceso, sino con mucha más fuerza porque es la propia fiscalía -y no solo la víctima- quien impulsa la causa de oficio. Ni siquiera se necesita querellar de modo particular por parte de la víctima porque la acción es impulsada por el Ministerio Público en un esquema de cooperación internacional con Argentina y Nicaragua.
La fiscalía reclama que se realice el juicio contra Juan Darthés en un plazo estimado de un año. En Brasil se puede llevar a cabo esta acción porque el Código Penal prevé que el país tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos por brasileños en el exterior. En este caso, Darthés sería juzgado como brasileño por las acciones realizadas en Nicaragua durante la gira de la serie Patito Feo cuando él tenía 45 años y Thelma Fardin 16.
En Nicaragua ya está pedida la extradición de Darthés. Todavía no fue rechazada formalmente. Pero, por una cláusula constitucional, Brasil no puede apresar y obligar a viajar a Nicaragua a un ciudadano brasileño. Pero sí puede pedir que sea juzgado en su territorio por un acto cometido en otro país.
El 6 de abril la fiscalía de San Pablo avanzó en el pedido de llevar a juicio al ex actor de Patito Feo y Simona en base a los artículos 213, 223 y 226 del Código Penal brasileño. Los delitos de los que se lo acusa son estupro (tener acceso carnal con una mujer mediante violencia o grave amenaza), con una pena prevista de seis a diez años de prisión.
Pero además, según la redacción que estaba vigente en el momento de los hechos, si la violencia genera lesiones graves la pena puede aumentar de ocho a doce años de cárcel. La fiscalía considera que el rol que ocupaba Darthés como el único actor adulto (de 45 años) en un contingente de adolescentes, durante la gira de “Patito Feo”, en Nicaragua, cuando Thelma Fardin tenía 16 años, constituye un agravante por su relación jerárquica y la asimetría de poder.
El artículo 226 del Código Penal brasileño estipula que si se trata de un padrastro, tío, compañero, tutor, preceptor, empleador o cualquier otro título con autoridad sobre la víctima el delito se agrava. Y, en ese caso, la pena máxima puede llegar a los 18 años de prisión.
La fiscalía brasileña evaluó el expediente y consideró que Thelma Fardin sufrió lesiones, incapacidad para sus ocupaciones habituales y peligro por la dimensión de los traumas de lo sufrido en mayo del 2009, en Managua, durante la gira de Patito Feo por Centroamérica.
Ahora el magistrado debería recibir la acusación y abrir el juicio. Hay plazo hasta el 16 de mayo del 2021 para que no haya riesgo de prescripción. La evaluación que hacen fuentes judiciales es que dejar prescribir la causa no sería una buena señal hacía la sociedad.
En Brasil, igual que en Argentina, rige la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, realizada en Belém do Pará, el 9 de junio de 1994, en donde se específica que los Estados deben actuar con el debido cuidado para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
“La prescripción de un caso como este daría una sensación de impunidad contraria a las normativas internacionales”, analizan fuentes judiciales, desde Brasil. que evalúan que la causa va a seguir avanzando y que no va a ser archivada.
La fiscalía no pide la prisión preventiva porque no consideran que exista peligro de fuga por el pedido de captura de Interpol (que no está publicado en Internet porque en los casos de abuso se reserva la información para preservar la identidad de las víctimas) que implica que sería detenido si intenta cruzar la frontera brasileña para volver a Argentina o querer irse a otro país.
Tampoco se puede predecir cuando podría darse el juicio, si el proceso avanza, ya que la justicia en Brasil es lenta y tiene muchas instancias judiciales (y en un contexto de pandemia muy complejo para el país). Aunque, si se le da prioridad, se estima que en un año, durante el 2022, el juicio podría llegar a primera instancia.
La Fiscalía de San Pablo da señales de actuar de oficio e intentar que sea juzgado lo antes posible. Para llegar a esta instancia evaluaron que hay fuertes pruebas que indican que Thelma Fardin fue víctima de violencia sexual y que padeció lesiones psicológicas por esa violencia.
El Ministerio Público consideró que debía acusar porque las pruebas que requirió a la Argentina demuestran los hechos imputados. En ese sentido, la intervención de la UFEM fue fundamental para que el caso llegue a los tribunales brasileños en el marco de la cooperación internacional avalada por el triple trabajo de los ministerios públicos latinoamericanos.
Ahora se debe decidir si se abre -o no- el jucio. La decisión judicial también puede ser apelada en todas sus instancias. Si el Juez de primera instancia decide dar vía al recurso presentado por la fiscalía debe reconocerse competente y aceptar que hay pruebas de materialidad y probabilidad de la autoría delictiva del acusado.
En el caso que el juicio se lleve adelante en contexto de pandemia y la justicia acepte la cooperación internacional del Ministerio Público Fiscal de Argentina los testimonios de las y los testigos pueden ser tomados vía zoom desde Buenos Aires, probablemente desde la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) donde ya se tomaron los testimonios enviados a Nicaragua.
La investigación iniciada por el Ministerio Público brasileño es un punto de inflexión en la impunidad de la violencia sexual en América Latina. La denuncia de Thelma Fardin, radicada en Managua en el 2018, ya cuenta con el aval de tres ministerios públicos fiscales: de Argentina, de Brasil y de Nicaragua.
El silenciamiento de las víctimas, los procesos que prescriben antes que las denunciantes se animen a hablar, el rompecabezas de jurisdicciones en donde los agresores pueden cometer un delito pero esconderse en otros países y las maniobras de dilatación, encubrimiento y amedrentamiento social, familiar y mediática a las víctimas interrumpe la posibilidad de justicia. Por eso, esta iniciativa es inédita y un punto de inflexión para la impunidad de los abusos.
El caso de Thelma Fardin no es un caso más, pero no porque sea único, sino porque destapó la voz de muchas otras mujeres que sufrieron distintas agresiones sexuales en Argentina y en América Latina. Si su voz le hizo eco a otras voces la impunidad a su agresor y el juzgamiento mediático a ella en vez del victimario también refleja una condena, pero no al prófugo, sino a la denunciante.
Por eso es fundamental que esta decisión convalida la validación de su palabra en una causa que ya tiene el respaldo del Ministerio Público de Argentina, Brasil y Nicaragua. No solo se avance en la posibilidad de llegar a juicio de un actor acusado de violación agravada por el vínculo en Nicaragua.
También la justicia termina de borrar el imaginario de “le creo, no le creo” que todavía se disputa en los medios y en las redes sociales como si se tratara de una ficha que cae de un bolillero de lotería.
El alerta de Interpol tendría que haber sido un freno a la banalización de la denuncia. Pero, si no fue suficiente, con la tarjeta roja, ahora la justicia avanza un paso más.
La iniciativa de la justicia brasileña respalda la denuncia de Thelma en un gesto contundente que ya termina de pulverizar la minimización de un caso testigo para toda América Latina. “Este caso es emblemático porque, en razón de la cooperación internacional, se puede hacer rápidamente la persecución en Brasil”, anuncian desde el vecino país.
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