15.09.2016
NACIONES UNIDAS (IPS/Thalif Deen) - El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, debe hacer frente a dos asuntos de suma importancia: la propuesta de crear una Ley para la Libertad de Información y un enviado especial que garantice la protección y la seguridad de las y los periodistas en el mundo.
"El secretario general está a favor de la idea de transparencia. Pero es un asunto de los estados miembro", dijo a IPS el portavoz de la ONU, Farhan Haq.
"Hay cuestiones personales que deben ser confidenciales, pero preservar la confidencialidad del personal no debe ser una cobertura para tapar comportamientos poco éticos o delictivos": Ian Williams.
En el marco de las políticas de la ONU y del Estatuto del Personal, las declaraciones de divulgación son confidenciales y accesibles al secretario general, la Oficina de Ética y otras dependencias o funcionarios especialmente autorizados por escrito por el propio secretario general.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París, y encargada de velar por la libertad de prensa (FOI, en inglés), define a esta como el derecho que tienen los organismos públicos de acceder a ella.
Según la Unesco, la FOI es una parte integral del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido por la resolución 59 de la Asamblea General, adoptada en 1946, así como por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, que incluye "investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
La FOI también fue considerada como "libertad de expresión" en otros importantes instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de 1966, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, precisó la Unesco.
Al ser consultado por la propuesta de crear un enviado especial para tratar asuntos relacionados con la seguridad de los periodistas, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, explicó a IPS que para ello el secretario general necesita de un mandato de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad.
Con un enviado especial, "aumentaría la atención sobre los riesgos que afrontan los periodistas y, al trabajar de cerca con el secretario general, tendría peso político y legitimidad para tomar medidas concretas para proteger a los periodistas y para hacer que las agencias de la ONU se hagan responsables de integrar el plan de acción a su trabajo", reza una misiva enviada por una coalición de más de 100 organizaciones no gubernamentales al secretario general.
La coalición incluye al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF), Freedom House, Index on Censroship, la Federación Internacional de Periodistas, Media Watch y la Federación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias.
Al ser consultada por el apoyo recibido de los estados miembro, Delphine Halgand, directora de RSF, con sede en París, confirmó que en los últimos meses mantuvieron varias reuniones.
El CPJ, con sede en Nueva York, señala que 1.189 periodistas fueron asesinados desde 1992, y los cinco países con más muertos son Iraq, con 174, Siria, con 94, Filipinas, con 77, Argelia, con 60, y Somalia, con 59.
Además, los asesinos permanecen impunes en nueve de cada 10 casos, "un dato que ha cambiado poco desde 2012", precisa la organización. Los responsables suelen ser fuerzas rebeldes y organizaciones terroristas, pero también los gobiernos en funciones.
"En la primavera (boreal) se creó un grupo permanente de amigos de embajadores de la ONU que trabaja de forma continua en la propuesta", precisó, y añadió que está presidido por Francia, Grecia y Lituania. Además, España hizo público su apoyo, y otros lo hicieron en privado.
La impunidad es una de las prerrogativas de gestión de algunos altos funcionarios de la ONU, pero la FOI será honrada tanto en su incumplimiento como en su observancia, independientemente de la política oficial, observó Ian Williams, corresponsal en la sede del foro mundial para Tribune y analista de Foreign Policy in Focus.
Cuando se filtra información comprometida, la respuesta de organismos de la ONU, como la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI), ha sido una y otra vez la de lanzar una investigación sobre el origen de la filtración, se lamentó Williams, quien fuera presidente de la Asociación de Corresponsales de la ONU (UNCA), en 1995.
"Si bien es el trabajo de los funcionarios y diplomáticos mantener las cosas en secreto, es tarea de los medios difundir la información, siempre habrá tensión", reconoció Williams, quien está por publicar su próximo libro "UNtold: the Real Story of the UN" (Indecible: La historia real de la ONU).
"Hay cuestiones personales que deben ser confidenciales, pero preservar la confidencialidad del personal no debe ser una cobertura para tapar comportamientos poco éticos o delictivos", precisó Williams, quien también escribe para Salon, AlterNet y MaximsNews, entre otros.
Por su parte, Jim Wurst, expresidente de UNCA, dijo a IPS: "la Ley para la Libertad de Información (FOIA) es una buena idea porque la ONU, como cualquier otra gran institución, tiene graves problemas de transparencia".
"Todo lo que la obligue a cumplir sus obligaciones con los pueblos del mundo vale la pena perseguirlo", apuntó Wurst, quien escribió 'The UN Association-USA: A Little Known History of Advocacy and Action, (La Asociación de la ONU y Estados Unidos. Una historia poco conocida sobre promoción y acción).
Y respecto de la propuesta de crear un enviado especial, Wurst observó que los periodistas, al igual que otros no combatientes como los profesionales de la salud y los trabajadores humanitarios, están cada vez más en la mira y son blanco de ataques. "No es un problema nuevo, pero está cada vez peor. Básicamente se ha vuelto un comportamiento estándar", remarcó.
Por otro lado, cualquier cosa que desprenda un tufillo a que personas ajenas manipulan las acciones de los periodistas es un fracaso. "Confío en que el CPJ y RSF siempre colocarán la integridad de los periodistas en primer lugar", acotó.
Por su parte, el experimentado periodista Chakravarthi Raghavan dijo a IPS que la FOIA plantea una cuestión de alcance, si se aplica a la secretaría de la ONU, a todos sus organismos o al sistema de la ONU en su totalidad, incluyendo instituciones con un estatus ambiguo, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio.
Una ley de ese tipo, ya sea en Estados Unidos o en India, donde hay una ley sobre el derecho a la información, va de la mano con una autoridad judicial con jurisdicción para garantizar que sea respetada cuando no se ofrece información, explicó Raghavan, radicado en Ginebra y editor emérito de South-North Development Monitor, quien escribe sobre comercio, finanzas y desarrollo desde 1978.
Y cuál será la autoridad que garantice el respeto por parte de la secretaría de la ONU y arbitre en casos de disputas, apuntó.
En lo que se refiere al enviado especial de la ONU, Raghavan coincidió en que sería positivo, pero también planteó el problema de cómo la institución reconocerá y distinguirá a los verdaderos periodistas de los que se hacen pasar por profesionales de la prensa.
Esas preguntas surgieron hace unos años y son difíciles de responder, reconoció. Hay que tener cuidado de no terminar creando un problema o una barrera para los profesionales, alertó.
Sin embargo, un enviado especial de la ONU, concentrado en estas cuestiones y que rinda cuentas a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos dará una mayor visibilidad, en especial si los medios, por su propio interés, informan al respecto y difunden la información.
