Un "botín" gremial que sigue dando dolores de cabeza // Su vaciamiento. Roberto Baradel y Hugo Yasky, acusados por el vaciamiento del IOMA y de la Obra Social Docente (Osplad), participaron de una marcha en La Plata. Denuncian pase a planta permanente de funcionarios acusados de corrupción. Gerenciadoras en la mira. En momentos en que el vaciamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) se hace cada vez más pronunciado, uno de los principales responsables políticos y gremiales de ese verdadero descalabro, como es el dirigente sindical Roberto Baradel (Suteba), ayer estuvo en La Plata. Lo hizo acompañado de su jefe político, el titular de la CTA kirchnerista, Hugo Yasky, quien también arrastra serias acusaciones por el vaciamiento de la Obra Social para la Actividad Docente. Baradel participó de la marcha que se hizo en defensa de los contratados a los que no se les renovó el vínculo laboral con la Municipalidad de La Plata quienes, en su mayoría, serían ñoquis y punteros políticos que no cumplirían ningún tipo de tarea efectiva en la comuna. Junto al tándem Yasky-Baradel se lo pudo ver al diputado sciolista Omar Plaini, dirigente del inexistente gremio de los Canillitas. Los tres fueron fervientes promotores en las últimas elecciones de las candidaturas de Daniel Scioli y de Aníbal “La Morsa narco” Fernández. No fueron pocos los que señalaron la enorme contradicción que significa presentarse como defensor de los derechos de los trabajadores cuando, al mismo tiempo, se es responsable de la corrupción enquistada en el IOMA que hace que, diariamente, miles de asalariados de la provincia se vean imposibilitados de poder acceder a medicamentos y distintos tratamientos que resultan esenciales para su salud. Tal como lo viene informando Hoy, la dirigente del Suteba, Patricia Viviana Nisembaum, que responde políticamente a Yasky y a Baradel, forma parte del directorio del Instituto y su nombre aparece en las 15 denuncias penales que la Asociación de Profesionales del IOMA (Apioma) presentó en los últimos tres años en los tribunales de La Plata. Lo mismo ocurre con Luis Pérez, actual representante del titular de UPCN, Carlos Quintana, en el directorio del instituto. “Ningún hecho de los que denunciamos se podrían haber concretado de no haber habido complicidad del directorio”, le dijo a Hoy, el titular de Apioma, el médico Idelmar Seillant. Como una forma de garantizar la impunidad, el pasado 4 de diciembre, las autoridades salientes del IOMA, encabezadas por el entonces presidente de la obra social, Antonio La Scaleia, firmaron una resolución pasando a planta permanente a numerosos funcionarios políticos del directorio acusados de corrupción. Entre ellos se encuentra Ana Paula Ruggiero, directora general de regionalización, y el director general de Recursos Humanos, Marcelo Seara; y la mayoría de los directores de las distintas regiones. Asimismo, la resolución también habría beneficiado al ex director de Gestión Institucional, Pablo Ávila, quien pese a haber sido denunciado por los profesionales del IOMA, insólitamente terminó desembarcando, en los últimos días, en la regional del PAMI en La Plata. Asimismo, en las últimas jornadas, generó mucha inquietud, entre los profesionales de carrera del IOMA, una reunión que mantuvo el flamante presidente de la obra social, Sergio Daniel Cassinotti, con los representantes de las Asociaciones de Clínicas (Acliba) y la Federación de Clínicas de la Provincia (Fecliba). Ocurre que, durante la gestión sciolista, estas entidades se afianzaron en su rol de gerenciadoras percibiendo ingresos millonarios por hacer tareas administrativas y auditorías –se controlan así mismas- que antes eran desempeñadas por el propio personal del instituto. Por ejemplo, tal como lo informó Hoy, por cada prótesis que recibe un afiliado, se quedan con el 2% del monto total que es pagado por el IOMA. Eso no es todo: desde el año 2011 dos misteriosas empresas privadas llamadas Kotao SA y Prestaciones RG SA (rebautizadas como Salud Médica Laboral), se queda con otro 2% de cada una del total facturado. Es decir, si se suma lo percibido por Acliba o Fecliba, la intermediación se queda con el 6%. Ese proceso, a su vez, habría influido para que la obra social esté pagando importantes sobreprecios por los insumos. La facturación de proveedores al IOMA por este convenio supera los $100 millones mensuales. Kotao es una empresa con domicilio en Capital Federal, que es presidida por un sociólogo uruguayo llamado Gabriel María Vidart que está vinculado con la Asociación de Clínicas Federadas de la Provincia de Buenos Aires y con la firma GPS Fiduciaria S.A. A su vez, Prestaciones RG es una sociedad que en los últimos tres años emitió 68 cheques sin fondos o con vicios formales, situación que ha llevado a que figure en rojo en los registros del Banco Central. Los responsables de esta sociedad son Antonio Ricardo Izarra y Alfredo Vanini, quienes en 2013 reemplazaron en el directorio a Ricardo Hernán Duaygues y Germán Federico Lobbe. Esta firma fue dada de alta en la AFIP en junio de 2010. Es decir, todo indicaría que fue creada con el fin de intervenir en el convenio de las prótesis que fue modificado en 2011 y que le abrió las puertas para ingresar al IOMA. En ese esquema, mantiene su puesto otro polémico funcionario: Roberto Larraya, a cargo del Centro Único de Coordinación (C.U.C), un ente conformado entre el IOMA, Fecliba y Acliba vinculado con las tercerizaciones. Larraya habría sido el encargado de defender, ante la Fiscalía de Delitos Complejos, uno de los hechos más bochornosos de los últimos tiempos en el IOMA: el reintegro extraordinario otorgado a la mamá de Cristina Kirchner por una operación de cadera realizada en un sanatorio privado de Capital Federal que no forma parte de la cartilla de prestadores del IOMA y por montos muy superiores a los que se les reconoce a la enorme mayoría de afiliados que no tienen palancas políticas. La gobernadora María Eugenia Vidal viene diciendo, desde la campaña electoral, que su intención es transparentar el IOMA. ¿Cumplirá su promesa? Esperemos que así sea. Aún está a tiempo. Sobreprecios y un agujero de $2600 millones Una de las herencias del gobierno de Daniel Scioli es que dejó una deuda, con el IOMA, de 2600 millones de pesos. De ahí la sospecha de que se habría desviado lo aportado por los docentes y estatales de la Provincia, en concepto de obra social. “Gran parte de esa deuda o agujero de $2600 millones está constituido por sobreprecios que se pagaron o se pretenden pagar ilegalmente”, dijeron profesionales del IOMA consultados por Hoy. Quintana y el negociado de las internaciones domiciliarias Una de las funcionarias del IOMA que mantuvo el cargo es Liliana Méndez, quien se encuentra a cargo de la dirección de Auditoría y Fiscalización Médica y Ambulatoria. Además, también estaría manejando interinamente la estratégica Dirección General de Prestaciones (DGP), considerada una de las principales cajas de la obra social. Según pudo saber Hoy, Méndez está estrechamente vinculada con el titular de UPCN, Carlos Quintana, y figura en las denuncias de la Asociación de Profesionales del IOMA por autorizar prestaciones ambulatorias de alto costo sin ser médica. Asimismo, habría sido la segunda de Antonio Nardella, saliente funcionario del Instituto que arrastra pesadas denuncias por los millonarios negociados de internaciones domiciliarias. Precisamente, una parte importante del negocio de las internaciones domiciliarias sería regenteado por Quintana a través de presuntos testaferros que aparecen en distintas empresas fantasmas que le facturarían cifras millonarias a la obra social. Una de estas firmas sería, según las investigaciones que viene realizando APIOMA, la sociedad Continuum SRL. Días atrás se conoció que el IOMA estaría desembolsando la friolera de 229 millones de pesos mensuales en internaciones domiciliarias que los afiliados no reciben. Y para que esto se concrete, según denunció el diario Hoy en distintas investigaciones publicadas en los últimos tres años, la gestión que encabezó el sciolista Antonio La Scaleia desactivó las auditorías de terreno a través de tercerizaciones. Actualmente, hay dos casos denunciados que tramitan en la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, que incluyen decenas de afiliados que no recibieron los servicios abonados a alguna de las más de 75 prestadoras de los módulos de internación domiciliaria. A su vez, hay otras 350 denuncias que aguardan en una escribanía. “No sabemos si los afiliados están vivos o muertos” Profesionales del IOMA hicieron una presentación formal ante la vicepresidencia de la Cámara de diputados de la Provincia, a cargo de Manuel Mosca, con el objetivo de que se ordene la realización de una auditoría externa de corte de la obra social para que se investigue, a fondo, lo ocurrido en el instituto durante los 8 años de gobierno sciolista. El reclamo está motivado en el hecho de que “se han cercenado y suprimido los mecanismos que aseguran la transparencia institucional, al quitar las auditorías propias de terreno, auditorías contables, y de Gestión. Permitiéndoles a las gerenciadoras y empresas prestadoras de servicios e insumos y proveedores, por resoluciones, convenios firmados con el Directorio del IOMA, para que ellos mismos realicen las auditorías de las prestaciones y la calidad que reciben los afiliados de estas, es decir El zorro cuidando el gallinero originándose datos falsos y papeles e informes apócrifos y sin control”. “Los auditores de carrera del IOMA deben trabajar sobre una auditoría de inicio falsa, sin saber si los afiliados están vivos o muertos, y si recibieron lo que las empresas facturan al IOMA. Lo único que llega a la Auditoría del IOMA son papeles con datos falsos, pagándose el 100% de los montos facturados, afectando gravemente a las prestaciones de todos los afiliados y trabajadores del IOMA. Estos comportamientos y acciones irregulares y fuera de las normas institucionales que se denuncian están sin observación alguna por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, siendo que este Organismo de la Constitución cuenta con una oficina en el mismo edificio del Instituto (Piso 12º), y sin sanciones por la Contaduría General de la Provincia. Todo lo anterior fue avisado por escrito al Fiscal de Estado”, concluyeron. Una obra social docente al rojo vivo Tal como lo viene informando Hoy, se habría detectado un agujero de 30 millones de pesos en la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad), correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, cifra que habría sido facturada por empresas fantasmas. Esto se tradujo en una abrupta caída de las prestaciones de la obra social, afectando a miles de educadores en todo el país. A su vez, el vaciamiento llevó a que la obra social esté al borde de la quiebra, por lo cual intervino la Justicia en lo Civil y Comercial de Capital Federal y hubo una convocatoria de acreedores. Eso no fue todo. Durante el año 2014, la Cámara del Crimen ordenó investigar al titular de la Osplad, Daniel Roberto Perata, un personaje muy cercano a Hugo Yasky, por el supuesto desvío de fondos provenientes del Ministerio de Salud “en perjuicio de los afiliados de la entidad”. La Sala Cuarta del Tribunal, con las firmas de los jueces Mariano González Palazzo, Carlos González y Alberto Seijas, resolvió enviar el expediente al juzgado de instrucción número 34, actualmente a cargo del magistrado Roberto Ponce. Además de Perata, en la causa se encuentra imputado el secretario de Actas, Mario Rojas. El resto de los actuales integrantes del directorio de la Osplad son Héctor Cova (Secretario General de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), Guillermo Marconi (Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina), Juan Carlos Manzan (CTERA, lista celeste) y María Pared (CTA-Chaco). El fallo establece no obstante que “la eventual comisión de una defraudación por administración fraudulenta no puede, en estas condiciones, derivar en un menoscabo a las rentas del Estado Nacional”, sino directamente a los beneficiarios de la obra social. Así, el tribunal remitió las actuaciones a un juzgado penal de la Capital Federal para que determine si se cometieron o no delitos con esos fondos. Cabe destacar que Patricia Nisembaum, una dirigente sindical muy cercana al ultrakirchnerista Roberto Baradel, antes de hacerse cargo de una de las vocalías del IOMA se desempeñó como delegada en la Osplad San Justo. Actualmente sigue ligada a la obra social docente, siendo la representante de la Comunidad del Comité de Bioética del Policlínico Docente de la la Osplad. (Fuente Diario Hoy/Foto Damián Alday) ADNbaires/
