El incendio que descubrió una trama de corrupción en la Intendencia de Soriano

El lunes 17 de mayo de 2021 los bomberos lograron extinguir el fuego iniciado en la oficina del primer piso del teatro 28 de Febrero, donde funcionaba la sede de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Soriano. El incendio fue noticia por el valor patrimonial del edificio, inaugurado a mediados del siglo XIX y reconstruido en la década de 1930, tras otro incendio que lo destruyó. A partir de las pericias de rutina de Bomberos para determinar el origen del fuego, comenzó una de las tramas de corrupción más importantes del departamento, que ya tiene varios imputados y condenados por delitos como liberación de cheques sin fondo, peculado, estafa, apropiación indebida, receptación, hurto, cohecho y falsificación de documentos, entre otros.

Una vez que las pericias revelaron el carácter intencional del incendio, la investigación penal apuntó a las autoridades de Adeom, que eran quienes usaban la oficina del primer piso del teatro, que había pasado a manos de la intendencia en la década de 1980. La información de los celulares incautados al presidente y el tesorero del gremio de municipales permitió abrir la investigación a varios funcionarios y particulares, involucrados en un mecanismo de compra y venta de materiales robados al gobierno departamental, en especial combustible y materiales de obra.

Las primeras imputaciones se hicieron a mediados del año pasado, cuando la Justicia determinó la formalización del proceso contra el presidente de Adeom, Martín Herling, por incendio, y del tesorero, José Luis Picca, por la comercialización de materiales de la intendencia. En mayo se entregó el secretario general, Juan Andrés Echenique, que estaba prófugo fuera del país, requerido por la Justicia por esta causa, que también involucró al empresario de Palmitas Pablo Posse, imputado por un delito de estafa.

La investigación penal logró determinar que el incendio del teatro 28 de Febrero tuvo como objetivo quemar documentación vinculada a compras de la Intendencia de Soriano, registros de pagos a proveedores con cheques sin fondos, y documentación administrativa del sindicato. La maniobra que se detectó en esa primera etapa implicó la retención de haberes de los trabajadores municipales provenientes de convenios firmados por el sindicato, así como estafas a través de redes sociales y la entrega de cheques sin fondo, falsificación de documentos de la intendencia y el alquiler de autos del gobierno departamental.

Este jueves, la jueza departamental de primer turno, Ximena Menchaca, condenó a un funcionario de la intendencia, un camionero y un funcionario policial que habían sido imputados a mediados de julio del año pasado. Las condenas fueron alcanzadas tras un acuerdo abreviado con la fiscal Stella Alciaturi, encargada de la investigación penal que trabaja en acuerdos con todos los investigados en la causa.

En la audiencia, de la que informó el semanario Búsqueda, Menchaca dispuso una condena de 14 meses de prisión para el capataz de obra Alcides Rivero por un delito de peculado y cohecho calificado, del camionero Gilberto Castromán por un delito de peculado y del funcionario policial Pierre Capuccio, condenado a 14 meses de prisión por un delito de peculado. En todos los casos la pena deberá cumplirse con cinco meses de prisión efectiva y el resto en libertad a prueba. El acuerdo también implicó la realización de tareas comunitarias como medidas adicionales a la libertad a prueba y, en el caso del funcionario municipal, una multa de 50 unidades reajustables, unos 85.000 pesos.

Fuentes allegadas al caso dijeron a la diaria que aún se está lejos de alcanzar el final de la investigación, dado el volumen de la información que consta en la carpeta de la fiscalía, la cantidad de casos en los que, con el transcurso del tiempo, estuvieron involucrados diversos particulares y la posibilidad de avanzar en la responsabilidad jerárquica en la estructura del gobierno departamental. En los próximos días la Justicia convocará a nuevas audiencias de juicios abreviados, en las que se podría concretar la condena de otros diez involucrados en las maniobras.