Este instrumento, elaborado con el aporte de múltiples instituciones y actores públicos y privados, ofrece el marco estratégico de largo plazo para guiar la profundización de las transformaciones que Uruguay viene transitando para hacer frente a los desafíos del Cambio Climático y la variabilidad, tanto para la adaptación como la mitigación a nivel nacional y subnacional. Y pretende, además, atender las obligaciones internacionales que emergen de la ratificación del Acuerdo de París.
La Política prevé su desarrollo e implementación en el corto, mediano y largo plazo con la participación de los distintos actores de la sociedad uruguaya con un horizonte hacia el año 2050.
La ministra Eneida De Léon destacó que “esta política es fundamental a todos los efectos que puede tener el Cambio Climático sobre nuestra población. Lo estamos viendo especialmente en el tema de las inundaciones, las sequías, estas grandes lluvias que provocan inundaciones por falta de escurrimiento, porque no las preveíamos cuando se construyeron las ciudades o nuestras carreteras”.
Proceso de elaboración
Los lineamientos presentados en la Política Nacional de Cambio Climático fueron construidos a través de un amplio proceso participativo en el ámbito del SNRCC, con participación de casi un centenar de instituciones del sector público, académico, privado y la sociedad civil organizada, lo que congregó alrededor de 300 personas que forman parte de dichas instituciones.
El proceso de preparación y adopción de la Política constó de varias etapas:
- Diseño del proceso participativo (Diciembre 2015 a abril de 2016);
- Etapa participativa (Abril de 2016 a noviembre de 2016);
- Reuniones informativas y de convocatoria (Abril de 2016);
- Reuniones preparatorias (Mayo a junio de 2016);
- Taller participativo (Julio-agosto de 2016);
- Diálogo social (Noviembre de 2016);
- Consulta pública (Noviembre-diciembre de 2016);
- Adopción de borrador (presentado al Gabinete Nacional Ambiental, por el Grupo de Coordinación del SNRCC) - 20 de diciembre de 2016;
- Adopción de versión ajustada (contó con opinión favorable del Gabinete Nacional Ambiental con presencia del Presidente de la República) - 27 de abril de 2017.
La Política también fue analizada en la Mesa 9 de Medio Ambiente del Diálogo Social convocado por la Presidencia de la República.
Las grandes líneas
El documento consta de veintisiete párrafos que se agrupan en siete capítulos desarrollados en cinco dimensiones para las que a su vez, se indican orientaciones estratégicas de largo plazo y líneas de acción concretas de corto y mediano plazo.
Éstas son:
- Objetivo general y enfoque;
- Dimensión Gobernanza;
- Dimensión Conocimiento;
- Dimensión Social;
- Dimensión Ambiental;
- Dimensión Productiva;
- Desarrollo e implementación;
Además, presenta procedimientos para dar seguimiento a las líneas de acción a través de información disponible y proceso de participación para evaluar y fortalecer la acción en el tiempo.
También prevé el mecanismo para la formulación y adopción de la primera y sucesivas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Uruguay al Acuerdo de París, metas y acciones que llevará a cabo nuestro país en ciclos quinquenales para implementar el Acuerdo.
Ignacio Lorenzo, director Nacional de Cambio Climático explicó que “tener una estrategia-país a largo plazo habilita a profundizar la acción y encontrar sinergias. Además, el Acuerdo de París pide que las contribuciones de cada país sean cada vez más progresivas en el tiempo”.
“Que la política de Cambio Climático exista nos permite tener esa visión de largo plazo y además saber que el Cambio Climático no es una tema exclusivo de un sector económico o de una institución, sino que en realidad toca a todos los ministerios, intendencias, sociedad civil y el sector privado. Si no tenemos un marco estratégico consensuado y nacional no podemos ir para el mismo lado’’, dijo.
El gran desafío
De acuerdo a las Naciones Unidas, el Cambio Climático es uno de los principales desafíos globales que debe enfrentar la humanidad durante este siglo.
Esta conclusión se nutre de la abrumadora evidencia científica en relación a la existencia de un Cambio Climático sin parangón en la historia de la Tierra y al origen humano del mismo, así como a las consecuencias para la vida en el planeta si no se toman medidas drásticas y urgentes.
El aumento de la temperatura media terrestre y del nivel del mar, el incremento de las sequías, las inundaciones, las olas de calor y otros eventos climáticos extremos, están generando impactos adversos en la producción de alimentos, el agua potable, las infraestructuras y los servicios, con consecuencias para los ecosistemas y los seres humanos, con resultados particularmente dramáticos para los sectores más vulnerables de la población mundial.
Esta situación exige rápidas respuestas, tanto para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de origen humano, de manera de frenar el calentamiento global, como para la adaptación a las nuevas condiciones climáticas, esfuerzos que deberán contar con un fuerte compromiso por parte de todos los países, tanto de sus sectores públicos como privados. Estos esfuerzos deberán reconocer que los diferentes países tienen responsabilidades comunes pero claramente diferenciadas en función de las respectivas contribuciones a este fenómeno global.
En este contexto, luego de un proceso de negociación iniciado en el año 2011, en diciembre de 2015 la 21ª Conferencia de la Partes (COP, por su sigla en inglés) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) aprobó el Acuerdo de París. Este Acuerdo define derechos y obligaciones para los 195 países, de manera de lograr que el aumento de temperatura quede “muy por debajo de los 2 grados en relación al comienzo de la Revolución Industrial”. Para ello, todos los países deberán llegar a la brevedad a un pico de emisiones, reduciéndolas rápidamente a partir de dicho momento, aunque se reconoce que los países en desarrollo pueden alcanzar el pico en un plazo mayor. El Acuerdo también reconoce que la reducción de emisiones no puede poner en riesgo la seguridad alimentaria mundial. De todas formas, los 195 países deberán alcanzar la neutralidad de emisiones para la segunda mitad del siglo. Por otro lado, los países desarrollados se comprometen a generar capacidades, transferir tecnologías y financiar con un mínimo de 100.000 millones de dólares por año, los esfuerzos de mitigación y adaptación de los países en desarrollo, independientemente de sus ingresos per cápita.
Las emisiones de Uruguay
Uruguay emite solamente el 0,06% de las emisiones globales, lo que es una parte muy pequeña.
Además el perfil de emisiones de nuestro país es muy particular. El sector agropecuario es el principal emisor, lo que es distinto al resto del mundo, en el cual el principal emisor es el sector de la energía.
Uruguay tiene avances muy significativos en su sector de energía con la introducción de energías renovables que tienen emisión cero. A su vez el sector agropecuario es de escala global, ya que contribuimos a la alimentación de casi 30 millones de personas, lo que implica que tenemos un área de prioridad distinta a la del resto del mundo.
El Acuerdo de París, que fue adoptado hace un año y medio y que está en su fase de reglamentación, tienen previsiones específicas para la producción de alimentos en donde se especifica que el desarrollo bajo en carbono y la resiliencia ante el clima deben darse de una manera que no afecte la producción de alimentos. En ese sentido, Uruguay está buscando el equilibrio para producir con menos intensidad de emisiones por unidad de producto.
