En la mañana del miércoles, el Intendente Osvaldo Cáffaro informó en conferencia de prensa que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zárate-Campana resolvió declarar la nulidad de la imputación que pesaba sobre el propio jefe comunal y sus funcionarios Aldo Morino, Ariel Ríos, Pablo Giménez y Mariana Conturbi, quienes eran acusados de usurpación de terrenos en el Paseo de la Ribera, espacio público donde hoy existe una plaza. En la conferencia de prensa realizada en el Forum Cultural, donde estuvo Cáffaro, los funcionarios nombrados y el abogado Horacio Henricot, se brindaron detalles sobre la Resolución que decreta la nulidad de las declaraciones de Cáffaro, Conturbi, Ríos, Giménez y Morino, la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio y la nulidad de la resolución que ordena la elevación a juicio y todo lo obrado en consecuencia.
“No puede existir una ciudad sin espacios públicos, por eso insistimos todos estos años en recuperar estos espacios para la gente”, afirmó Cáffaro, quien luego resaltó que “me pueden pintar los dedos una y cien veces pero mi conciencia está limpia y tranquila”. Luego, el Intendente aseguró que “hoy la justicia nos da la razón” y el terreno seguirá siendo municipal y un espacio público para el uso de los vecinos. Por otro lado, Cáffaro recordó todo lo actuado desde que se planificó poner la ciudad de cara al río con el Master Plan Costanera y ya entonces se asumió la posibilidad que aparecieran especuladores con claras intenciones de enriquecerse con juicios al Estado. “Son cosas que no entiendo, que nos hacen muy mal como sociedad”, añadió el Intendente.
Por su parte, el abogado Henricot explicó que tras dictarse la nulidad de la imputación tanto el Intendente Cáffaro como el resto de los funcionarios ya no son imputados porque se consideró que el proceso legal estuvo plagado de falencias. Sin embargo, afirmó que no se trataba de una situación para festejar: “Las resoluciones judiciales no se festejan ni se desprecian, se respetan y después se cumplen”, indicó. “Además, durante la desprolijidad del proceso, fueron afectados los derechos y garantías constitucionales de los imputados a defenderse y tener el debido proceso legal que les correspondía. La justicia admitió que no había elementos para citarlos a declaratoria. No estaba claro por qué se los acusaba”, afirmó Henricot.
Ya en el año 2016, la Jueza de Garantías había explicitado que los terrenos hoy son un espacio público y que los compradores del inmueble lo adquirieron sabiendo que en ellos se estaba llevando a cabo un trascendente plan urbanístico que proveería a la zona un inmenso valor inmobiliario. Lo cual demostraba su interés en sacar provecho de los mismos. De esta forma, la Justicia le da la razón al Gobierno Municipal y, lo más importante, los vecinos podrán seguir disfrutando de un espacio público ubicado en el corazón del Paseo de la Ribera.
