Guido Arzagot Arias fue condenado en 2019 y durante la cuarentena volvió a delinquirCorría el año 2017 y Susana Giménez notó que en su tarjeta de crédito del Banco Galicia se habían cargado gastos que parecían sospechosos. El resumen de la diva de la televisión mostraba que entre el 3 de febrero y el 14 de marzo había hecho compras que no reconocía por unos 27.000 dólares. La mayoría de ellas eran operaciones a través de internet en sitios correspondientes a negocios de Santiago de Chile. Ella no las había realizado. Ante el desconocimiento de las compras por parte de Susana Giménez, los números de las tarjetas usadas en las compras sospechosas se dieron de baja. Pero lo que nadie sabía es que el 29 de enero de aquel año un hombre había llamado al banco y luego de contestar dos preguntas personales y dos referidas a productos de la entidad, había “tomado control” del home banking de la animadora. A pesar de que el banco dio de baja las tarjetas de crédito de Susana Giménez usadas para los gastos, los problemas siguieron.
domingo, 16 de mayo de 2021
Volvieron a detener al estafador informático que había hecho compras virtuales por miles de dólares con tarjetas de crédito de Susana Giménez
Quién es la empresaria que sufrió tres meses de bloqueos del Sindicato de Camioneros y peleó junto a su familia hasta ganar la batalla en la Justicia
Verónica Razzini fue amenazada y tuvo que mudarse para evitar agresiones, pero logró que un juez detuviera e imputara a activistas que impedían el acceso a su planta en Rosario. Ahora quiere ayudar a sus colegas y lanzó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos
La amenazaban todos los días. La escupían y la insultaban. La intimidaron con armas de fuego. Le dijeron que iban a ir a la casa de su padre, con problemas de salud, para provocarle un infarto. Tuvo que dejar su casa y mudarse para evitar agresiones. Le advirtieron que sabían adónde estaban sus hijos. Pagó la custodia de efectivos de Infantería para resguardar al personal. El “delito” que cometió Verónica Razzini, de 41 años, fue luchar para que su empresa familiar de Rosario no siguiera bloqueada por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, que exigía el encuadramiento de empleados afiliados a otros gremios.
Pese a todo, ella y sus dos hermanos no cedieron. Después de todo, había que defender la empresa de distribución de materiales de construcción que había sido fundada por su abuelo en la ciudad de Rosario hace 60 años, que continuó su padre y que, cuando él se enfermó, tuvieron que conducir a partir de 2007. La nueva generación de los Razzini logró profesionalizar la compañía, la hizo crecer y cumplió el sueño de tener una planta recicladora modelo en Latinoamérica hasta que el 8 de junio de 2020, sorpresivamente, el sindicato liderado por Sergio Aladio (un opositor a los Moyano) bloqueó dos de sus sedes.
Recién cuando estuvo instalada la fuerza de choque sindical para impedir la entrada y salida de cualquier vehículo, los dueños de Razzini pudieron enterarse de los motivos de la protesta: exigían que 18 de los 100 empleados se afiliaran a Camioneros, aunque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el transporte de cargas y el encuadramiento, según la normativa del Ministerio de Trabajo, correspondía al Sindicato de Comercio y la UOCRA.
“Unos diez empleados salieron a la puerta, dijeron que no trabajaban más y en ese momento buscamos escribano, tratamos de hacer certificaciones notariales de la situación, y automáticamente todo se transformó en una guerra, empezaron a amenazar de muerte a la gente que venía a cargar a nuestras empresas, hasta el punto de que un día no vino más nadie porque era insostenible”, contó la empresaria a Infobae.
-¿Los amenazaban con armas?
-SÍ, a nosotros también. Una vez frenaron mi auto en una esquina y me mostraron armas. De muchísimas de las amenazas pudimos hacer constataciones notariales porque hubo situaciones violentas. Fueron tres meses y finalmente nosotros pudimos salir adelante pero hay gente que no puede porque estas batallas tienen un costo económico y también un costo anímico terrible. Nosotros quedamos todos muy mal, shockeados, tanto los directores de la empresa como todos los empleados, muchos con tratamientos psicológicos. Imagínese que veníamos a trabajar y nos bloqueaban, nos insultaban, no podíamos hacer nuestro trabajo, afrontábamos los reclamos de los clientes... Y todo empezó sin aviso, cuando un día cortaron la avenida donde está la empresa, trajeron 150 personas y se quedaron ahí. Parecía que tenían el apoyo de la Guardia Urbana (una fuerza civil de seguridad que depende de la Municipalidad). En plena pandemia, mientras la gente no podía salir de sus casas, ellos estaban instalados en nuestros accesos, acampando, y no nos dejaban trabajar.
-¿No intervinieron las autoridades?
-El Ministerio de Trabajo provincial funcionó como una escribanía del sindicato. Primero se declaró incompetente, archivó el reclamo y recomendó que se hiciera la correspondiente denuncia penal. Fue lo que hicimos el 12 de junio ante la Fiscalía. Luego quisieron mandarnos a una conciliación obligatoria cuando nosotros ya habíamos presentado las denuncias penales y mientras crecían el bloqueo y las amenazas. “¿Cómo voy a conciliar con 20 personas que me están amenazando y van a prender fuego la empresa?”, les dije. Me contestaron: “Tenés 30 minutos para firmar la conciliación. Firmalo por las buenas o por las malas porque esto va a salir igual”. Les dije que no podíamos firmarlo porque era una locura. Nos tuvieron cinco horas ahí adentro. El conflicto siguió, llamamos al fiscal de flagrancia y en el bloqueo se llevaron a todos presos. Esa la primera vez que se llevaron presos a 10 empleados y tres delegados por bloquear. La orden del fiscal era detener a 21, pero se llevaron solamente a 13 porque negociaron con la comisaría.
-¿No tuvieron ninguna ayuda por parte del gobierno provincial o municipal?
-No, de nadie. Tampoco de la intendencia.
-¿Qué costos personales implicó el bloqueo sindical para ustedes?
-Llegamos al punto de que yo vivía a cinco cuadras de la empresa y me tuve que mudar. Me mostraron armas, amenazaron a mi esposo, nos dijeron que sabían dónde estaban mis hijos, después hubo amenazas de que iban a ir a la casa de mi papá para provocarle un infarto. Era un desmadre. Los choferes necesitaban trabajar, pero teníamos todo bloqueado y se peleaban con los de Camioneros. Entonces un día uno sacó un cuchillo y con mis hermanos dijimos: chau cerremos, no se puede más. Entonces pensamos en el cierre de la empresa, la liquidación, porque ya no teníamos ninguna solución.
-¿Ustedes despidieron a los empleados que bloqueaban los accesos?
-Antes fueron suspendidos con causa y luego de las detenciones enviamos los telegramas de despido a los involucrados en el bloqueo. Ellos presentan un amparo en el fuero laboral y lo que sucedió nadie lo esperaba: la jueza les denegó el amparo y dijo que estaban bien despedidos. Fue un fallo histórico. El conflicto había escalado, pero habíamos podido comprobar ante la Fiscalía el boicot y la extorsión que estuvieron planificados. Esto no fue un simple reclamo gremial. Había 20 en el bloqueo y 80 empleados defendiendo el trabajo con uñas y dientes. Hicimos lo posible también por defender a nuestra gente. De esos 20 hubo cuatro o cinco de los que no supe más nada, pero del resto todos vinieron a pedir disculpas y a pedir trabajo. El fiscal los iba a imputar y nosotros hicimos levantar las acusaciones porque entendimos que fueron un instrumento del sindicato y que los usaron. A los delegados, no. Contra ellos seguimos adelante y finalmente los cuatro fueron imputados por el bloqueo y dos de ellos por amenazas. Ahora estamos esperando que los procesen.
-¿Por qué decidieron dar pelea cuando tantas empresas terminan acordando?
-Porque fue brutal. Si de esta manera venían a exigirnos que negociemos, si aceptábamos no íbamos a poder trabajar con el sindicato adentro. Cuando nos caen a nosotros ya lo habían hecho en dos empresas, una que recicla hierro y otra distribuidora de repuestos, y en ambas fue con mucha brutalidad. Los delegados no dejaban trabajar, todos los días inventaban cosas, maltrataban a la gente. Puedo contar cientos de casos porque cuando nuestro bloqueo se hizo público se me acercó mucha gente a contarme sus experiencias. Es terrible lo que vive el empresariado argentino. Y hablo de empresas que hacen las cosas bien, que tienen a la gente en blanco, que hacen sus aportes, que pagan sus impuestos. No voy a salir a defender a empresarios que tienen a la gente en negro porque eso no corresponde y ahí es donde tiene que hacer foco el sindicato, no en empresas donde hacen bien las cosas.
-¿Por qué cree que no intervinieron? ¿Por miedo? ¿Complicidad política?
-Exacto, todos tienen negociaciones en el medio. Pienso que están negociando otras cosas y que entonces preferían hacer silencio y no emitir ni un comunicado. Hubo un grupo de concejales que trató de votar una declaración de repudio hacia la situación que vivíamos, pero otros concejales votaron en contra porque decían que habían existido despidos.
-¿Tienen estimada la pérdida económica de tener la empresa bloqueada durante tres meses?
-Fueron muchos millones, pero vamos a demandar al sindicato por perjuicio económico. Ya tenemos armada toda la presentación. Tuvimos que contratar a la Guardia de Infantería para proteger a la gente y a la empresa. Pagamos adicionales y móviles durante tres meses.
-¿Por qué decidió crear el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB)?
-Tuvo mucho que ver Florencia (Arietto, dirigente del PRO), que apoyó desde el primer día. Ella sabe muchísimo sobre estos temas, me guió, me dijo que no aflojáramos. Cuando vino a Rosario a conocernos, coincidimos en que los empresarios tienen miedo cuando el sindicato los bloquea, pero no tienen información sobre qué deben hacer y que el camino es la denuncia. En el medio conocí a Bernardo Fernández, del Parque Industrial Ader, que me cuenta la misma situación que vivió, y por eso dijimos: “Algo tenemos que hacer, nos van a aniquilar”. Por eso surge la idea de crear el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, armamos un grupo de whatsapp y se fue incorporando gente. Estamos en Twitter (@MEABArgentina) y tenemos una dirección de mail (informacionmeab@gmail.com). Ya hay 18 empresarios de todo el país, del conurbano bonaerense, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Fe.
-¿Qué se proponen?
-La idea es ir generando una red de todas las empresas que son víctimas de bloqueos sindicales extorsivos para que nos ayudemos con información y vayamos guiando y dando una mano sobre cómo hay que actuar para no dejar que esto continúe. Porque hay que ponerle un freno a esta locura. Si no tenemos un Estado que nos ayude, hay una realidad en el fondo de todo esto: la ley dice que lo que nosotros hacemos está bien, entonces nos vamos a apoyar en la ley. ¿Y qué dice la ley? Que hay que actuar dentro de la ley. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos y ellos no. Entonces tenemos que salir a acompañarnos entre los empresarios, ayudarnos, dar información para colaborar con la Justicia, con las víctimas, logrando que la gente denuncie. De hecho, el domingo pasado tuvimos el primer llamado de auxilio en el MEAB y fuimos a acompañar a la gente de Química Oeste. A su dueño, Ignacio Dos Reis, lo ayudamos desde el momento en que se comunicó con nosotros, hizo la denuncia el lunes a la mañana y el miércoles se logró el desalojo. Algo que a mí me costó meses, él lo pudo lograr en cuatro días y ya puede seguir trabajando.
-Usted integra la dirección de la empresa familiar y ahora sumó esta actividad. Parece haber encontrado una nueva vocación...
-Esto me está llevando más tiempo del que pensaba, pero lo hago con un placer enorme y un compromiso muy grande porque es una misión: algo tengo que hacer para capitalizar lo que nos pasó y ayudar a otros para que no lo sufran. Lo que nos pasó a nosotros le pasa a mucha gente: es muy injusto que un día venga una mafia y quiera venir a manejar lo que construiste con tanto esfuerzo y haciendo las cosas bien. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. Por lo pronto, el desalojo de Química Oeste es la primera batalla ganada y vamos a ir por más, no nos vamos a quedar acá. No nos merecemos vivir así.
sábado, 15 de mayo de 2021
Preocupación legislativa por los créditos U.V.A. en la provincia de Buenos Aires
Un proyecto de declaración del diputado bonaerense Emiliano Balbín, que avalan asimismo los diputados Diego Rovella y Valentín Miranda, todos integrantes del bloque de Juntos por el Cambio, expone la “preocupación de vecinos de la provincia de Buenos Aires que poseen créditos U.V.A.”. En referencia a dichos créditos, los legisladores que elevaron el documento a la cámara baja solicitan al Poder Ejecutivo provincial que “realice gestiones ante el Ejecutivo y Legislativo Nacional a fin de concretar políticas económicas que solucionen la situación planteada en torno a las dificultades presentadas con el pago de las cuotas correspondientes”.
Gas Sayago: “voluntarismo fracasado” y “escandalosamente costoso”
MONTEVIDEO (Uypress) –
Cnel (R) Romanelli: “Está bien colocar gente decente” en el Estado así "no se siguen colando delincuentes de izquierda"
Inicio | Política SOBRE "COLOCAR" MILITANTES DE CABILDO ABIERTO EN CARGOS PÜBLICOS MONTEVIDEO (Uypress)- Los cabildantes no le hacen caso a Manini Ríos, que pidió borraran material “escandaloso” de sus redes sociales: el Cnel (R) Antonio Romanelli, asesor en temas de seguridad pública, defendió que la ministra Moreira promoviera la designación de militantes de su partido, porque hay que nombrar “gente decente antes que frenteamplistas”, según informa semanario Búsqueda.Cuando el senador Guido Manini Ríos, pidió a sus dirigentes en una reunión virtual, a mediados del año 2020, que revisaran sus cuentas en redes sociales y borraran todo el material que consideraran "escandaloso", respondía a que días antes el capitán de navío Gastón Bianchi había sido removido del cargo de vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos después de recibir la venia del Senado pero antes de asumir, porque el citado semanario informó que en su Facebook había insultado a jerarcas del actual gobierno.
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Una alianza criminal entre el Ejército y la policía emprendió en los setenta la misma práctica macabra de la guerra sucia en Argentina o Chile. EL PAÍS reconstruye el oscuro episodio con informes oficiales y voces de víctimasDAVID MARCIAL PÉREZ México - 08 MAY 2021 - 22:49 GMT-3 A principios de los setenta, Apolinar Ceballos era un joven aprendiz de piloto que acababa de llegar a la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en la costa de Guerrero. Una tarde, un profesor le acompañó a casa y le dijo que le habían elegido para una misión muy delicada. Le avisó de que vería cosas raras, pero que no preguntara y se limitara a cumplir órdenes, que con el tiempo lo iba a entender. Y lo más importante: prohibido contar nada a nadie.
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