Ante declaraciones periodísticas de representantes de la Comisión de Salto Grande y de la Administradora del Río Uruguay, llama la atención, su desvinculación a las competencias y obligaciones de los organismos en que están designados, tomando por si, ideas personales.. Designaciones contrarias a lo sostenido previo a las elecciones, cuando se sostuvo que los designados en este tipo de organización, sólo serían aquellos que fueran expertos, afines a la tarea a realizar. Sin embargo, se continuó con el favor político, de nombramientos de partidarios que no han tenido votos para ser electos en cargo alguno, valorando solo su adhesión al partido.
El delegado en Salto Grande, no se limita a lo que corresponde a su participación,(que es sólo lo referente a la producción de energía). Nada tiene que ver con la navegación del río menos con Hidrovía, ni siquiera con peajes por cruce de vehículos, por el camino de la presa.
La Comisión de Salto Grande debió desaparecer, como lo indica el Estatuto del Río Uruguay de 1974. Sostiene en su declaración ilusorias promesas imposibles de cumplir en la actualidad, asignado beneficios, tan irreales como carentes de posibilidad.
Alienta un proyecto destinado al fracaso, irreal.
Un CARU el vocero aporta su pensamiento sobre el desarrollo pesquero, ignorando que no es su cometido en la Comisión, y que tal cosa, es por Ley la Dirección de Recursos Acuáticos del MGAP, único organismo nacional con dicho cometido.
Otro presentó su intención en desarrollar puertos en el río Uruguay, de forma tan desacertada, que ni merece ser comentada.
La CARU en su desviación tiene una media docenas de embarcaciones, que usa en cometidos inventados en su seno, por no ubicarse en sus cometidos, duplicando, en forma errónea, tareas que corresponden a organismos del Estado, por Constitución o por Ley. Hasta tiene un vivero! Increíble desviación!
Eso ha llevado a que aparezca un sobredimensionado personal, que pasó de unos 50 en tiempos en que se funcionaba como lo establece el Estatuto, a más de 170 a la fecha, cuyas remuneraciones son privilegiadas, comenzando por los propios Delegados con 8500 dólares mensuales.
Ese presupuesto muy sobredimensionado, con choferes a 5000 dólares secretarios de 7700, técnicos convocados en eventualidades a 11000, secretarías de más de 3000 dólares (varias), lo constituyen como de un ministerio de una república.
De donde salen esas disponibilidades económicas? Del MRREE?
O de los peajes de los puentes?, quien lo dispuso? Los puentes no son obra de la Caru, sino del país, por tanto esas recaudaciones no debieran pertenecer al arbitrio de comisión alguna, sino del Estado.
Esa deformación de tomar la Comisión como un órgano supranacional, ha llevado a costos por duplicación innecesaria, abuso de nombramientos y distorsión del real objetivo de las comisiones.
Pero el Canciller dijo que no habrá revisión. Por un lado se dice de ahorro y por otro se despilfarra. Lo peor, se ha perdido el fin de la creación de la Comisión, en este estado, ya no tiene sentido. Ya está avanzado el período de Gobierno, para decir que es una herencia maldita.
Si no se corrigió, mal se está, ni la pandemia es escusa.
