Por Jorge Nelson Chagas Fausto
Voy por otro lado.
En realidad, el problema de los combustibles no es un tema nuevo en Uruguay y paradojalmente, la izquierda – que hoy defiende el monopolio a capa y espada- se opuso firmemente a la creación de ANCAP.
Me refiero, por supuesto, a la izquierda política, comunistas y socialistas. En aquel momento no existía la Federación de ANCAP, que se fundó recién en el año 1944. Imagino que al hacer esta afirmación más de uno podría quedar patitieso.
Pero los datos históricos son irrefutables y esto no implica que tanto la izquierda política como los sindicatos estén actuando bien o mal en su actual postura.
En el principio de la cuestión fue el Partido Colorado- el batllismo más concretamente - el que tuvo el protagonismo. Desde muy temprano el batllismo tomó conciencia de la peligrosa dependencia del país en el abastecimiento de combustibles. Batlle y Ordóñez y su ministro Eduardo Acevedo (1857-1948) habían creado el Instituto de Química Industrial y propiciado investigaciones sobre carburantes nuevos, como las que realizaron José Cerdeiras Alonso y el químico Ángel Goslino .
Uruguay asistió a un temprano y acelerado proceso de urbanización que lo fue desvinculando de las fuentes de provisión energética tradicionales. A su vez, los artefactos modernos (cocinas, estufas, calefactores, refrigeradores, transporte automotor, etc.) demandaban nuevas formas de energía, a la vez, que transformaban los hábitos de consumo energético.
La leña y el carbón eran consumidos en cantidades importantes, fundamentalmente en el medio rural, pero no resultaban alternativas como sustitución de los combustibles importados.
Por dos motivos: la explotación depredadora de los montes indígenas y la insuficiente o prácticamente inexistente política de repoblación forestal.
No se producía el carbón ni el petróleo que consumían las industrias, los transportes, la generación de energía eléctrica y la población en general. Uruguay debía importar el carbón casi en totalidad desde un único mercado abastecedor: Gran Bretaña.
Una gran parte de la demanda era generada por empresas pertenecientes a capitales ingleses como los ferrocarriles, la Compañía del Gas, la Compañía de Aguas Corrientes.
El mercado, a su vez, estaba dominado por compañías importadoras del mismo origen (la Wilson, Sons & Co, entre otras) que fijaban los precios a su antojo. Pero a principios del siglo XX, con la difusión del automóvil, más la constante ampliación de la red vial, hicieron ingresar al Uruguay a la era del petróleo. Esto no implicó cambios sustanciales.
El país siguió siendo tan dependiente del petróleo como antes del carbón. Esto lo volvía vulnerable ante cualquier interrupción de su suministro. Algo que podía producirse por circunstancias sobre las que no podía influir en absoluto. La fijación de los precios, que incidía en la Balanza de Pagos, también escapaba a la regulación gubernamental.
El mercado nacional de derivados del petróleo estaba en manos de abastecedores extranjeros.Estos fijaban precios y condiciones apoyados en una diplomacia activa en defensa de sus intereses.
En este contexto, el entonces diputado Luis Batlle se destacó especialmente en la defensa de la política petrolera del batllismo.
EL BATLLISMO Y LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA
En una serie de artículos publicados en El Día – que en el año 1931 fueron compilados en un libro titulado “El Batllismo y el problema de los combustibles”- el diputado Luis Batlle denunció las maniobras del trust petroleros y el peligro que entrañaban para la soberanía del país.
Afirmó que conquistada definitivamente la independencia política, debía ser “hoy preocupación constante de todos obtener, en materia económica, también una mayor independencia” Ahí estaría la base de la prosperidad ya que facilitaría “el desenvolvimiento de todas nuestras fuerzas, que son muchas”
Luis Batlle insistió que, si era una necesidad para los países disponer de sus riquezas, “para el nuestro lo es más aún, ya que queremos barrer con las injusticias económicas que sufre una parte del pueblo” Por eso el país debía dejar “de sufrir ciertas sangrías que debilitan nuestra economía y que no nos dejan alcanzar la potencialidad de que somos capaces”.
Tanto los industriales como las masas trabajadores se verían beneficiados. Por eso el batllismo venía “bregando incesantemente por la sanción de muy importantes leyes que servirían de tónicos a la economía nacional”.
Denunciaba que la inversión de los capitales extranjeros en determinadas industrias - teléfonos, fósforos, frigoríficos, petróleo y bancos - alcanzaba un cincuenta por ciento del total de las riquezas nacionales y esto representaba una pérdida para el país.
Por eso el batllismo reclamaba el monopolio del alcohol, porque estaba en lucha “contra fuerzas que se mueven dentro y fuera de fronteras” para impedir que Uruguay alcanzara la independencia económica.
Pero existía una fuerte oposición a esta prédica del batllismo. Luis Alberto de Herrera se oponía porque entendía que crear semejante monopolio iba a agregar “un nuevo tentáculo al Estado”
Los empresarios, comerciantes y la Federación Rural también veían con malos ojos este proyecto.
El proceso que impulso el monopolio estatal de los combustibles fue largo y para lograr la creación de ANCAP fue necesario un acuerdo entre el batllismo y el nacionalismo independiente.
En 1928 el diputado Rodríguez Larreta pidió un acuerdo político para resolver las leyes que necesitaba el país y que era, precisamente, las que podían afectar al gran capital: monopolio del alcohol, nacionalización de las aguas corrientes y de los teléfonos y la fundación del Frigorífico Nacional. Desde julio de 1929 se habían entablado negociaciones en busca de un acuerdo para aprobar diversas reformas.
El mismo no se concretaría hasta la ruptura de Herrera con el Directorio del Partido Nacional y desató una guerra política.
En su clásica obra “Uruguay hacia la dictadura” Gustavo Gallinal dirá: “ANCAP está de pie. Más poderoso aún de lo que soñaron sus creadores. (…) Pero debe señalarse este hecho: que desde el día en que anunció la creación del organismo no hubo paz en el Uruguay”
Mucho temo que hasta el día de hoy no hay paz…
LA FURIA CONSERVADORA
El acuerdo entre batllistas y nacionalistas independientes, que posibilitó la creación de ANCAP, fue motejado sarcásticamente por Herrera como el “Pacto del Chinchulín”
En el mes de julio de 1931 se conoció un Manifiesto del Comité Nacional Herrerista donde fijó posición respecto al monopolio de los combustibles: “Si teóricamente la idea de extender el dominio industrial del Estado, sobretodo en el plano de los servicios públicos de típica trascendencia social, económica o fiscal, se justifica en ciertos casos, la artificializaciòn de tal doctrina, la subordinación de la misma a la mira exclusivamente política de crear una gran cantidad de puestos públicos para adjudicarlos salomónicamente a las partes contratantes, conforma una actitud de torpe sensualismo y a la vez menosprecio para los valores morales de un pueblo capaz de construir su felicidad por el esfuerzo libre y fecundo, sin hacerla depender primordialmente de la acción providencial del Estado”.
El herrerismo sostuvo que había visto en la extensión del dominio industrial del Estado “un medio eficacísimo” para fortificar la influencia del Partido Colorado.
La Federación Rural no se quedó atrás en la condena. Afirmó que como institución “representativa de un importante sector de las fuerzas vivas del país”, no vacilaba en hacer sentir su opinión “netamente contraria al acuerdo recientemente proyectado entre dos fracciones partidarias, en cuanto a esa solución tiende a reglamentar la integración de los directorios de los entes autónomos y la designación de personal administrativo de los mismos, a base de las conveniencias banderizas de los núcleos políticos partidarios”.
Para el gremio rural la concesión del empleo político de cualquier categoría, había llegado a constituir en el país “una verdadera prebenda puesta en manos de los políticos influyentes” y no sería de extrañar, por lo tanto, que el deseo de obtenerlo revistiera “los caracteres de una verdadera obsesión de parte de nuestra juventud, desde que la administración pública, contrariamente a lo que ocurre en otros países, ofrece perspectivas de mejor retribución y menor trabajo que el campo en que se desarrolla el esfuerzo fecundo de las actividades privadas”.
Debía considerarse “un grave error” para el progreso económico y social el estimular al pueblo y especialmente a la juventud “el atractivo de la vida burocrática, desviándolos del plano fértil y promisor de la acción y la iniciativa privada”.
Como se observa los argumentos de las fuerzas conservadoras no han variado casi nada en el tiempo.
El proyecto de creación de una refinería estatal ingresó a la Cámara de Diputados el 11 de setiembre de 1931 con la firma de Luis Batlle, Arturo González Vidart, Juan Francisco Guichón, Julio Lorenzo y Leal, Álvaro Vázquez y Francisco Forteza. Asignaba al ente estatal dos monopolios: el de fabricación de alcohol y el carburante nacional y el de importación y refinación del petróleo.
Estableció un tercer monopolio “condicional”: el de importación de carburantes líquidos y gaseosos cuando las refinerías del Estado produjeran el 50 por ciento de la nafta que consumiera el país. También le encargó, pero no con carácter exclusivo, la fabricación de Portland para las obras públicas.
Al día siguiente, el diario conservador La Tribuna Popular comentó este hecho en un tono sombrío: “Es esta la consecuencia del pacto entre batllistas y (...) nacionalistas, que extiende en forma realmente alarmante el estatismo de la secta…” Admitían que ya no sabían cómo clasificar “estas cosas tan vergonzantes e indignas.
Se quiere hacer creer al humilde que se le va a dar ubicación. Se le quiere hacer creer que se hará desaparecer el fantasma de la desocupación. ¿Para qué? Para conseguir votos, crear gran expectativa general y luego ubicarse tranquilamente, riéndose del engaño en que han hecho caer a los que desesperados por el hambre y la miseria, los sigan”
Para La Tribuna Popular el batllismo se encontraría “como pez en el agua, pues vera extender los tentáculos del pulpo colegialista y aumentar su contingente electoral, al que seguramente engrosarán muchos de los engañados nacionalistas, que crean en lo que prometen hoy sus dirigentes”
LOS CONSERVADORES EN PIE DE LUCHA
El día 18 de setiembre de 1931 convocada por la Asociación Gremial de Importadores de Almacén, se realizó una reunión de los delegados de las firmas nacionales y extranjeras de la plaza, presidida por el titular de la Cámara de Comercio León Peyrou.
Hubo varios discursos de empresarios y al final de la misma se votaron importantes conclusiones: manifestar un “franco repudio” a la creación del nuevo ente estatal; condenar “toda clase de monopolio industrial por parte del Estado”; rechazar “todas las derivaciones del reciente pacto político”; exigir la detención de las “pretendidas mejoras sociales (que) ocultar fines de proselitismo electoral” y proclamar el firme propósito de “resistir la cristalización de las citadas medidas”
Pese a que el batllismo trató de restarle importancia a esta asamblea empresarial, calificándola como un simple “exabrupto”, la movilización empresarial era un hecho irreversible. El 22 de setiembre de 1931 se reunió en el local del Centro de Almaceneros Minoristas, el autodenominado “Comité del Comercio y la Industria” resolviendo un plan de lucha que incluía entre sus puntos principales la “oposición radical a la creación de nuevos entes autónomos”
El día 27, León Peyrou, realizó declaraciones para el diario riverista La Mañana. Sostuvo que debía reconocerse que el rendimiento económico de los organismos públicos existentes hasta la fecha -Instituto de Pesca, Química Industrial, Imprenta Nacional, Hoteles y Casinos Municipales, entre otros- era “siempre nulo”. De ahí “la alarma” de todos los comerciantes e industriales “ante la iniciativa de embarcar al Estado en nuevas y no estudiadas aventuras industriales. Esta alarma se ha visto acentuada por la circunstancia de que con la iniciativa referida se amenazan intereses respetabilísimos, aparte de que su andamiento contribuiría a convertirnos a todos en funcionarios públicos”
El 30 de setiembre de 1931 convocados por la Federación Rural, la Cámara Nacional de Comercio, la Liga de Defensa Comercial, la Asociación Gremial de Importadores y Mayoristas de Almacén, la Asociación Comercial del Uruguay y el Comité de Vigilancia Económica (el célebre “Comité del Vintén”), se reunieron delegados de todas las gremiales patronales para coordinar acciones. Ahí se ratificaron, casi en forma unánime, algunas resoluciones tomadas en las asambleas anteriores, como era el rechazo a la creación de ANCAP y se procedió a instrumentar un plan de movilizaciones.
El manifiesto de la Federación Nacional de la Industria y el Comercio tocó varios puntos: la reducción del Presupuesto General de Gastos, la revisión del sistema impositivo y las tarifas aduaneras, el freno a la inmigración, la detención de las obras públicas, la cuestión de las jubilaciones y en uno de los capítulos medulares se refirió al estatismo: “Combatir la extensión de la actividad del Estado o sea el ‘estatismo’, y resistir abiertamente y por todos los medios posibles la creación del nuevo Ente Industrial, para explotar y administrar el monopolio del alcohol, y carburantes nacional (…)”
Los empresarios urbanos y rurales estaban en pie de lucha y en su editorial del 11 de octubre de 1931 El Día se interrogó: “¿Pero qué ejemplo darán las clases poderosas a los obreros siendo ellas las que arrojan la primera piedra del desorden, de la intolerancia, del malhumor?”
Para el matutino batllista, tal acción de protesta, sería “un peligroso ejemplo que no tardará en ser imitado produciendo reacciones que una vez iniciadas, no se sabe hasta dónde llegarán”
En cambio, el diario herrerista El Debate, en su edición del día 12 del mismo mes, saludó calurosamente la “viril” iniciativa empresarial: “¡Bien por el comercio! Da a los traficantes de la política una severa lección de carácter y divinidad y defiende, con su gesto, la existencia misma del país”
Finalmente el 14 de octubre de 1931 se realizó exitosamente el paro patronal. Esto permitió la cohesión definitiva del grupo empresarial y el reforzamiento del liderazgo de su ala más radical.
El 30 de octubre se constituyó formalmente una “Comisión Permanente del Comercio, la Industria y la Producción” integrada por dos delegados por cada una de las distintas asambleas empresariales realizadas en los meses anteriores, que coordinó actividades con el Comité de Vigilancia Económica. Estaban listos para futuras batallas.
ANCAP aún no había sido creado y ya tenía poderosos enemigos.
LOS ARGUMENTOS ESTATISTAS DEL BATLLISMO
Pese a todas estas presiones empresariales el batllismo no bajó los brazos. En medio de la movilización conservadora, el 6 de octubre de 1931, se reunió la Convención batllista bajo la presidencia de Alfeo Brum.
En la misma, Alberto Demichelli (sí, el mismo que fue presidente de facto en 1976 por poco tiempo) realizó una extensa exposición explicativa sobre el pacto con los nacionalistas independientes.
Según expresó podía ser considerado en tres partes: la realización de cuatro monopolios (alcohol, petróleo, portland y teléfonos); la reorganización de los entes autónomos existentes y la concreción de una nueva política de obras públicas. La Convención batllista aprobó lo actuado, con sólo cuatro votos en contra
En las sesiones de la Cámara de Diputados del 9 y 10 de octubre de 1931 se trató el tema, con el ausentismo de buena parte de los legisladores. Luis Batlle y González Vidart, actuaron como miembros informantes.
En la consideración del proyecto se sostuvo que existía la urgente necesidad de tomar medidas para contribuir a solucionar la crisis económica que sufría el país.
Para eso debía lograrse que parte de lo que hasta ese momento se importaba se realizara en Uruguay. Para ello podía obtenerse con el alcohol y la caña utilizándose como materia prima mucho de los productos que cosechan nuestros agricultores; y se importe y se refine el petróleo por cuenta del Estado.
La comisión que estudió el proyecto reconoció que la ampliación del dominio industrial del Estado despertaba polémica. Los partidarios de la iniciativa sostuvieron que era “justo reconocer” el aumento de las filas de quienes defendían el estatismo, no solo en Uruguay, sino en todos los países en que ese problema se vivía y existían muchos estudios “de prestigio en materia social y económica que admiten y aplauden al Estado Industrial y bajo el rótulo de ‘Servicio Público’ ya está el Estado en todos los países del mundo realizando el monopolio de muchas industrias”.
Para respaldar esta afirmación los legisladores que presentaron el proyecto se apoyaron en las opiniones del político y economista Francesco Nitti que en respuesta a las acusaciones que surgían en círculos empresariales a la ineficiencia del Estado afirmaba que las mismas “podrían también dirigirse, igualmente, a las grandes empresas capitalistas, porque estas últimas viven en las sombras, no publican muy a menudo sino lo que les es agradable hacer conocer y encuentran siempre medios de hacerse dirigir elogios por la prensa.
Por lo contrario, casi todos están dispuestos a infligir al Estado las más rudas críticas. Este último, que debe publicar todo y que está sometido a todos los controles no puede aclarar la opinión creada en el público mediante contribuciones oportunas y buenas remuneraciones”.
Como puede observarse, en aquellos tiempos, Estado y estatización, no eran malas palabras.
¿POR QUÉ LOS COMUNISTAS Y SOCIALISTAS VOTARON CONTRA LA CREACIÓN DE ANCAP?
La respuesta a la pregunta del título no es en absoluto misteriosa. El Partido Comunista Uruguayo (PCU) en los años ’30 estaba bajo la influencia del VI Congreso de la Internacional Comunista efectuado en el verano de 1928 se le considera como el congreso del “descubrimiento de América Latina”. En el mismo se aprobó el primer programa de la Komintern que incluía la posibilidad de la edificación del socialismo en un solo país mediante un proceso acelerado.
La defensa de la URSS se constituyó en una tarea primordial. La proletarización de sus secciones, así como la unidad, disciplina e incondicionalidad fueron los principios fundamentales delineados bajo el precepto de la “bolchevización”.
La consigna general aceptada fue “clase contra clase”, la cual consideraba a la socialdemocracia como el ala izquierda del fascismo y la más peligrosa, prohibía alianzas con otras tendencias ideológicas y el trabajo dentro de los sindicatos reformistas y en los parlamentos burgueses.
De ahí que Eugenio Gómez expresara que la estatización de esos servicios la realizaría “el proletariado con armas en las manos”
Las motivaciones del Partido Socialista fueron diferentes y tienen que ver con el pensamiento de un hombre injustamente olvidado: Emilio Frugoni
El dirigente socialista consideraba que un ente semejante sería un coto de caza para los partidos tradicionales que harían ingresar en él, a sus clientelas electorales.
Se transformaría en un aparato burocrático que solamente produciría un mayor déficit presupuestal, algo que era nocivo para la economía nacional.
Por otro lado, argumentaba que la libre competencia – a diferencia del monopolio – permitía el abaratamiento de los precios y esto beneficiaba las clases más pobres.
Pero existía un aspecto más profundo y filosófico en el planteo de Frugoni: sostenía que una cosa era “estatizar” y otra muy diferente, “socializar”.
Una cosa era que los medios de producción pasaran a ser administrados por burócratas desde Estado y otra era que esos medios fueran controlados por los usuarios de los mismos. A esto último es lo que definía como el auténtico socialismo.
Como se puede observar aquella izquierda era bastante diferente a la actual. No se trata de que si era mejor o peor, o estaba en lo cierto o no. Lo que sucedía era que manejaba otros puntos de referencia en un mundo muy diferente al actual...
LOS ARGUMENTOS DEL HERRERISMO
El 20 de octubre de 1931 El Debate lanzó otro duro ataque a la creación de ANCAP: “En acción combinada, en esfuerzo cómplice, el posibilismo blanco y el batllismo marchan a la conquista de una parodia desquiciante de un viejo sueño de Batlle: el socialismo de estado batllista”.
Los herreristas consideraban que toda iniciativa, por noble o progresista que fuese, estaría “expuesta a la exacción. Ya nadie va teniendo derecho a producir en el Uruguay.
Los monopolistas lo invaden todo, originando el desaliento, la angustia, en los centros de trabajo”.
Hoy era el portland, el alcohol… mañana sería la carne, la lana, el tabaco y mañana nadie podría trabajar, “sin que el Estado absorba el fruto de las actividades”.
El 25 de octubre de 1931 el diario herrerista vaticinó que ANCAP sería ineficaz: “El monopolio de alcohol, sobre la base de un frondoso Ente Autónomo, no dará al país un solo litro de producción, y consistirá en un simple monopolio de importación, el Estado desplazará a unos cuantos importadores, les prohibirá importar e importará él, con los resultados previsibles” Sin pagar impuestos ni derechos de Aduana – advertía – al Estado le saldría todo más caro que a los particulares , a pesar que éstos debían soportar una “leonina exacción fiscal”
El Debate auguraba que dentro de algunos años se comprarían maquinas, se harían instalaciones “y los millones de pesos se esfumarán con prodigiosa limpieza si antes, la pamperada popular no vuelve las cosas a su lugar”
Para el herrerismo existía otro punto nefasto en la creación de ANCAP: las indemnizaciones y los lucros cesantes. El 26 de octubre de 1931 El Debate planteó el tema: “El baile ya ha comenzado. La Compañía Nacional Sociedad Uruguaya de Combustibles se presentó (…) al Consejo Nacional de Administración haciendo la reclamación de daños y prejuicios que le ocasiona el cumplimiento de la mencionada Ley de Monopolio, al obligarla al cierre completo de sus actividades”
Tanto el herrerismo como las otras fuerzas conservadoras tenían esperanzas que el Presidente de la República, Gabriel Terra, vetara el proyecto aprobado por el Parlamento.
Pero esto no ocurrió y el novel ente estatal contó con un directorio de nueve miembros, cuya primera presidencia correspondió al Dr. Eduardo Acevedo.
Los comienzos de ANCAP fueron duros. Las compañías norteamericanas e inglesas provocaron un desabastecimiento para presionar al gobierno para obtener un tratamiento especial con referencia a la limitación de exportación de divisas. Esta medida estaba destinada también a castigar al país por la creación del ente que les sustrajo una parte del mercado y, como si fuera poco, inició sus operaciones con combustible soviético.
No es casual que los orígenes de ANCAP se remonten a 1931.
Ese año hubo un fuerte impulso estatista y dirigista, que incluyó la instalación del Control de Cambios que duraría hasta 1974.
Se ha sostenido que la particular relación que tenemos los uruguayos con el Estado es obra del batllismo. Este sector político nos habría impregnado de una cultura estatista, que nos lleva a creer que todos nuestros problemas deben ser resueltos por el sector público anestesiando la iniciativa privada.
Sin embargo, el profesor José Pedro Barrán relataba que en la época colonial hubo una crisis económica que afectó a los comerciantes y estos, arruinados, no volcaron su esfuerzo a empezar otra vez desde cero, sino que reclamaron al Estado español a viva voz que los resarciera de sus pérdidas.
Este es un punto interesante:Uruguay tuvo en sus orígenes una sociedad civil muy débil – a diferencia de EE.UU., por ejemplo – que carecía de dinamismo. Mercado pequeño, escasa población y poca inversión privada.
Por tanto, el Estado (en la época del Militarismo) fue el que construyó a la sociedad civil.
En otras palabras: el Estado fue el padre – o la madre, si se prefiere - del Uruguay moderno, creándose incluso desde allí toda la simbología patriótica Artiguista…
Esto explicaría la casi imposibilidad de Uruguay de imponer un plan de privatizaciones al estilo Carlos Menem. Los uruguayos sentimos al Estado como algo de la familia.
Pero hay un detalle histórico más. En los años de la creación de ANCAP el papel del Estado como tutor del desarrollo económico y bienestar social estaba muy de moda. El caso uruguayo no fue la excepción.
Como consecuencia de la crisis de la bolsa de Nueva York y la Gran Depresión (octubre de 1929), el concepto de libertad económica quedó devaluado, con un marcado rechazo hacia los llamados “Grandes Negocios” a quienes responsabilizaban por la crisis.
Uno de los libros más leídos en los años ’30 fue “Modern Corporation and Private Property” (El corporativismo moderno y la propiedad privada) de Adolfo Berle y Gardiner Means, que mereció veinte reimpresiones. Incluso parecía solamente que la Italia fascista y la Rusia de Stalin habían salido inmunes de aquella crisis mundial.
ANCAP, al igual que UTE, son hijos de este tiempo histórico particular en un país que, mayoritariamente, tenía buen concepto del papel del Estado.
¿En qué momento la izquierda toma como bandera la defensa de las empresas estatales?
Me tomé el trabajo de releer las 30 Medidas del Frente Amplio del año 1971.
Hay un solo párrafo que se refiere a ellas: “… designaremos los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, incluyendo en ellos a representantes electos por los trabajadores de dichos organismos”.
En ese tiempo no existía la cuestión de las privatizaciones. Los partidos políticos en su totalidad, daban como un hecho casi natural la existencia de esas empresas del Estado.
La izquierda lo único que proponía era un cambio en su forma de gestionarlos.
Recién en los años ’90, ante el avance de las ideas neoliberales, es que la izquierda política y sindical se plantó en la defensa cerrada de los entes públicos.
Y bien. Si alguno esperaba que respondiera a la pregunta, ¿es bueno o malo mantener actualmente el monopolio de los combustibles? O bien, la privatización de las funciones de ANCAP, ¿implican o no que la población pague un menor costo en los combustibles?
Respondo: no tengo aún la información suficiente para dar una contestación fundada. Conozco mis límites
Jorge Nelson Chagas Fausto
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