La movida uruguaya de lanzarse a acordar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China marca el inicio de un nuevo enfrentamiento con Argentina. Otra vez los vecinos rioplatenses en un cruce diplomático, esta vez con el gigante asiático en el medio. El anuncio del presidente Luis Lacalle Pou en la noche del martes descolocó a las autoridades argentinas, que no se imaginaban la rapidez con que el gobierno uruguayo llevaría a la realidad su anuncio de salir a buscar acuerdos comerciales por afuera del Mercosur. Ahora las autoridades uruguayas defienden la movida diplomática con China, asegurando que la decisión política se hace sin violar ninguna norma mercosuriana, y que no hay una intención de abandonar el bloque. Sin embargo, en la vecina orilla las primeras voces del gobierno que comanda Alberto Fernández sostienen que Uruguay es un país soberano, libre de tomar la decisión que considere más pertinente, pero que un acuerdo de ese tipo y magnitud solo puede hacerse dentro del Mercosur con el resto de los socios plenos (Argentina, Brasil y Paraguay) o fuera del bloque fundado el 26 de marzo de 1991. El tenso escenario es visto por algunas fuentes del gobierno argentino con elementos similares al diferendo que atravesaron ambos países a partir de 2005 con la instalación de la fábrica de celulosa Botnia (hoy UPM) en el Río Negro, frente a Gualeguaychú. En ese momento el gobierno de Argentina, con Néstor Kirchner a la cabeza, decidió llevar a Uruguay ante la corte internacional de La Haya por entender que la instalación de la fábrica violaba el Estatuto del Río Uruguay. Si bien Fernández no se pronunció aún de manera oficial y pública, varias fuentes y algunos jerarcas de su administración sostienen que si Uruguay avanza de manera bilateral en un TLC con China estaría rompiendo las normas del Mercosur, por lo que quedaría expuesto a una ruptura del bloque comercial sudamericano. Los medios argentinos consultaron ayer a la tarde al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, luego de la reunión de gabinete económico en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada. “No hay ninguna posición en particular (como gobierno). Está claro que Uruguay es un país soberano. Puede tomar la decisión que le parezca más conveniente”, explicó el jerarca argentino. De inmediato le preguntaron si la normativa del Mercosur habilitaba a Uruguay a dar el paso que pretende con China. “Puede hacer un acuerdo bilateral con China por fuera del Mercosur o puede seguir en el Mercosur. La normativa del Mercosur es muy clara. Los acuerdos se hacen en bloque; no se hacen de manera bilateral. Es una decisión que tomará el gobierno uruguayo y estaremos observando qué es lo que hace”, dijo el ministro Kulfas. La pieza clave en esta discusión es la llamada cláusula 32. Una normativa que fue incluida en el año 2000 en el entendido de que “la constitución de un mercado común implica, entre otros aspectos, la necesidad de contar con una política comercial externa común”. Cuando se resolvió esto, se dejó de manifiesto la preservación de “un período adicional” para aquellas preferencias comerciales que se estaban negociando de manera bilateral entre los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Con esas salvedades, el Consejo del Mercosur resolvió “reafirmar el compromiso de los Estados parte de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias”. De lo contrario, si no hay consenso entre los cuatro países, no se podrá acordar. Con este marco fue que Uruguay logró avanzar en un TLC con México, impulsado en el gobierno de Jorge Batlle. El argumento de Uruguay fue que la intención de México y Uruguay era previa a la entrada en vigencia de la cláusula 32. Las administraciones frenteamplistas de Tabaré Vázquez y José Mujica pidieron flexibilizar esa normativa y permitirle a Uruguay avanzar en acuerdos con otros bloques. Sin embargo, el pedido no tuvo eco en cada una de las cumbres del Mercosur en que fue planteado. Y ahora tampoco lo pudo lograr Lacalle Pou. Por eso es que el presidente uruguayo decidió avanzar y en su última reunión con sus pares de Argentina, Brasil y Paraguay, dijo que su gobierno ya no esperaba más y ahora saldría a negociar con otros bloques o países. Uruguay, además, puso una nueva carta sobre la mesa argumentando que la cláusula 32 fue un norma que no se internalizó por los poderes legislativos de los países, por lo cual no debería tener validez. Es decir que Uruguay sostiene que si acuerda un TLC con China, como sería posible según lo anunciado en las últimas horas, no viola ninguna norma. Para esto tiene el aval del gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, mientras que desde Paraguay hay silencio. Es que el país que comanda Mario Abdo Benítez ha avanzado en los lazos con Taiwán, lo que lo deja imposibilitado de cualquier acuerdo con China. La tensión entre Uruguay y Argentina está instalada, y los presidentes de ambos países se volverán a ver en la próxima cumbre del Mercosur en Brasilia a mediados de diciembre, cuando Bolsonaro le pase el mando a Benítez.