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jueves, 15 de septiembre de 2022

CONGRESO Secretaría antilavado: “Los narcos en Uruguay compran autos de alta gama y no pinturas de alto valor”

 

Referentes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo señalaron los cambios que buscan hacer en la regulación uruguaya
Los controles al lavado de activos por parte de sectores que no tienen sentido y otros que sí deberían controlar y no lo hacen, el mecanismo de lavado del clan Marset, militares corruptos y más. 

De eso se habló ayer en el 10° Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por BST Global Consulting, que reunió expertos en la materia de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros. 

 El titular y el supervisor de Fiscalización de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak y Gustavo Misa, explicaron la actualidad del sistema de prevención de lavado y su futuro en el país. Los referentes de la Senaclaft dijeron que se busca que las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) pasen a estar dentro de su órbita, ya que en la actualidad, como lo adelantó El País semanas atrás, no son sujetos obligados ante el organismo.

 Chediak explicó que el asesor externo de Montevideo City Torque, Pedro Bordaberry, dijo que en la institución cuentan con procesos antilavado, pero que desde la secretaría no cuentan con potestad para darles seguimiento y sancionar en caso de una mala práctica. La Senaclaft realizó cerca de 300 inspecciones in situ en organizaciones sin fines de lucro (como deportivas, sindicales, partidos políticos, religiosas, entre otras) y zonas francas, de las cuales un centenar fueron en estas últimas. 

Ese control resultó en un “par de docenas de sanciones”, principalmente apercibimientos. Chediak explicó que entre los sectores que aún no fueron incorporados están los vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves. Para estos vehículos se registran 500 operaciones por año, mientras que las embarcaciones y aeronaves no cuentan con gran cantidad de operaciones pero “son de riesgo”, afirmó.

 Las obras de arte están entre aquellos que se analiza si dejarán de ser sujetos obligados por su nula cantidad de reportes de operaciones sospechosas desde la creación de la Senaclaft, dijo Chediak. “Los narcos en Uruguay compran autos de alta gama, no compran cuadros de alto valor”, afirmó Misa.

 Evaluación La Senaclaft ahora trabaja en la evaluación nacional de riesgo, que es el “mecanismo de defensa ante el embate de una futura evaluación” del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), según explicó Misa. Señaló que cuando hay una multa es porque el sistema “no está funcionando y eso es lo preocupante”. 

 En este sentido, dijo que no se puede marcar un sector de riesgo específico y después tener 10 reportes al año y una, dos o ninguna investigación penal. “Uruguay determinó que el delito fiscal era uno de los delitos determinantes de mayor prevalencia y sin embargo a lo largo del tiempo, creo que no tenemos una sola investigación penal”, agregó. En la actualidad, en Uruguay hay aproximadamente 33 figuras delictivas, según el titular de la Senaclaft, cuando antes habían seis. 

Algunas “cumplen con los compromisos del país pero no son fructíferas”, agregó. A Ultranza Dentro de los casos analizados en el evento se habló sobre el operativo paraguayo A Ultranza, en el que se investigó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y los mecanismos para trasladar la pasta de base de cocaína, además de la estructura para lavar el dinero. 

 En este sentido, el experto paraguayo en lavado de activos, Guillermo García Orué, explicó que el kilogramo de pasta base de cocaína proveniente de Bolivia pasa por Paraguay y tiene por destino a Brasil, el cual es el segundo mercado de cocaína en el mundo y el primero en la región. “Detrás de Paraguay ha entrado Uruguay”, dijo García Orué. 

 En tanto, la investigación A Ultranza de Paraguay determinó que fueron exportados 21.011 kilos de cocaína. De las incautaciones que realizó la operación en Paraguay, que rondaron los US$ 100 millones, alcanzaron a 5.402 cabezas de ganado, 41 tractores, nueve máquinas agrícolas 85 inmuebles, siete embarcaciones, entre otros. 

 En este sentido, para poder lavar el dinero proveniente del narcotráfico, García Orué explicó que el grupo de Marset utilizó “todo lo que estaba en el manual y escribieron un nuevo tomo”. En este sentido, señaló que utilizaron empresas importantes con empresarios que tenían buena reputación, pero que “eran empresas de fachada”. 

Además utilizaron empresas logísticas, agrícolas, ganaderas, la iglesia Centro de Avivamiento y la colaboración del exdiputado Juan Carlos Ozorio Godoy. En el caso de las agrícolas, que presentan grandes riesgos “si se saben usar”, relató que usaban camiones con 50 o 60 cabezas de ganado, lo que dificultaba inspecciones ya que no se podían bajar fácilmente del camión, cubriendo la cocaína. Además el olor de la orina no le permitía a los perros de la policía olfatear la droga.

 En cuanto a la iglesia traían pastores de Colombia para grandes eventos y registraban “cuantiosos” activos a su nombre. Del mismo modo utilizaron equipos de fútbol, cooperativas, eventos de artes marciales mixtas, obras de literatura como “M’hijo el mecánico”, la producción de soja que no existía, entre otros. “En Paraguay ya no podemos separar el trigo de la cizaña. Están contaminando cargamentos los narcos. No podemos distinguir cuando un empresario fue víctima o era parte de la estructura de narcotraficantes”, sentenció.

domingo, 23 de mayo de 2021

Liceos, la cantera de los narcos


 La columna de Gabriel Pereyra

Es cierto: no paro de cargarle las tintas a los gremios de la educación. Pero los hechos no cesan de darme la razón, en el sentido de que, lejos de ser parte de la solución a uno de los problemas más graves que tiene el país, la crítica situación educativa, son más bien parte del problema. ¿Son el principal problema? Seguro que no, pero cada vez que, tímidamente, se intenta enfrentar los problemas de fondo, ellos están en el camino, y no precisamente para colaborar. 

 En estos días el diario El País reveló varias actas de sesiones de las autoridades educativas reunidas con dirigentes sindicales. Una vergüenza, un escándalo de proporciones mayúsculas cuya escasa repercusión es una demostración de lo poco que importa la educación. Básicamente, se discutía el abuso que un grupo de sindicalistas de Fenapes hicieron de las horas libres que les corresponden por licencia sindical. Uno de ellos, Marcel Slamovitz, que fue presidente del gremio, llegó a tener 240 horas libres que no le correspondían.

 La primera información que trascendió de este caso fue un documento en el que la directora del liceo de San José, donde Slamovitz daba clases, se alarmaba por el escaso respeto hacia los estudiantes. Cuando se vio descubierto, el sindicalista propuso recuperar las clases; eso sí, tenían que ser los jueves de 18:30 a 20:30 horas. Es como que el delincuente se fije él mismo la pena. La directora hizo ver que hay estudiantes que llegan desde zonas rurales y que les era imposible acceder a lo que el impresentable docente proponía. Pero además, aunque casi no iba a clases, Slamovitz promovió a más del 90% de los alumnos, en un claro intento por evitar quejas de los padres. ¿A quién le va a dar clases si los promovió a todos?, se preguntaba, palabras más, palabras menos, la directora que, obviamente, fue denostada por Fenapes, el gremio docente.

 En las actas que se conocieron ahora, los desfachatados sindicalistas dijeron que señalarle esta falta era una persecución sindical. Y uno de los directores de la anterior administración frenteamplista, Javier Landoni, planteó mantener en secreto lo conversado porque se iba a someter a los sindicalistas al escarnio público. Se ve que Landoni quería que los aplaudiésemos. Docentes y jerarquías complotadas para tapar una grave falta. Una asociación para afectar más y más la vida a los estudiantes, que en todo esto aparecen como personajes de reparto. Estudiantes que ni saben ni sabrán para qué se los educa porque no lo saben las propias autoridades educativas, saltando de un lado para otro con el fin de solucionar problemas edilicios, las horas docentes, los reclamos gremiales, la seguridad, etc., etc., etc. De cambios de fondo, de caminos y planes claros, nada. 

 Las actas demuestran que la educación está toda tomada. Con el paso del tiempo llegué a la conclusión de que no se trata solo de que los gremios (que representan a un tercio de los docentes de Secundaria en actividad) sean un grupo que busca utilizar la enseñanza como vía para imponer su ideología a los estudiantes, al punto de que cada vez tiran más de la piola de la laicidad y creen normal que estudiantes vayan con tapabocas que promuevan la anulación de la ley de urgencia. No se trata solo de lo ideológico, se trata de lo humano, del material humano que se esconde detrás de estos gremialistas, muchos de ellos desgastados por una profesión que da toda la idea que ya no sienten, que por años fueron despreciados con sueldos de hambre, personas con escasa información general y cultural. Gente que, en contradicción con la ideología en la que viven, falta a sus clases para los alumnos más pobres, pero luego asisten sin chistar a los colegios privados. 

Gente que, a pesar de sus carencias intelectuales (basta entrevistarlos para darse cuenta de que tienen un pensamiento esquemático y un lenguaje empobrecido), su comprensión de la realidad le alcanza para saber la importancia que tiene la educación para que los alumnos logren cierta movilidad social que les permita salir de pobres. Sin embargo, no hacen nada para que ello ocurra. Gente que solo expresa solidaridad con los suyos, incluso con aquellos tramposos que violan las normas en beneficio propio. Un ejemplo del tipo de personas que educan a nuestros hijos: el inefable Slamovitz estaba en un programa para educar a presos en las cárceles. Por fin una tarea noble. Pues bien, como un adicto que no puede con su condición, Slamovitz cantó licencia sindical y dejó a los presos pagando, sin maestro. De ese tipo de gente estamos hablando.

 Sindicalistas que se forjaron en partidos de la izquierda radical, en donde todo viene bien para sus intereses ideológicos, incluso un joven pobre que hace enormes esfuerzos por ir al liceo, porque se quedaron en la vetusta consigna del cuanto peor, mejor. Sindicalistas que nunca, salvo en el período de Germán Rama, tuvieron enfrente a autoridades que pusieran lo que hay que poner. Lo terrible de todo esto es que se han convertido en un mal tan enquistado que hasta los mejor intencionados los reivindican. Siempre pero siempre que le hago una nota a alguien en quien tengo la esperanza de que milite en filas de la racionalidad y la solidaridad con los más pobres, esa persona suele apelar a una frase que parece obvia pero que encierra otra afirmación omitida: los cambios no se pueden hacer contra los docentes. 

Lo que en realidad quieren decir es que los cambios no se pueden hacer contra los gremios docentes. Por eso, aunque los respeto, la conclusión que saco es siempre la misma: si de eso depende, entonces los cambios no se hacen ni se harán. Lo que estamos generando en los centros de estudio son futuros desertores, primero del sistema educativo, y muchos de ellos, luego, desertores de la sociedad integrada y de la ley. Los narcotraficantes deberían celebrar la calaña del gremio docente y la pusilánime actitud de quien teniendo el poder para a hacer lo que haya que hacer, por grave que esto sea, no lo haga.
Fuente: Busqueda

miércoles, 25 de octubre de 2017

Este tambien perdio con Bullrich

Intentó despachar 900 kilos de cocaína. Estaba prófugo, integraba banda que conectaba a América Latina con África y Europa. ¡Lo detuvimos!

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