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miércoles, 22 de junio de 2022

Caso Lola: sepa las diferencias entre el juez y la fiscal y los detalles inéditos del expediente

Fuente El Pais
Patrullero de la Policía. Foto: Darwin Borrelli. Que el cuidacoche Ángel “el Cachila” Moreira no estuvo en Valizas la fecha del crimen. Que sí estuvo. Que es un mitómano y un drogadicto y brindó declaraciones contradictorias. Que dio detalles exactos de los últimos minutos de Lola Chomnalez e incluso relató que se sentó a su lado cuando ella estaba malherida. 

Que mintió porque la Policía lo presionó. Que describió en forma minuciosa la zona conocida como “los Arinos” donde apareció el cuerpo semienterrado de Lola, a unos 150 metros de la playa. Que la chica estaba a dos metros del agua y le compró estampitas. Que relató que la mochila de Lola era negra cuando era fucsia. Esas son algunas hipótesis que dividen a la Justicia y a la Fiscalía, a dos días de la absolución del cuidacoche riverense ordenada por el juez de Rocha, Juan Giménez Vera, en una sentencia de 58 páginas, fundada y con muchas citas doctrinales.

 La fiscal de Rocha, Jessica Pereira, tiene tres días de plazo para anunciar si apelará la sentencia. En la víspera, Pereira estudió el dictamen y hoy anunciará si recurrirá o no dicho fallo. Luego, la fiscal tendrá 10 días para presentar el escrito. Es casi un hecho de que la fiscal Pereira apele la sentencia que absolvió al “Cachila” de un delito de encubrimiento, ya que fue la propia representante del Ministerio Público la que había solicitado en 2019 esa tipificación para el cuidacoche de Rivera. 

 “Es muy probable que apelemos el fallo del juez Giménez Vera. Hay argumentos para sostener la condena de Moreira”, señaló la fiscal Pereira a El País. Los abogados de la familia Chomnalez, Juan Raúl Williman y Jorge Barrera están en línea con la teoría del caso del fiscal anterior, Jorge Vaz, el que entendió que “el Cachila” era coautor de homicidio. Es decir, ambos penalistas no están de acuerdo con la actual fiscal Pereira, cuya hipótesis plantea que el cuidacoche encubrió un asesinato. “Tengo mis dudas sobre la mitomanía” de Moreira, dijo Williman a Montevideo Portal. 

Y agregó: “siempre se supo que el acusado presentaba incongruencias en su relato. En las declaraciones, que son varias, (Moreira) va y viene, pero él se ubicó en el lugar”. La familia Chomnalez tiene una teoría del caso distinta a la del juez de Rocha. Considera que en el crimen de Lola participó más de uno.

 Como el expediente se sustancia bajo el régimen del viejo Código de Proceso Penal, la víctima no tiene posibilidad de apelar un fallo judicial. “La familia respeta el fallo, pero no lo comparte”, dijo Williman a El País. Según el penalista, “el Cachila” hizo descripciones del lugar donde fue llevada Lola, dio detalles de su vida y de sus actividades y de cómo cayó el cuerpo de Lola en la arena, hechos que no salieron en las noticias.

 El 7 de abril de 2015, la situación del “Cachila” se complicó desde el punto de vista judicial. Una persona allegada al cuidacoche hizo una llamada anónima a la Policía, tras tener una discusión con el riverense. Durante dos días, Moreira declaró en calidad de indagado, según el documento al que accedió El País. Jueza Silvia Urioste: ¿Sabe de qué lo están acusando? Moreira: Por la muerte de la gurisa y que dicen que hay un testigo que me vio, que me digan qué ropa yo tenía, cómo andaba vestido, se equivocan. Yo siempre uso tenis blanco, pantalón de tela y gorro. 

Nunca sin gorro. Nunca anduve de mochila colorada. Jueza Silvia Urioste: ¿Usted nos va a decir la verdad? Moreira: Si. Jueza: ¿Usted sabe algo de la chica que murió? Moreira: Vi a la muchacha acostada con la pierna para abajo y el bolsito al lado. Ese que está en la foto (que le mostraron en el Juzgado). Yo la vi enterrada solo las piernas y donde ella estaba había una casa de madera en la playa, son las que hacen para las ventas.

 En las tierras que son así (hace gestos de ondulación). Jueza: ¿Había alguien cerca? Moreira: Iban caminando para allá (...) Ella tenía un pantalón como el de la foto y esa mochila estaba al lado de ella. La mochila era negra (en realidad era fucsia). El monedero nunca lo ví. No sé si tocaron la mochila de ella. Jueza: ¿Usted le contó a alguien que vio un cuerpo? Moreira: No, nunca conté a nadie. Jueza: ¿Estaba lejos o cerca del mar? Moreira: Faltaban dos metros para que el agua la tocase.

 No llegué a donde estaba la muchacha. La jueza Urioste fue trasladada a Montevideo. Hoy el titular del Juzgado de Rocha es el juez Juan Giménez Vera. En su extensa sentencia, el magistrado duda de las declaraciones del Cachila, un mitómano analfabeto que dio cinco versiones distintas en el Juzgado. El fallo del juez, fechado el lunes 20, señala que Lola fue encontrada semienterrada debajo de unos arbustos, a unos 150 metros del agua y luego de unas ondulaciones y advierte que el color de la mochila de la joven argentina era fucsia y no negra como testificó Moreira.

 “Yo declaré cosas malas, equivocadas. Estaba muy drogado, pasaba fumando pasta base”, dijo el cuidacoche a El País minutos después de quedar en libertad en la noche del lunes 20. En su sentencia, el magistrado advierte: “No hay pruebas ni de su participación (el “Cachila”) en el homicidio imputado primariamente, ni en el encubrimiento cuya condena ahora se busca” por parte de la Fiscalía. Tras analizar todos los estudios científicos del caso, el juez Giménez señala que los estudios de ADN descartan la presencia de Moreira en el lugar del crimen. Sí confirman que el hoy imputado, Leonardo Sena, ultimó a Lola, ya que su sangre y la de la joven se encuentran mezcladas en el DNI de Chomnalez.

 Y en la toalla de Lola se halló una mancha de sangre de Sena. “Por tal medio probatorio (examen de ADN, el imputado (Moreira) no resulta presente en la escena del hecho, lo que nos lleva a otear en los otros (imputados) que han sido diligenciados hasta el dictado de la presente (sentencia), para verificar la acreditación o no de la base fáctica descrita en la demanda”, advierte el magistrado. 

 El juez señala que ningún giro realizado por el cuidacoche entre el 1 de enero de 2014 y el 9 de mayo de 2015 de un local de cobranza fue realizado desde Rocha. Y concluye: “No existe duda en la decisión que se está adoptando, sino, certeza. Certeza de la ausencia de pruebas que permitan concluir que (Moreira) es responsable de un delito de encubrimiento”. 

 Salió a caminar por la playa y se cruzó con un asesino En la última fotografía de Lola Chomnalez en el expediente judicial, se la ve jugando con un bebé en el balcón de un “rancho” de Valizas observando a la cámara con una mirada cándida. Tres horas más tarde, el amigo de un adolescente hijastro de la madrina de Lola, la vio perderse por el camino de arena que lleva a la playa. 

Laureano, hijo del pescador Ricardo Giamberini, declaró a la entonces jueza de Rocha, Silvia Urioste, que esa fue la última vez que la vio con vida. A pedido de la magistrada, Laureano elaboró un croquis del trayecto que hizo Lola en dirección a la playa. Laureano fue uno de los hijos del pescador que encontró el cuerpo sin vida de Lola, en una zona que ya había sido patrullada. 

Por esa razón fue indagado. El 30 de diciembre de 2014, tres hijos del pescador Giamberini, encontraron los restos de la joven semienterrados en la arena en una zona de acacias, entre los balnearios Barra de Valizas y Aguas Dulces. El cuerpo se encontraba a 150 metros de la costa, cerca de una cañada denominada “El Arinos”. Un día antes, la madrina de Lola, Claudia Fernández, había denunciado a la Prefectura Nacional Naval la desaparición de la joven.

jueves, 5 de agosto de 2021

Un fiscal pidió informes a la Casa Militar sobre los ingresos a la Quinta de Olivos durante la fase más estricta de la cuarentena

 

El fiscal federal Ramiro González pidió este jueves informes a la Casa Militar de la Presidencia sobre los registros de ingresos y salidas a la residencia de Olivos de la actriz Florencia Peña, la funcionaria y amiga de la primera dama Sofía Pacchi y su novio, el empresario Chien Chia Hong, entre otras personas, según indicaron a Infobae fuentes judiciales. 

Se trata de la primera medida que impulsa el fiscal en el marco de la causa que se abrió para investigar las visitas que se recibió el presidente Alberto Fernández en el 2020 durante la fase más estricta del aislamiento decretado por la pandemia del coronavirus. Según pudo saber Infobae, el juez Sebastián Casanello delegó en el fiscal González la instrucción de la investigación.

 “El objeto procesal de la presente causa apunta a establecer la efectiva existencia de conducta en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud y que en consecuencia pudieran configurar los delitos previstos” por los artículos 205 y el 248 del Código Penal.

 El 205 fija prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. El 248 en tanto, reprime con hasta dos años al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase. 

 La denuncia había sido radicada el 28 de julio pasado por militantes de la agrupación Republicanos Unidos, el espacio al que pertenece Yamil Santoro, uno de los precandidatos a diputados por Juntos por el Cambio en la lista porteña que encabeza Ricardo López Murphy. Fue contra el presidente Alberto Fernández y contra la señora Sofía Pacchi por entender que ambos habrían violado los mencionados artículos del Código Penal.

 La presentación judicial se basó en un artículo periodístico en donde se reportó que el mandatario había recibido una serie de visitas “no autorizadas en la residencia de Olivos” en el momento más crítico de la pandemia, y tras ordenar la cuarentena estricta el 20 de marzo del 2020. En esa denuncia se aseguró que Pacchi habría concurrido 65 veces a la residencia. 

Y subrayaban las visitas del 2 de abril de 2020, entre las 22 y la 0.11 de la madrugada del día siguiente, y del 14 de julio, entre las 21.46 y las 01.44. “Son coincidentes las fechas de cumpleaños del señor presidente Alberto Fernández y de la primera dama Fabiola Yáñez”, señala el dictamen, en base a la denuncia. “Tales visitas habrían sucedido con anterioridad a que Sofía Pacchi fuera designada funcionaria publica en un cargo de la planta permanente de la Secretaria General de la Presidencia el 31 de agosto del 2020″, se agregó. Los denunciantes ampliaron su presentación detallando, a través de la Fundación Apolo, el listado de ingresos a la Residencia de Olivos y la Casa Rosada en determinados meses del 2020, que habían sido obtenidos a través de la normativa de acceso a la Información Pública.

 Alberto Fernández en la quinta de Olivos, al momento de la cadena nacional en la cual anunció las medidas de restricción por la pandemia Alberto Fernández en la quinta de Olivos, al momento de la cadena nacional en la cual anunció las medidas de restricción por la pandemia También en base a información periodística, ampliaron su denuncia contra la primera dama, el empresario Chien Chia Hong, novio de Pacchi, y contra el asesor de la primera dama y su pareja, Emmanuel López y Fernando Consagra, quienes también figuran ingresando a la residencia de Olivos el 2 de abril de 2020, fecha del cumpleaños del Presidente. 


 La presentación judicial también destaca el ingreso de Ariel Alonso Zapata, adiestrador canino; y Lautaro Romero, veterinario, quienes habrían concurrido a la residencia el 14 de mayo de 2020. Según el dictamen, hubo una nueva ampliación de la denuncia “para que se investigue la conducta de Florencia Peña, toda vez que habría reconocido públicamente el haber visitado la Quinta de Olivos” durante el ASPO “con motivo de comentarle al Señor Presidente la delicada situación en que se hallaban atravesando los actos con el cierre de las actividades”. En tal sentido los denunciantes afirmaron que los planteos le correspondían a la Asociación Argentinas de Actores a cargo de Alejandra Darín, “quien de hecho habría mantenido una reunión por los mismos motivos días anteriores a la concurrencia de Peña en la residencia presidencial”. 

 Los denunciantes agregaron que “los motivos que llevaron a la nombrada (Peña) a concurrir personalmente a Olivos no tenían entidad como para infringir la cuarentena obligatoria decretada, toda vez que además de no contar con legitimación para efectuar tales reclamos dicha reunión podría haberse mantenido telefónicamente o por videollamada”.

 En ese marco, el fiscal dictó la primera medida para avanzar en esclarecer si hubo conductas delictivos: pedir informes a la Casa Militar para tener los registros de ingresos y salidas que corroboren los ingresos de Pachi, Chien Chia Hong, López, Consagra, Zapata, Romero y Florencia Peña durante 2020, “debiendo indicar fecha, horario, carácter o cargo, el motivo del ingreso” y el detalle de quién autorizó el ingreso. Esta denuncia cobró revuelo en los últimos días luego de las expresiones de los diputados opositores Fernando Iglesias y Waldo Wolf en Twitter. 

También porque la propia Florencia Peña acusó de los misóginos y los denunció penalmente. A su vez, quince diputadas están pidiendo la expulsión de Fernando Iglesias de la Cámara Baja por sus reiterados ataques contra las mujeres. En tanto, diferentes publicaciones también apuntaron al empresario de origen taiwanés, dueño de la firma Apache Solutions, decidida a la vigilancia, infraestructura y almacenamiento de datos quien obtuvo el año pasado tres contratos con el Ejército Argentino. Según detalla la propia empresa en su página, Apache Solutions realizó, entre otros trabajos, la provisión e instalación del nuevo sistema de video vigilancia para los Tribunales Federales, en Comodoro Py 2002, el lugar donde se tramita la investigación por las visitas a Olivos.

jueves, 12 de febrero de 2015

En EE.UU. advierten sobre el papel que tiene el Gobierno en el caso




En una ronda de debate académico coincidieron
en que Cristina "no puede eludir responsabilidad"


por Silvia Pisani

WASHINGTON.- Sistemáticamente, las dudas sobre el gobierno argentino a partir del llamado "caso Nisman" crecen en esta ciudad.

A la misma hora en que ayer la embajada argentina en Estados Unidos invitó a una proyección gratuita de la taquillera película Relatos salvajes, tuvo lugar aquí el primer debate público en que un think tankevaluó el impacto y las derivaciones de la"misteriosa muerte" del funcionario. Una evidencia de que lo ocurrido afecta la imagen del país.

"El gobierno no puede escapar de su responsabilidad en lo ocurrido", fue la conclusión de uno de los ponentes, el académico argentino y profesor en Georgetown Héctor Schamis.

Todo ocurrió en el Interamerican Dialogue (IA), una de las instituciones más tradicionales aquí para la evaluación de cuestiones regionales. Además de Schamis, participó el ex titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hoy directivo de la Fundación Robert Kennedy, Santiago Cantón, así como Dina Siegel Vann, del Comité Judío Americano.

"Esto es un hecho muy grave. La sociedad argentina lleva tres semanas en shock y aquí, en esta ciudad, hay inquietud" por lo ocurrido, dijo el anfitrión, Michael Shifter. El debate fue en inglés y tuvo una nutrida concurrencia.

Entre lo que dijeron los expositores figura la convicción de Cantón de que había "evidencia suficiente" sobre la existencia de un acuerdo comercial con Irán detrás de la firma del cuestionado entendimiento con Teherán, que el canciller Héctor Timerman tildó de "histórico". Ese acuerdo fue el que abrió la puerta a la denuncia por "encubrimiento" que presentó Nisman contra el Gobierno apenas cuatro días antes de aparecer muerto. A eso se suma el fantasma de "una muerte con motivaciones políticas", dijeron.

Eso, en el contexto de un país en el que, desde el gobierno militar en adelante, "todas las administraciones que pasaron por la Casa Rosada y ésta también" usaron a los servicios de inteligencia con fines políticos, "para investigar a los argentinos que les molestaban".

Fue un día duro para la Argentina, que, horas antes y en ese mismo escenario, había sido motivo de críticas de "persecución a la prensa independiente" en un panel sobre libertad de expresión en la región.

Cantón volvió sobre el mismo asunto al recordar la "persecución" de que fue objeto el periodista Damián Pachter, quien dio la primera alerta sobre lo que ocurría al fiscal. "No sólo tuvo que irse del país por persecución, sino que la agencia oficial Télam difundió el pasaje con el que se marchaba", denunció el directivo de la Fundación Robert Kennedy.

Lo mismo cargó contra el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que "rompió en público las hojas del diario Clarín" que hablaban del caso Nisman, añadió, ante un auditorio cada vez más azorado. Desde su diagnóstico, lo ocurrido pone en evidencia dos cuestiones clave para el futuro del país: la vigencia de la impunidad y la debilidad institucional, con la clara advertencia de que ninguno de esos dos males se superará por el previsible cambio de gobierno.

Para Schamis quedó claro no sólo la "imposibilidad" de que el Gobierno "eluda su responsabilidad" en lo ocurrido, sino también una "evidente desconexión" entre la presidenta Kirchner y la "magnitud de la crisis" que desnudó la muerte.

ACELERAN EL TRÁMITE EN DIPUTADOS

• La Cámara de Diputados empezará mañana mismo el tratamiento en comisión de la reforma de la ley de inteligencia.

• Si bien la iniciativa todavía no se aprobó en el Senado (ver aparte), en el oficialismo dan ese paso por descontado y fijaron la agenda para llegar a convertir el proyecto en ley el 25 de febrero, cuatro días antes de la Asamblea Legislativa, que encabezará la Presidenta.

• El tratamiento en comisión se hará esta semana por dos motivos. Por reglamento, el dictamen debe aprobarse diez días antes de la finalización del período de sesiones extraordinarias. Además, no querían que el debate coincidiera con la marcha del 18-F.

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