Queridos amigos:
Es difícil analizar el conflicto que enfrenta a Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa sin tener en cuenta la soberbia y torpeza con que se movieron todos los actores sociales involucrados. Veamos una síntesis muy incompleta de cómo llegamos a esta situación en la que dos países miran crispados una chimenea, sin saber cómo salir de ella:
La papelera Botnia no entendió que una empresa, además de trabajar con materias primas y procesos tecnológicos, se relaciona con seres humanos y esa relación es esencial para su desarrollo. En 2006 estuve visitando las plantas de Botnia en Finlandia. Allí, la que sería responsable ambiental de la fábrica de Fray Bentos respondió a las preguntas y objeciones tecnológicas diciendo argumentos tales como "Greenpeace no administra ninguna planta de celulosa". Agrego su resistencia a informar del incidente de 2004, en el cual Botnia contaminó con licor negro un lago finlandés.
El Gobierno uruguayo mantuvo la obsoleta visión de "polos de desarrollo" y eligió un sitio potencialmente conflictivo como lo es Fray Bentos. No evaluó una localización alternativa, como pudo haber sido el importante puerto de Nueva Palmira, que no tiene una población argentina enfrente. Utilizó el conflicto para fines de política interna. Al mismo tiempo, la falta de control de la papelera FANAPEL, ubicada en la localidad de Juan Lacaze, muestra un escaso interés por la calidad del ambiente.
La Asamblea de Gualeguaychú no centró sus reclamos en la empresa papelera, sino que decidió atacar al conjunto del pueblo uruguayo. Utilizó la consigna "no veranee en Uruguay". Si la propuesta de la Asamblea es que Uruguay no ingrese al modelo de industria celulósica sino que se mantenga en su perfil turístico tradicional, boicotear el turismo es la peor manera de lograrlo. Al mismo tiempo, centró sus energías en cortar una ruta internacional que Botnia no utiliza.
El Gobierno argentino dejó las relaciones exteriores en manos de una Asamblea vecinal. Utilizó el conflicto para fines de política interna. Empleó el doble criterio de exigir a una empresa radicada en Uruguay lo que no exige a las papeleras argentinas. Fue a La Haya sin poder mostrar una enérgica política ambiental que mostrara la racionalidad de su reclamo. Y ni siquiera puede mostrarle a la opinión pública los proyectos de papeleras que existen para el lado argentino del río Uruguay.
Ninguno de ellos estuvo dispuesto a aceptar lo obvio, es decir, que la única manera de cerrar un conflicto es que todas las partes cedan algo, para poder llegar a un punto de encuentro.
Para empeorar las cosas, hay trascendidos periodísticos que señalan que las Fuerzas Armadas de ambos países estarían manejando la hipótesis de que el diferendo diplomático se transforme en conflicto armado.
Este conjunto de torpezas convirtió en una situación trabada lo que debió haber sido una estrategia de cooperación ambiental. Para peor, había buenos antecedentes en ese sentido: a partir de 1988, los municipios argentinos y uruguayos de la cuenca formaron CIMARU (Comisión Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Uruguay), en la cual discutieron estrategias conjuntas de política ambiental. Es lo que hay que volver a hacer.
En algún momento, los dos paises tendrán que retomar el diálogo, un diálogo en el cual tienen que participar todas las partes, incluyendo aquellos que hoy no quieren dialogar. Esto supone ir construyendo un marco conceptual para pensar el futuro desarrollo del área de conflicto.
Es difícil analizar el conflicto que enfrenta a Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa sin tener en cuenta la soberbia y torpeza con que se movieron todos los actores sociales involucrados. Veamos una síntesis muy incompleta de cómo llegamos a esta situación en la que dos países miran crispados una chimenea, sin saber cómo salir de ella:
La papelera Botnia no entendió que una empresa, además de trabajar con materias primas y procesos tecnológicos, se relaciona con seres humanos y esa relación es esencial para su desarrollo. En 2006 estuve visitando las plantas de Botnia en Finlandia. Allí, la que sería responsable ambiental de la fábrica de Fray Bentos respondió a las preguntas y objeciones tecnológicas diciendo argumentos tales como "Greenpeace no administra ninguna planta de celulosa". Agrego su resistencia a informar del incidente de 2004, en el cual Botnia contaminó con licor negro un lago finlandés.
El Gobierno uruguayo mantuvo la obsoleta visión de "polos de desarrollo" y eligió un sitio potencialmente conflictivo como lo es Fray Bentos. No evaluó una localización alternativa, como pudo haber sido el importante puerto de Nueva Palmira, que no tiene una población argentina enfrente. Utilizó el conflicto para fines de política interna. Al mismo tiempo, la falta de control de la papelera FANAPEL, ubicada en la localidad de Juan Lacaze, muestra un escaso interés por la calidad del ambiente.
La Asamblea de Gualeguaychú no centró sus reclamos en la empresa papelera, sino que decidió atacar al conjunto del pueblo uruguayo. Utilizó la consigna "no veranee en Uruguay". Si la propuesta de la Asamblea es que Uruguay no ingrese al modelo de industria celulósica sino que se mantenga en su perfil turístico tradicional, boicotear el turismo es la peor manera de lograrlo. Al mismo tiempo, centró sus energías en cortar una ruta internacional que Botnia no utiliza.
El Gobierno argentino dejó las relaciones exteriores en manos de una Asamblea vecinal. Utilizó el conflicto para fines de política interna. Empleó el doble criterio de exigir a una empresa radicada en Uruguay lo que no exige a las papeleras argentinas. Fue a La Haya sin poder mostrar una enérgica política ambiental que mostrara la racionalidad de su reclamo. Y ni siquiera puede mostrarle a la opinión pública los proyectos de papeleras que existen para el lado argentino del río Uruguay.
Ninguno de ellos estuvo dispuesto a aceptar lo obvio, es decir, que la única manera de cerrar un conflicto es que todas las partes cedan algo, para poder llegar a un punto de encuentro.
Para empeorar las cosas, hay trascendidos periodísticos que señalan que las Fuerzas Armadas de ambos países estarían manejando la hipótesis de que el diferendo diplomático se transforme en conflicto armado.
Este conjunto de torpezas convirtió en una situación trabada lo que debió haber sido una estrategia de cooperación ambiental. Para peor, había buenos antecedentes en ese sentido: a partir de 1988, los municipios argentinos y uruguayos de la cuenca formaron CIMARU (Comisión Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Uruguay), en la cual discutieron estrategias conjuntas de política ambiental. Es lo que hay que volver a hacer.
En algún momento, los dos paises tendrán que retomar el diálogo, un diálogo en el cual tienen que participar todas las partes, incluyendo aquellos que hoy no quieren dialogar. Esto supone ir construyendo un marco conceptual para pensar el futuro desarrollo del área de conflicto.
Antonio Elio Brailovsky
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